Sentencia AP-312-13 — Registro 17808
Resumen
Resolución que confirmó auto de formal procesamiento con relación a la causa instruida contra recurrentes por suponerlos responsables del delito de Abuso De Autoridad en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras, sosteniendo impetrante que no existe plena prueba que hayan cometido el delito que se les imputa, El A-Quem, concluye que se ha dado los elementos de tipicidad del delito de Abuso de Autoridad, actuando por acción u omisión contrarias a lo que establece la Constitución y la Ley de Contratación del Estado, la Sala Constitucional aprecia que alegaciones señaladas por recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva,que decisión del Ad-quem se ajusta a las garantías y requisitos en el proceso penal, como confirmar un Auto de Formal Procesamiento
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."11): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no está configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aun, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición. CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque los actores tuvieron acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegaron lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a sus pretensiones, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como confirmar un Auto de Formal Procesamiento dictado por el Juzgado de Letras de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 92 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 141 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de enero de dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia en los Recursos de Amparo interpuestos por el Abogado MARVIN ENRIQUE MEJIA a favor de: I) La señora OLGA NOHELIA VILLAMIL PINEDA (Reg. No 0312-2018), y II. El señor MANUEL DE JESUS VALLECILLO BROCATO, (Reg. No 0313-2018), ambas acciones, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en Audiencia Ad-Hoc que comenzó en fecha diecisiete de marzo de dos mil diecisiete y finalizó en fecha siete de diciembre de dos mil diecisiete, que confirmó el auto de formal procesamiento dictado por el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en la audiencia inicial que comenzó el trece de agosto y concluyo en fecha treinta y uno de agosto de dos mil quince, con relación a la causa instruida contra los señores OLGA NOHELIA VILLAMIL PINEDA y MANUEL DE JESUS VALLECILLO BROCATO por suponerlos responsables del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACION PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estiman los recurrentes que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de sus representados lo dispuesto en los Artículos 59, 90 y 92 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha once de diciembre del año dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el Abogado REYNALDO CANALES MONCADA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal en contra de los señores OLGA NOHELIA VILLAMIL PINEDA y MANUEL DE JESUS VALLECILLO BROCATO, por suponerlos responsables del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. 2) Que en la audiencia inicial que comenzó en fecha trece de agosto de dos mil quince y concluyó en fecha treinta y uno de agosto de dos mil quince, el Juzgado de Letras citado RESUELVE: Primero: Decretar auto de prisión en contra de los señores OLGA NOHELIA VILLAMIL y MANUEL DE JESUS VALLECILLO BROCATO, por suponerlos responsables de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.- Segundo: Declarar sin lugar el auto de prisión solicitado por la Fiscalía y en su defecto díctese un SOBRESEIMINENTO PROVISIONAL por los delitos de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y USO DE DOCUMENTOS FALSOS en perjuicio de LA FE PÚBLICA.- Tercero: Imponer a los imputados OLGA NOHELIA VILLAMIL PINEDA y MANUEL DE JESUS VALLECILLO BROCATO la medida cautelar establecida en el numeral 6 del Artículo 173 del Código Procesal Penal. (Folio 345 al 421 de la primera pieza de los antecedentes 3) Que en fecha siete de diciembre de dos mil diecisiete, la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, RESUELVE: 1) Declarar SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, en el que se dicta sobreseimiento provisional a los procesados en la presente causa por los delitos de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS y USO DE DOCUMENTOS PÚBLICO FALSOS en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN y FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. 2) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por los Abogados DEFENSORES. 3) Declarar CON LUGAR PARCIALMENTE el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado FELIX GERARDO MENDEZ a favor de los procesados RIGOBERTO RAMOS MOYA y NORMAN PORTILLO VELASQUEZ en relación al delito de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, en perjuicio de LA ADMINSTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. 4) DECLARAR CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por el Abogado EDISON ESCOTO GAMEZ a favor de la acusada OLGA NOHELIA VILLAMIL PINEDA por el delito de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. 5) CONFIRMAR EL SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL dictado a favor de los procesados SANDRA DERAS RIVERA, MILTON OBHAN URBINA MACIAS, NELSON OSWALDO MIDENCE, JOSE INES AYALA, IRMA DELIA PEREZ COTO, MANUEL DE JESUS VALLECILLO BROCATO, JESUS ANTONIO ALCOCER por el delito de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. 6) SE DICTA SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a los procesados OLGA NOELIA VILLAMIL PINEDA, NORMAN PORTILLO VELASQUEZ, RIGOBERTO RAMOS MOYA POR EL DELITO DE MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. 7) CONFIRMAR SOBRESEIMIETO PROVISIONAL dictada a favor de los procesados OLGA NOELIA VILLAMIL PINEDA, SANDRA DERAS RIVERA, MILTON OBHAN URBINA MACIAS, NELSON OSWALDO MIDENCE, JOSE INES AYALA, IRMA DELIA PEREZ COTO, MANUEL DE JESUS VALLECILLO BROCATO, JESUS ANTONIO ALCOCER y NORMAN PORTILLO por el delito de USO DE DOCUMENTOS FALSOS en perjuicio de LA FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. 8) DECLARA SIN LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por los Defensores de los imputados contra la resolución de fecha 31 de agosto 2015, en el que se dicta auto de prisión por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD A SUS REPRESENTADOS. 9) CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO dictada a OLGA NOELIA VILLAMIL PINEDA SANDRA DERAS RIVERA, MILTON OBHAN URBINA MACIAS, NELSON OSWALDO MIDENCE, RIGOBERTO RAMOS MOYA, JOSE INES AYALA, IRMA DELIA PEREZ COTO, MANUEL DE JESUS VALLECILLO BROCOTO, JESUS ANTONIO ALCOCER y NORMAN PORTILLO por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios del 51 al 64 de la segunda pieza de antecedentes). 4) El Abogado MARVIN ENRIQUE MEJIA, compareció ante este Tribunal, en fecha veinte de abril del año dos mil dieciocho, reclamando amparo a favor de: I) La señora OLGA NOHELIA VILLAMIL PINEDA (Reg. No 0312-2018), y II) El señor MANUEL DE JESUS VALLECILLO BROCATO, (Reg. No 0313-2018), afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha siete de diciembre de dos mil diecisiete, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 59, 90 y 92 de la Constitución de la República. (Folios 01 al 23 del presente recurso). 5) En fecha diez de mayo de dos mil dieciocho, esta Sala dispone, al apreciarse de los autos, que las acciones constitucionales intentadas se dirigen contra el mismo acto reclamado, es procedente para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa, que las acciones de mérito produzcan oportunamente una sola sentencia, por lo que se resuelve su acumulación. Folio 34 del presente recurso). 6) Que en fecha veinte de agosto del año dos mil dieciocho, esta Sala recibió escrito de formalización de acción y ordenó seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el Artículo 54 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, omitiendo la vista al Fiscal del Despacho conforme lo prescrito por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 97 del presente recurso). CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado MARVIN ENRIQUE MEJIA a favor de la señora OLGA NOHELIA VILLAMIL PINEDA y del señor MANUEL DE JESUS VALLECILLO BROCATO, se dirigen contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en Audiencia Ad-Hoc que comenzó en fecha diecisiete de marzo de dos mil diecisiete y finalizó en fecha siete de diciembre de dos mil diecisiete, que confirmó el auto de formal procesamiento dictado por el Juzgado de Letras de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en la audiencia inicial que comenzó el trece de agosto y concluyó en fecha treinta y uno de agosto de dos mil quince, con relación a la causa instruida contra los señores OLGA NOHELIA VILLAMIL PINEDA y MANUEL DE JESUS VALLECILLO BROCATO por suponerlos responsables del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO CUATRO (4): El Abogado MARVIN ENRIQUE MEJIA, compareció ante este Tribunal, en fecha veinte de abril del año dos mil dieciocho, reclamando amparo a favor de la señora OLGA NOHELIA VILLAMIL PINEDA; y, el señor MANUEL DE JESUS VALLECILLO BROCATO, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha siete de diciembre de dos mil diecisiete, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 59, 90 y 92 de la Constitución de la República; puesto que no existe plena prueba que sus representados hayan cometido el delito que injustamente le ha endilgado la Fiscalía. CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha veinte de agosto del año dos mil dieciocho, esta Sala recibió escrito de formalización de acción y ordenó seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el Artículo 54 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, omitiendo la vista al Fiscal del Despacho conforme lo prescrito por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la Jurisdicción Penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en Audiencia Ad-Hoc que comenzó en fecha diecisiete de marzo de dos mil diecisiete y finalizó en fecha siete de diciembre de dos mil diecisiete, que confirmó el auto de formal procesamiento dictado por el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en la audiencia inicial que comenzó el trece de agosto y concluyó en fecha treinta y uno de agosto de dos mil quince; se aprecia en la misma, que el A-quem hizo expresa mención a la circunstancia que lo que se valora en esa etapa del juicio, refiriéndose, a la etapa inicial, lo que se valora es la probabilidad razonable de que el encausado ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el juzgador, teniendo en consecuencia el encartado el derecho legítimo a proponer e instar la evacuación de pruebas, así como también formular alegatos e imponer cuantos recursos estime pertinentes, en orden de mantener la presunción de inocencia que el Artículo 89 Constitucional, consagra a su favor; y ejerciendo sus Derechos establecidos a través de la garantía del debido proceso. El A-Quem, concluye que se ha dado los elementos de tipicidad del delito de Abuso de Autoridad, actuando por acción u omisión contrarias a lo que establece la Constitución y la Ley de Contratación del Estado, al abstenerse de cumplir lo dispuesto en cualquiera de dichos ordenamientos entando obligados a ello. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parecen entenderlo los recurrentes; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO ONCE (11): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no está configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aun, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición. CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque los actores tuvieron acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegaron lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a sus pretensiones, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como confirmar un Auto de Formal Procesamiento dictado por el Juzgado de Letras de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de marzo de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve, recaída en los Recursos de Amparo Penal Acumulados registrados en este Tribunal con los números 312 y 313-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA
DE LO CONSTITUCIONAL.