Sentencia AP-356-18 — Registro 12020
Resumen
Acto recurrido que confirmó la resolución dictada por el a-quo, en relación a la causa instruida por delitos de Violación y Robo, en perjuicio del impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Al respecto es importante aclarar que no deben ser confundidos estos delitos (graves y de conmoción social) con casos como el de mérito, en donde los delitos por los que ha sido condenado el ciudadano Dennis Alberto Nuñez Mendoza no se encuentran legalmente comprendidos en este concepto, aunque el haber cometido un sinnúmero de delitos de violación y robo, sea terriblemente grave, que causa el rechazo y la indignación de la sociedad hondureña. Recapitulando lo anterior, son dos elementos totalmente distintos, por una parte, la lista de delitos que por razones de gravedad e impacto social pueden ser causa de una condena de reclusión hasta de por vida, y los delitos cuyas penas de reclusión deben sumarse aritméticamente para ser cumplidas una en pos de otra, comenzando con las de mayor gravedad, sin pasarse de treinta años. En virtud de lo anteriormente expuesto, se estima que la garantía de amparo de mérito debe ser denegada en virtud de que no existe violación a ninguno de los derechos constitucionales invocados..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, seis de febrero de dos mil diecinueve. VISTA: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de amparo interpuesta por la abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, en contra de la resolución dictada en fecha nueve de enero del año dos mil dieciocho por la honorable CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, mediante la cual confirmó la resolución dictada en fecha diez de febrero del año dos mil diecisiete por el honorable JUZGADO DE EJECUCIÓN DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS; en relación con la causa instruida contra el señor DENNIS ALBERTO NÚÑEZ MENDOZA, por suponerlo responsable de los delitos de VIOLACIÓN y ROBO en perjuicio de la señora G.M. A.. Estimando la amparista que el acto recurrido ha violentado los derechos constitucionales contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES PROCESALES. 1. En fecha trece de mayo del año dos mil once, compareció ante el honorable Juzgado de Letras Penal de la sección judicial del departamento de Cortés, la abogada GREISY ZELAYA PINEDA, actuando en su condición de agente de tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, en contra del señor DENIS ALBERTO NÚÑEZ MENDOZA, por suponerlo responsable del delito de VIOLACIÓN y ROBO, en perjuicio de la señora G. M. A.. (Folios 1–3 de la pieza de antecedentes de primera instancia). 2. En fecha once de enero de dos mil doce, se dio inicio a la audiencia preliminar, misma que se tuvo por concluida en fecha trece de marzo del año dos mil doce, en donde el citado juzgado decretó auto de apertura a juicio y remite las presentes diligencias al Tribunal de sentencia del departamento de Cortés; mismas que fueron recibidas por dicho tribunal, en fecha veintiséis de marzo del año dos mil doce. (Folios 62–88 de la pieza de antecedentes de primera instancia). 3. Habiéndose celebrado audiencia de reforma de cómputo, el Juzgado de Ejecución de la sección judicial del departamento de Cortés, dictó en fecha diez de febrero del año dos mil diecisiete, auto motivado en el cual resolvió: “Primero: declarar con lugar lo solicitado por la defensa del penado Denis Alberto Núñez Mendoza, en el sentido de acumular materialmente las penas a efecto de unificar el cómputo de todas sus penas, mismas que acumuladas aritméticamente ascienden a ciento ochenta y ocho años ocho meses de reclusión, estableciéndose como fecha de cumplimiento el día once de abril del año dos mil cuarenta y uno (2041). segundo: póngasele en conocimiento del mismo a la autoridad penitenciaria.” (Folios 121–123 de la pieza de antecedentes de primera instancia). 4. Conociendo del recurso de apelación interpuesto por la abogada SAYDA LISSETTE GUZMÁN M., en su condición de fiscal del Ministerio Público, en fecha nueve de enero del año dos mil dieciocho, la Corte de Apelaciones Penal de la sección judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, resolvió: “PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por la Abogada SAYDA LISSETTE GUZMÁN, agente del Ministerio Público contra el auto de fecha diez de febrero del año dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de ejecución de esta sección judicial de San Pedro Sula. SEGUNDO: CONFIRMAR el AUTO MOTIVADO a favor del reo DENIS ALBERTO NÚÑEZ MENDOZA.” (Folios 9–12 de la pieza de antecedentes de segunda instancia). 5. La abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, compareció ante este tribunal en fecha siete de mayo de dos mil dieciocho, interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, en contra de la resolución de fecha nueve de enero del año dos mil dieciocho, que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. (Folios 1–7 de la presente garantía constitucional). 6. En fecha siete de agosto del año dos mil dieciocho, este alto tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma la presente garantía constitucional de amparo, y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad con lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 21-27 de la presente garantía constitucional). FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA CONSIDERANDO NÚMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución o mantenimiento de un derecho fundamental que esté contenido en la Constitución o instrumento internacional de derechos humanos adoptado como parte del derecho interno. Sea la vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación del Estado o con su aquiescencia CONSIDERANDO NÚMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3]. CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3). Resumen de los alegatos de la garantista denunciando violación del derecho al debido proceso y al principio de legalidad contenidos por su orden en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. La censora al formalizar la presente garantía constitucional de amparo, expresa que la resolución contra la cual se reclama es la proferida por la honorable Corte de Apelaciones Penal del departamento de Cortés en fecha nueve de enero de dos ml dieciocho porque han sido quebrantados el derecho constitucional del debido proceso legal y el principio de legalidad. La Sala al resumir los alegatos de la censora, destaca que el Ministerio Público cita el artículo 35 del Código Penal, el cual literalmente dice: “Artículo 35. Al culpable de dos o más delitos se le impondrán todas las penas correspondientes a las diversas infracciones. Sin embargo, la duración de las penas acumuladas por varios delitos no excederá de treinta años. El sentenciado cumplirá sus condenas simultáneamente, si fuere posible. Cuando no lo fuere, o si de ello resulta ilusoria alguna de las penas, las cumplirá sucesivamente, principiando por las mayores, o sean las señaladas para los delitos más graves.” A partir de lo dispuesto en el artículo citado la fiscal colige que la intención del legislador es el cumplimiento de las penas, el cual debe ser de manera sucesiva, es decir una en pos de la otra. En referencia al caso bajo estudio resalta, que las penas son diez y cinco años de reclusión, impuestas por los delitos de violación y robo respectivamente; al igual que otras trece condenas por igual número de casos de violación y robo en perjuicio de diferentes víctimas. Para la fiscal es evidente que no puede haber cumplimiento simultáneo de penas, puesto que esto sólo puede ocurrir cuando las penas se pueden cumplir al mismo tiempo; pero en los casos como el de estudio, la simultaneidad provoca que dejen de cumplirse algunas de ellas, haciendo ilusorio el cumplimiento de dichas penas, siendo precisamente el propósito del artículo citado, el evitarlo. Señala que la resolución objeto del presente amparo, se impugna porque se obvió lo contenido en el artículo 35 del Código Penal que se relaciona con el concepto de concurso real de delitos, referido al cálculo mediante la aplicación acumulada de penas, que consiste en aplicar las penas correspondientes a todos los delitos, siendo necesario que todos los actos ilícitos sean apreciados al mismo tiempo en forma autónoma; de manera que, la aplicación de una de las penas no resulten excluyentes de la aplicación de las otras penas, debiéndose cumplir en forma sucesiva para no volverlas ilusorias. Por ende, señala la fiscal, no es procedente la aplicación del techo límite de treinta años que señala el artículo 35 del Código Penal a favor del condenado. Debiéndose cumplir cada pena de manera individual, una en pos de la otra, advirtiendo que darle otra interpretación implicaría un fraude de ley, inadmisible en un Estado de Derecho, en atención a la gravedad de los hechos enjuiciados, tal y como puede apreciarse por tratarse de un caso de conmoción social. Señala que se desprende de los autos que el privado de libertad fue condenado a quince años de reclusión que se suman a otras penas, que al acumularse llegan al máximo de treinta años que deberán cumplirse una en pos de otra. Por ende, es errada la resolución que se impugna. Por su parte, la fiscal cita como soporte jurisprudencial el considerando 9 de la sentencia AP-0043-2004 del 20 de