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Sentencia AP-385-18 — Registro 12022

Resumen

Acto recurrido que declaró sin lugar el recurso de apelación contra la del a-quo, que decreta Sobreseimiento definitivo por Prescripción de la acción, en relación a la causa instruida contra por supuesta responsabilidad del delito de Amenazas, en perjuicio del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesales, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece; que en el caso traído a estudio por este Alto tribunal se observa se han cumplido las exigencias que emanan del respeto al debido proceso, con la aplicación de la norma penal al caso concreto. CONSIDERANDO (16):Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República, es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera el debido proceso invocado por el recurrente, constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.." Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc.; en el caso sub júdice el recurrente relaciona la vulneración al debido proceso, con la interpretación errónea del Artículo 99 del Código Penal. CONSIDERANDO (9):Que el asunto fundamental, por el que se recurre la resolución de fecha catorce de marzo del año dos mil dieciocho, emitida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, es en relación a la interpretación que ésta realiza al artículo 99[1] del Código Penal, precepto sustantivo que desarrolla el tema de la interrupción de la prescripción de la acción penal; es así, que importa al recurrente, que este Alto Tribunal revise el acto emitido, a efecto de determinar si ha transcurrido el tiempo que señala el Artículo 97[2] del Código Penal, en inactividad la acusa, a efecto de decretar la prescripción de la acción penal y con ello el Sobreseimiento Definitivo del proceso, que es específicamente lo que resuelve el acto recurrido, pues el recurso de apelación confirma la resolución emitida por mayoría de votos por el A-quo

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil diecinueve. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Juan Carlos Sánchez Villalobos a favor del Estado de Honduras, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha catorce (14) de marzo del año dos mil dieciocho (2018),que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil dieciocho (2018), que decreta Sobreseimiento Definitivo, por Prescripción de la acción, en relación a la causa instruida contra el señor Ángel Misael Matute Hernández, por suponerlo responsable del delito de Amenazasen perjuicio de la señora Ana Lidia Matute Hernández. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado en perjuicio de su representado el derecho al debido proceso y el principio de legalidad, contenidos en los artículos1, 90 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES. 1) Que en fecha treinta de noviembre del año dos mil siete, compareció ante el Juzgado Primero de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, el Abogado Elmer Roberto Chinchilla Iriarte, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el señor Ángel Misael Matute Hernández por suponerlo responsable de los delitos de Lesiones y Amenazasen perjuicio de la señora Ana Lidia Matute Hernández.(Folios del 1 al 4 de la pieza de antecedentes de primera instancia) 2) Que en fecha treinta de agosto del año dos mil diecisiete, compareció ante el Tribunal de Sentencia de Comayagua, la Abogada Linda Waleska Hyde Licona, en su condición de Defensora Pública del señor Ángel Misael Matute Hernández, solicitando la Extinción de la Acción Penal, en consecuencia, se dicte Sobreseimiento Definitivo de la causa, fundamentando su petición en el Artículo 97.1 del Código Penal en relación con el Artículo 99 de la misma norma legal. (Folio 25 de la pieza de antecedentes correspondiente a las diligencias del Tribunal de Sentencia) 3)Que dando respuesta a la solicitud presentada por la defensa del encausado, el Tribunal de Sentencia de Comayagua, celebró Audiencia Ad Hoc en fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil dieciocho (2018), mediante la cual resolvió por mayoría de votos:(Sic) “Resolución.-El Tribunal de sentencia por mayoría de sus miembros resuelve: En cuanto a la prescripción solicitada por la Defensa y con fundamento en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos donde exige que los jueces deberán dar una respuesta en un plazo razonable nos apegamos a esa norma, estoy de acuerdo con lo referido por el Ministerio Público si habría una responsabilidad penal seria para todas las partes intervinientes que no les dimos la oportunidad a los acusados, las víctimas, que no les dimos una respuesta del Estado esto por mayoría de votos que debe tomarse en consideración desde que se inició el proceso como del requerimiento fiscal que fue el 12 de noviembre de 2013 a estas alturas para este Tribunal por mayoría ha prescito el delito por lo que por mayoría de sus miembros en apego al artículo 97 numeral 1, en relación al 245 del Código Procesal Penal da por prescrita la presente causa ordenando el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de ANGEL MISAEL MATUTE HERNÁNDEZ por razón de prescripción y se ordena se libren las correspondientes cartas de libertad, asimismo el Ministerio Publico tiene la oportunidad de recurrir esta resolución….”(Folios 32 y 33 de la pieza de antecedentes correspondiente a las diligencias del Tribunal de Sentencia)

  1. Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Eva Lineth Bustillo, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución que decreta la Prescripción de la Acción, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, emitió Resolución en fecha catorce (14) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: Declarando SIN LUGAR el Recurso de Apelación que ha planteado El Ministerio Publico contra la Resolución que Otorga la Prescripción de la Acción Penal, en las diligencias del proceso seguido contra el acusado ANGEL MISAEL MATUTE HERNANDEZ, a quien se le sindica responsable de los delitos de AMENAZAS A MUERTE en perjuicio de ANA LIDIA MATUTE HERNANDEZ; dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua en fecha Veinticinco de Enero de Dos Mil Dieciocho:-SEGUNDO:SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN MAYORITARIA RECURRIDA, BAJO LOS FUNDAMENTOS EXPRESADOS POR ESTA ALZADA….”(Folios del 8 al 13fvde la pieza de antecedentes del Ad-quem). 5) Que el recurrente Abogado Juan Carlos Sánchez Villalobos, en su condición indicada en el preámbulo de esta sentencia, compareció ante este Alto Tribunal en fecha diecisiete de mayo del año dos mil dieciocho, interponiendo acción de amparo a favor del Estado de Honduras, afirmando que la decisión del Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, vulnera el derecho al debido proceso y el principio de legalidad, contenidos en los artículos 1, 90 y 321de la Constitución de la República. 6) Que mediante providencia de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil dieciocho, esta Sala de lo Constitucional declaró caducado de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar por el recurrente para formalizar el recurso de mérito, no obstante a ello, del escrito de interposición de la acción se aprecia que el recurrente desarrolló de manera puntal el concepto de la violación, por lo cual es procedente continuar con el procedimiento de la presente acción de amparo, omitiendo la vista de las presentes diligencias al Fiscal del Despacho de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 33 de la pieza de autos) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la LeySobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución proferida en fecha catorce (14) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, por la cual se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución que ha quedado relacionada en los antecedentes de este libelo, confirmando la resolución, que por mayoría de votos del Tribunal de Sentencia de Comayagua, declara con lugar la Prescripción de la Acción promovida por la defensa del imputado, dictada en Audiencia Ad-Hoc celebrada en fecha veinticinco de enero del año dos mil dieciocho; por considerar inter alia en la motivación que: (Sic) “QUINTO: Que en la cuantificación del término de la prescripción de la acción, exige además de la fecha de realización de la infracción, el termino en inactividad del proceso por cualquier causa, y su interrupción cuando se inicie proceso por cualquier causa; de lo citado se extraen dos aspectos respecto a la figura señalada a) que la prescripción no es necesario la existencia de proceso para que esta se active, sin embargo si es necesaria la existencia de esta para que sea declarada a favor del imputado, b) Que si existe proceso y este entra en inactividad por cualquier causa inicia también a operar la prescripción, interrumpiéndose la misma cuando se vuelve a activar el proceso, y activándose esta una vez que el proceso entra nuevamente en inactividad por cualquier causa;….”(Ver folio 10 del de la pieza de antecedentes de segunda instancia) CONSIDERANDO (4): Que en la formalización del presente recurso de amparo constitucional, el Fiscal adscrito a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, Abogado JUAN CARLOS SÁNCHEZ VILLALOBOS, ha manifestado que la resolución de alzada de la que se demanda amparo vulnera el derecho al debido proceso y el principio de legalidad contenidos en los artículos 1, 90y 321 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (5): Que el recurrente en los argumentos esgrimidos señala que, con la interpretación errónea del Artículo 99 del Código Penal, se vulnera el derecho al debido proceso, pues éste se infringe cuando no se respetan las formalidades preceptuadas a los funcionarios judiciales para la formación de sus decisiones, en el caso específico al otorgarle al precepto penal señalado, un efecto que no tiene, lo que genera una afrenta a la norma constitucional. Sostiene el impetrante que el dilema interpretativo se centra en si el conteo del término, una vez interrumpido, de activarse de nuevo, inicia de