Sentencia AP-382-18 — Registro 12801
Resumen
Resolución que confirma y declara sin lugar solicitud de conmuta en virtud haberse denegado la Alzada el beneficio legal de la conmuta en relación a la causa instruida contra el recurrente, por suponerlo responsable de los delitos de Robo homicidio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."12): Que, aunado a lo anterior, se reitera la línea jurisprudencial de larga data, por la cual la Sala de lo Constitucional asume que la aplicación del artículo 35 del Código Penal en las resoluciones judiciales corresponde, de manera usual, a los órganos jurisdiccionales por la vía ordinaria, para el caso, al Juzgado de Ejecución y a la Corte de Apelaciones concernida, como parte del derecho a la tutela judicial efectiva del que gozan ambas partes procesales y el correlativo deber de motivación y publicidad de las resoluciones judiciales que se atribuye constitucionalmente a la Judicatura;[3] a lo cual precederá un análisis detenido de la norma jurídica aplicable en concordancia a las circunstancias en que se desenvuelve el caso sub judice; no resultando ajeno a dicho análisis, desde luego, la noción de proporcionalidad, como límite al poder punitivo del Estado, en aplicación dogmática de los principios que orientan y sistematizan la correcta aplicación del derecho penal sustantivo en Honduras.[4] CONSIDERANDO (13): Que lo hasta aquí expresado revela, asimismo, en función de los principios y valores constitucionales, la tensión constante que existe entre el valor seguridad jurídica y la exigencia sentida por una mayor eficacia del ordenamiento coactivo organizado en el Estado moderno, la cual resulta inseparable del deber de protección y garantía respecto a los derechos y libertades fundamentales de la persona humana; todo lo cual deberá ponderar el juzgador en aplicación de la ley al caso concreto, al proceder al juzgamiento y ejecución de lo juzgado, en su relación conjunta con los derechos y garantías mínimas que se establecen por derecho convencional a favor del procesado;[5] bien sea en calidad de garantía procesal, o como garantía penal, propiamente dicha;[6] esto es, cuando resulte exigible su operatividad en sede judicial de ejecución penal. CONSIDERANDO (14): Que se entiende así lo expresado por estudiosos de Política Criminal, como Emiliano Borja Jiménez, en su conocida obra “Ensayos de Derecho penal y política criminal”, para quien: “El Derecho penal, pues, encuentra su propia razón de ser y esencia dentro del marco dibujado por estas dos consideraciones: de una parte, la que viene condicionada por la necesidad de que las normas que lo integran contribuyan eficazmente a la protección de la sociedad y de los individuos que la integran (…) y de otra parte, estableciendo la exigencia de que esta función de protección no se lleve a cabo a costa de un sacrificio ilimitado de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos”.[7] En análogo sentido, autores como Dieter Grimm han reconocido que como consecuencia al establecimiento de una política de prevención, se está ahora produciendo una afectación a los derechos fundamentales; por lo cual, resultaría imperativa y categórica la realización de una interpretación constitucional de valor, consciente de la realidad que se vive;[8] en la cual se optimice su contenido ante la tensión axiológica expuesta, llegando a aseverar: “Solo de ese modo, sin reformas constitucionales, son capaces los derechos fundamentales de adaptarse a las cambiadas condiciones de realización de la libertad”.[9] CONSIDERANDO (15): Que, por lo anteriormente expuesto, considera la Sala de lo Constitucional, que habiéndose vulnerado los derechos constitucionales invocados por la Garantista, respecto a las falencias de motivación que dictara la Alzada; debe adecuarse la misma a tutela judicial efectiva mediante la emisión de una nueva resolución, la cual ha de fundamentarse sobre bases de sustancial compatibilidad respecto a los principios generales del derecho penal, desarrollando así el ámbito y alcance del principio de legalidad en la ejecución de las sentencias penales,[10] con particular referencia a la pluralidad de supuestos que informan la literalidad del artículo 35 del Código Penal, con relación al 61 del mismo Código y demás aplicables en la problemática jurídica expuesta; con relación a la taxatividad que se exige para la efectiva vigencia del derecho penal material, inter alia; tal y como ha quedado asentado por esta Sala en anteriores ocasiones. Por todo lo cual, y para el solo efecto que queda expresado, procede estimar el mérito que corresponde a la presente acción de amparo"
Legislación citada
- Código Penal, art. 35 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de marzo del dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada AYLING VENTURA PEREZ FIALLOS, a favor del señor GUSTAVO ANTONIO SIERRA SANCHEZ, contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha cinco (05) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), que declaró NO HA LUGAR un recurso de apelación y CONFIRMÓ la resolución dictada por el JUZGADO DE EJECUCIÓN PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha trece (13) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); con relación a la causa instruida contra el señor GUSTAVO ANTONIO SIERRA SANCHEZ, por suponerlo responsable de los delitos de ROBO Y HOMICIDIO en perjuicio del señor JOSUE ISMAEL ESPINAL ZUNIGA.- Estimando el recurrente que la decisión del Ad-Quem, es violatoria a lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil seis (2006), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el Abogado FRANCISCO ABEL PORTILLO GUIFARRO, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra el señor GUSTAVO ANTONIO SIERRA SANCHEZ, por los delitos de HOMICIDIO Y ROBO, en perjuicio de JOSUE ISMAEL ESPINAL ZUNIGA. (Folios 2–6 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia) 2) Que en fecha veintiséis (26) de julio de dos mil seis (2006), se dio inicio a la Audiencia Preliminar, misma que se tuvo por concluida en fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil seis (2006), en donde el citado Juzgado decretó Auto de Apertura a Juicio y remite las presentes diligencias al Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; mismas que fueron recibidas por dicho Tribunal, en fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil seis (2006). (Folios 55–64 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia). 3) En fecha veintisiete (27) de febrero del año dos mil ocho (2008), el Tribunal de Sentencia de esta Sección Judicial condena al Señor GUSTAVO ANTONIO SIERRA SANCHEZ como autor responsable de los delitos de HOMICIDIO Y ROBO, el cual se remite al Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, para que proceda al calculo de su sentencia, teniendo esta por recibido en fecha doce (12) de abril del dos mil diez (2010). 4) Que en fecha trece (13) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), en la celebración de la Audiencia de Conmuta de Pena de Reclusión por Dinero en Efectivo el citado Juzgado, Resolvió: (SIC) “1).- Declarar sin lugar la solicitud de Conmuta de Pena de CINCO (5) AÑOS DE RECLUSION por Pago en Efectivo a favor del sentenciado GUSTAVO ANTONIO SIERRA SANCHEZ por el delito de ROBO en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO.- 2).- Declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesto por la Defensa en contra de la resolución de fecha trece de diciembre dos mil diecisiete, que declara sin lugar la solicitud de conmutar la pena de CINCO (5) años de reclusión por el delito de ROBO en perjuicio de JOSUE ISMAEL ESPINAL ZUNIGA, impuesta a su representado GUSTAVO ANTONIO SIERRA SANCHEZ. (Folios 166–169 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia) 5) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por la Abogada EUNISSE LIZETH ORDOÑEZ ARDON, en su condición de Apoderada del señor GUSTAVO ANTONIO SIERRA SANCHEZ, en fecha cinco (05) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, Resolvió: (SIC) “1.- Declarar NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada Eunice Lizeth Ordoñez Ardon.- 2.- CONFIRMAR la resolución apelada”; sustentando la confirmatoria de la resolución que se deja relacionada en el numeral que precede, en que no se puede acceder al beneficio de conmuta pretendido por la parte solicitante, por no cumplir ésta con los requisitos y circunstancias legalmente exigidas en el artículo 35 del Código Penal; cuya interpretación, conforme al espíritu del Legislador, denota la comisión de un concurso real de delitos, el cual le fuera impuesto por el Tribunal de Sentencia al señor GUSTAVO ANTONIO SIERRA SANCHEZ, mediante sentencia condenatoria emitida en su contra, por considerarle responsable de los delitos de los delitos de ROBO Y HOMICIDIO en perjuicio de JOSUE ISMAEL ESPINAL ZUNIGA. A juicio del Tribunal Ad Quem no resulta admisible interpretación a contrario sin incurrir en fraude de ley, tal como acontecería de accederse a lo solicitado; pues las penas deben ejecutarse una después de otra, ya que por su naturaleza, la reclusión no puede cumplirse de manera simultánea, sino que las penas deben sumarse a fin de obtener la pena concreta que deberá cumplir el condenado, pues: “… de lo contrario las penas impuestas por ambas infracciones penales serían ilusorias y supondrían la impunidad de la acción delictiva”. Asimismo, finalizó aludiendo el Tribunal Ad Quem, como fundamento de su decisión, que la Sala de lo Constitucional ha sostenido la ratio juris antes expresada en distintos fallos, constituyendo ya doctrina legal al tenor del artículo 360 del Código Procesal Penal. (Folios 187–188 de la pieza de antecedentes de primera Instancia) 6) Que la Abogada AYLING VENTURA PEREZ FIALLOS, compareció ante este Tribunal en fecha diecisiete (17) de mayo de dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor del señor GUSTAVO ANTONIO SIERRA SANCHEZ, contra la Resolución de fecha cinco (05) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar en interposición del recurso que resulta violatoria a lo dispuesto en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1–5 del Presente Recurso) 7) Que en fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 25 del Presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que la recurrente, Abogada AYLING VENTURA PEREZ FIALLOS, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, en fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); formalizando con posterioridad el recurso de amparo respectivo, afirmando que la resolución del Ad-Quem, de fecha cinco (05) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), y que se ha dejado sintéticamente relacionada en el Antecedente 5) de la presente sentencia, resulta violatoria a lo dispuesto en los artículos 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (4): Que como antecedentes relevantes del caso, ha señalado la recurrente, que habiendo sido condenado el señor GUSTAVO ANTONIO SIERRA SANCHEZ a la pena principal de CINCO (5) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de ROBO en perjuicio de JOSUE ISMAEL ESPINAL ZUNIGA y a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ESPECIAL E INTERDICCIÓN CIVIL; se procedió a celebrar Audiencia de Conmuta en fecha trece (13) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), en virtud de haberse así ordenado en el cómputo realizado con fecha veintiuno (21) de abril de dos mil diez (2010); resultando denegada en el acto la conmuta solicitada por el Juzgado de Ejecución respectivo, bajo la alegación que el imputado había sido condenado en concurso real, lo cual no fue el caso, dado que la sentencia que se está ejecutando no expresa tal modalidad de condena; procediendo en ese acto el Juzgado A Quo a reformar el cómputo de la pena. Es así que se presentó recurso de apelación contra dicha resolución, procediendo el Tribunal Ad Quem a declararlo sin lugar y confirmando lo actuado; en vulneración a los derechos fundamentales invocados, tales como son el derecho de petición, salvaguardado en el artículo 80 de la Constitución de la República; de la garantía constitucional del debido proceso, consignada en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, que literalmente dice: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”; infringiéndole, también, el derecho fundamental de defensa, contenido en el artículo 82 la Constitución de la República, y que a la sazón expresa: “El Derecho de Defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes”; conculcando, finalmente, el artículo 321 de la Norma Fundamental, preceptivo del principio de legalidad; en virtud de haber infringido el Tribunal de Alzada el deber de garantizar una tutela judicial efectiva, ya que la supremacía constitucional es imperativa para los operadores de justicia, aunque en la práctica aplican la norma que más desfavorezca a los encausados; todo ello en detrimento de la seguridad jurídica. CONSIDERANDO (5): Que, sigue motivando su recurso la Abogada recurrente, en la no conformidad del fallo recurrido con los derechos y garantías constitucionales invocadas, en virtud que la denegatoria a la libertad condicional solicitada por el señor GUSTAVO ANTONIO SIERRA SANCHEZ, no toma en la debida consideración que el artículo 381 del Código Procesal Penal, con relación al artículo 382 del mismo Código, establece con relación a las penas privativas de libertad, que es facultad del Juez de Ejecución adoptar todas las decisiones necesarias para el asegurar el cumplimiento de las resoluciones de los Tribunales Sentenciadores, en congruencia al postulado constitucional que deriva del artículo 303 de la Carta Magna que señala el sometimiento de los Jueces a la Constitución y a la ley; ya que desde el momento en que se presentó el requerimiento fiscal, y a lo largo del proceso, incluyendo la audiencia del Juicio Oral y Público, jamás mencionó el Ministerio Público que existiera un Concurso Real en el caso de mérito; por lo cual, tampoco lo expresa la sentencia definitiva. Es hasta a la Audiencia de Conmuta, ante el Juzgado de Ejecución, que el ente acusador público manifiesta la existencia de tal figura, pretendiendo así modificar una sentencia definitiva que adquirió firmeza en anterior etapa del proceso. Tan es así, que ni siquiera hace referencia el Ministerio Público a lo preceptuado en el artículo 35 del Código Penal, que regula dicha figura. Reitera la amparista que no se dictó sentencia en concurso real de delitos, (conforme al cual la determinación de la pena aplicable es la que resulta de la acumulación material o aritmética de las penas), sino que por delitos separados; lo cual fue obviado por la Alzada al resolver el respectivo recurso de apelación, confirmando la resolución denegatoria emitida por el Juzgado de Ejecución; en inobservancia, por otra parte, de lo preceptuado en el artículo 186 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (6): Que, finalmente, motiva su recurso la recurrente, Abogada AYLING VENTURA PEREZ FIALLOS, en que la pena aplicable al delito de ROBO por el cual fue condenado su representado, es de CINCO AÑOS, por lo que es apto de la figura jurídica de la conmuta, creada por el Legislador considerada la naturaleza de los delitos, su gravedad o la extensión del mal causado y la peligrosidad, previniendo que la aplicación de esta figura no significa que deje de sancionarse al condenado, sino que se está cumpliendo con los requisitos legales para su concesión, acorde a los postulados del derecho penal contemporáneo, tales como son: el principio de humanidad de las penas, principio de necesidad y proporcionalidad de las mismas y el respeto a la dignidad humana en la búsqueda de la readaptación social como el fin de la pena. Por todo lo cual solicita se otorgue la garantía de amparo, con el fin de obtener protección respecto a los ultrajes a los derechos constitucionales de su representado. CONSIDERANDO (7): Que esta Sala procedió al estudio y vista de autos, a efecto de establecer si el fallo proferido por el Ad-Quem se encuentra, o no, ajustado a las garantías constitucionales del debido proceso, defensa y principio de legalidad, invocadas por la Abogada recurrente, en virtud haberse denegado la Alzada el beneficio legal de la conmuta de penas solicitado a favor de su representado, señor GUSTAVO ANTONIO SIERRA SANCHEZ. Sobre el particular, se desprende que, a juicio de la instancia ordinaria, el artículo 35 del Código Penal determina claramente la naturaleza del concurso real de delitos; lo cual sería aplicable, aun y cuando no constare taxativamente, en el texto expreso de la sentencia. En virtud de lo cual se ha solicitado el otorgamiento de la presente Garantía de Amparo, quedando visto para sentencia el ultraje, según percibido por la recurrente, a los precitados derechos constitucionales. CONSIDERANDO (8): Que conviene indicar que la controversia establecida tiene trascendencia cierta en el ámbito constitucional, desde que se ha invocado por la demandante de amparo una posible vulneración a los derechos de defensa y al debido proceso de su representado; lo que ha significado concomitante infracción al principio de legalidad en el plano objetivo, siempre en lo atinente a la ejecución de la sentencia penal, en compatibilidad a las garantías y derechos que dimanan del Bloque de Convencionalidad; lo cual se estima dentro del ámbito preciso de la garantía jurisdiccional que es consustancial al Estado de Derecho.[1] CONSIDERANDO (9): Que la demandante de amparo manifiesta que el razonamiento del Ad-Quem interpreta restringida e indebidamente el contenido del artículo 35 del Código Penal, que establece el concurso real de delitos y el tratamiento que debe darse al mismo, en perjuicio de su representado procesal; motivando la Alzada que la determinación de la pena aplicable por el concurso real de delitos se realiza únicamente mediante la acumulación material o aritmética de penas, que consiste en aplicar en sumatoria todas las penas correspondientes a todos los delitos; variando en lo concerniente a su cumplimiento sucesivo de no poder hacerse en forma simultánea, de manera tal, que si la suma total de las penas de reclusión supera los cinco años, el condenado no podrá recibir el beneficio de la conmuta. CONSIDERANDO (10): Que la Sala de lo Constitucional es pilar fundamental para mantener el Estado de Derecho como guardián de la constitucionalidad de las leyes y protectora de la justicia constitucional, garantizando tanto el efectivo cumplimiento de la normativa constitucional, como la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, manteniendo la supremacía constitucional, el reconocimiento, respeto y garantía del ejercicio de los Derechos Humanos contenidos en las convenciones y Tratados Internacionales que el Estado de Honduras ha suscrito y ratificado, incorporándolo así en su derecho interno. CONSIDERANDO (11): Que el derecho al debido proceso que garantiza nuestra Constitución, se concatena pues a la práctica y ejercicio de un adecuado derecho de defensa durante todo el proceso, lo cual implicaría, el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes ante el órgano jurisdiccional predeterminado por ley, independiente e imparcial, con competencia material y formal para el conocimiento y resolución del caso; lo cual conlleva implícita la garantía de legalidad en sentido estricto, sobre todo cuando de determinar deberes y derechos del imputado en sede de adjudicación y/o ejecución penal se trate.[2] CONSIDERANDO (12): Que, aunado a lo anterior, se reitera la línea jurisprudencial de larga data, por la cual la Sala de lo Constitucional asume que la aplicación del artículo 35 del Código Penal en las resoluciones judiciales corresponde, de manera usual, a los órganos jurisdiccionales por la vía ordinaria, para el caso, al Juzgado de Ejecución y a la Corte de Apelaciones concernida, como parte del derecho a la tutela judicial efectiva del que gozan ambas partes procesales y el correlativo deber de motivación y publicidad de las resoluciones judiciales que se atribuye constitucionalmente a la Judicatura;[3] a lo cual precederá un análisis detenido de la norma jurídica aplicable en concordancia a las circunstancias en que se desenvuelve el caso sub judice; no resultando ajeno a dicho análisis, desde luego, la noción de proporcionalidad, como límite al poder punitivo del Estado, en aplicación dogmática de los principios que orientan y sistematizan la correcta aplicación del derecho penal sustantivo en Honduras.[4] CONSIDERANDO (13): Que lo hasta aquí expresado revela, asimismo, en función de los principios y valores constitucionales, la tensión constante que existe entre el valor seguridad jurídica y la exigencia sentida por una mayor eficacia del ordenamiento coactivo organizado en el Estado moderno, la cual resulta inseparable del deber de protección y garantía respecto a los derechos y libertades fundamentales de la persona humana; todo lo cual deberá ponderar el juzgador en aplicación de la ley al caso concreto, al proceder al juzgamiento y ejecución de lo juzgado, en su relación conjunta con los derechos y garantías mínimas que se establecen por derecho convencional a favor del procesado;[5] bien sea en calidad de garantía procesal, o como garantía penal, propiamente dicha;[6] esto es, cuando resulte exigible su operatividad en sede judicial de ejecución penal. CONSIDERANDO (14): Que se entiende así lo expresado por estudiosos de Política Criminal, como Emiliano Borja Jiménez, en su conocida obra “Ensayos de Derecho penal y política criminal”, para quien: “El Derecho penal, pues, encuentra su propia razón de ser y esencia dentro del marco dibujado por estas dos consideraciones: de una parte, la que viene condicionada por la necesidad de que las normas que lo integran contribuyan eficazmente a la protección de la sociedad y de los individuos que la integran (…) y de otra parte, estableciendo la exigencia de que esta función de protección no se lleve a cabo a costa de un sacrificio ilimitado de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos”.[7] En análogo sentido, autores como Dieter Grimm han reconocido que como consecuencia al establecimiento de una política de prevención, se está ahora produciendo una afectación a los derechos fundamentales; por lo cual, resultaría imperativa y categórica la realización de una interpretación constitucional de valor, consciente de la realidad que se vive;[8] en la cual se optimice su contenido ante la tensión axiológica expuesta, llegando a aseverar: “Solo de ese modo, sin reformas constitucionales, son capaces los derechos fundamentales de adaptarse a las cambiadas condiciones de realización de la libertad”.