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Sentencia AP-375-18 — Registro 12799

Resumen

Resolución que declaró sin lugar recurso de recusación interpuesto contra el Juez de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, con relación a la causa instruida contra imputado por suponerlo responsable de los delitos de Daños agravados, Incendio agravado y otros estragos en perjuicio de la sociedad mercantil denominada Desarrollos inmobiliarios S.A. de C.V. (HOTEL MARRIOT) asimismo por los delitos de Uso de material explosivo e incendiario comercial de Fabricación Casera, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(11) Que la imparcialidad judicial se encuentra expresamente contemplada en los más relevantes Textos Internacionales sobre derechos fundamentales entre ellos: la Declaración Universal de Derechos Humanos, El Pacto Internacional de Derechos y Políticos; la Convención Americana de Derechos Humanos y es que el órgano encargado de juzgar y de hacer ejecutar lo juzgado, ha de estar dotado de imparcialidad, ya que “si la jurisdicción no es independiente y los Jueces y Magistrados no son imparciales no puede decirse que se administre verdadera justicia consustancial con el Estado de Derecho, que exige la tutela judicial efectiva por un órgano imparcial a través del debido proceso[1]” CONSIDERANDO: (12) Que la Recusación, es una institución ligada a la independencia de los jueces, respecto al problema planteado y a las partes litigantes. Cuando el Juez tiene interés tanto en el negocio como vínculos con cualquiera de las partes litigantes, debe de dejar de conocer de la controversia, porque el interés, los vínculos familiares o religiosos, la enemistad, la amistad, o la dependencia económica impiden a cualquier ser humano ser imparcial en sus juicios y como la imparcialidad trae como consecuencia la injusticia, se trata de evitar que una persona parcial administre justicia en un caso concreto[2].Los impedimentos que dan lugar al planteamiento a la recusación, consisten en la descripción de situaciones o razones que la ley considera, como circunstancias de hecho o de derecho que hacen que se presuma la parcialidad del titular de un órgano jurisdiccional[3]. CONSIDERANDO: (13) Que en cualquier proceso penal las personas sometidas a juicio deben ser juzgados por Juez o Tribunal competente, esta cuestión está ligada con los derechos humanos que le asisten al acusado, así el Juez natural impone la inderogabilidad y la indisponibilidad de las competencias judiciales que implica no alterar las competencias judiciales, en ese sentido los hechos sometidos a juicio deben ser conocidos de acuerdo a la jurisdicción donde sucedieron los mismos, a la naturaleza y calificación jurídica de tales hechos sin alterar la competencia jurisdiccional, que garantiza que la persona acusada debe ser juzgada por juez competente, asegurando una tutela judicial efectiva, al cumplir debidamente las exigencias procedimientos y requisitos señalados en la ley. CONSIDERANDO: (14) Que del estudio de los antecedentes y la formalización del recurso esta Sala aprecia que el Juez Recusado en fecha 22 de octubre del año dos mil trece, ordenó judicialmente varios allanamientos, entre ellos la vivienda del imputado (ahora recurrente), pero del estudio de la foliada se establece claramente que son hechos y calificaciones jurídicas totalmente diferentes a los que hoy es objeto de amparo, ya que se trata de incidentes acaecidos el día doce de enero del año dos mil dieciocho, que termino con daños a las estructuras físicas de un hotel de la capital, por lo cual el Ministerio Publico presentó requerimiento fiscal por varios ilícitos penales. Por otra parte, es importante resaltar que el legislador estableció en el artículo 83 de nuestra normativa procesal penal, un catálogo de causales legítimas de recusación, entre las cuales tenemos la planteada por las ahora recurrentes contemplada en el numeral 3 del citado artículo, misma que estipula lo siguiente:” Haber sido juez o integrante de un tribunal en una etapa anterior del proceso.” Partiendo del análisis de esta causal de recusación, es claro que el funcionario judicial que este conociendo de la causa no puede vinculado a una etapa anterior del proceso, y el objetivo es tratar de prevenir el riesgo de