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Sentencia AP-279-18 — Registro 8993

Resumen

en la causa instruida contra imputados, por suponerlos responsables de los delitos de Homicidio Culposo, Abuso de autoridad y Violación de los deberes de los funcionarios contra la Administración Pública y otros ciudadanos

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(7): Que la Sala de lo Constitucional es pilar fundamental para mantener el Estado de Derecho como guardián de la constitucionalidad de las leyes y protectora de la justicia constitucional, en ese orden de ideas garantiza el efectivo cumplimiento de la normativa constitucional y garantiza a los ciudadanos la protección de sus derechos fundamentales, manteniendo la supremacía constitucional, el reconocimiento, respeto y garantía del ejercicio de los Derechos Humanos contenidos en las convenciones y Tratados Internacionales que el Estado de Honduras, ha ratificado ajustando sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Carta Magna y en el ordenamiento jurídico en su conjunto.- CONSIDERANDO (8): Que, como una consideración preliminar, la Sala de lo Constitucional recuerda que la carga de la prueba de los hechos imputados, recae en la Acusación y, en este caso, en la fiscalía del Ministerio Público; siendo esa su responsabilidad primaria en el sistema acusatorio mixto o pro acusatorio, no la de la instancia jurisdiccional, cuya misión constitucional se enmarca en juzgar y ejecutar lo juzgado. Corresponde, pues, al Ente Fiscal por excelencia la alegación y demostración de los hechos que estime probados y la invocación del derecho cuya aplicación se considere subsume el caso concreto. Mientras tanto, corresponde a la judicatura, como lógico corolario, la conformación de la premisa fáctica (hechos probados), la constatación del derecho aplicable y la consecuencia lógico-jurídica que dimana válidamente de tal concatenación o inferencia. (“applicatio legis ad factum”).[1]- CONSIDERANDO (9): Que vista para fallo y sometida a estudio que fue la presente acción de amparo, se denota que el concepto por el cual se alegan como violentados los derechos, no llega a alcanzar un estatus de trascendencia constitucional; pues consiste fundamentalmente en una discrepancia de la parte acusadora pública respecto a la tipología penal con que la Jurisdicción calificó los hechos en la Audiencia Inicial (delito de homicidio culposo del artículo 121 del Código Penal), y por lo cual considera el amparista (delito de homicidio simple del artículo 116 del Código Penal); en lo cual se denotaría, según el amparista, una infundada apreciación del derecho aplicable al caso concreto, por parte del Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, examinado que fue el contenido de la demanda de amparo, respecto a la resolución objeto de la presente garantía constitucional, se desprende claramente que la jurisdicción ordinaria ha fallado dentro del ámbito de su competencia, emitiendo un auto de formal procesamiento asertivo de una pluralidad de delitos en las personas de los servidores policiales concernidos; auto que por su naturaleza es provisional y no causa estado, según ha establecido pacífica y consistente jurisprudencia constitucional.- CONSIDERANDO (10): Que en definitiva, tal planteamiento del amparista, propendería a tener cierta validez si este tipo de resoluciones, que por su propia naturaleza se limitan a encauzar formalmente el requerimiento fiscal y a dar formal apertura al proceso, resultaren definitivas e irreversibles; lo cual no se compadece de las posibilidades procesales de que goza el Ente fiscal en el derecho procesal penal hondureño; en el cual, por el principio de congruencia, no enerva la vigencia de los derechos constitucionales invocados, ni la prosecución normal del proceso a la luz del principio mixto, o modelo pro acusatorio de justicia penal, que actualmente rige.[2] Por todo lo antes expresado, para la Sala de lo Constitucional tal demanda de amparo deviene improcedente, pues se ha determinado la concurrencia de la causal de inadmisibilidad precavida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, cuando el recurso de amparo se soporte sobre alegaciones de mera legalidad; por lo cual, procede dictar el inmediato sobreseimiento de la presente acción constitucional de Amparo"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de abril del dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado GERMAN DAVID REYES PAVON, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, en fecha catorce (14) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), que declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Unificado de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, en fecha veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017); en la causa instruida contra los señores ISAIAS SANCHEZ RAMIREZ y FREDY ANDONY MANCHAME LEON, por suponerlos responsables de los delitos de HOMICIDIO CULPOSO, ABUSO DE AUTORIDAD y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio del señor WILLI SEBASTIAN ALVEZ HENRIQUEZ y la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO, RESPECTIVAMENTE.- Estimando el recurrente que la decisión del Ad-Quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 59, 65, 68, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha diecisiete (17) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras Unificado de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, el Abogado GERMAN DAVID REYES PAVON, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los Señores ISAIAS SANCHEZ RAMIREZ y FREDY ANDONY MANCHAME LEON, por suponerlos responsables de los delitos de HOMICIDIO CULPOSO, ABUSO DE AUTORIDAD y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio del Señor WILLI SEBASTIAN ALVEZ HENRIQUEZ y la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO, RESPECTIVAMENTE. (Folios 1–8 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia)- 2) Que en fecha veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), en la Audiencia Inicial el citado Juzgado, Resolvió: (SIC) “1.- DECRETAR AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra de los imputados ISAIAS SANCHEZ RAMIREZ Y FREDY ADONY MANCHAME LEON, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO CULPOSO en perjuicio de WILLI SEBASTIAN ALVES HENRIQUEZ y por el delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS y ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA.- HECHO: Que tuvo verificativo día miércoles trece de septiembre del año dos mil diecisiete siendo aproximadamente las seis y treinta minutos de la tarde, en el municipio de macuelizo, departamento de Santa Bárbara.- 2.-DECRETAR a los imputados ISAIAS SANCHEZ RAMIREZ Y FREDY ADONY MANCHAME LEON, la Medida Cautelar contenidos en los articulo 6, 7, 9 consistente en: A) la presentación voluntaria ante este Juzgado de Letras Unificado los días viernes de cada semana y que el secretario lleve un control sobre el cumplimiento de dicha medida, B) se le prohíbe a los imputados la salida del país para lo cual líbrese la alerta migratoria, C) se le prohíbe a los imputados comunicarse con los ofendidos, por el término de UN AÑO, contemplada en el artículo 173 numeral 3 del Código Procesal Penal.- 3.- Se declara sin lugar el sobreseimiento provisional solicitado por la defensa de los imputados y el auto de formal procesamiento por el delito es homicidio simple solicitado por el ministerio publico.” (Folios 170–181 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia)- 3) Que conociendo de los recursos de apelación interpuesto por: 1) El Abogado GERMAN DAVID REYES PAVON, en su condición de fiscal del Ministerio Público (MP); y 2) El Abogado HECTOR MANUEL TENORIO GONZALEZ, en su condición de apoderado legal de los Señores ISAIAS SANCHEZ RAMIREZ y FREDY ANDONY MANCHAME LEON; en fecha catorce (14) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, Resolvió: (SIC) “PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público Abogado GERMAN DAVID REYES PAVON.- SEGUNDO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el defensor privado Abogado HECTOR MANUEL TENORIO GONZALEZ, en contra de la resolución de fecha Veinticuatro (24) de noviembre del Año Dos Mil Diecisiete (2017), dictada por la señora Juez del Juzgado de Letras Unificado, de esta sección judicial de Santa Bárbara, en el proceso que se instruye a los señores ISAIAS SANCHEZ RAMIREZ Y FREDY ADONY MANCHAME LEON, por suponerlos responsables de los delitos de HOMICIDIO CULPOSO, en perjuicio de WILLI SEBASTIAN ALVES HENRIQUEZ Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA.- TERCERO: Se confirma el auto impugnado.-”; lo cual tuvo como elemento de juicio principal que efectuada la actividad probatoria el Ad Quem estimaba que había tenido lugar la comisión de hechos de apariencia delictuosa, tipificados bajo las disposiciones contenidas en los artículos 32, 121, 349 numeral 3) del Código Penal, habida cuenta que los imputados en el momento de la persecución policial al joven WILLI SEBASTIAN ALVEZ HENRIQUEZ, los imputados omitieron tomar las precauciones del caso para evitar de que el perseguido excediera la velocidad, asumiendo el riesgo de que él se accidentara, tal como ocurrió; en conducta imprudente, por incumplir los procedimientos a utilizar en tal caso. De allí que le correspondería, en todo caso, al Ministerio Público, bajo el sistema procesal penal público acusatorio vigente, aportar la prueba de las imputaciones en juicio oral y público; correspondiendo a esta etapa del proceso el establecimiento, con los elementos probatorios examinados, de los indicios racionales. De todo lo cual se ha inferido razonablemente la participación de los imputados, en la comisión de los ilícitos por los cuales se les dictó auto de formal procesamiento. (Folios 6–14 de la pieza de antecedentes de Segunda Instancia)- 4) Que el Abogado GERMAN DAVID REYES PAVON, compareció ante este Tribunal en fecha cinco (5) de abril de dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 59, 65, 68, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1–13 del Presente Recurso)- 5) Que en fecha quince (15) de junio del año dos mil dieciocho (2018), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 36 del Presente Recurso)- CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece.- CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley.- CONSIDERANDO (3): Que la resolución reclamada en amparo por el Abogado GERMAN DAVID REYES PAVON, a favor del ESTADO DE HONDURAS, en su calidad de Agente de los Tribunales adscrito a la Fiscalía Especial para los Delitos de la Vida, es la dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, en fecha catorce (14) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), que declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Unificado de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, en fecha veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017); por la cual se le dicta auto de formal procesamiento a los señores ISAIAS SANCHEZ RAMIREZ y FREDY ANDONY MANCHAME LEON, por suponerles responsables de los delitos de HOMICIDIO CULPOSO, ABUSO DE AUTORIDAD y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio del señor WILLI SEBASTIAN ALVEZ HENRIQUEZ y la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO, respectivamente; de conformidad a los elementos de fundamentación y motivación jurídica descritos y circunstanciados en el numeral 3) de la presente sentencia.- CONSIDERANDO (4): Que el recurrente, Abogado GERMAN DAVID REYES PAVON en su calidad predicha, ha expuesto en la formalización del recurso que ratifica todos y cada uno de los puntos de hecho y derecho expresados en la interposición del recurso; manifestando a la vez su disconformidad respecto al contenido del auto de formal procesamiento dictado en la causa; y, en especial, por la calificación jurídico penal formulada a los mismos hechos por parte del Juzgado de Letras Unificado de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, en fecha veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), valoración jurídica que resultó refrendada en la resolución adoptada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Barbará, departamento de Santa Barbará, en fecha catorce (14) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), de la cual se viene ahora en amparo y por la cual se confirmó lo actuado.- CONSIDERANDO (5): Que es de observar que en el acápite de Derechos constitucionales vulnerados y el concepto de su violación, el amparista ha invocado los artículos 59, 65, 68, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República y censura de la sentencia impetrada la inobservancia a lo dispuesto en la ley penal y en el elenco probatorio ofrecido por la fiscalía del Ministerio Público en Audiencia Inicial; lo cual conllevó a una apreciación errónea en cuanto a la calificación del delito de homicidio como de tipo imprudencial (artículo 121 del Código Penal), de la que ahora se viene en Amparo; en lugar de calificar adecuadamente la conducta sub judice, como una de Homicidio Simple, tipificada en el artículo 116 del Código Penal vigente; lo cual tuvo lugar en vista a la ausencia de una valoración en conjunto y de manera armónica en la prueba, utilizando la sana crítica y limitándose únicamente a confirmar la resolución del Juzgado A Quo, violentando así el debido proceso; cuando ha quedado acreditado que la participación de los hoy imputados fue a título de Homicidio Simple con Dolo Eventual en lo cual difiere con la Juzgadora, no obstante compartir la valoración sobre toda la prueba en su conjunto.