Sentencia AP-316-18 — Registro 12016
Resumen
Acto recurrido que declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la del a-quo, con relación a la causa instruida, que fue condenado por los delitos de robo en su grado de ejecucion de tentativa, posesion ilegal de arma de fuego comercial, atentado y lesiones, en perjuicio de impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que le asiste a cada parte en litigio..." ..." Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales primero y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
.."Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que le asiste a cada parte en litigio.."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por la Abogada MARIA ELENA FONSECA CRUZ a favor del señor MARIO CRUZ contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha quince de febrero de dos mil dieciocho, que declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE EJECUCION DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON de fecha doce de enero de dos mil dieciocho; con relación a la causa instruida contra el señor MARIO CRUZ, quien fue condenado por los delitos de ROBO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, POSESION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, ATENTADO Y LESIONES, en perjuicio de la señora SIRIA MIREYA ALEMAN en su condición de propietaria del establecimiento comercial JOYERIA 3000, la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, la POLICIA NACIONAL y el señor SELVIN OMAR MATAMOROS, respectivamente. CONSIDERANDO (01): Que del escrito de la interposición del recurso de amparo se desprende, que la recurrente es del criterio que con la resolución recurrida se vulnera en perjuicio de su representado los derechos de petición, defensa y debido proceso, contenidos en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República, respectivamente, en virtud de no haberse accedido a la aplicación de la conmuta, pese a que su representado no contaba con antecedentes penales a excepción de los que se desprenden de la sentencia de fecha veintiséis de octubre de dos mil doce. CONSIDERANDO (02): Que analizada la sentencia, se aprecia que la Alzada fue del criterio que lo impugnado por la recurrente corresponde a la aplicación del beneficio de conmuta a las penas de reclusión decretada ante la pluralidad delictiva que se determinó en este proceso penal a los que fue condenado el señor MARIO CRUZ. La Alzada, realizando un análisis de la ley observa que conforme al artículo 35 del Código Penal se dispone como regla general que a quien concurra en dos o más delitos se le impondrán todas las penas correspondientes a las diversas infracciones, como se trata del caso de autos. Agrega el artículo que para que la pena no se vuelva ilusoria dispone que las penas deberán cumplirse sucesivamente, empezando por las de los delitos más graves. En este orden de ideas, el Ad-quem es del parecer que en ningún momento éste artículo se refiere a realizar sumatoria de las penas a efecto de establecer la materialización del cumplimiento de las penas y si procede el beneficio que se solicita, por ello y para efecto de su cumplimiento efectivo, las penas se acumulan, deduciéndose por ello que lo que procede es aplicar las penas correspondientes a todos los delitos, estimando que debe aplicarse la regla de cumplir la pena sucesivamente del delito más grave. CONSIDERANDO (03): Que en las sentencias de Amparo AP 610-2009 del nueve de febrero de dos mil diez, la AP 266-2012 del dieciséis de octubre de dos mil doce y el AP 506-2012 de fecha nueve de diciembre de dos mil trece, ésta Sala de lo Constitucional estableció en referencia al artículo 35 del Código Penal que lo que pretende es determinar concretamente la naturaleza del concurso real de delitos, es decir, los mecanismos para buscar su efectividad, describiendo la acumulación de todas las penas, su cumplimiento simultáneo y en su caso sucesivo y finalmente un límite al juz puniendi, en virtud que la esencia de dicho precepto es que el condenado cumpla cada una de las penas con las que fue castigado y la institución jurídica de la conmuta tiene como finalidad beneficiar al primodelincuente, cuya condena de pena no excede de cinco años de reclusión, superando ese límite, aunque sea una sola pena, o varias penas menores de cinco años por cumplir, no aplica tal beneficio. Por estos motivos, en conjunto con lo establecido por la jurisprudencia existente, concluye la Alzada que no es posible que el señor Mario Cruz pueda gozar del beneficio de conmuta. CONSIDERANDO (04): Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO (05): Que en respeto a la independencia de los jueces y tribunales, esta Sala de lo Constitucional es y ha sido del criterio, que los asuntos de mera legalidad o alegatos propios de instancia, como lo es el resultado de la valoración subjetiva de los elementos aportados como prueba en los juicios, no son susceptibles de la Garantía de Amparo a menos que esto constituya una infracción evidente a los preceptos constitucionales, infringiendo así los derechos fundamentales tutelados por la Constitución de la República a la parte que se considere agraviada, la cual debe señalar de manera puntual tal violación; situación que no se aprecia luego de efectuado el correspondiente estudio del escrito de interposición y del acto reclamado en amparo. CONSIDERANDO (06): Que este alto Tribunal observa que con el acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO (07): Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que le asiste a cada parte en litigio. CONSIDERANDO (08): Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales primero y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1) y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada MARIA ELENA FONSECA CRUZ a favor del señor MARIO CRUZ contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha quince de febrero de dos mil dieciocho; por existir pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de julio del año dos mil diecinueve, certificación de la resolución de fecha veintinueve días del mes de mayo del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-0316-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL