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Sentencia AP-283-12 — Registro 8994

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó resolución dictada por juzgado de primera instancia que dictó sobreseimiento definitivo en causa contra imputada por suponerla responsable de los delitos de abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la administración pública, declaró extinguida la acción penal y ordenó la suspensión de medidas cautelares contra imputada

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."el Tribunal de alzada, conociendo del Recurso de Apelación interpuesto, expone de manera detallada los motivos, y expresión de agravios de las partes. En el numeral trece (13) se aprecia el análisis realizado con respecto al arrendamiento de bienes inmuebles y el delito de Abuso de Autoridad, señalando que si bien es cierto la imputada autorizó la suscripción de los Contratos, sin que se hiciera una licitación no se determina que la imputada haya cometido el delito de abuso de autoridad, ni que haya violado las disposiciones de la Ley de Contratación del Estado ni las disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República del año 2008, porque tampoco en estas últimas se dice que los Contratos de Arrendamiento se consideren suministros de bienes, mas bien, cumplieron con lo que mandan las Leyes Secundarias antes mencionadas, hace referencia además a una serie de documentos, declaraciones testifícales, dictámenes de Asesoría legal de la ENEE, informe de auditoria interna, contratos celebrados con otras instituciones del Estado, inspección a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisición del Estado (ONCAE), donde la funcionaria que atendió (al señor Juez) le manifestó que no tiene registro de ningún contrato de arrendamiento ya que no se someten a Licitación Pública y los contratos no se regulan por la Ley de Contratación del Estado y cualquier información se puede verificara través de la página Web...se concluye entonces, que la imputada actuó en la creencia que lo hacía dentro del marco de la ley, motivada más bien, por la recomendación del Tribunal Superior de Cuentas a la ENEE para que arrendaran un edificio con la capacidad necesaria para ubicar las diferentes oficinas de dicha empresa, que estaban diseminadas en ocho (8) edificios y que las mismas estuvieran localizadas en una zona accesible para usuarios empleados y como una política de Estado que buscaba la reorganización y gobernabilidad de dicha empresa..."..."Los contratos que el Estado celebre para la ejecución de obras públicas. Adquisición de suministros y servicios de compra –venta o arrendamiento de bienes, deberán ejecutarse previa licitación, concurso o subasta de conformidad con la ley”. Norma constitucional que demanda una interpretación que de respuesta al conflicto jurídico y garantice los derechos fundamentales de los intervinientes en el proceso. Si bien es cierto la referida norma constitucional dispone que la Adquisición de suministros y servicios de compra –venta o arrendamiento de bienes, deberá realizarse previa licitación, concurso o subasta, para tal efecto la norma constitucional establece que deberá realizarse “de conformidad con la ley” lo que nos remite al derecho privado, congruente con lo dispuesto en el artículo dos (2) de la Ley de Contratación del Estado, que se refiere a que los contratos de compra venta, permuta, donación, arrendamiento, préstamo u otros de carácter patrimonial que tenga que celebrar la administración pública se regularán en cuanto a su preparación, adjudicación, o formalización por las disposiciones legales especiales y en su defecto por las disposiciones de esta ley sus normas reglamentarias, sin perjuicio de las solemnidades o requisitos de forma que para la validez de dichos contratos exigiere el derecho privado. En consecuencia, se trata de contratos sujetos al derecho común, al código Civil que en su artículo 1681 define el contrato de arrendamiento, para establecer los derechos, deberes, y procedimiento a seguir en los contratos de arrendamiento el legislador creo la Ley de Inquilinato mediante la cual el Estado reconoce y garantiza la función social de la propiedad privada..."..."esta Sala ha estudiando desde una perspectiva constitucional los hechos que han provocado la búsqueda de amparo, estimando la exposición del Tribunal de alzada tanto en su motivación como fundamentos de derecho, interpretación de la norma constitucional y la ley secundaria, apreciando que no existe quebrantamiento de la ley por parte de la imputada, todo ello como consecuencia de la aplicación de la norma constitucional contenida en el artículo 360 que remite al derecho privado, cuando dispone: “de conformidad la ley”, por todo ello es conforme a derecho y procede se Deniegue el amparo intentado..."..."esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico por todo lo antes expuesto procede conforme a Derecho Denegar el Recurso amparo interpuesto..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de abril del dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE ESTA SECCION JUDICIAL, en fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil diez (2010), que declara no ha lugar un recurso de apelación y confirma un sobreseimiento definitivo dictado por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE ESTA SECCION JUDICIAL en fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diez (2010), con relación a la causa instruida contra la señora REBECA PATRICIA SANTOS RIVERA por suponerla responsable de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD y FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA. Estima la recurrente, como violentados, los derechos estipulados en los artículos 90, 321 y 360 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintidós (22) de julio del año dos mil nueve (2009), la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, presentando Requerimiento Fiscal en contra de los señores ARISTIDES MEJIA CARRANZA, RIXI ROMANA MONCADA GODOY y REBECA PATRICIA SANTOS RIVERA, por suponerlos responsables de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD Y FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA.- 2) Que continuado que fue el proceso en fechas quince (15), veintidós (22), veintitrés (23) y veinticinco (25) de marzo y nueve (9) de abril del año dos mil diez (2010), el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, celebró la audiencia inicial contra los imputados ARISTIDES MEJIA CARRANZA y RIXI ROMANA MONCADA GODOY, resolviendo en fecha nueve (9) de abril del año dos mil diez (2010), lo siguiente: (sic) “DECRETA: 1). SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de los señores RIXI MONCADA GODOY y ARISTIDES MEJIA CARRANZA, de generales ya conocidas, en la causa que se le instruyó por los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD y FRAUDE, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 2). Declara extinguida la acción penal, en el presente proceso. 3). DECLARA SIN LUGAR, la Nulidad Absoluta de Actuaciones presentada por la Defensa, por las argumentaciones antes expuestas. 4). Se ordena la suspensión de la medida cautelar impuesta en declaración de imputado, extendiéndoles a los referidos imputados, su respectiva Carta de Libertad Definitiva.”. (Folios 1205 al 1274 del Tomo I de la pieza de los antecedentes).- 3) Que en fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diez (2010), el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, celebró la audiencia inicial contra la imputada REBECA PATRICIA SANTOS RIVERA, donde decretó: (sic) “1). SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de la señora REBECA PATRICIA SANTOS RIVERA, de generales ya conocidas, en la causa que se le instruyó por los delitos ABUSO DE AUTORIDAD y FRAUDE, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 2). Declara extinguida la acción penal, en el presente proceso. 3). Se ordena la suspensión de las medidas cautelares impuestas en declaración de imputado, extendiéndole a la referida imputada, su respectiva Carta de Libertad Definitiva.”. (Folios 1411 al 1431 del Tomo II de la pieza de los antecedentes).- 4) Que en fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil diez (2010), conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diez (2010), la Corte Primera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, dictó auto motivado mediante el cual resolvió declarar (sic) “NO HA LUGAR” el recurso de apelación interpuesto y confirmó la resolución apelada. (Folios 1478 al 1485 del Tomo II de la pieza de los antecedentes).- 5) La recurrente Abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha doce (12) de abril del año dos mil doce (2012), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la resolución emitida por la Corte Primera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán de fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil diez (2010), es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 90, 321 y 360 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizado en tiempo y forma el recurso, en fecha catorce (14) de enero del año dos mil catorce (2014), omitiéndose la vista al Fiscal del Despacho de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO(3): Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada en fecha veinticuatro de junio del año dos mil diez, por la Corte de Apelaciones Penal de esta Sección Judicial en la que se declara No ha Lugar un recurso de apelación y confirma un sobreseimiento definitivo dictado por el Juzgado de Letras Penal de la misma sección judicial, en fecha veintiocho de mayo del año dos mil diez, con relación a la causa instruida contra la señora REBECA PATRICIA SANTOS RIVERA por suponerla responsable de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD Y FRAUDE en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA.- CONSIDERANDO (4): Que la recurrente en la formalización de la Acción de amparo, expone de manera detallada los hechos desde el momento en que se presentó requerimiento fiscal contra la imputada y otras personas, seguido el procedimiento, en la audiencia inicial el A quo dictó resolución mediante la cual dicta sobreseimiento definitivo bajo la argumentación de que los hechos no son constitutivos de delito porque los contratos de arrendamiento están regulados en la Ley de Inquilinato y no en La Ley de Contratación del Estado, resolución que fue impugnada y declarada sin lugar en fecha veintinueve de febrero del año dos mil doce.- CONSIDERANDO (5): Que la impetrante considera que se ha vulnerado las siguientes garantías contenidas en la Constitución de la República: el Derecho al Debido proceso contenido en el artículo 90; el principio de legalidad contemplado en el artículo 321 en cuanto a las facultades de los servidores del Estado quienes deben estar sometidos únicamente al imperio de la ley y el artículo 360 que establece: “Los contratos que el Estado celebre para la ejecución de obras públicas. Adquisición de suministros y servicios de compra –venta o arrendamiento de bienes, deberán ejecutarse previa licitación, concurso o subasta de conformidad con la ley. (las negritas son nuestras). La recurrente expone que el caso que nos ocupa tiene (SIC) “su origen en virtud de la aprobación de un contrato de arrendamiento que autoriza la imputada REBECA PATRICIA SANTOS RIVERA en su condición de miembro de la Junta Interventora integrada por la imputada y otras personas quienes autorizaron la suscripción de contratos de arrendamiento sin licitación previa de conformidad con la ley de parte de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de los contratos de arrendamiento celebrados por la señora RIXI ROMANA MONCADA, en su condición de Ministra Accesoria en materia de energía y Gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y el señor Gustavo Adolfo Agurcia Lefebre, en representación de la señora Marcela Midence Rivas (propietaria del inmueble), suscribieron los contratos de arrendamiento Nos. 61/08 y 62/08, sobre los edificios EMA, S.A. y, MAFER, S., A. ascendiendo el monto total de ambos contratos a VEINTINUEVE MILLONES CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (29,111,328.99), contratos que le han causado perjuicio al Estado de Honduras (F. 42 pieza de Amparo). Por todo ello, el Ministerio público sostiene que los funcionarios debieron hacer las licitaciones correspondientes en aplicación del artículo 360 constitucional que establece: Los contratos que el Estado celebre para la ejecución de obras públicas, adquisición de suministros y servicios, de compra-venta o arrendamiento de bienes, deberán ejecutarse previa licitación, concurso o subasta, de conformidad con la ley. Se exceptúan los contratos que tengan por objeto proveer a las necesidades ocasionadas por un estado de emergencia y los que por su naturaleza no puedan celebrarse, sino con persona determinada.- CONSIDERANDO (6): Que la recurrente expone que es requisito sine qua non que los contratos que celebre el Estado (entre ellos el de arrendamiento) ya sea de bienes independientemente de su naturaleza, deben ser licitados conforme el texto constitucional, en virtud de que la ley primaria no hace distinción si se trata de bienes muebles o inmuebles, debiendo entenderse que se trata de cualquier tipo de bienes, inclusive los inmuebles que el Estado celebre con independencia de su naturaleza, deben necesariamente ser licitados de conformidad con la Ley de Contratación del Estado, ley que armoniza y así lo expone en sus considerandos con el artículo 360 constitucional.- CONSIDERANDO (7): Que la impetrante manifiesta que la Ley de Presupuesto para el año fiscal dos mil ocho, en su artículo 52, establece que los contratos de la administración pública cuyo monto sea igual o superior al millón setecientos mil lempiras (Lps. 1,700.000.00), tendrán como exigencia la Licitación Pública es requisito necesario para realizar una obra pública, un bien que perdurará y formará parte del patrimonio del Estado, no digamos en aquellos contratos de arrendamiento en los cuales al Estado no le quedará ningún derecho de propiedad o beneficio perdurable que se vea reflejado en su patrimonio. Por tal razón la ley dispone que se podrán concertar los contratos pactos o condiciones que tenga por conveniente siempre que estén en consonancia con el ordenamiento jurídico y con los principios de la sana y buena administración, teniendo que respetar los procedimientos de ley. Tales procedimientos deben estructurarse, reglamentarse e interpretarse de forma tal que permitan la selección a la oferta mas conveniente al interés general, procedimientos que en el caso de autos fueron obviados totalmente, realizando contratos al margen de la ley, de manera tal que por las características del contrato celebrado por las partes contratantes, el monto a la cuantía a pagar, la materia que los regula ya que se trata de asuntos de orden público y especialmente aplicables en el ámbito de la materia administrativa, se puede determinar que el mismo está regulado por la ley de contratación del Estado y no por la Ley de Inquilinato que regula los contratos de arrendamiento entre particulares que por su naturaleza son de orden civil. Por todo ello el impetrante considera que la imputada ha incurrido en un delito de abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la Administración Pública.- CONSIDERANDO (8): Que el Tribunal de alzada, conociendo del Recurso de Apelación interpuesto, expone de manera detallada los motivos, y expresión de agravios de las partes. En el numeral trece (13) se aprecia el análisis realizado con respecto al arrendamiento de bienes inmuebles y el delito de Abuso de Autoridad, señalando que si bien es cierto la imputada autorizó la suscripción de los Contratos, sin que se hiciera una licitación no se determina que la imputada haya cometido el delito de abuso de autoridad, ni que haya violado las disposiciones de la Ley de Contratación del Estado ni las disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República del año 2008, porque tampoco en estas últimas se dice que los Contratos de Arrendamiento se consideren suministros de bienes, mas bien, cumplieron con lo que mandan las Leyes Secundarias antes mencionadas, hace referencia además a una serie de documentos, declaraciones testifícales, dictámenes de Asesoría legal de la ENEE, informe de auditoria interna, contratos celebrados con otras instituciones del Estado, inspección a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisición del Estado (ONCAE), donde la funcionaria que atendió (al señor Juez) le manifestó que no tiene registro de ningún contrato de arrendamiento ya que no se someten a Licitación Pública y los contratos no se regulan por la Ley de Contratación del Estado y cualquier información se puede verificara través de la página Web”, así mismo la falta de claridad que ofrece la Ley de Contratación del Estado con respecto a los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, se concluye entonces, que la imputada actuó en la creencia que lo hacía dentro del marco de la ley, motivada más bien, por la recomendación del Tribunal Superior de Cuentas a la ENEE para que arrendaran un edificio con la capacidad necesaria para ubicar las diferentes oficinas de dicha empresa, que estaban diseminadas en ocho (8) edificios y que las mismas estuvieran localizadas en una zona accesible para usuarios empleados y como una política de Estado que buscaba la reorganización y gobernabilidad de dicha empresa.- CONSIDERANDO (9): Que el Tribunal de alzada, en cuanto al Delito de Fraude imputado a la recurrente, señala que el señor PAULO DAGOBERTO TORRES, funcionario de la ENEE, dijo en parte de su testimonio, que se nombró una comisión integrada por ORESTILIA MUÑOZ, GERSON MALDONADO y otros para que visitaran en esta ciudad a los propietarios de bienes raíces y estos hicieran ofertas de arrendamiento a la ENEE, y los visitaron personalmente así lo corroboran las declaraciones de ORESTILIA MUÑOZ Y GERSON VASQUEZ que en efecto participaron en estas diligencias y dicen que se cuidó que todo estuviera dentro del marco de la Ley y de la estructura presupuestaria y que el proceso empezó en el mes de febrero y terminó en junio del año 2008, y dentro de las dificultades que encontraron estaba que nadie tenía capacidad, en la búsqueda de los edificios por las condiciones que se requerían que nunca ninguno de los imputados como así lo declaró también el señor GUSTAVO ADOLFO AGURCIA que representa a las dos sociedades EMAS Y MAFER, S.A, les insinuaron que favoreciera a determinada empresa o persona alguna, así mismo conforme la oferta que recibieron de ocho (8) empresas las de MAFER, S.A., Y EMMAS, S.A. fueron las más aceptables, lo que también fue depuesto por los testigos del Ministerio Público, en cuando a la imputación de Fraude el ad quem expone en su resolución que si bien es cierto la procesada reúne el requisito objetivo de funcionaria pública en el momento de los hechos denunciados, pero no existe en el proceso ningún acuerdo con alguno de los interesados para defraudar al Fisco, pues ya lo explicaron los testigos propuestos por el mismo ente acusador y la defensa como fue el mecanismo de contratación, en donde la acusada no negoció directa ni indirectamente los contratos de arrendamiento ya conocidos, sino que fue una comisión encargada de hacer las diligencias del caso y si bien es cierto los costos de arrendamiento son superiores a los que ha venido cancelando anteriormente la ENEE, tal incremento se justifica por la ubicación, accesibilidad y capacidad de instalación de oficinas, que tienen los edificios arrendados, los que siguen arrendados aún cuando son otras las autoridades que dirigen la ENEE. En consecuencia, declaró Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto.- CONSIDERANDO (10): Que el Artículo 2 de la Ley de Contratación del Estado dispone: “Otros contratos. Los contratos de compra-venta, permuta, donación, arrendamiento, préstamo u otros de contenido patrimonial que tenga que celebrar la Administración Pública, se regularán en cuanto a su preparación, adjudicación o formalización por las disposiciones legales especiales y en su defecto, por las disposiciones de esta Ley y sus normas reglamentarias, sin perjuicio de las solemnidades o requisitos de forma que para la validez de dichos contratos exigiere el Derecho Privado.- CONSIDERANDO: (11) La Constitución de la República en su artículo 360 establece: “Los contratos que el Estado celebre para la ejecución de obras públicas, adquisición de suministros y servicios de compra-venta o arrendamiento de bienes, deberán ejecutarse previa licitación, concurso o subasta de conformidad con la ley”.- CONSIDERANDO: (12) Que de acuerdo a la doctrina el abuso de autoridad tiene lugar cuando una persona que dirige o se encuentra en una posición de superioridad por razón de su cargo, se aprovecha de éste y de sus atribuciones frente a alguien que está ubicado en una situación de dependencia o subordinación. Entre las formas de abuso de autoridad encontramos aquella en que la persona que accede a un cargo o a una función aprovecha el poder que se le otorga en beneficio propio, y no para desarrollar correctamente sus obligaciones; o aquellos en que investido de dicho poder se apoya en la violencia y hace uso desmedido de sus atribuciones[1]. En ese mismo orden de ideas el derecho penal considera abuso de autoridad el que realiza un sujeto investido con facultades públicas y que, mientras desarrolla su gestión, realiza acciones opuestas a las obligaciones impuestas por la ley generando un daño moral o material a terceros. El tipo penal de abuso de autoridad encuadra dentro de los denominados delitos “contra la administración pública”, en el que el bien jurídico protegido es el “correcto funcionamiento de la administración pública”; sin embargo, el delito en cuestión para su configuración requiere de que la mala actuación administrativa recaiga en la persona de un sujeto, de un ciudadano particular, quien sufre las consecuencias de dicha actuación “irregular” que se materializa en el retardo o exceso en la forma como se ejerce la autoridad delegada[2] .- CONSIDERANDO (13): Que los presupuestos que conforman el delito de abuso de autoridad de acuerdo al artículo 349 del código Penal vigente deben analizarse a fin de establecer si la conducta del recurrente al momento de dictar la resolución por la que se le ha requerido, se enmarca en los mismos, si existe o no vulneración de esta norma sustantiva que provoque la vulneración de los derechos constitucionales, siendo dichos presupuestos: 1)“Se niegue a dar el debido cumplimiento a órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos dictados por las autoridades judiciales o administrativas dentro de los limites de sus respectivas competencias y con las formalidades legales”. 2) “Dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la República o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos”. 3) “Omita, rehusé o retarde algún acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo…. 4)…; 5) ….- CONSIDERANDO (14): Que el Delito de Fraude configurado en el artículo 376 del código Penal vigente tiene como elemento objetivo 1.- Que se trate de un funcionario o empleado público que participe en razón de su cargo en cualquier acto jurídico en que tenga interés el Estado. 2.- Que el funcionario (a) se ponga de acuerdo con alguno de los interesados para defraudar al fisco. 3.- Quien con el mismo propósito de defraudar al fisco se valga de su condición para favorecer a un tercero o para favorecer su participación personal, directa o indirecta, en los beneficios que puedan producir tales asuntos. 4.- que el funcionario utilice cualquier artificio con la misma finalidad; por su parte el elemento subjetivo referido a quien conoce que su conducta es contraria a derecho transgrediendo precisamente lo que la norma quiere prevenir, obra con dolo.- CONSIDERANDO (15): Que el Estado de Derecho consiste en la sujeción de la actividad estatal a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que ella establezca, que garantizan el funcionamiento responsable y controlado de los órganos del poder, el ejercicio de la autoridad conforme a disposiciones conocidas y no retroactivas en términos perjudiciales, y la observancia de los derechos individuales, colectivos, culturales y políticos; por lo que el quehacer fundamental de esta Sala de lo Constitucional es mantener el orden constitucional sobre el que descansa el Estado, en consecuencia es absoluta la supremacía de la constitución, de lo que se entiende que las normas han de estar estructuradas jerárquicamente, único modo de solucionar los conflictos que en un orden normativo puedan sucederse entre normas opuestas de distinta jerarquía, estableciendo un régimen que garantice la seguridad jurídica, requisito indispensable para que se cumpla el fin de ese orden normativo, cual es la justicia. “El orden jurídico no es un sistema de normas de derecho situadas en un mismo plano, ordenadas equivalentemente, sino una construcción escalonada de diversos estratos de normas jurídicas. …Si, por de pronto, se observa un orden jurídico estatal, el estrato superior jurídico positivo, está representado por la constitución[3]”. En ese orden de ideas el artículo 360 constitucional establece: “Los contratos que el Estado celebre para la ejecución de obras públicas. Adquisición de suministros y servicios de compra –venta o arrendamiento de bienes, deberán ejecutarse previa licitación, concurso o subasta de conformidad con la ley”. Norma constitucional que demanda una interpretación que de respuesta al conflicto jurídico y garantice los derechos fundamentales de los intervinientes en el proceso. Si bien es cierto la referida norma constitucional dispone que la Adquisición de suministros y servicios de compra –venta o arrendamiento de bienes, deberá realizarse previa licitación, concurso o subasta, para tal efecto la norma constitucional establece que deberá realizarse “de conformidad con la ley” lo que nos remite al derecho privado, congruente con lo dispuesto en el artículo dos (2) de la Ley de Contratación del Estado, que se refiere a que los contratos de compra venta, permuta, donación, arrendamiento, préstamo u otros de carácter patrimonial que tenga que celebrar la administración pública se regularán en cuanto a su preparación, adjudicación, o formalización por las disposiciones legales especiales y en su defecto por las disposiciones de esta ley sus normas reglamentarias, sin perjuicio de las solemnidades o requisitos de forma que para la validez de dichos contratos exigiere el derecho privado. En consecuencia, se trata de contratos sujetos al derecho común, al código Civil que en su artículo 1681 define el contrato de arrendamiento, para establecer los derechos, deberes, y procedimiento a seguir en los contratos de arrendamiento el legislador creo la Ley de Inquilinato mediante la cual el Estado reconoce y garantiza la función social de la propiedad privada.- CONSIDERANDO (16): Que esta Sala ha estudiando desde una perspectiva constitucional los hechos que han provocado la búsqueda de amparo, estimando la exposición del Tribunal de alzada tanto en su motivación como fundamentos de derecho, interpretación de la norma constitucional y la ley secundaria, apreciando que no existe quebrantamiento de la ley por parte de la imputada, todo ello como consecuencia de la aplicación de la norma constitucional contenida en el artículo 360 que remite al derecho privado, cuando dispone: “de conformidad la ley”, por todo ello es conforme a derecho y procede se Deniegue el amparo intentado.- CONSIDERANDO (17): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico por todo lo antes expuesto procede conforme a Derecho Denegar el Recurso amparo interpuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 80, 90, 95, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 323, 324, 325 y 326 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de AMPARO interpuesta por la Abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELÁSQUEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra las resolución de fecha veinticuatro de junio del año dos mil diez, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de esta Sección Judicial. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó Magistrada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada, REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco (5) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha tres (3) de abril del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0283-2012.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de abril del dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE ESTA SECCION JUDICIAL, en fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil diez (2010), que declara no ha lugar un recurso de apelación y confirma un sobreseimiento definitivo dictado por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE ESTA SECCION JUDICIAL en fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diez (2010), con relación a la causa instruida contra la señora REBECA PATRICIA SANTOS RIVERA por suponerla responsable de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD y FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA. Estima la recurrente, como violentados, los derechos estipulados en los artículos 90, 321 y 360 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintidós (22) de julio del año dos mil nueve (2009), la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, presentando Requerimiento Fiscal en contra de los señores ARISTIDES MEJIA CARRANZA, RIXI ROMANA MONCADA GODOY y REBECA PATRICIA SANTOS RIVERA, por suponerlos responsables de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD Y FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA.- 2) Que continuado que fue el proceso en fechas quince (15), veintidós (22), veintitrés (23) y veinticinco (25) de marzo y nueve (9) de abril del año dos mil diez (2010), el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, celebró la audiencia inicial contra los imputados ARISTIDES MEJIA CARRANZA y RIXI ROMANA MONCADA GODOY, resolviendo en fecha nueve (9) de abril del año dos mil diez (2010), lo siguiente: (sic) “DECRETA: 1). SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de los señores RIXI MONCADA GODOY y ARISTIDES MEJIA CARRANZA, de generales ya conocidas, en la causa que se le instruyó por los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD y FRAUDE, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 2). Declara extinguida la acción penal, en el presente proceso. 3). DECLARA SIN LUGAR, la Nulidad Absoluta de Actuaciones presentada por la Defensa, por las argumentaciones antes expuestas. 4). Se ordena la suspensión de la medida cautelar impuesta en declaración de imputado, extendiéndoles a los referidos imputados, su respectiva Carta de Libertad Definitiva.”. (Folios 1205 al 1274 del Tomo I de la pieza de los antecedentes).- 3) Que en fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diez (2010), el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, celebró la audiencia inicial contra la imputada REBECA PATRICIA SANTOS RIVERA, donde decretó: (sic) “1). SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de la señora REBECA PATRICIA SANTOS RIVERA, de generales ya conocidas, en la causa que se le instruyó por los delitos ABUSO DE AUTORIDAD y FRAUDE, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 2). Declara extinguida la acción penal, en el presente proceso. 3). Se ordena la suspensión de las medidas cautelares impuestas en declaración de imputado, extendiéndole a la referida imputada, su respectiva Carta de Libertad Definitiva.”. (Folios 1411 al 1431 del Tomo II de la pieza de los antecedentes).- 4) Que en fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil diez (2010), conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diez (2010), la Corte Primera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, dictó auto motivado mediante el cual resolvió declarar (sic) “NO HA LUGAR” el recurso de apelación interpuesto y confirmó la resolución apelada. (Folios 1478 al 1485 del Tomo II de la pieza de los antecedentes).- 5) La recurrente Abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha doce (12) de abril del año dos mil doce (2012), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la resolución emitida por la Corte Primera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán de fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil diez (2010), es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 90, 321 y 360 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizado en tiempo y forma el recurso, en fecha catorce (14) de enero del año dos mil catorce (2014), omitiéndose la vista al Fiscal del Despacho de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO(3): Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada en fecha veinticuatro de junio del año dos mil diez, por la Corte de Apelaciones Penal de esta Sección Judicial en la que se declara No ha Lugar un recurso de apelación y confirma un sobreseimiento definitivo dictado por el Juzgado de Letras Penal de la misma sección judicial, en fecha veintiocho de mayo del año dos mil diez, con relación a la causa instruida contra la señora REBECA PATRICIA SANTOS RIVERA por suponerla responsable de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD Y FRAUDE en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA.- CONSIDERANDO (4): Que la recurrente en la formalización de la Acción de amparo, expone de manera detallada los hechos desde el momento en que se presentó requerimiento fiscal contra la imputada y otras personas, seguido el procedimiento, en la audiencia inicial el A quo dictó resolución mediante la cual dicta sobreseimiento definitivo bajo la argumentación de que los hechos no son constitutivos de delito porque los contratos de arrendamiento están regulados en la Ley de Inquilinato y no en La Ley de Contratación del Estado, resolución que fue impugnada y declarada sin lugar en fecha veintinueve de febrero del año dos mil doce.- CONSIDERANDO (5): Que la impetrante considera que se ha vulnerado las siguientes garantías contenidas en la Constitución de la República: el Derecho al Debido proceso contenido en el artículo 90; el principio de legalidad contemplado en el artículo 321 en cuanto a las facultades de los servidores del Estado quienes deben estar sometidos únicamente al imperio de la ley y el artículo 360 que establece: “Los contratos que el Estado celebre para la ejecución de obras públicas. Adquisición de suministros y servicios de compra –venta o arrendamiento de bienes, deberán ejecutarse previa licitación, concurso o subasta de conformidad con la ley. (las negritas son nuestras). La recurrente expone que el caso que nos ocupa tiene (SIC) “su origen en virtud de la aprobación de un contrato de arrendamiento que autoriza la imputada REBECA PATRICIA SANTOS RIVERA en su condición de miembro de la Junta Interventora integrada por la imputada y otras personas quienes autorizaron la suscripción de contratos de arrendamiento sin licitación previa de conformidad con la ley de parte de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de los contratos de arrendamiento celebrados por la señora RIXI ROMANA MONCADA, en su condición de Ministra Accesoria en materia de energía y Gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y el señor Gustavo Adolfo Agurcia Lefebre, en representación de la señora Marcela Midence Rivas (propietaria del inmueble), suscribieron los contratos de arrendamiento Nos. 61/08 y 62/08, sobre los edificios EMA, S.A. y, MAFER, S., A. ascendiendo el monto total de ambos contratos a VEINTINUEVE MILLONES CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (29,111,328.99), contratos que le han causado perjuicio al Estado de Honduras (F. 42 pieza de Amparo). Por todo ello, el Ministerio público sostiene que los funcionarios debieron hacer las licitaciones correspondientes en aplicación del artículo 360 constitucional que establece: Los contratos que el Estado celebre para la ejecución de obras públicas, adquisición de suministros y servicios, de compra-venta o arrendamiento de bienes, deberán ejecutarse previa licitación, concurso o subasta, de conformidad con la ley. Se exceptúan los contratos que tengan por objeto proveer a las necesidades ocasionadas por un estado de emergencia y los que por su naturaleza no puedan celebrarse, sino con persona determinada.- CONSIDERANDO (6): Que la recurrente expone que es requisito sine qua non que los contratos que celebre el Estado (entre ellos el de arrendamiento) ya sea de bienes independientemente de su naturaleza, deben ser licitados conforme el texto constitucional, en virtud de que la ley primaria no hace distinción si se trata de bienes muebles o inmuebles, debiendo entenderse que se trata de cualquier tipo de bienes, inclusive los inmuebles que el Estado celebre con independencia de su naturaleza, deben necesariamente ser licitados de conformidad con la Ley de Contratación del Estado, ley que armoniza y así lo expone en sus considerandos con el artículo 360 constitucional.- CONSIDERANDO (7): Que la impetrante manifiesta que la Ley de Presupuesto para el año fiscal dos mil ocho, en su artículo 52, establece que los contratos de la administración pública cuyo monto sea igual o superior al millón setecientos mil lempiras (Lps. 1,700.000.00), tendrán como exigencia la Licitación Pública es requisito necesario para realizar una obra pública, un bien que perdurará y formará parte del patrimonio del Estado, no digamos en aquellos contratos de arrendamiento en los cuales al Estado no le quedará ningún derecho de propiedad o beneficio perdurable que se vea reflejado en su patrimonio. Por tal razón la ley dispone que se podrán concertar los contratos pactos o condiciones que tenga por conveniente siempre que estén en consonancia con el ordenamiento jurídico y con los principios de la sana y buena administración, teniendo que respetar los procedimientos de ley. Tales procedimientos deben estructurarse, reglamentarse e interpretarse de forma tal que permitan la selección a la oferta mas conveniente al interés general, procedimientos que en el caso de autos fueron obviados totalmente, realizando contratos al margen de la ley, de manera tal que por las características del contrato celebrado por las partes contratantes, el monto a la cuantía a pagar, la materia que los regula ya que se trata de asuntos de orden público y especialmente aplicables en el ámbito de la materia administrativa, se puede determinar que el mismo está regulado por la ley de contratación del Estado y no por la Ley de Inquilinato que regula los contratos de arrendamiento entre particulares que por su naturaleza son de orden civil. Por todo ello el impetrante considera que la imputada ha incurrido en un delito de abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la Administración Pública.- CONSIDERANDO (8): Que el Tribunal de alzada, conociendo del Recurso de Apelación interpuesto, expone de manera detallada los motivos, y expresión de agravios de las partes. En el numeral trece (13) se aprecia el análisis realizado con respecto al arrendamiento de bienes inmuebles y el delito de Abuso de Autoridad, señalando que si bien es cierto la imputada autorizó la suscripción de los Contratos, sin que se hiciera una licitación no se determina que la imputada haya cometido el delito de abuso de autoridad, ni que haya violado las disposiciones de la Ley de Contratación del Estado ni las disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República del año 2008, porque tampoco en estas últimas se dice que los Contratos de Arrendamiento se consideren suministros de bienes, mas bien, cumplieron con lo que mandan las Leyes Secundarias antes mencionadas, hace referencia además a una serie de documentos, declaraciones testifícales, dictámenes de Asesoría legal de la ENEE, informe de auditoria interna, contratos celebrados con otras