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Sentencia AP-379-19 — Registro 12352

Resumen

Sentencia en consulta otorgó recurso de amparo a favor de recurrente contra resolución dictada por juzgado de primera instancia que declaró con lugar la solicitud para que el Ministerio Público le remitiera copia íntegra de expediente de investigación; el juez da el carácter de imputadas a las dos personas investigadas; El Tribunal de Alzada no las considera como tales, pues no se ha decidido siquiera el ejercicio de una acción penal en su contra como participantes de un delito y la entrega del expediente investigativo provoca vulneración a la tutela judicial efectiva en perjuicio de recurrente y con ello impide el actuar del ente investigador

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"observando esta Sala de lo Constitucional la vulneración del derecho al debido proceso, siendo este uno de los derechos invocados por la recurrente como vulnerado, ello porque la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, ordena requerir en legal y debida forma a la Abogada Fátima Waleska López Fiscal del Ministerio Público, para que el término de 48 horas remita a ese Despacho de Justicia las copias del expediente investigativo con registro No. 1495204510-2017, ello en fundamento a lo dispuesto en el artículo 101 del CPP. En efecto como bien lo señala la Corte de Apelaciones las señoras DESIREE BETZAIDA PAGE GALLEGOS y ANDREA DESIREE RAMIREZ PAGE no ostentan la condición de imputadas, concepto que se encuentra claramente definido en el primer párrafo del artículo ut supra[3], siendo entonces personas que se encuentran en investigación ante la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), tienen en consecuencia el derecho de presentarse con o sin profesional del Derecho que las asista, ante el Ministerio Público, para que se les informe sobre los hechos que se les atribuye y para que se les escuche[4]; no así el derecho a que se les extienda copia íntegra de las diligencias investigativas, que contiene el expediente ya referido, investigaciones que se encuentran en secretividad[5] por las investigaciones complejas que amerita el caso, como refiere la recurrente en amparo, aunado a ello que la referida investigación contiene información personal y privada de terceras personas tanto naturales y jurídicas, no refiriéndose la investigación únicamente a las señoras DESIREE BETZAIDA PAGE GALLEGOS y ANDREA DESIREE RAMIREZ PAGE, lo que podría traer como consecuencia situaciones negativas de divulgación de información privada que igualmente protege la Constitución de la República.."..."el Ministerio Público goza de rango constitucional, la definición del referido organismo se encuentra en el artículo 232 constitucional, definiéndole como un organismo profesional especializado, responsable de la representación, defensa y protección de los intereses de la sociedad. En ese orden de ideas en materia penal, corresponde al Ministerio Público, por medio de sus funcionarios y órganos auxiliares, investigar los hechos punibles y promover la acción penal pública en representación de la sociedad, sin perjuicio de la legitimación de la Procuraduría General de la República para ejercitar la acción en materias propias de su competencia..."..."Con tal propósito, realizará todos los actos que sean necesarios para preparar la acusación y participar en el proceso, de conformidad con las disposiciones de su respectiva ley y el CPP[6]. Si bien las investigaciones mantienen la calidad de secretividad, esta es en relación a terceros que no formen parte de la investigación, siendo obligación del Ministerio Público respetar y cumplir las disposiciones contenidas en los artículos 101 penúltimo párrafo y 276[7] del CPP, en el orden de informar a las personas que sean objeto de investigación sobre los hechos que se les atribuye y para que sean escuchadas..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de octubre del año dos mil diecinueve. VISTA: En Consulta las diligencias que contiene la sentencia de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), dictada por la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada FATIMA WALESKA LOPEZ MEJIA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco (25) de mayo de dos mil dieciocho (2018); con relación a la solicitud de copia íntegra del expediente de investigación No. 1495204510-2017, contentivo a la investigación instruida en la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), en contra de las ciudadanas ANDREA DESIREE RAMIREZ PAGE y DESIREE BETZAIDA PAGE GALLEGOS, la primera en su condición de Gerente General y Representante Legal de la Sociedad Mercantil DISTRIBUIDORA RETE, S. DE R.L. DE C.V., y la segunda en su condición de Gerente general y Representante Legal de la Sociedad Mercantil CIPROFARMA, S. DE R.L. DE C.V.; Estima la recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado en perjuicio del Estado de Honduras los derechos a la Tutela Judicial Efectiva, Derecho a la Defensa y al Debido Proceso, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 92, 101.11 y 198 del Código Procesal Penal que establece las funciones del Ministerio Público y las finalidades de los medios de prueba. ANTECEDENTES 1) Que en fecha uno de marzo del año dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el Abogado JACOBO HUMBERTO SALANDIA VALLECILLO, actuando en su condición de Apoderado Legal de las señoras DESIREE BETZAIDA PAGE GALLEGOS, en su condición de Gerente General y Representante Legal de la Sociedad Mercantil CIPROFARMA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, conocida también como CIPROFARMA S. DE R.L. DE C.V. y ANDREA DESIREE RAMIREZ PAGE en su condición de Gerente General y Representante Legal de la Sociedad Mercantil DISTRIBUIDORA RETE, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, conocida también como DISTRIBUIDORA RETE S. DE R.L. DE C.V., solicitando se requiera al Ministerio Público, para que proporcione copia íntegra del expediente 1495204510-2017, instruido por la Fiscal FATIMA WALESKA LOPEZ, adscrita a la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción, quien sustancia las diligencias investigativas iniciadas contra sus representadas, con el fin de ejercer una eficaz defensa técnica, en favor de sus intereses legítimos a fin de llegar a la verdad de los hechos y demostrar la inocencia de sus poderdantes. 2) Que en fecha veinticinco de mayo del año dos mil dieciocho, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán resolvió: (Sic) “… se declara con lugar la petición del Abogado Jacobo Salandia, y se ordena requerir en legal y debida forma a la Abogada FATIMA WALESKA LOPEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas, remita a este despacho de Justicia, las copias del expediente número 1495204510-17, que contiene las investigaciones contra DESIREE BETZAIDA PAGE GALLEGOS y ANDREA DESIREE RAMIREZ PAGE. Artículo 82 de la Constitución de la Republica, 2, 14, 101 del Código Procesal Penal….” (Folio 32fv de la pieza de antecedentes del A-quo). 3) Que en fecha trece de agosto del año dos mil dieciocho, la Abogada FATIMA WALESKA LOPEZ, en su condición de Agente de Tribunales, interpuso ante la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, Acción Constitucional de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán; Por considerar que la misma vulnera en perjuicio del Estado de Honduras los derechos a la Tutela Judicial Efectiva, Derecho a la Defensa y al Debido Proceso, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 92, 101.11 y 198 del Código Procesal Penal que establece las funciones del Ministerio Público y las finalidades de los medios de prueba. 4) Que en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), seguido que fue el trámite correspondiente, la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, dictó sentencia por medio de la cual falló: (Sic) “OTORGANDO el recurso de Amparo interpuesto por la Abogada FATIMA WALESKA LOPEZ MEJIA por las razones que se dejan señaladas.- Y MANDA: Remitir en consulta obligatoria a la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia los presentes autos con la sentencia recaída en los mismos para los efectos de Ley….” (Folios del 64 al 69fv de la pieza de antecedentes de Amparo). 5) Que en fecha veintiséis de abril del año dos mil diecinueve, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO 1: Que se conoce la acción de amparo penal venido en trámite de consulta obligatoria, conocido por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, interpuesto por la Abogada FATIMA WALESKA LOPEZ MEJIA, contra la resolución de fecha veinticinco de mayo del año dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, con relación a la solicitud de copia íntegra del expediente investigativo No. 1495204510-2017, instruido por la Fiscal Fátima Waleska López, adscrita a la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción(FETCCOP), quien sustancia las diligencias investigativas iniciadas en contra de las ciudadanas ANDREA DESIREE RAMIREZ PAGE y DESIREE BETZAIDA PAGE GALLEGOS. CONSIDERANDO 2: Que la recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama de fecha veinticinco de mayo del año dos mil dieciocho, los derechos a la Tutela Judicial Efectiva, Derecho a la Defensa y al Debido Proceso, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 92, 101.11 y 198 del Código Procesal Penal que establece las funciones del Ministerio Público y las finalidades de los medios de prueba. Arguye la recurrente que el A-quo al acceder a la petición del Apoderado Legal de las señoras ANDREA DESIREE RAMIREZ PAGE y DESIREE BETZAIDA PAGE GALLEGOS, a efecto que se les facilite copia íntegra del expediente No. 1495204510-2017, que contiene las investigaciones en contra de sus representadas, contraviene el debido proceso contenido en el propio fundamento jurídico en que se sustenta su resolución; aduce la impetrante que el Artículo 101 del Código Procesal Penal[1] es claro en establecer la obligatoriedad del Ministerio Público para informar a las personas investigadas sobre los hechos que se les atribuye y para que se les escuche, en ningún momento el legislador establece que el ente acusador debe extender copia íntegra de la denuncia al investigado; ello concatenado a lo establecido en el Artículo 62[2] de la Constitución de la República. En atención al referido artículo, la recurrente sostiene que el derecho de las señoras ANDREA DESIREE RAMIREZ PAGE y DESIREE BETZAIDA PAGE GALLEGOS, está limitado por el derecho que les corresponde a los demás involucrados en la denuncia y por ende, comprende el derecho a ser Informadas y escuchadas sobre los hechos de la denuncia en los cuales ellas tuvieran algún grado de participación, si lo hubiera, no a conocer nombres, generales y hechos denunciados que corresponden a terceros y que constan en la denuncia, ya que esto podría causarles un perjuicio a las demás personas naturales y jurídicas, al momento de volverse pública su información, sin perjuicio de la posible obstrucción de la investigación. motivo por el cual el expediente 1495204510-2017, se encuentra en secretividad al amparo de lo establecido en el artículo 278 del CPP, bajo auto de fecha 19 de mayo de 2017, de igual manera se determinaría sobre posibles peticiones presentadas por las demás personas que están siendo objeto de investigación. CONSIDERANDO 3: Que el acto que se conoce en consulta es la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), mediante la cual resuelve Otorgando el recurso de Amparo interpuesto por la Abogada FATIMA WALESKA LOPEZ MEJIA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución de fecha veinticinco de mayo del año dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. Sostiene la Alzada en la sentencia que se consulta, inter alia que: “CONSIDERANDO: Que el Juez en su motivación expone que se garantiza el derecho a la defensa y que éste no es temporal, insistimos aquí que el contenido del artículo 101 citado se refiere al caso de cuando a la persona se le considera imputada, la petición que se formuló por parte del abogado Salandia Vallecillo dice es para el ejercicio del derecho de defensa y para probar la inocencia de sus representadas, aunque estamos en una etapa que no tienen ese carácter, son personas investigadas y los actos de investigación no se manifiestan aptos para desvirtuar la presunción de inocencia. el Juez va más allá, pues da el carácter de imputadas a las Señoras DESIREE BETZAIDA PAGE GALLEGOS y ANDREA DESIREE RAMIREZ PAGE al exponer en su resolución que garantiza el derecho de defensa de las imputadas cuando no lo son; la presunción de inocencia cuando tampoco se ha decidido siquiera el ejercicio de una acción penal en su contra como participantes de un delito; todo esto es lo que hace que el Juez al dar más de lo permitido por la norma y conceder a los investigados sin razones apreciables por una falta de motivación razonable, carente incluso de sentido común, al ordenar la entrega del expediente investigativo de un hecho cuya relevancia penal no se ha establecido a las mismas investigadas, provoque la vulneración a la tutela judicial efectiva en perjuicio del Ministerio Publico y con ello ciertamente impide el actuar del ente investigador….” CONSIDERANDO 4: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida. CONSIDERANDO 5: Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República; observando esta Sala de lo Constitucional la vulneración del derecho al debido proceso, siendo este uno de los derechos invocados por la recurrente como vulnerado, ello porque la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, ordena requerir en legal y debida forma a la Abogada Fátima Waleska López Fiscal del Ministerio Público, para que el término de 48 horas remita a ese Despacho de Justicia las copias del expediente investigativo con registro No. 1495204510-2017, ello en fundamento a lo dispuesto en el artículo 101 del CPP. En efecto como bien lo señala la Corte de Apelaciones las señoras DESIREE BETZAIDA PAGE GALLEGOS y ANDREA DESIREE RAMIREZ PAGE no ostentan la condición de imputadas, concepto que se encuentra claramente definido en el primer párrafo del artículo ut supra[3], siendo entonces personas que se encuentran en investigación ante la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), tienen en consecuencia el derecho de presentarse con o sin profesional del Derecho que las asista, ante el Ministerio Público, para que se les informe sobre los hechos que se les atribuye y para que se les escuche[4]; no así el derecho a que se les extienda copia íntegra de las diligencias investigativas, que contiene el expediente ya referido, investigaciones que se encuentran en secretividad[5] por las investigaciones complejas que amerita el caso, como refiere la recurrente en amparo, aunado a ello que la referida investigación contiene información personal y privada de terceras personas tanto naturales y jurídicas, no refiriéndose la investigación únicamente a las señoras DESIREE BETZAIDA PAGE GALLEGOS y ANDREA DESIREE RAMIREZ PAGE, lo que podría traer como consecuencia situaciones negativas de divulgación de información privada que igualmente protege la Constitución de la República. CONSIDERANDO 6: Que el Ministerio Público goza de rango constitucional, la definición del referido organismo se encuentra en el artículo 232 constitucional, definiéndole como un organismo profesional especializado, responsable de la representación, defensa y protección de los intereses de la sociedad. En ese orden de ideas en materia penal, corresponde al Ministerio Público, por medio de sus funcionarios y órganos auxiliares, investigar los hechos punibles y promover la acción penal pública en representación de la sociedad, sin perjuicio de la legitimación de la Procuraduría General de la República para ejercitar la acción en materias propias de su competencia. Con tal propósito, realizará todos los actos que sean necesarios para preparar la acusación y participar en el proceso, de conformidad con las disposiciones de su respectiva ley y el CPP[6]. Si bien las investigaciones mantienen la calidad de secretividad, esta es en relación a terceros que no formen parte de la investigación, siendo obligación del Ministerio Público respetar y cumplir las disposiciones contenidas en los artículos 101 penúltimo párrafo y 276[7] del CPP, en el orden de informar a las personas que sean objeto de investigación sobre los hechos que se les atribuye y para que sean escuchadas. CONSIDERANDO 7: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes.- NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. ABOGADA REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho (08) días del mes de enero del año dos mil veinte (2020), certificación del fallo de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Penal venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0379-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] En adelante CPP.

[2] Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático.

[3] Artículo 101 CPP. Las Personas Imputas y sus Derechos. se considera imputada toda persona a quien, en virtud de querella o por requerimiento Fiscal, se atribuya participación en la comisión de un delito o falta ante los órganos encargados de la persecución penal, ya se encuentre detenido o en libertad; o que haya sido privada cautelarmente de libertad en virtud de aprehensión, detención o prisión preventivas; como tal, a partir de ese momento, podrá ejercer todos los derechos que la Constitución de la República, los tratados o convenios internacionales y este Código le reconocen, desde el primer acto del procedimiento hasta su finalización.

[4] Vid. penúltimo párrafo del Artículo 101 del CPP.

[5] Artículo 278 CPP. Secretividad de las Investigaciones. las investigaciones realizadas por las autoridades competentes, se mantendrán en secreto respecto de toda persona que no forme parte de las mismas, mientras sus resultados no sean presentados ante los órganos jurisdiccionales. las autoridades encargadas de la investigación, procurarán no lesionar los derechos de los investigados durante la práctica de sus investigaciones.

[6] Vid. Artículo 92 del CPP.

[7] Presentación Voluntaria para ser Investigado. La persona que tenga conocimiento de que esta investigada, podrá presentarse voluntariamente al Ministerio Público, a fin de que se le oiga en relación con los hechos investigados.