[9] CONSIDERANDO (15): Que, por lo anteriormente expuesto, considera la Sala de lo Constitucional, que habiéndose vulnerado los derechos constitucionales invocados por la Garantista, respecto a las falencias de motivación que dictara la Alzada; debe adecuarse la misma a tutela judicial efectiva mediante la emisión de una nueva resolución, la cual ha de fundamentarse sobre bases de sustancial compatibilidad respecto a los principios generales del derecho penal, desarrollando así el ámbito y alcance del principio de legalidad en la ejecución de las sentencias penales,[10] con particular referencia a la pluralidad de supuestos que informan la literalidad del artículo 35 del Código Penal, con relación al 61 del mismo Código y demás aplicables en la problemática jurídica expuesta; con relación a la taxatividad que se exige para la efectiva vigencia del derecho penal material, inter alia; tal y como ha quedado asentado por esta Sala en anteriores ocasiones. Por todo lo cual, y para el solo efecto que queda expresado, procede estimar el mérito que corresponde a la presente acción de amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, haciendo aplicación de los artículos 1, 4, 82, 87, 90 párrafo primero, 95, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª reformado, 316 No. 1 reformado de la Constitución de la República y 321; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 Nº 2, 5 7 9 Nº 2, 41, 45, 63, 73 y 121 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 7, 8, 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, FALLA: OTORGANDO la Garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada AYLING VENTURA PEREZ FIALLOS a favor del señor GUSTAVO ANTONIO SIERRA SANCHEZ, contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha cinco (05) de marzo del año dos mil dieciocho (2018). Y MANDA: 1) Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia. 2) Para el solo efecto que la Honorable CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN se sirva emitir nueva resolución debidamente motivada y fundada en derecho. NOTIFIQUESE. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. Firmas y sello. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de mayo de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha seis de marzo de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0382-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] A contrario sensu, la jurisprudencia española en el ámbito del derecho constitucional comparado (SSTC 67/1984 y 58/1983), según las cuales el derecho a la tutela judicial efectiva no alcanza a cubrir las distintas modalidades que puede revestir la actividad ejecutiva, ni la conversión de condenas de hacer o no hacer en prestaciones pecuniarias. Ver a este respecto: MORENO CATENA, Víctor, et al. Introducción al Derecho Procesal (4ª ed.). Tirant lo Blanch, Valencia, 2010. p. 200.
[2] En igual o parecido sentido, la CorteIDH ha dicho en el caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago (Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94, párr. 147), inter alia, para que en un proceso existan verdaderamente las garantías judiciales –también conocidas como garantías procesales-, es preciso que se observen todos los requisitos que “sirv(a)n para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho”, es decir, las “condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial”. De acuerdo con el Tribunal, “(l)os principios y actos del debido proceso legal constituyen un conjunto irreductible y estricto que puede ampliarse a la luz de nuevos avances en el Derecho de los derechos humanos”. Citado en: CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS: COMENTARIO. STEINER, Christian, et al. (Edit.) Guatemala: Konrad Adenauer Stiftung, Magna Terra, 2014. Pág. 212-3.
[3] Jurisprudencia relevante a este respecto es la siguiente: Recursos de Amparo No. AP 610-09 del 9 de febrero de 2010 y el No. 1238-1408-1417=05 del 29 de noviembre de 2005, en las cuales se recapitula que el concurso real de delitos tiene lugar cuando una persona debe responder por varias violaciones de la ley penal, siendo necesario que los actos ilícitos sean apreciados en forma autónoma, de manera que la aplicación de una de las penas no resulte excluyente de la aplicación de las otras. Un precedente importante a contrario, lo constituye la sentencia de amparo dictada en el expediente No. AP 345-08 del 6 de octubre de 2009, donde se fundamenta que el principio de acumulación entendido de un modo aritmético, si no se limita de algún modo, conduce a penas draconianas, incompatibles con la valoración global de todos los delitos y la sensibilidad jurídica, siendo lógico que se arbitren determinados criterios, en los que, combinando los diversos principios, se llegue a penas proporcionales. Asimismo y de fecha más reciente, la sentencia de amparo No. SCO-1050-13 del 09 de junio de 2015, en la cual se expresa como ratio juris que, cuando la sentencia no haga referencia a la existencia de la figura jurídica del concurso real u otro tipo de concurso, procedería que: “...habiéndose dictado sentencia por delitos separados no en concurso real, en consecuencia el Juez de Ejecución deberá solamente ejecutar la sentencia tal y como adquirió firmeza”.
[4] Entiende esta Sala de lo Constitucional que el principio de proporcionalidad, dimanante del principio constitucional de dignidad humana, forma parte intrínseca de la aplicación del derecho penal como límite al poder punitivo del Estado, lo cual es aceptado por la doctrina dominante y la interpretación de las sentencias en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En tal sentido, resulta claro que los llamados beneficios penitenciarios (para el caso nacional, el instituto de la conmuta de penas, entre otros) forma parte de la ejecución de penas y no de su negación, por lo cual se puede afirmar vehementemente que obtenerlos forma parte de la esencia de su ejecución. En este sentido, el artículo “Periodo de seguridad, cumplimiento integro y doctrina Parot”, de Joan J. Queralt, en: La seguridad pública ante el derecho penal. CARPIO BRIZ, David y MIR PUIG, Santiago (Coord.), EDISOFER/Editorial B de F, Buenos Aires, 2010, pp. 123-149, donde se puede leer “… el interés público por una determinada concepción del cumplimiento efectivo de las condenas no puede quebrar ni la igualdad ni la libertad”. (Ídem. p. 148).
[5] Para el caso, estarse a lo establecido en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, Resolución adoptada el 30 de agosto de 1955 en el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente.
[6] Sobre la presente distinción, Vid. FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón: Teoría del garantismo penal. (5° edición). Editorial Trotta, Madrid, 2001. Págs. 603 y ss.
[7] Citado por ONTIVEROS ALONSO, Miguel en: Legítima defensa e imputación objetiva. (Prólogo del Prof. Dr. H.c. mult. Claus Roxin). Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, 2004. p. 29.
[8] Tómese en cuenta la necesidad de justificar en todo caso la medida restrictiva de la libertad y, en su caso, de no concesión de beneficios penitenciarios; en aras de evitar incurrir en la prohibición de privaciones arbitrarias de la libertad que previene la jurisprudencia contenciosa de la CorteIDH. Así en el caso Torres Millacura y otros vs. Argentina (Sentencia de 26 de agosto de 2011. Serie C No. 229, párr. 78), la Corte ha expresado que “una restricción a la libertad que no esté basada en una causa o motivo concretos puede ser arbitraria y, por tanto, violatoria al artículo 7.3 de la Convención”. Citado en: CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS: COMENTARIO. STEINER, Christian, et al. (Edit.) Guatemala: Konrad Adenauer Stiftung, Magna Terra, 2014. Pág. 190.
[9] GRIMM, Dieter. Constitucionalismo y Derechos Fundamentales (Estudio preliminar de Antonio López Pina). Trotta, Madrid, 2006. Págs. 15-6.
[10] En consonancia con el saber dogmático que es tan propio de la jurisdicción penal, en aras la obtención de la seguridad jurídica, sobre lo cual es frecuentemente citada la fórmula sistemática entre doctrina y legislación penal de Claus Roxin y la conceptualización que realizara Enrique Gimbernat Ordeig, siempre respecto a la función de la dogmática jurídico-penal, la cual: “… hace posible (…) al señalar límites y definir conceptos, una aplicación segura y calculable del Derecho Penal, hace posible sustraerle a la irracionalidad, a la arbitrariedad y a la imprevisión. Cuanto menos desarrollada esté una dogmática, más imprevisible será la decisión de los tribunales, más dependerá del azar y de factores incontrolables la condena o la absolución. Si no se conocen los límites de un tipo penal, si no se ha establecido dogmáticamente su alcance, la punición o impunidad de una conducta no será la actividad ordenada y meticulosa que debería ser, sino una cuestión de lotería”. Citado por LLOBET RODRÍGUEZ, Javier, en: La teoría del delito en la dogmática penal costarricense. Editorial Jurídica Continental, San José, C.R., 2002. Págs. 35-6.