formación de un juicio anticipado; un ejemplo claro seria el juez que haya conocido de la etapa preparatoria (audiencia inicial) y posteriormente sea llamado a integrar un Tribunal de Sentencia en ese mismo proceso. Con esto lo que busca el legislador es que en el proceso prime la imparcialidad de los operadores de justicia con el fin de respetar el debido proceso, y demás derechos inherentes al imputado, garantizados por la Constitución de la República y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que son parte del Derecho Interno del Estado"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de junio de dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por las Abogadas KAROL JANETH CARDENAS CHINCHILLA Y DORA OLIVA GUIFARRO, a favor del señor EDWIN ROBELO ESPINAL, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinte de febrero de dos mil dieciocho, que declaró sin lugar un recurso de recusación interpuesto contra el Juez de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, Claudio Daniel Aguilar Elvir, con relación a la causa instruida contra el señor EDWIN ROBELO ESPINAL, por suponerlo responsable de los delitos de DAÑOS AGRAVADOS, INCENDIO AGRAVADO Y OTROS ESTRAGOS, en perjuicio de la sociedad mercantil denominada DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. (HOTEL MARRIOT) asimismo por los delitos de USO DE MATERIAL EXPLOSIVO E INCENDIARIO COMERCIAL DE FABRICACIÓN CASERA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Estiman las recurrentes que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los artículos 59, 65, 68, 82 90, y 183 de la Constitución de la República y el Artículo 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veinte de enero de dos mil dieciocho, el Abogado JUAN CARLOS ELVIR DE SYNEGUB, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público asignado a la Fiscalía de Operaciones Especiales, compareció ante el Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, presentando requerimiento fiscal contra el señor EDWIN ROBELO ESPINAL, por suponerlo responsable de los delitos de DAÑOS AGRAVADOS E INCENDIO Y OTROS ESTRAGOS AGRAVADOS, ambos en perjuicio de la sociedad mercantil denominada DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. (HOTEL MARRIOT) asimismo por los delitos de USO DE MATERIAL EXPLOSIVO E INCENDIARIO COMERCIAL DE FABRICACIÓN CASERA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. 2) Que en Audiencia Inicial de fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, resolvió: “…2.- AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO CONTRA: RAUL EDUARDO ALVAREZ ORDOÑEZ, por los delitos de DAÑOS AGRAVADOS, INCENDIO AGRAVADO Y OTROS ESTRAGOS, USO DE MATERIAL EXPLOSIVO E INCENDIARIO COMERCIAL DE FABRICACIÓN CASERA, en perjuicio de COMPAÑÍA DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A DE C.V. (HOTEL MARRIOT) Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, CONTRA EDWIN ROBELO ESPINAL, por los delitos de DAÑOS AGRAVADOS, INCENDIO AGRAVADO Y OTROS ESTRAGOS, USO DE MATERIAL EXPLOSIVO E INCENDIARIO COMERCIAL DE FABRICACIÓN CASERA y POSESIÓN DE MATERIAL EXPLOSIVO E INCENDIARIO COMERCIAL DE FABRICACIÓN CASERA, en perjuicio de COMPAÑÍA DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A DE C.V. (HOTEL MARRIOT) Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- 2) Que debe imponérsele a los imputados RAUL EDUARDO ALVAREZ ORDOÑEZ Y EDWIN ROBELO ESPINAL, la medida cautelar contenida en el artículo 173 numeral 3 del Código Procesal Penal, consistente en la Prisión Preventiva, por el presupuesto legitimador del peligro de fuga de los acusados, posible obstrucción en la investigación, falta de arraigo suficiente de los imputados, la gravedad de las penas a imponer como resultado del proceso, la importancia del daño que se deba indemnizar.- 3.- Dicha medida cautelar de Prisión Preventiva la deberán cumplir los encausados RAUL EDUARDO ALVAREZ ORDOÑEZ Y EDWIN ROBELO ESPINAL, en el Centro Penitenciario del Municipio de Morocelí, departamento de El Paraíso, para lo cual se deberá girar atento oficio al Director de dicho Centro Penitenciario, para su reclusión, …” (Folios del 144 al 168, del Tomo I de la primera pieza de antecedentes). 3) Que en fecha doce de febrero de dos mil dieciocho, la Abogada KAROL JANETH CARDENAS CHINCHILLA, actuando en su condición de Procuradora de Derechos Humanos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras COFADEH y en representación del señor EDWIN ROBELO ESPINAL, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, presentando Recusación contra el Juez de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal Claudio Daniel Aguilar Elvir, fundamentado en las causales de recusación contenidas en el Artículo 83 del Código Procesal Penal, específicamente el numeral 3 que establece: “haber sido Juez o integrante de un Tribunal en una etapa anterior del proceso” (Folios 01 al 04 de la pieza de recusación) 4) Que la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de febrero de dos mil dieciocho, emitió resolución mediante la cual resolvió: “…Declarando NO HA LUGAR la recusación presentada por la Abogada KAROL JANETH CARDENAS CHINCHILLA, Procuradora de Derechos Humanos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) en la causa de mérito, contra el Juez de Letras Penal con Jurisdicción Nacional en Materia Penal.” (Folios del 13 y 14 de la pieza de recusación). 5) Que las Abogadas KAROL JANETH CARDENAS CHINCHILLA Y DORA OLIVA GUIFARRO, actuando en su condición de Procuradoras de Derechos Humanos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), comparecieron ante la Sala de lo Constitucional, en fecha catorce de mayo de dos mil dieciocho, reclamando amparo a favor del señor EDWIN ROBELO ESPINAL, afirmando que la resolución de fecha veinte de febrero de dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, y que se deja relacionada en el inciso que precede, es violatoria de los artículos 59, 65, 68, 82 90, y 183 de la Constitución de la República. 6) Que en fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala tuvo por formalizado el recurso de amparo de mérito, omitiéndose la vista al Fiscal del Despacho de conformidad a lo estipulado en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO: (2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 No.2 Constitucional, relacionado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO: (3) Que la resolución contra la que se recurre en amparo, es la dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, Del departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de febrero del año dos mil dieciocho, que declaró SIN LUGAR un recurso de Recusación presentado contra EL JUEZ DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, Abogado CLAUDIO DANIEL AGUILAR ELVIR, en relación a la causa instruida contra el señor EDWIN ROBELO ESPINAL, por suponerlo responsable de los delitos de DAÑOS AGRAVADOS Y OTROS ESTRAGOS en perjuicio de la Sociedad Mercantil, DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A., DE C.V., (HOTEL MARRIOT), así mismo por dos delitos de USO DE MATERIAL EXPLOSIVO E INCENDIARIO COMERCIAL DE FABRICACIÓN CASERA, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO: (4) Que las recurrentes en la formalización de la acción de amparo, expone una relación de los hechos que motivaron la recusación presentada contra el Juez supra mencionado, señalando la aplicación del artículo 84 del Código Procesal Penal, que establece las Obligaciones de Abstención de los Funcionarios Recusados. Los Jueces o Magistrados que se consideren comprendidos en alguna de las causas de recusación señaladas en el artículo anterior, se excusarán sin tardanza y se apartarán del conocimiento del procesado sin esperar a que se les recuse. Exponen las recurrentes: “en el presente caso está señalada en el artículo 83 numeral 3 del Código Procesal Penal, que establece: 3) Haber sido Juez o integrante de un Tribunal en una etapa anterior del proceso; Además explica que la Corte de Apelaciones se basó en el informe rendido por el Juez recusado, quien informa que no se encuentra comprendido en la causal de recusación, porque no ha conocido con anterioridad ninguna causa en contra del señor Edwin Róbelo Espinal, además niega haber cometido faltas al debido proceso. CONSIDERANDO: (5) Que las recurrentes exponen que el Juez CLAUDIO DANIEL AGUILAR, en fecha anterior había ordenado acciones legales en contra del representado de las impetrantes, acciones de las que tuvieron acceso mediante una Acta de Aceptación de un Juez Ejecutor, de fecha 22 de octubre del año 2013, las 6:00 p.m., donde el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en materia Penal de Jurisdicción Nacional presidido por el Juez CLAUDIO DANIEL AGUILAR, nombra como Juez ejecutor al Sargento Raso, SANTOS ALBERTO REYES CASTILLO, para la realización de un allanamiento de morada (entre ellas la casa del representado de las recurrentes), información contenida en el expediente investigativo abierto en la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público en el año 2013, el cual se refería a violaciones de Derechos Humanos de los cuales fue víctima su representado. Señala que dicho expediente fue trasladado a la Fiscalía de Jurisdicción Nacional, el que ha sido utilizado de forma maliciosas para construir un expediente penal en contra de su representado, así como para determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la comisión de los supuestos ilícitos penales, cuando en realidad fue víctima de abusos de autoridad que violaron sus derechos humanos. Señalando que las actuaciones del juez Claudio Aguilar se encuentran dentro de las causales establecidas en el artículo No. 83 numeral 3 del Código Procesal Penal; En relación a la falta al Debido Proceso manifiesta la impetrante que el mismo Juez recusado admitió un requerimiento Fiscal en fecha 17 de enero del 2018, en el que se imputan los delitos de DAÑOS AGRAVADOS, INCENDIO AGRAVADO Y OTROS ESTRAGOS, DELITOS QUE NO SE ENCUENTRAN DENTRO DEL CATÁLAGO DE DELITOS QUE ESTABLECE LA Ley Especial de Órganos Jurisdiccionales, por lo tanto el referido Juzgado es incompetente de conocer de dicho proceso penal por lo que interpusieron una Excepción por Incompetencia de Acción, establecida en el Artículo No. 46 numeral 1, en virtud que de acuerdo a la Ley Especial con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, establece en su artículo No.1, que la presente ley tiene como finalidad complementar y fortalecer los esfuerzos de lugar contra grupos delictivos organizados, mediante la creación de órganos jurisdiccionales con competencia Territorial Nacional, dejando establecido de acuerdo al artículo 2 de la misma ley lo que se debe entender por un grupo delictivo organizado así como los delitos que quedan comprendidos dentro del ámbito de esta ley, excluyendo los delitos por los que se acusa a su representado, por lo que el referido Tribunal, no debió seguir conociendo del proceso de acuerdo al artículo 5 de la misma ley. Que ordena se inhiba de conocer causas que no son de su competencia. CONSIDERANDO: (6) Que las impetrantes manifiestan que interpusieron nulidades establecidas en el artículo 165 del Código Procesal Penal en el que se establece el principio de Excepcionalidad de la Nulidad. La inobservancia de las normas contenidas en este código solo producirá la nulidad de los actos procedimentales, cuando así lo establezca expresamente sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil, disciplinaria en que haya incurrido el infractor. Además, señala el artículo 166 No. 1 referente al nombramiento, capacidad, jurisdicción o competencia de los órganos jurisdiccionales o de sus integrantes, reiterando que el Juez recusado no tiene competencia para conocer del presente proceso. Además expone que como defensa el Juez recusado les impidió entrevistarse con el tiempo suficiente antes de la audiencia de imputado para analizar y estudiar el requerimiento fiscal, señalando que la audiencia debe ser celebrada en el término de seis días y en el presente caso se celebró al segundo día a la primera hora, con escaso tiempo para preparar la estrategia de defensa, y no solo fue poco tiempo, sino que el día intermedio fue día domingo día inhábil para obtener documentos que apoyaran la defensa, dejando evidencia su actuar de manera parcial y en complicidad con el Ministerio Público. CONSIDERANDO: (7) Que las recurrentes consideran que se han violentado las garantías- Derechos de Acceso a la Justicia, Derecho de petición, Protección Judicial y el Derecho al Debido Proceso, garantizados en la Constitución de la República, las leyes y Convenios Internacionales , derivándose en consecuencia violación al derecho a la vida artículo 65 Constitucional y también el artículo 59 de la misma norma suprema que dispone que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. Señalando también el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial establecidas en el artículo 8 en relación al artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. CONSIDERANDO: (8) Que el Ad quem en su fallo, párrafo de la Motivación expone que el artículo 83 del Código Procesal Penal determina causas legítimas de recusación y excusa de los Jueces, Magistrados y Auxiliares de los órganos jurisdiccionales, estableciéndose un mecanismo que permite asegurar la imparcialidad de estos órganos, ajustándose a las formalidades legales y a la recta aplicación de la justicia permitiéndole al funcionario separarse voluntariamente del conocimiento de la causa cuando lo considere necesario. Así mismo la Recusación se ha establecido como uno de los medios de obtener que los funcionarios obren con imparcialidad, ya que, por la existencia del impedimento carecen de la necesaria legitimación para las actuaciones en un proceso. Dice además que se establecen las causas de recusación como un mecanismo para que el ciudadano pueda separar a aquel funcionario o funcionaria en quien concurra cualquiera de las causales enumeradas en el artículo 83 del Código Procesal Penal.- CONSIDERANDO: (9) Que el Ad quem deja establecido que el Juez recusado rindió informe mediante el cual dijo no estar comprendido entre las causas de recusación presentada por la recusante, pues no ha conocido con anterioridad ningún proceso contra el señor EDWIN ROBELO ESPINAL, EN ESE JUZGADO, siendo el presente el único proceso que está conociendo. Señala que en cuanto a que no se le dio tiempo suficiente al acusado para entrevistarse con su defensor, se le leyó el artículo 101 NO. 4 el que establece “entrevistarse privadamente con su defensor desde el inicio de la detención incluso en la Policía Nacional y antes de prestar declaración si así lo desea”. CONSIDERANDO: (10) Que el Tribunal impugnado señala que habiendo tenido a la vista el informe del juez recusado, fácilmente se colige que la causal de recusación interpuesta no se configura , ya que la diligencia realizada por el Juez de letras como se ha expresado es parte de la etapa preparatoria que como Juez conoce del proceso, no siendo como la que aduce la impetrante una etapa anterior al proceso, sino parte de dicha etapa procesal como lo dispone el Código Procesal Penal en su artículo 263, en consecuencia al no estar acreditada la causal invocada, se declaró no ha lugar la recusación pretendida. CONSIDERANDO: (11) Que la imparcialidad judicial se encuentra expresamente contemplada en los más relevantes Textos Internacionales sobre derechos fundamentales entre ellos: la Declaración Universal de Derechos Humanos, El Pacto Internacional de Derechos y Políticos; la Convención Americana de Derechos Humanos y es que el órgano encargado de juzgar y de hacer ejecutar lo juzgado, ha de estar dotado de imparcialidad, ya que “si la jurisdicción no es independiente y los Jueces y Magistrados no son imparciales no puede decirse que se administre verdadera justicia consustancial con el Estado de Derecho, que exige la tutela judicial efectiva por un órgano imparcial a través del debido proceso[1]” CONSIDERANDO: (12) Que la Recusación, es una institución ligada a la independencia de los jueces, respecto al problema planteado y a las partes litigantes. Cuando el Juez tiene interés tanto en el negocio como vínculos con cualquiera de las partes litigantes, debe de dejar de conocer de la controversia, porque el interés, los vínculos familiares o religiosos, la enemistad, la amistad, o la dependencia económica impiden a cualquier ser humano ser imparcial en sus juicios y como la imparcialidad trae como consecuencia la injusticia, se trata de evitar que una persona parcial administre justicia en un caso concreto[2].Los impedimentos que dan lugar al planteamiento a la recusación, consisten en la descripción de situaciones o razones que la ley considera, como circunstancias de hecho o de derecho que hacen que se presuma la parcialidad del titular de un órgano jurisdiccional[3]. CONSIDERANDO: (13) Que en cualquier proceso penal las personas sometidas a juicio deben ser juzgados por Juez o Tribunal competente, esta cuestión está ligada con los derechos humanos que le asisten al acusado, así el Juez natural impone la inderogabilidad y la indisponibilidad de las competencias judiciales que implica no alterar las competencias judiciales, en ese sentido los hechos sometidos a juicio deben ser conocidos de acuerdo a la jurisdicción donde sucedieron los mismos, a la naturaleza y calificación jurídica de tales hechos sin alterar la competencia jurisdiccional, que garantiza que la persona acusada debe ser juzgada por juez competente, asegurando una tutela judicial efectiva, al cumplir debidamente las exigencias procedimientos y requisitos señalados en la ley. CONSIDERANDO: (14) Que del estudio de los antecedentes y la formalización del recurso esta Sala aprecia que el Juez Recusado en fecha 22 de octubre del año dos mil trece, ordenó judicialmente varios allanamientos, entre ellos la vivienda del imputado (ahora recurrente), pero del estudio de la foliada se establece claramente que son hechos y calificaciones jurídicas totalmente diferentes a los que hoy es objeto de amparo, ya que se trata de incidentes acaecidos el día doce de enero del año dos mil dieciocho, que termino con daños a las estructuras físicas de un hotel de la capital, por lo cual el Ministerio Publico presentó requerimiento fiscal por varios ilícitos penales. Por otra parte, es importante resaltar que el legislador estableció en el artículo 83 de nuestra normativa procesal penal, un catálogo de causales legítimas de recusación, entre las cuales tenemos la planteada por las ahora recurrentes contemplada en el numeral 3 del citado artículo, misma que estipula lo siguiente:” Haber sido juez o integrante de un tribunal en una etapa anterior del proceso.” Partiendo del análisis de esta causal de recusación, es claro que el funcionario judicial que este conociendo de la causa no puede vinculado a una etapa anterior del proceso, y el objetivo es tratar de prevenir el riesgo de formación de un juicio anticipado; un ejemplo claro seria el juez que haya conocido de la etapa preparatoria (audiencia inicial) y posteriormente sea llamado a integrar un Tribunal de Sentencia en ese mismo proceso. Con esto lo que busca el legislador es que en el proceso prime la imparcialidad de los operadores de justicia con el fin de respetar el debido proceso, y demás derechos inherentes al imputado, garantizados por la Constitución de la República y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que son parte del Derecho Interno del Estado. CONSIDERANDO: (15) Que esta Sala ha estudiado desde una perspectiva constitucional los hechos que han provocado la búsqueda de amparo, estimando la resolución del Tribunal de alzada tanto en su motivación como fundamentos de derecho, interpretación de la norma constitucional y la ley secundaria, apreciando que no existe quebrantamiento del Debido Proceso y demás derechos inherentes al mismo; pues que se evidencia que el Juez recusado no está comprendido dentro de la causal planteada por los ahora recurrentes, como se dejó establecido en el considerando anterior se trata de hechos totalmente diferentes de los que hoy son objeto de amparo. Siendo así Procede declarar sin lugar el recurso de Amparo del que se ha hecho mérito. CONSIDERANDO: (16) Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo, interpuesto por las Abogadas KAROL JANETH CARDENAS CHINCHILLA Y DORA OLIVIA GUIFARRO, a favor de EDWIN ROBELO ESPINAL, contra la sentencia de fecha veinte de febrero del año dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones De lo Penal del Departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. - NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los doce días del mes de agosto de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha diecinueve de junio de dos mil diecinueve, recaída en el recurso de amparo penal registrada en este Tribunal con el número SCO-0375-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Martin Huertas Isabel. Garantias de la Imparcialidad Judicial: La Causa de Excusa y Recusación. (En la Ley del órgano judicialdel 24 de junio del 2010 del Estado Plurinacional de Bolivia). Cita a: Calvo Sánchez M.C., Control de Imparcialidad del Tribunal Constitucional. Barcelona 2009 pp. 23-24.

[2] 1. Becerra Bautista, citado por Fernando G. Flores. Los conceptos de impedimento, Recusación y Excusa. Pp. 510.

[3] 10 Gómez Lara Cipriano. Teoría General del Proceso UNAM 1980.p162 y ss).