- CONSIDERANDO (6): Que, en definitiva, de todo lo antes expresado, encuentra el recurrente una confrontación entre lo actuado por el Ad Quem, decretando una incongruente declaratoria de formal procesamiento, subsumiendo los hechos bajo la calificación jurídico penal de HOMICIDIO CULPOSO, en lugar de HOMICIDIO SIMPLE CON DOLO EVENTUAL, como correspondería respecto a lo probado en autos y con especial atención a la doctrina dimanante del Prof. FRANCISCO MUÑOZ CONDE. Conforme a ésta y a la luz de su Teoría de la Probabilidad, al actuar los imputados de la forma riesgosa y dolosa en que lo hicieron, debió representárseles el resultado como un producto de muy probable realización, en frontera dogmática en el umbral más lejano o remoto de producción del resultado, como es la frontera con la imprudencia consiente (Sic.) o con representación. Lo anterior conllevaría a una flagrante violación del principio del debido proceso, así como de los principios constitucionales vinculados al fin supremo de la Sociedad y del Estado como es el principio de la dignidad humana, de la inviolabilidad de la vida humana, de la integridad personal; con relación a los principios fundantes de la adecuada Administración de Justicia, entre las cuales se encuentra el derecho de petición, de acceso a la justicia y de defensa de la víctima, la cual clama por una resolución justa y apegada a derecho. Por todo lo cual, procediendo la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, pide se tenga por formalizada la presente acción de Amparo y se otorgue, en definitiva, en vista a existir ultraje a los derechos reconocidos en la Constitución de la República invocados en la presente garantía constitucional.- CONSIDERANDO (7): Que la Sala de lo Constitucional es pilar fundamental para mantener el Estado de Derecho como guardián de la constitucionalidad de las leyes y protectora de la justicia constitucional, en ese orden de ideas garantiza el efectivo cumplimiento de la normativa constitucional y garantiza a los ciudadanos la protección de sus derechos fundamentales, manteniendo la supremacía constitucional, el reconocimiento, respeto y garantía del ejercicio de los Derechos Humanos contenidos en las convenciones y Tratados Internacionales que el Estado de Honduras, ha ratificado ajustando sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Carta Magna y en el ordenamiento jurídico en su conjunto.- CONSIDERANDO (8): Que, como una consideración preliminar, la Sala de lo Constitucional recuerda que la carga de la prueba de los hechos imputados, recae en la Acusación y, en este caso, en la fiscalía del Ministerio Público; siendo esa su responsabilidad primaria en el sistema acusatorio mixto o pro acusatorio, no la de la instancia jurisdiccional, cuya misión constitucional se enmarca en juzgar y ejecutar lo juzgado. Corresponde, pues, al Ente Fiscal por excelencia la alegación y demostración de los hechos que estime probados y la invocación del derecho cuya aplicación se considere subsume el caso concreto. Mientras tanto, corresponde a la judicatura, como lógico corolario, la conformación de la premisa fáctica (hechos probados), la constatación del derecho aplicable y la consecuencia lógico-jurídica que dimana válidamente de tal concatenación o inferencia. (“applicatio legis ad factum”).[1]- CONSIDERANDO (9): Que vista para fallo y sometida a estudio que fue la presente acción de amparo, se denota que el concepto por el cual se alegan como violentados los derechos, no llega a alcanzar un estatus de trascendencia constitucional; pues consiste fundamentalmente en una discrepancia de la parte acusadora pública respecto a la tipología penal con que la Jurisdicción calificó los hechos en la Audiencia Inicial (delito de homicidio culposo del artículo 121 del Código Penal), y por lo cual considera el amparista (delito de homicidio simple del artículo 116 del Código Penal); en lo cual se denotaría, según el amparista, una infundada apreciación del derecho aplicable al caso concreto, por parte del Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, examinado que fue el contenido de la demanda de amparo, respecto a la resolución objeto de la presente garantía constitucional, se desprende claramente que la jurisdicción ordinaria ha fallado dentro del ámbito de su competencia, emitiendo un auto de formal procesamiento asertivo de una pluralidad de delitos en las personas de los servidores policiales concernidos; auto que por su naturaleza es provisional y no causa estado, según ha establecido pacífica y consistente jurisprudencia constitucional.- CONSIDERANDO (10): Que en definitiva, tal planteamiento del amparista, propendería a tener cierta validez si este tipo de resoluciones, que por su propia naturaleza se limitan a encauzar formalmente el requerimiento fiscal y a dar formal apertura al proceso, resultaren definitivas e irreversibles; lo cual no se compadece de las posibilidades procesales de que goza el Ente fiscal en el derecho procesal penal hondureño; en el cual, por el principio de congruencia, no enerva la vigencia de los derechos constitucionales invocados, ni la prosecución normal del proceso a la luz del principio mixto, o modelo pro acusatorio de justicia penal, que actualmente rige.[2] Por todo lo antes expresado, para la Sala de lo Constitucional tal demanda de amparo deviene improcedente, pues se ha determinado la concurrencia de la causal de inadmisibilidad precavida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, cuando el recurso de amparo se soporte sobre alegaciones de mera legalidad; por lo cual, procede dictar el inmediato sobreseimiento de la presente acción constitucional de Amparo.- POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59, 62, 90, 183, 303, 313 No.5 y 316 de la Constitución de la República; 1, 11 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 46 numeral 1) y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: SOBRESEYENDO el recurso de amparo promovido por el Abogado GERMÁN DAVID REYES PAVÓN a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Barbará, departamento de Santa Barbará, en fecha catorce (14) de febrero del año dos mil dieciocho (2018). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada, REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece (13) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha tres (3) de abril del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0279-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

RTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de abril del dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado GERMAN DAVID REYES PAVON, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, en fecha catorce (14) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), que declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Unificado de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, en fecha veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017); en la causa instruida contra los señores ISAIAS SANCHEZ RAMIREZ y FREDY ANDONY MANCHAME LEON, por suponerlos responsables de los delitos de HOMICIDIO CULPOSO, ABUSO DE AUTORIDAD y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio del señor WILLI SEBASTIAN ALVEZ HENRIQUEZ y la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO, RESPECTIVAMENTE.- Estimando el recurrente que la decisión del Ad-Quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 59, 65, 68, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha diecisiete (17) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras Unificado de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, el Abogado GERMAN DAVID REYES PAVON, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los Señores ISAIAS SANCHEZ RAMIREZ y FREDY ANDONY MANCHAME LEON, por suponerlos responsables de los delitos de HOMICIDIO CULPOSO, ABUSO DE AUTORIDAD y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio del Señor WILLI SEBASTIAN ALVEZ HENRIQUEZ y la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO, RESPECTIVAMENTE. (Folios 1–8 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia)- 2) Que en fecha veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), en la Audiencia Inicial el citado Juzgado, Resolvió: (SIC) “1.- DECRETAR AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra de los imputados ISAIAS SANCHEZ RAMIREZ Y FREDY ADONY MANCHAME LEON, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO CULPOSO en perjuicio de WILLI SEBASTIAN ALVES HENRIQUEZ y por el delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS y ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA.- HECHO: Que tuvo verificativo día miércoles trece de septiembre del año dos mil diecisiete siendo aproximadamente las seis y treinta minutos de la tarde, en el municipio de macuelizo, departamento de Santa Bárbara.- 2.-DECRETAR a los imputados ISAIAS SANCHEZ RAMIREZ Y FREDY ADONY MANCHAME LEON, la Medida Cautelar contenidos en los articulo 6, 7, 9 consistente en: A) la presentación voluntaria ante este Juzgado de Letras Unificado los días viernes de cada semana y que el secretario lleve un control sobre el cumplimiento de dicha medida, B) se le prohíbe a los imputados la salida del país para lo cual líbrese la alerta migratoria, C) se le prohíbe a los imputados comunicarse con los ofendidos, por el término de UN AÑO, contemplada en el artículo 173 numeral 3 del Código Procesal Penal.- 3.- Se declara sin lugar el sobreseimiento provisional solicitado por la defensa de los imputados y el auto de formal procesamiento por el delito es homicidio simple solicitado por el ministerio publico.” (Folios 170–181 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia)- 3) Que conociendo de los recursos de apelación interpuesto por: 1) El Abogado GERMAN DAVID REYES PAVON, en su condición de fiscal del Ministerio Público (MP); y 2) El Abogado HECTOR MANUEL TENORIO GONZALEZ, en su condición de apoderado legal de los Señores ISAIAS SANCHEZ RAMIREZ y FREDY ANDONY MANCHAME LEON; en fecha catorce (14) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, Resolvió: (SIC) “PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público Abogado GERMAN DAVID REYES PAVON.- SEGUNDO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el defensor privado Abogado HECTOR MANUEL TENORIO GONZALEZ, en contra de la resolución de fecha Veinticuatro (24) de noviembre del Año Dos Mil Diecisiete (2017), dictada por la señora Juez del Juzgado de Letras Unificado, de esta sección judicial de Santa Bárbara, en el proceso que se instruye a los señores ISAIAS SANCHEZ RAMIREZ Y FREDY ADONY MANCHAME LEON, por suponerlos responsables de los delitos de HOMICIDIO CULPOSO, en perjuicio de WILLI SEBASTIAN ALVES HENRIQUEZ Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA.- TERCERO: Se confirma el auto impugnado.-”; lo cual tuvo como elemento de juicio principal que efectuada la actividad probatoria el Ad Quem estimaba que había tenido lugar la comisión de hechos de apariencia delictuosa, tipificados bajo las disposiciones contenidas en los artículos 32, 121, 349 numeral 3) del Código Penal, habida cuenta que los imputados en el momento de la persecución policial al joven WILLI SEBASTIAN ALVEZ HENRIQUEZ, los imputados omitieron tomar las precauciones del caso para evitar de que el perseguido excediera la velocidad, asumiendo el riesgo de que él se accidentara, tal como ocurrió; en conducta imprudente, por incumplir los procedimientos a utilizar en tal caso. De allí que le correspondería, en todo caso, al Ministerio Público, bajo el sistema procesal penal público acusatorio vigente, aportar la prueba de las imputaciones en juicio oral y público; correspondiendo a esta etapa del proceso el establecimiento, con los elementos probatorios examinados, de los indicios racionales. De todo lo cual se ha inferido razonablemente la participación de los imputados, en la comisión de los ilícitos por los cuales se les dictó auto de formal procesamiento. (Folios 6–14 de la pieza de antecedentes de Segunda Instancia)- 4) Que el Abogado GERMAN DAVID REYES PAVON, compareció ante este Tribunal en fecha cinco (5) de abril de dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 59, 65, 68, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1–13 del Presente Recurso)- 5) Que en fecha quince (15) de junio del año dos mil dieciocho (2018), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 36 del Presente Recurso)- CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece.- CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley.- CONSIDERANDO (3): Que la resolución reclamada en amparo por el Abogado GERMAN DAVID REYES PAVON, a favor del ESTADO DE HONDURAS, en su calidad de Agente de los Tribunales adscrito a la Fiscalía Especial para los Delitos de la Vida, es la dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, en fecha catorce (14) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), que declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Unificado de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, en fecha veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017); por la cual se le dicta auto de formal procesamiento a los señores ISAIAS SANCHEZ RAMIREZ y FREDY ANDONY MANCHAME LEON, por suponerles responsables de los delitos de HOMICIDIO CULPOSO, ABUSO DE AUTORIDAD y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio del señor WILLI SEBASTIAN ALVEZ HENRIQUEZ y la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO, respectivamente; de conformidad a los elementos de fundamentación y motivación jurídica descritos y circunstanciados en el numeral 3) de la presente sentencia.- CONSIDERANDO (4): Que el recurrente, Abogado GERMAN DAVID REYES PAVON en su calidad predicha, ha expuesto en la formalización del recurso que ratifica todos y cada uno de los puntos de hecho y derecho expresados en la interposición del recurso; manifestando a la vez su disconformidad respecto al contenido del auto de formal procesamiento dictado en la causa; y, en especial, por la calificación jurídico penal formulada a los mismos hechos por parte del Juzgado de Letras Unificado de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, en fecha veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), valoración jurídica que resultó refrendada en la resolución adoptada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Barbará, departamento de Santa Barbará, en fecha catorce (14) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), de la cual se viene ahora en amparo y por la cual se confirmó lo actuado.- CONSIDERANDO (5): Que es de observar que en el acápite de Derechos constitucionales vulnerados y el concepto de su violación, el amparista ha invocado los artículos 59, 65, 68, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República y censura de la sentencia impetrada la inobservancia a lo dispuesto en la ley penal y en el elenco probatorio ofrecido por la fiscalía del Ministerio Público en Audiencia Inicial; lo cual conllevó a una apreciación errónea en cuanto a la calificación del delito de homicidio como de tipo imprudencial (artículo 121 del Código Penal), de la que ahora se viene en Amparo; en lugar de calificar adecuadamente la conducta sub judice, como una de Homicidio Simple, tipificada en el artículo 116 del Código Penal vigente; lo cual tuvo lugar en vista a la ausencia de una valoración en conjunto y de manera armónica en la prueba, utilizando la sana crítica y limitándose únicamente a confirmar la resolución del Juzgado A Quo, violentando así el debido proceso; cuando ha quedado acreditado que la participación de los hoy imputados fue a título de Homicidio Simple con Dolo Eventual en lo cual difiere con la Juzgadora, no obstante compartir la valoración sobre toda la prueba en su conjunto.- CONSIDERANDO (6): Que, en definitiva, de todo lo antes expresado, encuentra el recurrente una confrontación entre lo actuado por el Ad Quem, decretando una incongruente declaratoria de formal procesamiento, subsumiendo los hechos bajo la calificación jurídico penal de HOMICIDIO CULPOSO, en lugar de HOMICIDIO SIMPLE CON DOLO EVENTUAL, como correspondería respecto a lo probado en autos y con especial atención a la doctrina dimanante del Prof. FRANCISCO MUÑOZ CONDE. Conforme a ésta y a la luz de su Teoría de la Probabilidad, al actuar los imputados de la forma riesgosa y dolosa en que lo hicieron, debió representárseles el resultado como un producto de muy probable realización, en frontera dogmática en el umbral más lejano o remoto de producción del resultado, como es la frontera con la imprudencia consiente (Sic.) o con representación. Lo anterior conllevaría a una flagrante violación del principio del debido proceso, así como de los principios constitucionales vinculados al fin supremo de la Sociedad y del Estado como es el principio de la dignidad humana, de la inviolabilidad de la vida humana, de la integridad personal; con relación a los principios fundantes de la adecuada Administración de Justicia, entre las cuales se encuentra el derecho de petición, de acceso a la justicia y de defensa de la víctima, la cual clama por una resolución justa y apegada a derecho. Por todo lo cual, procediendo la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, pide se tenga por formalizada la presente acción de Amparo y se otorgue, en definitiva, en vista a existir ultraje a los derechos reconocidos en la Constitución de la República invocados en la presente garantía constitucional.- CONSIDERANDO (7): Que la Sala de lo Constitucional es pilar fundamental para mantener el Estado de Derecho como guardián de la constitucionalidad de las leyes y protectora de la justicia constitucional, en ese orden de ideas garantiza el efectivo cumplimiento de la normativa constitucional y garantiza a los ciudadanos la protección de sus derechos fundamentales, manteniendo la supremacía constitucional, el reconocimiento, respeto y garantía del ejercicio de los Derechos Humanos contenidos en las convenciones y Tratados Internacionales que el Estado de Honduras, ha ratificado ajustando sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Carta Magna y en el ordenamiento jurídico en su conjunto.- CONSIDERANDO (8): Que, como una consideración preliminar, la Sala de lo Constitucional recuerda que la carga de la prueba de los hechos imputados, recae en la Acusación y, en este caso, en la fiscalía del Ministerio Público; siendo esa su responsabilidad primaria en el sistema acusatorio mixto o pro acusatorio, no la de la instancia jurisdiccional, cuya misión constitucional se enmarca en juzgar y ejecutar lo juzgado. Corresponde, pues, al Ente Fiscal por excelencia la alegación y demostración de los hechos que estime probados y la invocación del derecho cuya aplicación se considere subsume el caso concreto. Mientras tanto, corresponde a la judicatura, como lógico corolario, la conformación de la premisa fáctica (hechos probados), la constatación del derecho aplicable y la consecuencia lógico-jurídica que dimana válidamente de tal concatenación o inferencia. (“applicatio legis ad factum”).[3]- CONSIDERANDO (9): Que vista para fallo y sometida a estudio que fue la presente acción de amparo, se denota que el concepto por el cual se alegan como violentados los derechos, no llega a alcanzar un estatus de trascendencia constitucional; pues consiste fundamentalmente en una discrepancia de la parte acusadora pública respecto a la tipología penal con que la Jurisdicción calificó los hechos en la Audiencia Inicial (delito de homicidio culposo del artículo 121 del Código Penal), y por lo cual considera el amparista (delito de homicidio simple del artículo 116 del Código Penal); en lo cual se denotaría, según el amparista, una infundada apreciación del derecho aplicable al caso concreto, por parte del Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, examinado que fue el contenido de la demanda de amparo, respecto a la resolución objeto de la presente garantía constitucional, se desprende claramente que la jurisdicción ordinaria ha fallado dentro del ámbito de su competencia, emitiendo un auto de formal procesamiento asertivo de una pluralidad de delitos en las personas de los servidores policiales concernidos; auto que por su naturaleza es provisional y no causa estado, según ha establecido pacífica y consistente jurisprudencia constitucional.- CONSIDERANDO (10): Que en definitiva, tal planteamiento del amparista, propendería a tener cierta validez si este tipo de resoluciones, que por su propia naturaleza se limitan a encauzar formalmente el requerimiento fiscal y a dar formal apertura al proceso, resultaren definitivas e irreversibles; lo cual no se compadece de las posibilidades procesales de que goza el Ente fiscal en el derecho procesal penal hondureño; en el cual, por el principio de congruencia, no enerva la vigencia de los derechos constitucionales invocados, ni la prosecución normal del proceso a la luz del principio mixto, o modelo pro acusatorio de justicia penal, que actualmente rige.[4] Por todo lo antes expresado, para la Sala de lo Constitucional tal demanda de amparo deviene improcedente, pues se ha determinado la concurrencia de la causal de inadmisibilidad precavida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, cuando el recurso de amparo se soporte sobre alegaciones de mera legalidad; por lo cual, procede dictar el inmediato sobreseimiento de la presente acción constitucional de Amparo.- POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59, 62, 90, 183, 303, 313 No.5 y 316 de la Constitución de la República; 1, 11 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 46 numeral 1) y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: SOBRESEYENDO el recurso de amparo promovido por el Abogado GERMÁN DAVID REYES PAVÓN a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Barbará, departamento de Santa Barbará, en fecha catorce (14) de febrero del año dos mil dieciocho (2018). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada, REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece (13) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha tres (3) de abril del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0279-2018.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional

[1] Ver: “Casos difíciles, teoría del delito y doctrina de la imputación” de Pablo Sánchez-Ostiz, en ¿Casos difíciles o irresolubles?: Problemas esenciales de la Teoría del Delito desde el análisis de paradigmáticos casos jurisprudenciales, Fernando Miró Llinares (Director) / Samuel Rodríguez Ferrández (Coordinador). Dikynson S.L., Madrid, 2010. pp. 86-7.

[2] Ver lo que establece, para el caso, el articulado 337 del Código Procesal Penal respecto a la vinculación de los Juzgados y Tribunales al principio de congruencia de la sentencia con la acusación.

[3] Ver: “Casos difíciles, teoría del delito y doctrina de la imputación” de Pablo Sánchez-Ostiz, en ¿Casos difíciles o irresolubles?: Problemas esenciales de la Teoría del Delito desde el análisis de paradigmáticos casos jurisprudenciales, Fernando Miró Llinares (Director) / Samuel Rodríguez Ferrández (Coordinador). Dikynson S.L., Madrid, 2010. pp. 86-7.

[4] Ver lo que establece, para el caso, el articulado 337 del Código Procesal Penal respecto a la vinculación de los Juzgados y Tribunales al principio de congruencia de la sentencia con la acusación.