cero o continua en el conteo que ya había avanzado anteriormente; reitera el recurrente que al no haberse interpretado correctamente el contenido del artículo 99 en mención, el juzgador a inobservado las normas que rigen la formación de su decisión, vulnerando el debido proceso y consecuentemente el principio de legalidad, ambos de rango constitucional y evidentemente integrado entre si de manera indisoluble. CONSIDERANDO (6): Que en relación al Principio de legalidad, el pedidor sostiene que siendo que conformamos un Estado de Derecho, que como tal el poder tiene su fundamento y limite en el ordenamiento jurídico, y es ese ordenamiento jurídico el que impone a la jurisdicción la obligación ineludible de emitir sus resoluciones en estricto apego a derecho por lo que las resoluciones judiciales no deben ser un mero acto de voluntad, ni la exposición de una inspiración, sino una expresión razonada del hecho y la norma sometida al conocimiento del juzgador, y como se ha señalado la interpretación errónea de la norma contenida en el artículo del Código Penal con repercusiones constitucionales, conforman una infracción a la legalidad que debe ser corregida. CONSIDERANDO (7): Que con arreglo a lo prescrito por el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”. CONSIDERANDO (8): Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc.; en el caso sub júdice el recurrente relaciona la vulneración al debido proceso, con la interpretación errónea del Artículo 99 del Código Penal. CONSIDERANDO (9):Que el asunto fundamental, por el que se recurre la resolución de fecha catorce de marzo del año dos mil dieciocho, emitida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, es en relación a la interpretación que ésta realiza al artículo 99[1] del Código Penal, precepto sustantivo que desarrolla el tema de la interrupción de la prescripción de la acción penal; es así, que importa al recurrente, que este Alto Tribunal revise el acto emitido, a efecto de determinar si ha transcurrido el tiempo que señala el Artículo 97[2] del Código Penal, en inactividad la acusa, a efecto de decretar la prescripción de la acción penal y con ello el Sobreseimiento Definitivo del proceso, que es específicamente lo que resuelve el acto recurrido, pues el recurso de apelación confirma la resolución emitida por mayoría de votos por el A-quo. CONSIDERANDO (10): Que el delito que se acusa, es el de Amenazas, contenido en el precepto 207 de la ley sustantiva penal, acción que lleva aparejada una pena mínima de reclusión por el plazo de seis meses y una pena máxima de reclusión de dos años, y además las medidas de seguridad que el Juez determine. De la lectura del relacionado precepto, en concordancia con el 97 de la misma normativa, se requiere que el proceso haya permanecido en inactividad por un período de tres años, pues el máximo de la pena para el delito de amenazas es de dos años y aumentado este en la mitad es un año, lo que suma tres años, tiempo necesario en el cual el proceso debe permanecer en inactividad para decretar la prescripción de la acción penal. CONSIDERANDO (11): Que el Tribunal de Alzada ha procedido a realizar en detalle los diferentes momentos en los cuales el proceso a permanecido inactivo, observando esta Sala de lo Constitucional que el proceso inicio en el año dos mil siete, y desde el inicio del proceso con la presentación del requerimiento Fiscal, transcurrieron mas de diez años sin haberse emitido una sentencia definitiva, situación que se suscita en un proceso de los mencionados de menor gravedad, según lo dispuesto en el artículo 445 del Código Procesal Penal, por ello que el Tribunal recurrido en sendas motivaciones hace alusión a jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación a que los procesos deben ser resueltos en un plazo razonable; si bien la Corte no ha establecido un tiempo específico que se pueda determinar como plazo razonable, ello se relaciona con cada caso en particular y la complejidad del mismo, situación que no ocurre en el caso sub júdice. CONSIDERANDO (12):Que en ese orden de ideas y de la relación de los tiempos en que el proceso se ha mantenido inactivo, la Alzada hace mención a: (Sic) “… también cuenta en la prescripción, la inactividad procesal como efecto de la rebeldía dictada contra el acusado, en fecha diecisiete (17) de Noviembre del 2009 en el que libra orden de captura hacia el mismo para que sea conducido nuevamente al proceso, siendo capturado por la autoridad en fecha Diecinueve (19) de Abril del 2013, paralizando el proceso conforme lo indica el articulo 109 del Código Procesal penal, por espacio de tres (3) años cuatro (4) meses y dos (2)días,….”