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Sentencia AP-321-18 — Registro 12351

Resumen

Sentencia en consulta otorgó recurso de amparo contra resolución dictada por juzgado de primera instancia que al haber resuelto recurso de reposición interpuesto por el Ministerio Público señaló audiencia preliminar en diligencias contra recurrente por suponerlos responsables de delito de estafa en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras y del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS); el Tribunal de Alzada consideró que resolución recurrida convalida un acto de deslealtad procesal del Ente acusador que al inicio estuvo de acuerdo con la práctica de dicha prueba, con el que violenta el derecho de igualdad de armas, derecho de defensa, principio de contradicción y debido proceso de recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"la Sala de lo Constitucional observa que el fallo garantiza el Debido Proceso, Derecho de Defensa, Tutela Judicial Efectiva y es coherente con aspectos sustantivos del debido proceso, relacionados con la acción recursiva que les asiste a las partes. En consecuencia, con el mismo celo con que se garantizan los derechos del representante de los intereses generales de la Sociedad, así habrá de actuar el órgano jurisdiccional competente en relación a los derechos de la contraparte es decir la Defensa procesal de imputado..."..."De esta manera, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de controversia en el que deben prevalecer los derechos y garantías que franquea la ley a fin de garantizar un proceso justo conforme al Debido Proceso y a una tutela judicial efectiva. Siendo así, tal como ha fundamentado su fallo el Ad quem, resulta meritorio la confirmación de la sentencia que otorga el amparo solicitado; es indudable que se ha proveído de argumentación suficiente, acorde a los principios generales de la lógica y con fundamento en derecho. Resultando que la resolución venida en consulta reúne los requisitos exigidos por la ley adjetiva la que es congruente con la realización óptima de las finalidades del proceso. Por lo que en defensa de los derechos constitucionales la Sala considera procedente confirmar la sentencia venida en consulta..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de octubre de dos mil diecinueve.-VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veintiséis de enero de dos mil dieciocho (2018), dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, que otorgó el recurso presentado contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN, en fecha veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, con relación a la causa instruida contra los señores SHUCRI LUIS KAFIE LARACH Y JUAN ALBERTO MADRID CASACA, por suponerlo responsable del delito de ESTAFA en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS Y DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (I.H.S.S.). Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado los artículos 60, 82, 89 y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES:

  1. Que en fecha veinticinco (25) de mayo de dos mil diecisiete (2017), que seguido el trámite de ley correspondiente, el JUZGADO DE LETRAS PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, dictó sentencia en la cual resolvió: 1) Tener por presentado y admitido el recurso de Reposición, por parte de la citada funcionaria.- 2) Subsánese la resolución de fecha 25 de abril del 2017, en el sentido de que la petición hecha por la Fiscal del Ministerio Publico, se encuentra dentro del término establecido en la ley, en consecuencia es procedente señalar fecha para celebrar la audiencia preliminar en las diligencias contra los imputados MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS, JOSE RAMON BERTETTY OSORIO, EDGARDO QUIROZ MORENO, asimismo para los imputados SHUCRI LUIS KAFIE LARACH Y JUAN ALBERTO MADRID CASACA, para el día jueves veintinueve de junio del 2017 a la una con treinta minutos de la tarde (1:30 pm) por lo que se deberá notificar a cada una de las partes intervinientes en el proceso de esta resolución, a fin de que se pronuncien al respecto….-” .-3) Que en fecha Veinte de junio de dos mil diecisiete, compareció ante la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, el Abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ interponiendo recurso de amparo a favor de los señores SHUCRI KAFIE LARACH Y JUAN ALBERTO MADRID CASACA, contra la resolución de fecha veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, por estimar el peticionario que se han vulnerado los artículos 60, 82, 89, 90 de la Constitución de la República. (Folios de 01 al 06 de la segunda pieza de antecedentes).-4) Que seguido el trámite de ley que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones dictó sentencia en fecha veintiséis de enero de dos mil dieciocho, mediante la cual falló otorgando el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ interponiendo recurso de amparo a favor de los señores SHUCRI KAFIE LARACH Y JUAN ALBERTO MADRID CASACA. (Folio 120-124 de la segunda pieza de los antecedentes).-5) Que en fecha veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO:(1) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Así mismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO: (2) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha veintiséis de enero del año dos mil dieciocho dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán mediante la cual se OTORGA el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ, actuando en su condición de representante procesal de los señores SHUCRI LUIS KAFIE LARACH Y JUAN ALBERTO MADRID CASACA, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL de la misma Sección judicial, en fecha veinticinco de mayo del año dos mil diecisiete. En relación a la causa instruida contra los señores: SHUCRI LUIS KAFIE LARACH Y JUAN ALBERTO MADRID CASACA, por suponerlo responsable del delito de ESTAFA, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS Y DEL INSTITUTO HONRUEÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (I.H.S.S.).-CONSIDERANDO (4): Que el Ad quem, expone en su resolución, parte conducente del folio siete (7)de la pieza de consulta: “ aprecia esta Corte, que el día viernes veintiséis de agosto de dos mil dieciséis el apoderado defensor de los señores SHUCRI LUIS KAFIE LARACH Y JUAN ALBERTO MADRID CASACA, invocando los principios de contradicción, igualdad de los intervinientes, y el derecho de defensa, solicitó al Juez Natural con carácter de urgencia, diligencia investigativas consistente en la práctica de una pericia, previo a la celebración de la audiencia preliminar, pedimento éste, al que se adhirió no solo la defensa de otros coimputados, sino también los entes acusadores como el propio Ministerio Público y la Procuraduría General de la República.- En el acta de juramentación del perito nombrado, de fecha catorce de noviembre del dos mil dieciséis, levantada con la presencia de todos los intervinientes del proceso (F. 2709), el Juez dejó consignado: “dicha pericia tendrá una duración mínima de seis (6) meses, y un máximo de ocho (8) meses; todo lo cual fue admitido y obviamente consentido por los intervinientes del proceso, desde que no objetaron en manera alguna esa decisión judicial”. Sigue manifestando el Ad quem “que la pretensión de la defensa de los señores SHUCRI LUIS KAFIE LARACH Y JUAN ALBERTO MADRID CASACA, para la práctica de la diligencia pericial, además de derivar del ejercicio legítimo del derecho de defensa, una vez que fue aceptada por los entes acusadores (Ministerio Público y la Procuraduría General de la República) y autorizada por el Juez Natural, entró a ser sujeta del debido proceso, de manera que por la simple y debida formalidad y lealtad procesal, es menester esperar la evacuación o práctica de la misma, so pena de incurrir en ultraje de los constitucionales Derecho de Defensa y Debido Proceso.-CONSIDERANDO: (5) Que el Ad quem deja establecido que con la resolución emitida por el A quo, además de convalidar un acto de deslealtad procesal por parte de Ministerio Público que en un inicio estuvo de acuerdo con la práctica de la prueba antes referida (pericia) a realizarse antes de la audiencia preliminar, violentando los derechos de los imputados de igualdad de armas, derecho de defensa, principio de contradicción, y debido proceso; que conforman la tutela judicial efectiva. Explica que se violentan estos derechos porque se deja a los señores SHUCRI LUIS KAFIE LARACH Y JUAN ALBERTO MADRID CASACA, en inequívoca desventaja procesal, al impedírsele la ejecución de la prueba pericial con cuya práctica los propios entes acusadores manifestaron su conformidad, manifestando particularmente el Ministerio Público en la audiencia celebrada en primero de noviembre del dos mil dieciséis que no existía pericia alguna sobre la supuesta sobre valuación imputada y que estaba de acuerdo con el nombramiento de perito para realizar aquel cometido, la que se consuma con la resolución hoy recurrida, porque les priva el derecho de evacuar una prueba pericial legítima , lícita, proporcional y pertinente, cuya práctica ya había sido aceptada por todos los intervinientes en el proceso y especialmente el propio Juez. En consecuencia Otorgó el Amparo interpuesto.-CONSIDERANDO: (6) Que sometida a estudio la sentencia en consulta, la Sala de lo Constitucional observa que el fallo garantiza el Debido Proceso, Derecho de Defensa, Tutela Judicial Efectiva y es coherente con aspectos sustantivos del debido proceso, relacionados con la acción recursiva que les asiste a las partes. En consecuencia, con el mismo celo con que se garantizan los derechos del representante de los intereses generales de la Sociedad, así habrá de actuar el órgano jurisdiccional competente en relación a los derechos de la contraparte es decir la Defensa procesal de imputado. Para tal efecto debe garantizarse el ejercicio de los Derechos de las partes siendo relevante el derecho de Defensa; recordando que ambas partes deben gozar de las mismas oportunidades procesales y ello solo es posible si pueden presentar sus casos respaldados con medios probatorios que viertan luz al juzgador para emitir una resolución conforme a derecho. De esta manera, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de controversia en el que deben prevalecer los derechos y garantías que franquea la ley a fin de garantizar un proceso justo conforme al Debido Proceso y a una tutela judicial efectiva. Siendo así, tal como ha fundamentado su fallo el Ad quem, resulta meritorio la confirmación de la sentencia que otorga el amparo solicitado; es indudable que se ha proveído de argumentación suficiente, acorde a los principios generales de la lógica y con fundamento en derecho. Resultando que la resolución venida en consulta reúne los requisitos exigidos por la ley adjetiva la que es congruente con la realización óptima de las finalidades del proceso. Por lo que en defensa de los derechos constitucionales la Sala considera procedente confirmar la sentencia venida en consulta.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 11 Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 59, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 8, 316, 317 y 361 del Código Procesal Penal, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la resolución de fecha veintiséis de enero de dos mil dieciocho (2018), dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes.- Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. -NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diecinueve (19) días del mes de Noviembre del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Sentencia de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) recaída en el Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0321-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL