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Sentencia AP-357-19 — Registro 12021

Resumen

Acto recurrido que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la del a-quo, con relación a la causa instruida por supuesto delito de extorciòn, en perjuicio del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República y será en todo caso durante la secuela del juicio en donde se decidirá sobre las cuestiones y argumentaciones de instancia que menciona el recurrente, teniendo las partes plena libertad para presentar sus alegaciones y los fundamentos en los que basan sus pretensiones..." ..." Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad..." ..." Que las cuestiones de mera legalidad corresponden ser juzgadas por la justicia ordinaria y que si bien, están vinculadas con la normativa constitucional, deben ser conocidas y resueltas por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, mismos que han sido debidamente motivados, respetando en todo momento el derecho de defensa y las formalidades exigidas por la ley..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por la Abogada ALBA REGINA PANIAGUA PACHECO a favor del señor HENRRY BERNARDO RIVERA ZELAYA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN, en fecha diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN, el dieciocho de enero de dos mil diecinueve, con relación a la causa instruida contra el señor HENRRY BERNARDO RIVERA ZELAYA, por suponerlo responsable del delito de EXTORSIÓN en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AA-351. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del presente recurso se desprende que la recurrente se opone al pronunciamiento emitido por la Alzada, ya que ésta confirmó el auto de formal procesamiento dictado por el A-quo en fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve, contra el imputado por suponerle responsable del delito de EXTORSIÓN fallo que considera fue hecho con una errónea interpretación de la Ley, al valorar las normas constitucionales y procesales que amparan el derecho del imputado, infringiendo los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República, limitando la libertad personal del imputado la cual es un bien protegido por el Estado de Honduras, por existir vicios de nulidad en la resolución proferida. CONSIDERANDO: Que de la resolución reclamada se desprende que el parecer de la Alzada es que la resolución impugnada se encuentra apegada a derecho, razón por la que se impuso a confirmarla. CONSIDERANDO: Que por disposición legal, para decretar auto de prisión, el Juzgador considerará como plena prueba de haberse cometido el delito, la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal y estimará como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito, extremos éstos que se aprecian de la motivación de la resolución del Ad-Quem, el cual apunta que con los elementos de prueba aportados en la audiencia inicial de mérito, se logró acreditar dos circunstancias: 1) la mínima actividad probatoria, es decir, no se requiere que se evacue toda la prueba que deberá aportarse en el juicio; y 2)Que dicha actividad probatoria aporte indicios dos circunstancias esenciales: a) la probable realización del injusto penal y, b) la probable participación del imputado en el hecho penalmente relevante que se le atribuye al imputado, incorporando en su motivación el razonamiento jurídico que lo llevó a la determinación de confirmar el auto de formal procesamiento impugnado. CONSIDERANDO: Que las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación al derecho de defensa o debido proceso, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria que nos indica la trasgresión de la norma por parte del imputado y el tipo penal en que han podido tener participación, ya que en esta etapa procesal en que se encuentra la causa, no se exige un estado anímico de certeza en el Juzgador que le lleve a concluir de manera definitiva que el encausado es culpable de la comisión del delito que se le atribuye. CONSIDERANDO: Que este Tribunal aprecia que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República y será en todo caso durante la secuela del juicio en donde se decidirá sobre las cuestiones y argumentaciones de instancia que menciona el recurrente, teniendo las partes plena libertad para presentar sus alegaciones y los fundamentos en los que basan sus pretensiones. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad corresponden ser juzgadas por la justicia ordinaria y que si bien, están vinculadas con la normativa constitucional, deben ser conocidas y resueltas por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, mismos que han sido debidamente motivados, respetando en todo momento el derecho de defensa y las formalidades exigidas por la ley. CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 297 Numeral 1) párrafo segundo del Código Procesal Penal; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito interpuesto por la Abogada ALBA REGINA PANIAGUA PACHECO a favor del señor HENRRY BERNARDO RIVERA ZELAYA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN, en fecha diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, al advertirse la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por existir ya pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo. Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales que en derecho correspondan y en definitiva se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecinueve días del mes de noviembre de dos mil diecinueve, certificación de la resolución de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, recaída en el recurso de amparo penal registrada en este Tribunal con el número SCO-0357=2019.

ABOG. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL

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