abril de 2016, en el cual se citan los casos AP-0339-2012 y AP-443-2011-B vinculados al caso, al señalar el cumplimiento sucesivo de las penas. CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4). Resumen de la fundamentación jurídica de la resolución dictada por la honorable Corte de Apelaciones penal del departamento de Cortés que constituye el acto impugnado. El ad quem por unanimidad de votos dispuso mediante resolución de fecha nueve de enero de dos mil dieciocho, confirmar la resolución de fecha diez de febrero de dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de ejecución del departamento de Cortés; ello en virtud de los argumentos que a continuación se exponen en forma resumida. La corte de apelaciones señala que, al ser acumuladas materialmente las penas a efecto de unificar el cómputo de todas sus penas, se obtiene la cantidad de ciento ochenta y ocho años y ocho meses de reclusión, estableciéndose como fecha de cumplimiento el día once de abril del año dos mil cuarenta y uno. Señala también que el Ministerio Público, ante esto, fue del criterio de que no es aplicable lo dispuesto en el artículo 35 del Código Penal (refiriéndose al límite de los treinta años), porque considera que dicho artículo se enmarca “en los concursos de delito”, pero que en el presente caso no existe conexidad entre las causas. La corte interpreta el artículo 35 del Código Penal observando que el legislador, para aquellos casos que al condenado se le imponen dos penas o más, no aclara si se tratan de penas impuestas por diferentes delitos en una misma causa, o en diferentes procesos, lo que constituye una laguna legal, la cual dicho tribunal de alzada resuelve, optando por la interpretación más beneficiosa para el condenado, señalando que en ambas situaciones; o sea sin hacer distinción si las penas fueron impuestos en uno o más procesos, debe respetarse el límite máximo de treinta años. Para ello hace una relación entre lo dispuesto en el artículo 35 del Código Penal y el artículo 97 constitucional. Indica que, en el caso de mérito, las penas impuestas al ciudadano Dennis Alberto Núñez Mendoza suman más de ciento ochenta y ocho años, siendo por tanto una privación de libertad de por vida. Por tal razón procede, conforme a lo solicitado por la defensa, conceder la acumulación material de las penas, es decir, elaborar un único cómputo, incorporando lo establecido en el artículo 386 del Código Procesal Penal, atendido a los fines de la pena establecidos en el artículo 87 de la Constitución de la República y 51 de la Ley del sistema penitenciario nacional, relacionado con el tratamiento penitenciario progresivo. Posterior a la elaboración del cómputo único que incluye todas las penas impuestas, debe establecerse el techo máximo de las penas acumuladas de reclusión, sin exceder de treinta años, y con ello motivarle para que se incorpore al tratamiento progresivo penitenciario que indica la Ley del sistema penitenciario nacional y que constituye la finalidad esencial de la pena. Los puntos que la Corte refiere para fundamentar su posición, son para el caso, lo dispuesto por la Ley del Sistema Nacional Penitenciario que contiene principios que rigen el sistema penitenciario, por ejemplo, la progresividad y la individualización del tratamiento, que se encuentran en el artículo 5 de dicha ley; también la prohibición de la tortura y de todo trato cruel, inhumano o degradante que sea lesivo a la dignidad de las personas privadas de libertad. Es criterio del tribunal de apelaciones que, si bien es cierto el juzgado de ejecución no tiene facultades para determinar el concurso de delitos, si tiene facultades de control y vigilancia de las penas, por eso no puede soslayar la tutela judicial que le fue solicitada, en razón de lo que dispone el artículo 35 del Código Penal, en ese sentido no puede excusarse alegando que no existe una disposición para el presente caso. El tribunal de alzada, explica esto último, manifestando lo siguiente: En el presente caso, no se trata de un concurso de delitos, pero si tiene aspectos propios para asimilarlo a una refundición de condena que no está legislado, es por ello que esta corte ha realizado una interpretación flexible, para evitar que vicisitudes procesales diversas puedan frustrar el propósito del legislador, provocando la superación de los límites legales y la vulneración de los principios constitucionales; esos límites previstos en el Código Penal sobre tiempos máximos de cumplimiento efectivo en caso de condenas diferentes por varios delitos, son de gran relevancia pues tienen su fundamento en la Constitución de la República y los tratados internacionales suscritos por Honduras sobre derechos humanos