Sentencia AP-294-19 — Registro 11790
Resumen
Resolución que declara sin lugar el recurso de apelación con relación a la causa instruida contra recurrente por suponerlo responsable del delito de Usurpación
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."04): Que en respeto a la independencia de los jueces y tribunales, esta Sala de lo Constitucional es y ha sido del criterio, que los asuntos de mera legalidad o alegatos propios de instancia, como lo es el resultado de la valoración subjetiva de los elementos aportados como prueba en los juicios, no son susceptibles de la Garantía de Amparo a menos que esto constituya una infracción evidente a los preceptos constitucionales, infringiendo así los derechos fundamentales tutelados por la Constitución de la República a la parte que se considere agraviada, la cual debe señalar de manera puntual tal violación; situación que no se aprecia luego de efectuado el correspondiente estudio del escrito de interposición y del acto reclamado en amparo. CONSIDERANDO (05): Que este alto Tribunal observa que con el acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO (06): Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que le asiste a cada parte en litigio. CONSIDERANDO (07): Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales primero y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: Las Resoluciones que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de agosto de dos mil diecinueve. VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado PABLO REYES SANCHEZ a favor del señor JORGE OMAR VALLE SANCHEZ contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintiuno de enero de dos mil diecinueve, que declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN de fecha nueve de octubre de dos mil dieciocho; con relación a la causa instruida contra el señor JORGE OMAR VALLE SANCHEZ, por suponerlo responsable del delito de USURPACION, en perjuicio de la señora LESLY SAGRARIO HERRERA ESCOTO. CONSIDERANDO (01): Que del escrito de la interposición del recurso de amparo se desprende, que el recurrente es del criterio que con la resolución recurrida se vulnera en perjuicio de su representado el derecho al debido proceso, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, en virtud que el Tribunal de Alzada no resolvió con una motivación suficiente y coherente en relación a la normativa citada. CONSIDERANDO (02): Que analizada la sentencia, se aprecia que la Alzada resolvió declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa y confirmar la resolución apelada, en razón del estudio de los medios de prueba aportados y su relación con la normativa vigente, de los cuales se configura el delito de usurpación por concurrir los elementos para su tipificación. Asimismo, pese haber alegado el recurrente otras circunstancias, al ser confrontadas con la prueba relacionada no resultan debidamente acreditadas. De lo anterior resulta el convencimiento del Ad-quem, considerando que quien ostenta la titularidad del bien es la señora LESLY SAGRARIO HERRERA ESCOTO, por lo que los agravios impetrados por la defensa del señor JORGE OMAR VALLE SANCHEZ no son de recibo. CONSIDERANDO (03): Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO (04): Que en respeto a la independencia de los jueces y tribunales, esta Sala de lo Constitucional es y ha sido del criterio, que los asuntos de mera legalidad o alegatos propios de instancia, como lo es el resultado de la valoración subjetiva de los elementos aportados como prueba en los juicios, no son susceptibles de la Garantía de Amparo a menos que esto constituya una infracción evidente a los preceptos constitucionales, infringiendo así los derechos fundamentales tutelados por la Constitución de la República a la parte que se considere agraviada, la cual debe señalar de manera puntual tal violación; situación que no se aprecia luego de efectuado el correspondiente estudio del escrito de interposición y del acto reclamado en amparo. CONSIDERANDO (05): Que este alto Tribunal observa que con el acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO (06): Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que le asiste a cada parte en litigio. CONSIDERANDO (07): Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales primero y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1) y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado PABLO REYES SANCHEZ a favor del señor JORGE OMAR VALLE SANCHEZ contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintiuno de enero de dos mil diecinueve; por existir pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, M. D. C., veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. VISTO el recurso de reposición interpuesto por el Abogado PABLO REYES SANCHEZ , contra la resolución de fecha quince (15) de agosto del año dos mil diecinueve, dictada por esta Sala de lo Constitucional en el recurso de amparo que interpusiera a favor del señor JORGE OMAR VALLE SANCHEZ, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintiuno (21) de enero del año dos mil diecinueve, que conoce del recurso de apelación interpuesto contra la resolución emitida por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE TEGUCIGALPA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN; en relación a la causa instruida contra el señor JORGE OMAR VALLE SANCHEZ, por suponerlo responsable del delito de USURPACIÓN en perjuicio de la señora LESLY SAGRARIO HERRERA ESCOTO. CONSIDERANDO: Que el recurrente eleva a conocimiento de la Sala recurso de reposición interpuesto contra la resolución de fecha quince (15) de agosto del año dos mil diecinueve, dictada por esta Sala de lo Constitucional, apreciándose que ha omitido establecer los razonamientos que sirven de fundamento al mismo, excluyendo con ello rebatir de manera concreta el fondo o la forma de la resolución que se impugna, al exponer únicamente los motivos que lo llevaron a interponer el recurso de amparo, en consecuencia y conforme se desprende de la motivación de la resolución recurrida en reposición, se aprecia que ésta se encuentra apegada a derecho, resultando procedente declarar sin lugar el recurso de reposición referido, al no desprenderse razones de fondo o forma para proceder a la enmienda de la resolución impugnada. POR TANTO: La SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS y en aplicación de los artículos 80, 183, 313 atribución 5ª. Y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 41, 44, 45, 46, 49, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional, RESUELVE: Declarar SIN LUGAR el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el el Abogado PABLO REYES SANCHEZ, contra la resolución de fecha quince (15) de agosto del año dos mil diecinueve, dictada por esta Sala de lo Constitucional, no rebatir de manera concreta el fondo o la forma de dicha resolución. Y MANDA: Que una vez notificado el presente auto, se dé cumplimiento a lo ordenado en la resolución recurrida por el impetrante. - NOTIFIQUESE. Firmas y sello. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiocho días del mes de octubre de dos mil diecinueve, certificación de las resoluciones de fechas quince de agosto de 2019 y veinticuatro de septiembre de 2019, respectivamente, recaídas en el recurso de amparo penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0294-2019.
ABOG. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
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