instituciones del Estado, inspección a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisición del Estado (ONCAE), donde la funcionaria que atendió (al señor Juez) le manifestó que no tiene registro de ningún contrato de arrendamiento ya que no se someten a Licitación Pública y los contratos no se regulan por la Ley de Contratación del Estado y cualquier información se puede verificara través de la página Web”, así mismo la falta de claridad que ofrece la Ley de Contratación del Estado con respecto a los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, se concluye entonces, que la imputada actuó en la creencia que lo hacía dentro del marco de la ley, motivada más bien, por la recomendación del Tribunal Superior de Cuentas a la ENEE para que arrendaran un edificio con la capacidad necesaria para ubicar las diferentes oficinas de dicha empresa, que estaban diseminadas en ocho (8) edificios y que las mismas estuvieran localizadas en una zona accesible para usuarios empleados y como una política de Estado que buscaba la reorganización y gobernabilidad de dicha empresa.- CONSIDERANDO (9): Que el Tribunal de alzada, en cuanto al Delito de Fraude imputado a la recurrente, señala que el señor PAULO DAGOBERTO TORRES, funcionario de la ENEE, dijo en parte de su testimonio, que se nombró una comisión integrada por ORESTILIA MUÑOZ, GERSON MALDONADO y otros para que visitaran en esta ciudad a los propietarios de bienes raíces y estos hicieran ofertas de arrendamiento a la ENEE, y los visitaron personalmente así lo corroboran las declaraciones de ORESTILIA MUÑOZ Y GERSON VASQUEZ que en efecto participaron en estas diligencias y dicen que se cuidó que todo estuviera dentro del marco de la Ley y de la estructura presupuestaria y que el proceso empezó en el mes de febrero y terminó en junio del año 2008, y dentro de las dificultades que encontraron estaba que nadie tenía capacidad, en la búsqueda de los edificios por las condiciones que se requerían que nunca ninguno de los imputados como así lo declaró también el señor GUSTAVO ADOLFO AGURCIA que representa a las dos sociedades EMAS Y MAFER, S.A, les insinuaron que favoreciera a determinada empresa o persona alguna, así mismo conforme la oferta que recibieron de ocho (8) empresas las de MAFER, S.A., Y EMMAS, S.A. fueron las más aceptables, lo que también fue depuesto por los testigos del Ministerio Público, en cuando a la imputación de Fraude el ad quem expone en su resolución que si bien es cierto la procesada reúne el requisito objetivo de funcionaria pública en el momento de los hechos denunciados, pero no existe en el proceso ningún acuerdo con alguno de los interesados para defraudar al Fisco, pues ya lo explicaron los testigos propuestos por el mismo ente acusador y la defensa como fue el mecanismo de contratación, en donde la acusada no negoció directa ni indirectamente los contratos de arrendamiento ya conocidos, sino que fue una comisión encargada de hacer las diligencias del caso y si bien es cierto los costos de arrendamiento son superiores a los que ha venido cancelando anteriormente la ENEE, tal incremento se justifica por la ubicación, accesibilidad y capacidad de instalación de oficinas, que tienen los edificios arrendados, los que siguen arrendados aún cuando son otras las autoridades que dirigen la ENEE. En consecuencia, declaró Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto.- CONSIDERANDO (10): Que el Artículo 2 de la Ley de Contratación del Estado dispone: “Otros contratos. Los contratos de compra-venta, permuta, donación, arrendamiento, préstamo u otros de contenido patrimonial que tenga que celebrar la Administración Pública, se regularán en cuanto a su preparación, adjudicación o formalización por las disposiciones legales especiales y en su defecto, por las disposiciones de esta Ley y sus normas reglamentarias, sin perjuicio de las solemnidades o requisitos de forma que para la validez de dichos contratos exigiere el Derecho Privado.- CONSIDERANDO: (11) La Constitución de la República en su artículo 360 establece: “Los contratos que el Estado celebre para la ejecución de obras públicas, adquisición de suministros y servicios de compra-venta o arrendamiento de bienes, deberán ejecutarse previa licitación, concurso o subasta de conformidad con la ley”.- CONSIDERANDO: (12) Que de acuerdo a la doctrina el abuso de autoridad tiene lugar cuando una persona que dirige o se encuentra en una posición de superioridad por razón de su cargo, se aprovecha de éste y de sus atribuciones frente a alguien que está ubicado en una situación de dependencia o subordinación. Entre las formas de abuso de autoridad encontramos aquella en que la persona que accede a un cargo o a una función aprovecha el poder que se le otorga en beneficio propio, y no para desarrollar correctamente sus obligaciones; o aquellos en que investido de dicho poder se apoya en la violencia y hace uso desmedido de sus atribuciones[4]. En ese mismo orden de ideas el derecho penal considera abuso de autoridad el que realiza un sujeto investido con facultades públicas y que, mientras desarrolla su gestión, realiza acciones opuestas a las obligaciones impuestas por la ley generando un daño moral o material a terceros. El tipo penal de abuso de autoridad encuadra dentro de los denominados delitos “contra la administración pública”, en el que el bien jurídico protegido es el “correcto funcionamiento de la administración pública”; sin embargo, el delito en cuestión para su configuración requiere de que la mala actuación administrativa recaiga en la persona de un sujeto, de un ciudadano particular, quien sufre las consecuencias de dicha actuación “irregular” que se materializa en el retardo o exceso en la forma como se ejerce la autoridad delegada[5] .- CONSIDERANDO (13): Que los presupuestos que conforman el delito de abuso de autoridad de acuerdo al artículo 349 del código Penal vigente deben analizarse a fin de establecer si la conducta del recurrente al momento de dictar la resolución por la que se le ha requerido, se enmarca en los mismos, si existe o no vulneración de esta norma sustantiva que provoque la vulneración de los derechos constitucionales, siendo dichos presupuestos: 1)“Se niegue a dar el debido cumplimiento a órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos dictados por las autoridades judiciales o administrativas dentro de los limites de sus respectivas competencias y con las formalidades legales”. 2) “Dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la República o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos”. 3) “Omita, rehusé o retarde algún acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo…. 4)…; 5) ….