–Ver folios 23fv y 30 de la pieza de antecedentes de primera instancia-. CONSIDERANDO (13): Que el precepto 99 de la ley sustantiva penal, que aduce el recurrente en amparo, ha sido interpretada en forma errónea por el Tribunal de Alzada, indica que la prescripción de la acción se interrumpe desde que se inicie procedimiento contra el culpable, o sea desde el momento en que se presentó el requerimiento fiscal, corriendo de nuevo el tiempo de la prescripción desde que se paralice su prosecución por cualquier circunstancia; circunstancia que se suscitó en el caso sub júdice, cuando el proceso se paralizó y se mantuvo inactivo por mas de tres años, como consecuencia de la declaratoria de rebeldía del imputado, como bien fundamento la alzada en el Artículo 109 del Código Procesal Penal, al establecer el relacionado precepto de la norma adjetiva penal, que la declaratoria de rebeldía no suspenderá el curso de la investigación, pero paralizará el proceso respecto del rebelde; salvo que la rebeldía se produzca después de iniciada la evacuación de la prueba, en cuyo caso la presencia del Defensor bastará para la continuación del juicio y en el caso sub júdice la declaratoria de rebeldía se produjo en etapas previas al juicio. CONSIDERANDO (14): Que vista que ha sido la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha catorce de marzo del año dos mil dieciocho, esta Sala de lo Constitucional encuentra que la misma fue dictada conforme a derecho, respetando el debido proceso que aduce el recurrente como vulnerado; que es importante mencionar que el objeto de la Ley Sobre Justicia Constitucional es desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, por ello en el ejercicio de la justicia constitucional, los órganos jurisdiccionales solamente se encuentran sometidos a la Constitución de la República y la ley; como corolario de lo expuesto en el presente libelo, la decisión judicial recurrida en amparo, es conforme a derecho, ello porque en principio, una norma individual dictada por el juez, esto es, la parte dispositiva de su sentencia esta justificada cuando se infiere lógicamente de los considerandos. Para ello los considerandos deben contener un fundamento fáctico y un fundamento normativo. El fundamento fáctico consiste en la descripción del caso individual y la constatación de que ese caso individual es una instancia de un cierto caso genérico, esto es, que el caso individual tiene propiedad definitoria de un determinado caso genérico[3]. Lo que se llama subsunción, que da vigencia al principio de legalidad, pues la Alzada ha procedido a individualizar el caso y subsumirlo en la norma legal aplicable, haciendo prevalecer con ello el principio de legalidad, conforme al cual, los servidores del Estado no tienen mas facultades que las que expresamente les confiere la ley.[4] CONSIDERANDO (15):Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece; que en el caso traído a estudio por este Alto tribunal se observa se han cumplido las exigencias que emanan del respeto al debido proceso, con la aplicación de la norma penal al caso concreto. CONSIDERANDO (16):Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República, es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera el debido proceso invocado por el recurrente, constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional, como interprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 1, 82, 90, 303, 304,313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 445 del Código Procesal Penal; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 97, 98, 99 y 207 del Código Penal; y 41 Nº1, 42, 44, 45, 47, 49, 54, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por el Abogado JUAN CARLOS SÁNCHEZ VILLALOBOS, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución de fecha catorce (14) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. YMANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de junio de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-385-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] La prescripción de la acción penal se interrumpirá desde que se inicie procedimiento contra el culpable, corriendo de nuevo el tiempo de la prescripción desde que se paralice su prosecución por cualquier circunstancia.

[2] “La acción penal prescribe: 1) Por el transcurso de un período igual al máximo de duración de la sanción señala para el delito, aumentada en la mitad, si fuere la de reclusión. Sin embargo, el termino de prescripción no será, en ningún caso, inferior a dos (2) años;…”

[3] Jorge Malem, et al; La función judicial Ética y democracia. Editorial gedisa, Pág. 26.

[4]Vid. Artículo 321 de la Constitución de la República.