y responden a la necesidad de evitar que una excesiva prolongación de la privación de la libertad, pueda producir un efecto contrario a la reeducación y reinserción social, como finalidad esencial a la que están orientadas las penas privativas de libertad; la resocialización del delincuente constituye un objetivo imprescindible en la ejecución de las penas, aunque compatible con la prevención general y especial con la finalidad de la misma,…” De manera que para la corte de apelaciones en el caso de mérito debe aplicarse lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 35 del Código Penal, en cuanto al cumplimiento sucesivo de las penas, comenzando por las de mayor gravedad, sin desconocer lo expresado sobre el límite de treinta años que se encuentra en el último párrafo, el cual es aplicable por virtud del principio de absorción de las disposiciones contenidas en el mismo. Entonces como bien lo aprecia la a quo, deberán cumplirse las penas de reclusión hasta el máximo de treinta años, sin derecho a libertad condicional. CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5). Examen practicado por la Sala de lo Constitucional para verificar la procedencia de la garantía de amparo de la que se hace mérito. La Sala de lo Constitucional al analizar los argumentos de la garantista en contraposición a lo establecido por la corte de apelaciones, arriba a la decisión de denegar la garantía constitucional de amparo de la que se hace mérito, en virtud de las siguientes consideraciones. Sobre este punto es importante considerar el marco general, que establece el artículo 97 constitucional reformado, que dispone: “Artículo 97. Nadie podrá ser condenado a penas infamantes, proscriptivas o confiscatorias. Se establece la pena de privación de la libertad a perpetuidad, la ley penal determinará su aplicación para aquellos delitos en cuya comisión concurran circunstancias graves, ofensivas y degradantes, que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación y repugnancia en la comunidad nacional. Las penas privativas de la libertad por simples delitos y las acumuladas por varios delitos se fijarán en la Ley Penal.”[4] Dicha norma reformada, introduce la pena de privación de libertad a perpetuidad, modificando la redacción original establecida por el Constituyente de 1981, que la prohibía expresamente. Así mismo la redacción original establecía, que el límite de las penas restrictivas de libertad, era de veinte años; y, de treinta años las acumuladas por la comisión de varios delitos.[5] El motivo que adujo el legislador para reformar y romper ese límite, fue el incremento de la criminalidad en el territorio nacional, de forma tal que alcanzaba niveles alarmantes, generando un clima de inseguridad individual y colectiva. El legislador agrega que estas circunstancias, produjeron en la comunidad nacional un repudio absoluto, que demandaba una mayor severidad en las penas. Finalmente, califica a la pena de privación de libertad a perpetuidad, como la mejor alternativa para sancionar delitos de extrema gravedad. De acuerdo a lo anterior, es claro que el techo de veinte y treinta años establecidos originalmente en la Constitución y reproducidos en la ley, fue reformado con el establecimiento de la pena de reclusión a perpetuidad. No obstante, lo anterior, también es observable que el legislador, en su condición de Constituyente derivado, no liberó al juez de dichos techos en forma absoluta, sino que le somete estableciendo como restricción, lo que disponga la ley. De igual manera, el legislador en la mencionada reforma constitucional, se somete asimismo, al disponer que la pena a perpetuidad se debe reservar únicamente para aquellos, “delitos en cuya comisión concurran circunstancias graves, ofensivas y degradantes, que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación y repugnancia en la comunidad nacional.” A partir de la reforma al artículo 97 constitucional, se han dispuesto penas para aquellos delitos, cuya gravedad y el impacto social que estos tienen, sobrepasan los límites de veinte años y el acumulado de treinta; verbigracia: la pena por el delito de secuestro, cuya pena podría ser reclusión de veinte años mínimo, hasta de por vida. Sin embargo, estos casos son excepcionales y dispuestos expresamente por la ley. En todos los demás casos sigue operando lo dispuesto por el artículo 35 del Código Penal que no ha sido reformado. En conclusión, el cumplimiento de las penas, de acuerdo a la disposición constitucional reformada, es un asunto sometido a la ley; y ésta, nada dispone que permita el cumplimiento de penas acumuladas por más de treinta años, salvo en aquellos casos de delitos (graves y que causen conmoción), legislados así expresamente. Por lo demás, la Sala de lo Constitucional estima correcta la apreciación de la corte de apelaciones, en cuanto a remitirse a la norma contenida en el artículo 35 del Código Penal como la aplicable para resolver el presente asunto, tomando en cuenta que es la única que informa al juez, que hacer en casos de penas acumuladas. Reafirmando la justificación anterior, es dable señalar que, desde el punto de vista de la ley penal, no existe disposición que respalde jurídicamente, el permitir u ordenar la permanencia de una persona en reclusión, por más de treinta años, salvo los casos de personas condenadas por haber cometido delitos graves y que causen conmoción social, cuya pena, conforme a la ley penal, sea igual o mayor a este tiempo. Por otra parte, no se estiman de recibo los argumentos de la fiscalía. Para el caso, aunque le asiste la razón cuando afirma que en el presente caso puede ocurrir que algunas penas no pueden cumplirse, esto no le brinda al juez la autoridad para actuar en contra de lo dispuesto por la ley. Este alto tribunal de justicia, no sigue el criterio expuesto por la fiscal, quien ha afirmado que la resolución objeto del presente amparo, constituye una violación o fraude de lo contenido en el artículo 35 del Código Penal. La razón que tiene la Sala para no estar de acuerdo con la fiscal, es que dicho artículo se encuentra configurado a la medida y fundamento del artículo 97 constitucional redactado en forma original, o sea teniendo como función principal, adecuar el cumplimiento de las penas a los límites que existían antes de la reforma de dicho artículo constitucional. De manera que, con la reforma constitucional, ese límite existe en la ley y debe cumplirse en todos los casos, salvo aquellos considerados por la ley, como delitos graves y de gran conmoción social. Al respecto es importante aclarar que no deben ser confundidos estos delitos (graves y de conmoción social) con casos como el de mérito, en donde los delitos por los que ha sido condenado el ciudadano Dennis Alberto Nuñez Mendoza no se encuentran legalmente comprendidos en este concepto, aunque el haber cometido un sinnúmero de delitos de violación y robo, sea terriblemente grave, que causa el rechazo y la indignación de la sociedad hondureña. Recapitulando lo anterior, son dos elementos totalmente distintos, por una parte, la lista de delitos que por razones de gravedad e impacto social pueden ser causa de una condena de reclusión hasta de por vida, y los delitos cuyas penas de reclusión deben sumarse aritméticamente para ser cumplidas una en pos de otra, comenzando con las de mayor gravedad, sin pasarse de treinta años. En virtud de lo anteriormente expuesto, se estima que la garantía de amparo de mérito debe ser denegada en virtud de que no existe violación a ninguno de los derechos constitucionales invocados. PARTE DISPOSITIVA O FALLO. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 90, 97 reformado, 183, 301, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No. 2, 4 No. 5, 41, 63, y 114 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 35 del Código Penal; FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de amparo interpuesta por la fiscal, abogada YULIBETH GARAY: HERNÁNDEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha nueve de enero de dos mil dieciocho, dictada por la honorable Corte de Apelaciones Penal de la sección judicial del departamento de Cortés, mediante la cual confirmó la resolución dictada en fecha diez de febrero de dos mil diecisiete por el honorable Juzgado de Letras de Ejecución del departamento de Cortés. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiséis días del mes de marzo de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha seis de febrero de dos mil diecinueve, recaída en el recurso de amparo penal registrada en este Tribunal con el número SCO-0356=2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[2]
Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[4] Vid. Artículo 97. Reformado mediante Decreto legislativo No. 46-97 de fecha 5 de mayo de 1997, publicado en La Gaceta Diario Oficial de la República de Honduras No. 28,318 de fecha 23 de julio de 1997. Ratificado por Decreto legislativo No. 258-98 de fecha 30 de octubre de 1998, publicado en La Gaceta Diario Oficial de la República de Honduras N° 28,736 de fecha 9 de diciembre de 1998.
[5] Artículo 97. (Redacción original). “Nadie podrá ser condenado a penas perpetuas, infamantes, proscriptivas o confiscatorias. Se establece la pena de privación de la libertad a perpetuidad. Las penas restrictivas de la libertad no podrán exceder de veinte años y de treinta años las acumuladas por varios delitos.”