Sentencia AP-318-19 — Registro 8996
Resumen
Resolución que inadmitio personamiento con relación a la causa instruida contra imputado por suponerlo responsable del delito de Violación a los deberes de los funcionarios en perjuicio de la Administración Publica
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."CONSIDERANDO: Que el artículo 24 del Código Procesal Penal clasifica la acción penal en función de los titulares de la misma.- CONSIDERANDO: Que para la existencia del delito, deben de incidir dos sujetos: el sujeto activo y el sujeto pasivo. En el caso del sujeto pasivo del delito, éste será toda persona que resienta el daño que ocasiona la comisión del delito, la consecuencia de la conducta delictiva, ya se trate de su persona, en sus derechos o en sus bienes, es decir a quien se le afecta en sus derechos e intereses.- CONSIDERANDO: Que la causa en cuestión, la acción pública ejercida como deber por el Ministerio Público, contra el Abogado MARCO TULIO DAVID BARAHONA FUENTES, se enmarca en una relación entre éste y el ESTADO DE HONDURAS, mientras que la conducta delictiva que los recurrentes señalan realizó el Abogado MARCO TULIO DAVID BARAHONA FUENTES, contra su representada, nace de un trato distinto, motivo por el cual la Alzada le indica a los recurrentes que pueden instar las acciones que estimen pertinentes a favor de la señora REINA MARGARITA MORALES FIGUEROA, pero en un proceso diferente por carecer esta de la titularidad del bien jurídico que se protege en la causa de merito.- CONSIDERANDO: Que analizados los señalamientos formulados por los recurrentes, puede apreciarse que éstas son propias de la instancia procesal ordinaria a la que fue sometido el asunto, como es el caso de determinar la condición de víctima de la señora REINA MARGARITA MORALES FIGUEROA, misma que fue decidida por el Tribunal de Alzada ante quien se planteó, para lo cual estima esta Sala, que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, la garantía constitucional que se invoca como violada, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.- CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.- CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales primero, octavo y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que los recurrentes alegan una violación de mera legalidad; estimándose además, que los recurrentes no han agotado los recursos y medios ordinarios de defensa que asisten a su representada, así como que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal2
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, NUMERAL 1 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
..."CONSIDERANDO: Que el artículo 24 del Código Procesal Penal clasifica la acción penal en función de los titulares de la misma.- CONSIDERANDO: Que para la existencia del delito, deben de incidir dos sujetos: el sujeto activo y el sujeto pasivo. En el caso del sujeto pasivo del delito, éste será toda persona que resienta el daño que ocasiona la comisión del delito, la consecuencia de la conducta delictiva, ya se trate de su persona, en sus derechos o en sus bienes, es decir a quien se le afecta en sus derechos e intereses.- CONSIDERANDO: Que la causa en cuestión, la acción pública ejercida como deber por el Ministerio Público, contra el Abogado MARCO TULIO DAVID BARAHONA FUENTES, se enmarca en una relación entre éste y el ESTADO DE HONDURAS, mientras que la conducta delictiva que los recurrentes señalan realizó el Abogado MARCO TULIO DAVID BARAHONA FUENTES, contra su representada, nace de un trato distinto, motivo por el cual la Alzada le indica a los recurrentes que pueden instar las acciones que estimen pertinentes a favor de la señora REINA MARGARITA MORALES FIGUEROA, pero en un proceso diferente por carecer esta de la titularidad del bien jurídico que se protege en la causa de merito.- CONSIDERANDO: Que analizados los señalamientos formulados por los recurrentes, puede apreciarse que éstas son propias de la instancia procesal ordinaria a la que fue sometido el asunto, como es el caso de determinar la condición de víctima de la señora REINA MARGARITA MORALES FIGUEROA, misma que fue decidida por el Tribunal de Alzada ante quien se planteó, para lo cual estima esta Sala, que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, la garantía constitucional que se invoca como violada, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.- CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.- CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales primero, octavo y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que los recurrentes alegan una violación de mera legalidad; estimándose además, que los recurrentes no han agotado los recursos y medios ordinarios de defensa que asisten a su representada, así como que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, numeral 9 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., diecisiete de mayo del año dos mil diecinueve.- VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por los Abogados JOSÉ ARTURO DUARTE PORTILLO y WILFREDO RUBIO BARAHONA, a favor de la señora REINA MARGARITA MORALES FIGUEROA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha once (11) de marzo del año dos mil diecinueve, que inadmitió el personamiento del Abogado WILFREDO RUBIO BARAHONA, con relación a la causa instruida contra el Abogado MARCO TULIO DAVID BARAHONA FUENTES, por suponerlo responsable del delito de VIOLACIÓN A LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición de la presente acción de amparo, se establece que los recurrentes señalan que la Alzada con la emisión del acto reclamado, vedó a su representada el carácter de víctima en la causa que el Ministerio Público ha incoado contra el Abogado MARCO TULIO DAVID BARAHONA FUENTES, igualmente señalan los reclamantes que el auto reclamado de fecha once (11) de marzo del año dos mil diecinueve, dictado por el Ad-quem carece de una motivación suficiente para rechazar la condición de víctima de su representada.- CONSIDERANDO: Que el recurso de reposición tiene por finalidad el reexamen del mismo órgano jurisdiccional que dictó una resolución para que en la reconsideración de lo decidido ya sea en defecto de forma o de fondo, proceda a enmendarla sea revocando, reformando o confirmando el acto impugnado con el propósito de una correcta, general y uniforme aplicación de la ley.- CONSIDERANDO: Que uno de los alegatos de los reclamantes radica en la falta de motivación del acto reclamado dictado en fecha once (11) de marzo del año dos mil diecinueve, por estimar que dicha resolución carece de la motivación suficiente para rechazar la condición de víctima de su representada, motivo por el cual, los impetrantes hicieron uso del recurso de reposición que la ley les franquea, mismo que fue declarado sin lugar, apreciando esta Sala que al realizar los recurrentes su planteamiento contra el razonamiento pronunciado por el Ad-quem en la resolución del recurso de reposición, ha procedido la acción revisora que manda la ley enmendando la misma Alzada el defecto señalado del acto reclamado, motivo por el cual éste agravios no es de recibo.- CONSIDERANDO: Que los suplicantes censuran el razonamiento vertido por la Alzada, por estimar que es arbitrario, irracional y desproporcionado al imposibilitar o privar a su representada del carácter de víctima en la causa que el Ministerio Público inició contra el Abogado MARCO TULIO DAVID BARAHONA FUENTES, bajo el pretexto de que ha éste se le incoo proceso contra la administración pública donde la única víctima es el Estado de Honduras, así como que la Corte denunciada ignoró los preceptos procesales que le facilitaron los reclamantes, vulnerando así los derechos de defensa y debido proceso en perjuicio de su mandante, no obstante, esta Sala estima que la Alzada tramitó y decidió el alegato planteado por los recurrentes respetando el procedimiento regulado por la ley.- CONSIDERANDO: Que el artículo 24 del Código Procesal Penal clasifica la acción penal en función de los titulares de la misma.- CONSIDERANDO: Que para la existencia del delito, deben de incidir dos sujetos: el sujeto activo y el sujeto pasivo. En el caso del sujeto pasivo del delito, éste será toda persona que resienta el daño que ocasiona la comisión del delito, la consecuencia de la conducta delictiva, ya se trate de su persona, en sus derechos o en sus bienes, es decir a quien se le afecta en sus derechos e intereses.- CONSIDERANDO: Que la causa en cuestión, la acción pública ejercida como deber por el Ministerio Público, contra el Abogado MARCO TULIO DAVID BARAHONA FUENTES, se enmarca en una relación entre éste y el ESTADO DE HONDURAS, mientras que la conducta delictiva que los recurrentes señalan realizó el Abogado MARCO TULIO DAVID BARAHONA FUENTES, contra su representada, nace de un trato distinto, motivo por el cual la Alzada le indica a los recurrentes que pueden instar las acciones que estimen pertinentes a favor de la señora REINA MARGARITA MORALES FIGUEROA, pero en un proceso diferente por carecer esta de la titularidad del bien jurídico que se protege en la causa de merito.- CONSIDERANDO: Que analizados los señalamientos formulados por los recurrentes, puede apreciarse que éstas son propias de la instancia procesal ordinaria a la que fue sometido el asunto, como es el caso de determinar la condición de víctima de la señora REINA MARGARITA MORALES FIGUEROA, misma que fue decidida por el Tribunal de Alzada ante quien se planteó, para lo cual estima esta Sala, que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, la garantía constitucional que se invoca como violada, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.- CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.- CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales primero, octavo y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que los recurrentes alegan una violación de mera legalidad; estimándose además, que los recurrentes no han agotado los recursos y medios ordinarios de defensa que asisten a su representada, así como que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o., 78 atribución 5a. y 146 No. 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1) 8) y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por los Abogados JOSÉ ARTURO DUARTE PORTILLO y WILFREDO RUBIO BARAHONA, a favor de la señora REINA MARGARITA MORALES FIGUEROA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha once (11) de marzo del año dos mil diecinueve; al apreciar esta Sala que los recurrentes alegan una violación de mera legalidad; estimándose además, que los recurrentes no han agotado los recursos y medios ordinarios de defensa que asisten a su representada, así como que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada, REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete (7) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Resolución de fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0318-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., diecisiete de mayo del año dos mil diecinueve.- VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por los Abogados JOSÉ ARTURO DUARTE PORTILLO y WILFREDO RUBIO BARAHONA, a favor de la señora REINA MARGARITA MORALES FIGUEROA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha once (11) de marzo del año dos mil diecinueve, que inadmitió el personamiento del Abogado WILFREDO RUBIO BARAHONA, con relación a la causa instruida contra el Abogado MARCO TULIO DAVID BARAHONA FUENTES, por suponerlo responsable del delito de VIOLACIÓN A LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición de la presente acción de amparo, se establece que los recurrentes señalan que la Alzada con la emisión del acto reclamado, vedó a su representada el carácter de víctima en la causa que el Ministerio Público ha incoado contra el Abogado MARCO TULIO DAVID BARAHONA FUENTES, igualmente señalan los reclamantes que el auto reclamado de fecha once (11) de marzo del año dos mil diecinueve, dictado por el Ad-quem carece de una motivación suficiente para rechazar la condición de víctima de su representada.- CONSIDERANDO: Que el recurso de reposición tiene por finalidad el reexamen del mismo órgano jurisdiccional que dictó una resolución para que en la reconsideración de lo decidido ya sea en defecto de forma o de fondo, proceda a enmendarla sea revocando, reformando o confirmando el acto impugnado con el propósito de una correcta, general y uniforme aplicación de la ley.- CONSIDERANDO: Que uno de los alegatos de los reclamantes radica en la falta de motivación del acto reclamado dictado en fecha once (11) de marzo del año dos mil diecinueve, por estimar que dicha resolución carece de la motivación suficiente para rechazar la condición de víctima de su representada, motivo por el cual, los impetrantes hicieron uso del recurso de reposición que la ley les franquea, mismo que fue declarado sin lugar, apreciando esta Sala que al realizar los recurrentes su planteamiento contra el razonamiento pronunciado por el Ad-quem en la resolución del recurso de reposición, ha procedido la acción revisora que manda la ley enmendando la misma Alzada el defecto señalado del acto reclamado, motivo por el cual éste agravios no es de recibo.- CONSIDERANDO: Que los suplicantes censuran el razonamiento vertido por la Alzada, por estimar que es arbitrario, irracional y desproporcionado al imposibilitar o privar a su representada del carácter de víctima en la causa que el Ministerio Público inició contra el Abogado MARCO TULIO DAVID BARAHONA FUENTES, bajo el pretexto de que ha éste se le incoo proceso contra la administración pública donde la única víctima es el Estado de Honduras, así como que la Corte denunciada ignoró los preceptos procesales que le facilitaron los reclamantes, vulnerando así los derechos de defensa y debido proceso en perjuicio de su mandante, no obstante, esta Sala estima que la Alzada tramitó y decidió el alegato planteado por los recurrentes respetando el procedimiento regulado por la ley.- CONSIDERANDO: Que el artículo 24 del Código Procesal Penal clasifica la acción penal en función de los titulares de la misma.- CONSIDERANDO: Que para la existencia del delito, deben de incidir dos sujetos: el sujeto activo y el sujeto pasivo. En el caso del sujeto pasivo del delito, éste será toda persona que resienta el daño que ocasiona la comisión del delito, la consecuencia de la conducta delictiva, ya se trate de su persona, en sus derechos o en sus bienes, es decir a quien se le afecta en sus derechos e intereses.- CONSIDERANDO: Que la causa en cuestión, la acción pública ejercida como deber por el Ministerio Público, contra el Abogado MARCO TULIO DAVID BARAHONA FUENTES, se enmarca en una relación entre éste y el ESTADO DE HONDURAS, mientras que la conducta delictiva que los recurrentes señalan realizó el Abogado MARCO TULIO DAVID BARAHONA FUENTES, contra su representada, nace de un trato distinto, motivo por el cual la Alzada le indica a los recurrentes que pueden instar las acciones que estimen pertinentes a favor de la señora REINA MARGARITA MORALES FIGUEROA, pero en un proceso diferente por carecer esta de la titularidad del bien jurídico que se protege en la causa de merito.- CONSIDERANDO: Que analizados los señalamientos formulados por los recurrentes, puede apreciarse que éstas son propias de la instancia procesal ordinaria a la que fue sometido el asunto, como es el caso de determinar la condición de víctima de la señora REINA MARGARITA MORALES FIGUEROA, misma que fue decidida por el Tribunal de Alzada ante quien se planteó, para lo cual estima esta Sala, que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, la garantía constitucional que se invoca como violada, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.- CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.- CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales primero, octavo y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que los recurrentes alegan una violación de mera legalidad; estimándose además, que los recurrentes no han agotado los recursos y medios ordinarios de defensa que asisten a su representada, así como que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o., 78 atribución 5a. y 146 No. 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1) 8) y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por los Abogados JOSÉ ARTURO DUARTE PORTILLO y WILFREDO RUBIO BARAHONA, a favor de la señora REINA MARGARITA MORALES FIGUEROA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha once (11) de marzo del año dos mil diecinueve; al apreciar esta Sala que los recurrentes alegan una violación de mera legalidad; estimándose además, que los recurrentes no han agotado los recursos y medios ordinarios de defensa que asisten a su representada, así como que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada, REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete (7) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Resolución de fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0318-2019.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional