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Sentencia AP-390-19 — Registro 12777

Resumen

Resolución que inadmitió recurso de reposición en relación a inadmisión de solicitud de presentación de detenido en flagrancia y solicitud de adecuamiento de procedimiento, promovida por recurrente en la causa instruida contra imputado por suponerlo responsable del delito de Portación Ilegal de Arma de fuego de uso Comercial en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."): Que esta Sala coincide con el razonamiento esgrimido por la Alzada en este caso, siendo que se estima que la decisión del JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN, al negarle el derecho de acceso a los tribunales, al Ministerio Publico, y por ende violentándose el debido proceso, al realizar una actuación unilateral el Juzgador, fuera del ámbito de lo que la ley establece. CONSIDERANDO (9): Que esta Sala ya se ha pronunciado en forma reiterada, en el sentido que la garantía genérica del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en su jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una Tutela Judicial Efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, con atención especial, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, del debido respeto a la plena vigencia de los derechos fundamentales de todas las partes y participantes en el proceso. CONSIDERANDO (10): Que este Alto Tribunal concluye de todo lo anteriormente relacionado, que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República, estableciendo el otorgamiento de la garantía de amparo invocada, al resultar del presente trámite que la resolución impugnada fue dictada sin el debido fundamento legal y bajo razonamientos inmotivados, con lo cual se ha causado disminución a la garantía del debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Este Alto Tribunal encuentra entonces que ciertamente una decisión judicial que no sea debidamente fundada en ley no podría hacer valer estos fundamentales derechos reconocidos en la Constitución de la República, resultando procedente en consecuencia, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la resolución venida en consulta y así debe ser declarado"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de octubre de dos mil diecinueve. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, de fecha veintitrés (23) de abril de dos mil diecinueve (2019), que otorgó el recurso de amparo presentado por la Abogada MELISSA LILIANA MARTINEZ MARTINEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN, en fecha diez (10) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), en relación a la solicitud de adecuamiento de procedimiento, promovida por el Ministerio Público en la causa instruida contra el Señor JESUS ADALID LARA CARDOZA por suponerlo responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Estimando la recurrente que el acto reclamado infringe lo dispuesto en los artículos 90 Y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha diez (10) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), la Abogada MELISSA LILIANA MARTINEZ en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Publico, presenta Requerimiento Fiscal ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copan, Departamento de Copan, contra el Señor JESUS ADALID LARA CARDOZA, por suponerlo responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 1–2 de la pieza del A-Quo) 2) Que en fecha once (11) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), la Abogada MELISSA LILIANA MARTINEZ en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público interpone Recurso de Reposición, en el cual se indica los agravios que causa la resolución judicial de auto de inadmisión de la solicitud de presentación de un detenido en flagrancia por el A-Quo. (Folios 18–21 de la pieza del A-Quo) 3) Que en fecha diez (10) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copan, Departamento de Copan, Resolvió: (SIC): “1.- Denegar el recurso de reposición, presentado por la Abogada MELISSA LILIANA MARTINEZ, en representación del Ministerio Publico. -” (Folio 22 de la pieza del A-Quo). 4) Que en fecha quince (15) de marzo de dos mil diecinueve (2019), la Abogada MELISSA LILIANA MARTINEZ MARTINEZ, compareció ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, presentando Recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha diez (10) de diciembre del dos mil dieciocho (2018), dictada por el el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán en donde el A-Quo resuelve denegar el recurso de reposición. 5) Que una vez seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, dictó Sentencia en fecha veintitrés (23) de abril de dos mil diecinueve (2019) en la cual Falló: (SIC): PRIMERO: OTORGANDO LA GARANTIA DE AMPARO, interpuesta por la Abogada MELISSA LILIANA MARTINEZ MARTINEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución del Juzgado de Letras de esta ciudad de Santa Rosa de Copan, de fecha diez (10) de Diciembre del año Dos Mil Dieciocho (2018), por las razones que se han dejado establecidas: SEGUNDO: El auto impugnado resulta inaplicable, de tal manera que el juez debe dictar uno nuevo en la que con acopio a los argumentos de esta Corte, una vez confirmada esta Sentencia, en consulta obligatoria ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.-” (Folios 1–5 y 20-26 de la pieza del Ad-Quem) 6) Que en fecha veintiocho (28) de abril de dos mil diecinueve (2019), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad el mantenimiento y restitución de la persona agraviada, del goce de los derechos y/o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO (4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (5): Que se conoce en consulta la sentencia proferida por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, de fecha veintitrés (23) de abril de dos mil diecinueve (2019), que otorgó el recurso de amparo presentado por la Abogada MELISSA LILIANA MARTINEZ MARTINEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN, en fecha diez (10) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), en relación a la solicitud de adecuamiento de procedimiento, promovida por el Ministerio Público en la causa instruida contra el Señor JESUS ADALID LARA CARDOZA por suponerlo responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (6): Que el argumento de la recurrente se centra en que la resolución impugnada violenta los derechos constitucionales de debido proceso y legalidad, contenidos en el los artículos 90 y 321 de la Constitución de la Republica, señalando que el A-quo, inadmitió su solicitud a procedimiento especial expedito sin escuchar a las partes, y fundamento su decisión en el decreto N. 52-2017, considera la violación al debido proceso en virtud de que el juzgador está prejuzgando el asunto y deja en inmediata libertad al imputado. CONSIDERANDO (7): Que por su parte, la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, conociendo del recurso de amparo interpuesto por el afectado contra la decisión anteriormente referida, determinó que procedía amparar al agraviado en tanto que (sic) “QUINTO: Sobre la vulneración al Principio de Legalidad, diremos: El caso que nos ocupa es un ejemplo de lo que es la violación a la tutela judicial efectiva, garantizada constitucionalmente, porque la actora en la representación que ostenta, no tuvo derecho de acceso a los tribunales, violentándose el derecho a darle tramite a su asunto, impidiéndole con ello el derecho de petición, de realizar los diferentes actos y diligencias que la ley prevé dentro del juicio, a un contradictorio, a la igualdad de los intervinientes, a escuchar resoluciones de fondo juntas y motivadas, a la interposición de los medios de impugnación que la ley le franquea, asistir a las diferentes audiencias sin traba alguna, incumpliendo así todas las garantías contenidas en el desarrollo de un juicio dentro del marco del debido proceso. Y al no ajustarse la resolución el A-Quo, dentro del marco legal, flagela El Principio de Legalidad, reconocido en nuestra Constitución de la Republica en su Artículo 321 que dice: “Los Servidores del Estado, no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley, es nulo e implica responsabilidad”. En breves palabras diremos que el contenido de dicho artículo podemos resumirlo en que se entiende que se antepone la prevalencia de la ley sobre cualquier actividad o función del Poder Público. Todo lo que emane del Estado debe estar regido por la ley y nunca por la voluntad de los individuos. El Principio de Legalidad nos sujeta a que todas nuestras actuaciones se realicen dentro de los parámetros establecidos en la ley, nada fuera de ella. Es así que lo correcto era, ante la solicitud hecha por el Ministerio Publico, el Juez debió necesariamente admitir a trámite la misma, señalando dentro de las veinticuatro horas siguientes, la audiencia para la adecuación del procedimiento, donde él decidiría si lo admitía o no. Le correspondía en ese momento al Juzgador, simplemente analizar si concurrían los elementos legitimadores para darle trámite o no; si se cumplían las circunstancias previstas en la ley, tener por adecuado el caso al procedimiento expedito y dictar las medidas cautelares correspondientes al imputado, señalando dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, la audiencia preparatoria, para luego, dentro de la misma, proceder a resolver lo que conforme a derecho correspondía con base a lo evacuado por las partes y en relación a lo que la ley dispone. Este procedimiento lo encontramos contenido en el Articulo 440 y subsiguientes del Código Procesal Penal reformado, el cual fue violentado con la decisión adoptada por el A-Quo, negándole con ello el derecho de acceso a los tribunales, al Ministerio Publico, y por ende violentándose el debido proceso y al ser una actuación unilateral del Juez, fuera del ámbito de lo que la ley establece; su decisión se convierte en arbitraria que violenta el Principio de Legalidad.” CONSIDERANDO (8): Que esta Sala coincide con el razonamiento esgrimido por la Alzada en este caso, siendo que se estima que la decisión del JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN, al negarle el derecho de acceso a los tribunales, al Ministerio Publico, y por ende violentándose el debido proceso, al realizar una actuación unilateral el Juzgador, fuera del ámbito de lo que la ley establece. CONSIDERANDO (9): Que esta Sala ya se ha pronunciado en forma reiterada, en el sentido que la garantía genérica del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en su jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una Tutela Judicial Efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, con atención especial, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, del debido respeto a la plena vigencia de los derechos fundamentales de todas las partes y participantes en el proceso. CONSIDERANDO (10): Que este Alto Tribunal concluye de todo lo anteriormente relacionado, que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República, estableciendo el otorgamiento de la garantía de amparo invocada, al resultar del presente trámite que la resolución impugnada fue dictada sin el debido fundamento legal y bajo razonamientos inmotivados, con lo cual se ha causado disminución a la garantía del debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Este Alto Tribunal encuentra entonces que ciertamente una decisión judicial que no sea debidamente fundada en ley no podría hacer valer estos fundamentales derechos reconocidos en la Constitución de la República, resultando procedente en consecuencia, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la resolución venida en consulta y así debe ser declarado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 90, 303, 304 , 313, 316 y 321 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 10, 41, 48, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintitrés de abril de dos mil diecinueve, dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, que OTORGÓ el recurso de amparo presentado por la Abogada MELISSA LILIANA MARTINEZ MARTINEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN, en fecha diez (10) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), en relación a la solicitud de adecuamiento de procedimiento, promovida por el Ministerio Público en la causa instruida contra el Señor JESUS ADALID LARA CARDOZA por suponerlo responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cuatro días del mes de diciembre de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha diez de octubre de dos mil diecinueve, recaída en el recurso de amparo penal venido en consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-0390=2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.