Sentencia AP-328-19 — Registro 12553
Resumen
Resolución que confirmó auto de formal procesamiento con relación a la causa instruida contra impetrante, por suponerlo responsable del delito de Homicidio Simple
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...".-CONSIDERANDO: Que este Tribunal aprecia que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes.-CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República y será en todo caso durante la secuela del juicio en donde se decidirá sobre las cuestiones y argumentaciones de instancia que menciona la recurrente, teniendo las partes plena libertad para presentar sus alegaciones y los fundamentos en los que basan sus pretensiones.-CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad corresponden ser juzgadas por la justicia ordinaria y que si bien, están vinculadas con la normativa constitucional, deben ser conocidas y resueltas por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, mismos que han sido debidamente motivados, respetando en todo momento el derecho de defensa y las formalidades exigidas por la ley.-CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 NUMERAL 1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de junio de dos mil diecinueve.-VISTO: el recurso de amparo interpuesto por la Abogada ROSMERY JOJANNA UCLES HERNANDEZ a favor del señor BRAYAN ANTONIO LIZARDO VIDAUR, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha ocho de enero de dos mil diecinueve, que confirmó el auto de formal procesamiento dictado por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TALANGA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el veinticuatro de noviembre de dos mil dieciocho; con relación a la causa instruida contra el señor BRAYAN ANTONIO LIZARDO VIDAUR, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO SIMPLE, en perjuicio de JOSÉ BENJAMÍN NUÑEZ MARADIAGA.-CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende, que la recurrente estima que la resolución dictada por el Ad-Quem en fecha ocho de enero de dos mil diecinueve, que confirma el auto de formal procesamiento decretado por el A-Quo contra su representado, es violatoria de los derechos establecidos en los artículos 89, 90 y 92 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que de la resolución reclamada se desprende, que el parecer de la Alzada es que se acreditó la existencia del delito de Homicidio contra la humanidad de Jose Benjamín Núñez Maradiaga, así como el indicio racional de participación del imputado en la comisión del mismo, y en esta etapa procesal basta que la prueba aportada evidencie la existencia de un delito y que hayan sospechas fundadas que los acusados han participado en los hechos, elementos requeridos en el artículo 297 del Código Procesal Penal para decretar un auto de formal procesamiento.-CONSIDERANDO: Que por disposición legal, para decretar auto de prisión, el Juzgador considerará como plena prueba de haberse cometido el delito, la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal y estimará como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito, extremos éstos que se aprecian de la motivación de la resolución del Ad-Quem, el cual apunta que con los elementos de prueba aportados en la audiencia inicial de mérito, se logró acreditar la evidencia mínima probatoria de tales indicios, así como la concurrencia de todos los elementos del tipo penal por el que se le inició proceso a los ya referidos imputados, incorporando en su motivación el razonamiento jurídico que lo llevó a la determinación de confirmar el auto de formal procesamiento impugnado.-CONSIDERANDO: Que las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación al derecho de defensa, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria que nos indica la trasgresión de la norma por parte del imputado y el tipo penal en que ha podido tener participación, ya que en esta etapa procesal en que se encuentra la causa, no se exige un estado anímico de certeza en el Juzgador que le lleve a concluir de manera definitiva que el encausado es culpable de la comisión del delito que se le atribuye.-CONSIDERANDO: Que este Tribunal aprecia que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes.-CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República y será en todo caso durante la secuela del juicio en donde se decidirá sobre las cuestiones y argumentaciones de instancia que menciona la recurrente, teniendo las partes plena libertad para presentar sus alegaciones y los fundamentos en los que basan sus pretensiones.-CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad corresponden ser juzgadas por la justicia ordinaria y que si bien, están vinculadas con la normativa constitucional, deben ser conocidas y resueltas por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, mismos que han sido debidamente motivados, respetando en todo momento el derecho de defensa y las formalidades exigidas por la ley.-CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.-POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 297 Numeral
- párrafo segundo del Código Procesal Penal; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ROSMERY JOJANNA UCLES HERNANDEZ a favor del señor BRAYAN ANTONIO LIZARDO VIDAUR, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha ocho de enero de dos mil diecinueve, al advertirse la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por existir ya pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo. Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales que en derecho correspondan y en definitiva se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE.-
Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintitrés (23) días del mes de julio del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Resolución de fecha seis(6)de junio del año dos mil diecinueve (2019) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0328-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de junio de dos mil diecinueve.-VISTO: el recurso de amparo interpuesto por la Abogada ROSMERY JOJANNA UCLES HERNANDEZ a favor del señor BRAYAN ANTONIO LIZARDO VIDAUR, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha ocho de enero de dos mil diecinueve, que confirmó el auto de formal procesamiento dictado por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TALANGA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el veinticuatro de noviembre de dos mil dieciocho; con relación a la causa instruida contra el señor BRAYAN ANTONIO LIZARDO VIDAUR, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO SIMPLE, en perjuicio de JOSÉ BENJAMÍN NUÑEZ MARADIAGA.-CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende, que la recurrente estima que la resolución dictada por el Ad-Quem en fecha ocho de enero de dos mil diecinueve, que confirma el auto de formal procesamiento decretado por el A-Quo contra su representado, es violatoria de los derechos establecidos en los artículos 89, 90 y 92 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que de la resolución reclamada se desprende, que el parecer de la Alzada es que se acreditó la existencia del delito de Homicidio contra la humanidad de Jose Benjamín Núñez Maradiaga, así como el indicio racional de participación del imputado en la comisión del mismo, y en esta etapa procesal basta que la prueba aportada evidencie la existencia de un delito y que hayan sospechas fundadas que los acusados han participado en los hechos, elementos requeridos en el artículo 297 del Código Procesal Penal para decretar un auto de formal procesamiento.-CONSIDERANDO: Que por disposición legal, para decretar auto de prisión, el Juzgador considerará como plena prueba de haberse cometido el delito, la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal y estimará como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito, extremos éstos que se aprecian de la motivación de la resolución del Ad-Quem, el cual apunta que con los elementos de prueba aportados en la audiencia inicial de mérito, se logró acreditar la evidencia mínima probatoria de tales indicios, así como la concurrencia de todos los elementos del tipo penal por el que se le inició proceso a los ya referidos imputados, incorporando en su motivación el razonamiento jurídico que lo llevó a la determinación de confirmar el auto de formal procesamiento impugnado.-CONSIDERANDO: Que las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación al derecho de defensa, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria que nos indica la trasgresión de la norma por parte del imputado y el tipo penal en que ha podido tener participación, ya que en esta etapa procesal en que se encuentra la causa, no se exige un estado anímico de certeza en el Juzgador que le lleve a concluir de manera definitiva que el encausado es culpable de la comisión del delito que se le atribuye.-CONSIDERANDO: Que este Tribunal aprecia que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes.-CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República y será en todo caso durante la secuela del juicio en donde se decidirá sobre las cuestiones y argumentaciones de instancia que menciona la recurrente, teniendo las partes plena libertad para presentar sus alegaciones y los fundamentos en los que basan sus pretensiones.-CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad corresponden ser juzgadas por la justicia ordinaria y que si bien, están vinculadas con la normativa constitucional, deben ser conocidas y resueltas por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, mismos que han sido debidamente motivados, respetando en todo momento el derecho de defensa y las formalidades exigidas por la ley.-CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.-POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 297 Numeral
- párrafo segundo del Código Procesal Penal; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ROSMERY JOJANNA UCLES HERNANDEZ a favor del señor BRAYAN ANTONIO LIZARDO VIDAUR, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha ocho de enero de dos mil diecinueve, al advertirse la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por existir ya pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo. Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales que en derecho correspondan y en definitiva se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE.-
Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintitrés (23) días del mes de julio del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Resolución de fecha seis(6)de junio del año dos mil diecinueve (2019) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0328-2019.-Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL