Sentencia AP-37-19 — Registro 12110
Resumen
En Consulta la sentencia que otorgó el recurso de amparo, contra la Resolución dictada por el juzgado de letras con relación a la a los delitos de facilitación de local y facilitación de medios de transporte para el tráfico ilícito de drogas, en perjuicio de la salud de la población del estado de Honduras.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO: (6) Que el Ad quem en su resolución hace una relación detallada de los motivos por los que se invoca la Justicia Constitucional, así como los argumentos por los que la A quo deniega el Procedimiento Expedito, dejando establecido que los argumentos expuesto por el A quo no son válidos, “a cuenta de que resulta evidente que las pruebas a practicarse no son de difícil realización, por manera que es insostenible el criterio esgrimido por el A-quo sobre esta excepción, habida cuenta de las circunstancias del hecho y que la detención del supuesto responsable de los ilícitos penales de FACILITACION DE LOCAL y FACILITACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS fue capturado en el momento, y el Ministerio Publico, es el responsable de acreditar esos extremos en el proceso, por ello no constituye causal o argumento que el Juez invoque que el procedimiento no se puede ejecutar por tal complejidad, por todo ello Otorga el Amparo interpuesto. CONSIDERANDO: (7) Que la finalidad del proceso es la realización pronta y efectiva de la justicia penal, así reza el artículo 8 del Código Procesal Penal, y así fue diseñado el Procedimiento Expedito para los delitos en flagrancia, evitando dilaciones innecesarias, volviendo más pronta la justicia en los casos en flagrancia; tal finalidad en el caso que nos ocupa obviamente no fue observada por el A quo, cuyo argumento se centra en que la defensa solicito que en vista que existen supuestamente dos delitos que sea tramitado mediante proceso ordinario y que el juzgador considero que existe complejidad de hechos, sin embargo del estudio de los antecedentes, no se justifica tal decisión, puesto que la pretensión del Ministerio Público no requiere de gran complejidad ni tiene un alto grado de dificultad para la realización de la pericia que pretende, en consecuencia procede la aplicación del procedimiento expedito, en casos de flagrancia como el que nos ocupa. CONSIDERANDO:(8) Que el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua, ha observado los preceptos establecidos en la ley para la aplicación del procedimiento expedito en delitos de flagrancia, ajustándose a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, así se desprende del estudio de los antecedentes y argumentos jurídicos, apreciando que la resolución dictada por el A quo ha vulnerado el debido Proceso invocado por la impetrante, debiendo restablecerse y mantenerse tales derechos, a fin de que las partes obtengan una tutela judicial efectiva.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 8 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. VISTA: En Consulta las diligencias que contiene la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) que otorgó el recurso de amparo interpuesto por la abogada MILADY JANNETTE PAVON RAMIREZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, en fecha dos (2) de diciembre de dos mil dieciocho (2018); con relación a la causa instruida contra el señor EDWIN LEONEL CARRILLO LORENZO, por suponerlo responsable de los delitos de FACILITACION DE LOCAL y FACILITACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS. ANTECEDENTES 1) Que en fecha primero (1) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Márcala, departamento de La Paz, la abogada NELBA YADIRA RAUDALES VARELA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el señor EDWIN LEONEL CARRILLO LORENZO, por suponerlo responsable de los delitos de FACILITACION DE LOCAL PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS y FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 1–3 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia) 2) Que en fecha dos (2) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), en la celebración de la Audiencia de Juicio Expedito, el Juzgado antes citado Resolvió: (SIC) “… la defensa ha solicitado que en vista que existe supuestamente dos delitos y que sea tramitado mediante el proceso ordinario por lo que este suscrito Juez considera en base al artículo 440-A del Código Procesal Penal, segundo párrafo en donde expone que en casos excepcionales aun cuando se trate en delitos de flagrancia se aplicara el proceso ordinario; 1) cuando se trate de un delito de investigación compleja, a causa de la multiplicidad de los hechos; por lo que consideramos tramitar el proceso penal, por el procedimiento ordinario en virtud que existe una complejidad de hechos, tya que autorizo el allanamiento para ingresar a la vivienda del imputado en donde se encontró droga en la vivienda y droga en los bolsillos de su pantalón, encuadrando el ministerio Publico en la comisión de dos delitos como ser FACILITACION DE LOCAL PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS y FACILITACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS, por lo que se toma la declaración del imputado al tenor del articulo 285 del Código Procesal Penal.” (Folios 48–50 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia) 3) Que en fecha cinco (5) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), compareció ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, la abogada MILADY JANNETTE PAVON RAMIREZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, interponiendo Recurso de Amparo contra la resolución de fecha dos (2) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), relacionada en el numeral anterior; manifestando la recurrente, que el Acto Reclamado viola, en perjuicio de su representada, el derecho contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República. (Folios 1–3 al de la pieza de Corte de apelaciones) 4) Que en fecha catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la citada Corte de Apelaciones Falla: (SIC) “PRIMERO: OTORGANDO LA ACCION DE AMPARO, interpuesta por la Abogada MILADY JANNETTE PAVON RAMIREZ, contra la resolución de fecha dos de diciembre del dos mil dieciocho, dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Márcala, en la causa que se le sigue a EDWIN LEONEL CARRILLO LORENZO, en el proceso que se le instruye pro suponerle responsable del delito de FACILITACION DE LOCAL Y FACILITACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS. SEGUNDO: Ordena a la referida judicatura que se continúe el proceso contra los referidos imputados por la vía del Procedimiento Expedito de Flagrancia.” (Folios 10–13 al de la pieza de Corte de Apelaciones) 5) Que en fecha once (11) de enero de dos mil diecinueve (2019), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folios 1 del presente Recurso) CONSIDERANDO:(1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO:(2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO: (3) Que se conoce en consulta la sentencia de fecha catorce de diciembre del año dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, mediante la cual OTORGA el recurso interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, con relación a la causa instruida contra el señor EDWIN LEONEL CARRILLO LORENZO, por suponerlo responsable de los delitos de FACILITACION DE LOCAL y FACILITACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO: (4) Que la recurrente, abogada MILADY JANNETTE PAVON RAMIREZ en fecha catorce de diciembre del año dos mil dieciocho fue notificada del fallo emitido por el Ad quem mediante el cual se OTORGA el Recurso de amparo interpuesto. CONSIDERANDO:(5) Que la recurrente señala que la resolución dictada en fecha 02 de diciembre del año 2018, por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ violenta el debido Proceso, señalando que la resolución impugnada, irrespeta varias formalidades que le están indicadas en la norma procesal penal, la primera contraviene la formalidad legal establecida en el 440-A del Proceso penal, en este artículo están previstas varias excepciones o sea en qué casos no se puede aplicar el procedimiento expedito, entre ellos está que, 1) Se trate de un delito de investigación compleja, a causa dela multiplicidad de los hechos relacionados o por el elevado número de imputados o de víctimas, 2)Que las investigaciones requieran el cumplimiento de actuaciones en el exterior, 3) Que se requiera la práctica de pruebas de difícil realización.-De igual manera se irrespeta lo que manda la norma procesal penal en el artículo 141, en el sentido de que la resolución debe ser debidamente motivada, no la simple enunciación de los fundamentos. Además, invoca algunas de las Sentencias dictadas en casos similares al que nos ocupa, Recursos de amparo, interpuestos ante la negativa de seguir el procedimiento expedito para los delitos en flagrancia, entre ellos cita: 1) Exp. No.45012, fallo del 08 de septiembre del año 2015; 2) Exp. No. 45077 fallo de la fecha 16 de noviembre del 2015; 3) Exp. No. 45084 fallo del 23 de noviembre del 2015; 4) 45094, fallo del 23 de noviembre del 2015; 5) Exp. No. 45112 fallo del 14 de diciembre del 2015. CONSIDERANDO: (6) Que el Ad quem en su resolución hace una relación detallada de los motivos por los que se invoca la Justicia Constitucional, así como los argumentos por los que la A quo deniega el Procedimiento Expedito, dejando establecido que los argumentos expuesto por el A quo no son válidos, “a cuenta de que resulta evidente que las pruebas a practicarse no son de difícil realización, por manera que es insostenible el criterio esgrimido por el A-quo sobre esta excepción, habida cuenta de las circunstancias del hecho y que la detención del supuesto responsable de los ilícitos penales de FACILITACION DE LOCAL y FACILITACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS fue capturado en el momento, y el Ministerio Publico, es el responsable de acreditar esos extremos en el proceso, por ello no constituye causal o argumento que el Juez invoque que el procedimiento no se puede ejecutar por tal complejidad, por todo ello Otorga el Amparo interpuesto. CONSIDERANDO: (7) Que la finalidad del proceso es la realización pronta y efectiva de la justicia penal, así reza el artículo 8 del Código Procesal Penal, y así fue diseñado el Procedimiento Expedito para los delitos en flagrancia, evitando dilaciones innecesarias, volviendo más pronta la justicia en los casos en flagrancia; tal finalidad en el caso que nos ocupa obviamente no fue observada por el A quo, cuyo argumento se centra en que la defensa solicito que en vista que existen supuestamente dos delitos que sea tramitado mediante proceso ordinario y que el juzgador considero que existe complejidad de hechos, sin embargo del estudio de los antecedentes, no se justifica tal decisión, puesto que la pretensión del Ministerio Público no requiere de gran complejidad ni tiene un alto grado de dificultad para la realización de la pericia que pretende, en consecuencia procede la aplicación del procedimiento expedito, en casos de flagrancia como el que nos ocupa. CONSIDERANDO:(8) Que el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua, ha observado los preceptos establecidos en la ley para la aplicación del procedimiento expedito en delitos de flagrancia, ajustándose a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, así se desprende del estudio de los antecedentes y argumentos jurídicos, apreciando que la resolución dictada por el A quo ha vulnerado el debido Proceso invocado por la impetrante, debiendo restablecerse y mantenerse tales derechos, a fin de que las partes obtengan una tutela judicial efectiva POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos Números: 303, 304 , 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8,10, 41, 68 párrafo 2do,69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA:CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha catorce de diciembre del año dos mil dieciocho, por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada MYLADY JANNETTE PAVON RAMIREZ.Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCICO ORTEZ CRUZ. - NOTIFÍQUESE. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha veintiséis de febrero del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta bajo el número SCO-0037-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.