- CONSIDERANDO (14): Que el Delito de Fraude configurado en el artículo 376 del código Penal vigente tiene como elemento objetivo 1.- Que se trate de un funcionario o empleado público que participe en razón de su cargo en cualquier acto jurídico en que tenga interés el Estado. 2.- Que el funcionario (a) se ponga de acuerdo con alguno de los interesados para defraudar al fisco. 3.- Quien con el mismo propósito de defraudar al fisco se valga de su condición para favorecer a un tercero o para favorecer su participación personal, directa o indirecta, en los beneficios que puedan producir tales asuntos. 4.- que el funcionario utilice cualquier artificio con la misma finalidad; por su parte el elemento subjetivo referido a quien conoce que su conducta es contraria a derecho transgrediendo precisamente lo que la norma quiere prevenir, obra con dolo.- CONSIDERANDO (15): Que el Estado de Derecho consiste en la sujeción de la actividad estatal a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que ella establezca, que garantizan el funcionamiento responsable y controlado de los órganos del poder, el ejercicio de la autoridad conforme a disposiciones conocidas y no retroactivas en términos perjudiciales, y la observancia de los derechos individuales, colectivos, culturales y políticos; por lo que el quehacer fundamental de esta Sala de lo Constitucional es mantener el orden constitucional sobre el que descansa el Estado, en consecuencia es absoluta la supremacía de la constitución, de lo que se entiende que las normas han de estar estructuradas jerárquicamente, único modo de solucionar los conflictos que en un orden normativo puedan sucederse entre normas opuestas de distinta jerarquía, estableciendo un régimen que garantice la seguridad jurídica, requisito indispensable para que se cumpla el fin de ese orden normativo, cual es la justicia. “El orden jurídico no es un sistema de normas de derecho situadas en un mismo plano, ordenadas equivalentemente, sino una construcción escalonada de diversos estratos de normas jurídicas. …Si, por de pronto, se observa un orden jurídico estatal, el estrato superior jurídico positivo, está representado por la constitución[6]”. En ese orden de ideas el artículo 360 constitucional establece: “Los contratos que el Estado celebre para la ejecución de obras públicas. Adquisición de suministros y servicios de compra –venta o arrendamiento de bienes, deberán ejecutarse previa licitación, concurso o subasta de conformidad con la ley”. Norma constitucional que demanda una interpretación que de respuesta al conflicto jurídico y garantice los derechos fundamentales de los intervinientes en el proceso. Si bien es cierto la referida norma constitucional dispone que la Adquisición de suministros y servicios de compra –venta o arrendamiento de bienes, deberá realizarse previa licitación, concurso o subasta, para tal efecto la norma constitucional establece que deberá realizarse “de conformidad con la ley” lo que nos remite al derecho privado, congruente con lo dispuesto en el artículo dos (2) de la Ley de Contratación del Estado, que se refiere a que los contratos de compra venta, permuta, donación, arrendamiento, préstamo u otros de carácter patrimonial que tenga que celebrar la administración pública se regularán en cuanto a su preparación, adjudicación, o formalización por las disposiciones legales especiales y en su defecto por las disposiciones de esta ley sus normas reglamentarias, sin perjuicio de las solemnidades o requisitos de forma que para la validez de dichos contratos exigiere el derecho privado. En consecuencia, se trata de contratos sujetos al derecho común, al código Civil que en su artículo 1681 define el contrato de arrendamiento, para establecer los derechos, deberes, y procedimiento a seguir en los contratos de arrendamiento el legislador creo la Ley de Inquilinato mediante la cual el Estado reconoce y garantiza la función social de la propiedad privada.- CONSIDERANDO (16): Que esta Sala ha estudiando desde una perspectiva constitucional los hechos que han provocado la búsqueda de amparo, estimando la exposición del Tribunal de alzada tanto en su motivación como fundamentos de derecho, interpretación de la norma constitucional y la ley secundaria, apreciando que no existe quebrantamiento de la ley por parte de la imputada, todo ello como consecuencia de la aplicación de la norma constitucional contenida en el artículo 360 que remite al derecho privado, cuando dispone: “de conformidad la ley”, por todo ello es conforme a derecho y procede se Deniegue el amparo intentado.- CONSIDERANDO (17): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico por todo lo antes expuesto procede conforme a Derecho Denegar el Recurso amparo interpuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 80, 90, 95, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 323, 324, 325 y 326 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de AMPARO interpuesta por la Abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELÁSQUEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra las resolución de fecha veinticuatro de junio del año dos mil diez, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de esta Sección Judicial. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó Magistrada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada, REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco (5) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha tres (3) de abril del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0283-2012.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional

[1] Definición de abuso de autoridad - Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/abuso-de-autoridad/#ixzz4PKgn5sO3

[2] http://www.uv.es/ajv/art_jcos/art_jcos/num24/4abusoautoridad.pdf Revista Internauta de Práctica Jurídica .Núm. 24, año 2009, págs. 69-76. LA POSICIÓN DEL “PARTICULAR” EN EL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD.

[3] Capelleti Ángel Guillermo. Roles de Constitucionalidad Comparados, menciona a Kelsen Hans, “Teoría Pura del Derecho”, pág. 232, ed. Universidad Nacional Autónoma de México, México 1982

[4] Definición de abuso de autoridad - Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/abuso-de-autoridad/#ixzz4PKgn5sO3

[5] http://www.uv.es/ajv/art_jcos/art_jcos/num24/4abusoautoridad.pdf Revista Internauta de Práctica Jurídica .Núm. 24, año 2009, págs. 69-76. LA POSICIÓN DEL “PARTICULAR” EN EL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD.

[6] Capelleti Ángel Guillermo. Roles de Constitucionalidad Comparados, menciona a Kelsen Hans, “Teoría Pura del Derecho”, pág. 232, ed. Universidad Nacional Autónoma de México, México 1982