Sentencia AP-364-18 — Registro 17672
Resumen
Acto recurrido que declara sin lugar apelacion contra la del a-quo, con relación a la causa instruida por supuesta responsabilidad en el delito de Robo de Vehículo Automotor. En perjuicio deL impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable..." ..." Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser declarar Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, Departamento de Choluteca, en fecha siete de noviembre de dos mil dieciséis, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de enero de dos mil diecinueve. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Yulibeth Garay Hernández a favor del Estado de Honduras, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca y Valle, en fecha dos de febrero de dos mil dieciocho, que declaró Sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, Departamento de Choluteca, en fecha siete de noviembre de dos mil dieciséis, con relación a la causa instruida contra Edgar Dionisio Gutiérrez Mendieta y Oscar René Maradiaga Herrera por suponerlos responsables del delito de Robo de Vehículo Automotor en perjuicio de Fidel Rodríguez Ortiz y por el delito de Robo Simple en perjuicio de Bradys Reinaldo López Martínez y contra Rony Mauricio Maradiaga Reyes por suponerlo responsable del delito de Ocultamiento de Robo de Vehículo Automotor en perjuicio de Fidel Rodríguez Ortiz. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los Artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República.ANTECEDENTES.1) Que en fecha dos de noviembre de dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, Departamento de Choluteca, la Abogada Yojana Yamileth Zambrano Ordoñez, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra Edgar Dionisio Gutiérrez Mendieta y Oscar René Maradiaga Herrera por suponerlos responsables del delito de Robo de Vehículo Automotor en perjuicio de Fidel Rodríguez Ortiz y por el delito de Robo Simple en perjuicio de Bradys Reinaldo López Martínez y contra Rony Mauricio Maradiaga Reyes por suponerlo responsable del delito de Ocultamiento de Robo de Vehículo Automotor en perjuicio de Fidel Rodríguez Ortiz. (Folios 1-4 del expediente del A-quo) 2) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley, el referido Juzgado, en audiencia inicial de fecha siete de noviembre del año dos mil dieciséis, resolvió: Decreta: La Nulidad de las actuaciones realizadas por los entes de investigación (D.P.I.) el día martes uno (1) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016) de la cual resultó la captura de los señores Edgar Dionisio Gutiérrez Mendieta por suponérsele responsable del delito de Robo de Vehículo Automotor en perjuicio del señor Fidel Rodríguez Ortiz y suponérsele responsable del delito de Robo Simple en perjuicio de Bradys Reinaldo López Martínez y contra Rony Mauricio Maradiaga Reyes por el delito de Ocultamiento de Robo de Vehículo Automotor en perjuicio de Fidel Rodríguez Ortiz al haberse violentado garantías fundamentales contenidas en la Constitución de la República, que dieron como resultado la producción de la Prueba Ilícita.- Segundo: Se deja sin ningún valor y efecto la Detención Judicial decretada a los señores Edgar Dionisio Gutiérrez Mendieta y Rony Mauricio Maradiaga Reyes en audiencia indagatoria de fecha 2 de noviembre del año dos mil dieciséis (2016).- Tercero: Se ordena al Director del Centro Penal, poner en inmediata Libertad al señor Edgar Dionisio Gutiérrez Mendieta y Rony Mauricio Maradiaga Reyes…. (Folios del 50-64 del expediente del A-quo). 3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado José Luis Reyes Benavides, contra la resolución que antecede, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca y Valle, en fecha dos de febrero de dos mil dieciocho, resolvió: Primero: Declarar Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por el Fiscal del Ministerio Público, Abogado José Luis Reyes Benavides, contra la resolución proferida en audiencia inicial de fecha siete (7) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, en la causa penal instruida contra el señor Edgar Dionisio Gutiérrez Mendieta, por suponerlo responsable del delito de Robo de Vehículo Automotor, en perjuicio de Fidel Rodríguez Ortiz, y por suponerlo responsable del delito de Robo Simple en perjuicio del señor Bradys Reinaldo López Martínez y contra Rony Mauricio Maradiaga Reyes, por suponerlo responsable del delito de Ocultamiento de Robo de Vehículo Automotor, en perjuicio de Fidel Rodríguez Ortiz, ambos de generales expresadas en el preámbulo de esta resolución.-Segundo: Confirmar la resolución recurrida…. (Folios 9-13 del expediente del Ad-quem) 4) Que la recurrente Abogada Yulibeth Garay Hernández, compareció ante este Tribunal en fecha nueve de mayo de dos mil dieciocho, interponiendo acción de amparo a favor del Estado de Honduras, afirmando que la decisión del Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, es violatoria de los derechos consagrados en los Artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República. 5) Que en fecha ocho de agosto de dos mil dieciocho, la Sala tuvo por formalizada la acción de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, se dirige contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca y Valle, en fecha dos de febrero de dos mil dieciocho, que declaró Sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, Departamento de Choluteca, en fecha siete de noviembre de dos mil dieciséis, con relación a la causa instruida contra Edgar Dionisio Gutiérrez Mendieta y Oscar René Maradiaga Herrera por suponerlos responsables del delito de Robo de Vehículo Automotor en perjuicio de Fidel Rodríguez Ortiz y por el delito de Robo Simple en perjuicio de Bradys Reinaldo López Martínez y contra Rony Mauricio Maradiaga Reyes por suponerlo responsable del delito de Ocultamiento de Robo de Vehículo Automotor en perjuicio de Fidel Rodríguez Ortiz. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha nueve de mayo de dos mil dieciocho, interponiendo acción de amparo a favor del Estado de Honduras, afirmando que la decisión del Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, es violatoria de los derechos consagrados en los Artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República, considerando que la resolución emitida por la Honorable Corte de Apelaciones de Choluteca, vulnera el Debido Proceso, ya que el calificativo de una detención ilegal no resulta consecuente el dictado de un sobreseimiento definitivo. A su vez la resolución no satisface el derecho fundamental de obtener un fallo de fondo (motivado y fundamentado). CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha ocho de agosto de dos mil dieciocho, la Sala tuvo por formalizada la acción de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley de Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala Constitucional. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca y Valle, en fecha dos de febrero de dos mil dieciocho, que declaró Sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, Departamento de Choluteca, en fecha siete de noviembre de dos mil dieciséis; se aprecia en la misma, que el Ad-quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora en esa etapa del juicio. Refiriéndose a la etapa inicial, lo que se valora es la probabilidad razonable de que el encausado ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose, por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el juzgador; y, particularmente concluye que el Ministerio Público, no puso en conocimiento de la autoridad, explicando las razones de la práctica de dicho allanamiento; y, por lo tanto, no existe un auto motivado del Juzgado donde se haya convalidado la captura. Por lo tanto, la prueba obtenida resulta prohibida, ya que provienen de un acto o hecho que vulnera las garantías procesales establecidas constitucionalmente y en Convenios Internacionales, relativos a los Derechos Humanos de los cuales Honduras forma parte. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final. CONSIDERANDO DOCE (12): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía constitucional de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no está configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuestos de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aún, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición. CONSIDERANDO TRECE (13): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser declarar Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, Departamento de Choluteca, en fecha siete de noviembre de dos mil dieciséis, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de marzo de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-364-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL