Sentencia AP-278-19 — Registro 11788
Resumen
Revocatoria de sobreseimiento provisional y ordena auto de formal procesamiento contra la imputada por el delito de Extorsión,en perjuicio del Testigo Protegido
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."La Sala, ha sido reiterativa en señalar, que no basta citar una norma constitucional como violentada, o enunciar derechos y su supuesto quebrantamiento o puesta en peligro, sino que es su deber desarrollar el motivo de amparo, aunque sea de manera mínima pero precisa, para dar a entender y explicar de manera fiable, las razones de su petición.[16] De igual manera, no es de recibo el motivo que se sustenta en la violación del derecho al debido proceso, el cual se vincula en este caso, con el derecho de presunción de inocencia. Básicamente, el censor argumenta que no existe prueba en contra de su patrocinada, restándole validez a la presentada en la audiencia inicial por el Ministerio Público. La Sala de lo Constitucional observa que el censor, no brinda ninguna razón o explicación para rechazar la validez de la prueba evacuada durante la audiencia inicial. Su alegato se reduce a señalar que existe insuficiencia probatoria por lo que no se alcanza a enervar la presunción de inocencia. En otras palabras, que no existe prueba suficiente para acreditar los presupuestos procesales que son necesarios para dictar el auto de formal procesamiento. Como ya fue explicado ampliamente antes, no corresponde a este alto tribunal de justicia valorar la prueba evacuada a efecto de determinar si concurren los presupuestos legitimadores del auto de formal procesamiento, en virtud de lo cual, dicho motivo no es de recibo. En la interposición y formalización de la garantía de amparo, el censor pretende que se apliquen al presente caso los presupuestos contenidos en el artículo 92 de la Constitución; sin embargo, menciona erróneamente los presupuestos procesales anteriores a la reforma, ya antes citada. Dicha equivocación no es baladí, si se toma en cuenta que la reforma constitucional del artículo 92, constituye un cambio rotundo en el enfoque con que el juzgador ha de valorar la prueba evacuada en la audiencia inicial. El contenido previo a la reforma se ajustaba a los requerimientos del sistema inquisitivo del Código de Procedimientos Penales; en cambio con la reforma, lo hace a las necesidades del Código Procesal Penal y por tanto del sistema acusatorio. Partiendo, y sin contradecir o confirmar, las mismas conclusiones a las que ha llegado la corte de apelaciones, este alto tribunal de justicia determina, que el análisis que se haga de la prueba durante la audiencia inicial, deberá hacerse desde la óptica que propone la reforma constitucional, o sea nada más la existencia de “una evidencia de prueba”; tomando en cuenta también, que es la audiencia del juicio oral y público donde se manifiesta en plenitud, el principio in dubio pro reo. Aclarando mejor lo anterior, el principio que rige la audiencia inicial es el in dubio pro societate y no el in dubio pro reo. Esto es, en virtud de que el análisis que se hace en esta etapa del proceso, no es de tipo condenatorio-absolutorio; sino que es para determinar si existen elementos indiciarios para continuar un proceso penal.[17] Durante la audiencia inicial, basta el establecimiento de una probabilidad para propiciar el auto de formal procesamiento; y durante el juicio oral y público es necesario acreditar con el grado de certeza. Con todo, el alegato del amparista se encamina, por una parte, a señalar la imposibilidad de acreditar el indicio racional de participación de su patrocinada (en los alcances del artículo 92 constitucional previo a la reforma), sin la declaración de la víctima como testigo. La Sala de acuerdo a lo planteado, advierte que en este caso el juzgador debe preguntarse, si la declaración de la víctima es un requisito esencial, un requisito sine qua non, sin el cual no podría dictarse auto de formal procesamiento. O si por el contrario, es posible que el juzgador pueda estimar probable, que se haya producido el delito; y además, obtener indicio de la participación de la encausada, mediante otros medios de prueba, distintos a la declaración de la víctima. La Sala, responde lo anterior, estimando que siempre es posible, en términos generales, obtener los medios objetivos que permitan inferir o deducir, según el caso, la evidencia probatoria de la existencia de delito y el indicio de participación, tal como lo indica el artículo 92 constitucional reformado, partiendo de una mínima actividad probatoria, exigida como suficiente, según el párrafo final del artículo 294 del Código Procesal Penal. El otro punto que ha sido debatido en el presente caso, es la presunta violación del derecho de defensa, causada por haberse dictado el auto de formal procesamiento, sin haber tenido el apoderado legal de la imputada, oportunidad de confrontar el testimonio de la presunta víctima, rendida en la audiencia preliminar ante juez competente. Ahora bien, lo que señala el garantista es que se violentó el derecho de defensa porque no se pudo confrontar directamente lo denunciado por la víctima; por consiguiente, pide que se estime esto, como un impedimento imposible de franquear, al punto que no permite lograr el convencimiento de que pudo probablemente existir una amenaza como parte de un delito de extorsión. La Sala opina distinto. El afirmar de manera absoluta y categórica que no se puede admitir, ni siquiera a nivel de probabilidad, la comisión de un delito, porque no se presentó la víctima a declarar como testigo; o que, por la misma razón, hubo violación del derecho de defensa, sería un juzgamiento a ultranza de la presunción de inocencia. Para este alto tribunal de justicia, el auto de formal procesamiento, no constituye una negación del derecho de presunción de inocencia, debido a que su naturaleza, no es más que, la actuación judicial que da curso a la continuación del proceso; tampoco es la confirmación absoluta de la imputación, porque eso corresponde hacerlo en el juicio oral y público. Como ya se expresó antes, para la Sala, se pueden obtener los presupuestos del auto de formal procesamiento con la evacuación de otros medios de prueba, distintos al de la declaración de la víctima; así mismo, no estima imprescindible ningún medio de prueba, si se logra con los aportados, establecer una probabilidad de que se ha cometido el delito y el indicio de participación del encausado. Siempre en relación con el derecho de defensa, la Sala observa que, en el presente caso, la prueba de cargo evacuada en la audiencia inicial para demostrar los hechos imputados, fue sometida toda al contradictorio, dándole la oportunidad a la defensa de desvirtuarla. En virtud de lo cual, la Sala tiene claro que la defensa tuvo control sobre toda la evidencia que permitió al juzgador adquirir conciencia de los hechos y del indicio de participación. Específicamente, tuvo oportunidad de controvertir lo relacionado con el dinero seriado en posesión de la encausada. Distinto es, tal como consta en autos, que la defensa no ha planteado siquiera, una tesis que se oponga a la sostenida por el Ministerio Público; o sea, una explicación distinta de dichos hechos, los cuales fueron tenidos como ciertos por la mayoría de magistrados de la corte de apelaciones, debido a que fueron demostrados con medios obtenidos en sede policial, y sometidos al contradictorio ante juez competente. Sumado a ello, el ahora garantista de amparo, no ha señalado tampoco, que habría logrado si se hubiese presentado a declarar la víctima, un dato o elemento que pudiese destruir la convicción de probabilidad del juzgador.
Las circunstancias de tiempo, lugar, modo, y sus detalles, que pudieron ser oídos de la víctima; así como su refutación por la defensa técnica de la indiciada, no son imprescindibles para alcanzar la convicción de que existe una posibilidad de que se haya cometido el delito; a menos que la defensa así lo expusiere y aclarara. Pero la defensa, en sus escritos de amparo, no explica la necesidad de confrontar a la víctima en la audiencia inicial, sino que se limita a señalar en abstracto, que su ausencia conculca el derecho de defensa de su patrocinada. La Sala, como resultado de esa falta de explicación, no alcanza a comprender, cómo la falta de detalles aportados por la víctima habría cambiado la percepción obtenida mediante otras pruebas, de que existe probabilidad de que se haya cometido un delito de extorsión; y además que esto violenta el derecho de defensa de la imputada. En otras palabras, comprender porque estos datos, tienen tanto peso en la decisión impugnada, que efectivamente, constituye una violación al derecho de defensa; si lo único que se requiere, para que se dicte un auto de formal procesamiento, es una mínima actividad probatoria, para establecer una evidencia probatoria de que hubo delito, e indicio racional de participación. El amparista, se ha limitado a señalar que hubo indefensión, pero sin lograr que este alto tribunal constate, la presencia de un daño real o inminente. Con tan pocos argumentos, el censor pretende un total ejercicio de subjetividad, que conduzca a concluir, sin ninguna razón, que de haber declarado la víctima se habría obtenido una convicción distinta a la expuesta en la decisión. La credibilidad de lo actuado y expresado por la policía y por el Ministerio Público, no fue puesta en duda, en ningún momento. En ese sentido, la Sala ha señalado en su jurisprudencia que la prueba obtenida en sede policial o en sede fiscal, tiene validez, salvo prueba en contrario que permita dudar de ella.[18] En conclusión, para la Sala de lo Constitucional, el derecho de defensa no se ha violentado, por cuanto la encausada, ha tenido oportunidad de alegar a su favor, cualquier explicación que pudiera conducir al juzgador, pensar de manera distinta a la que ha sido conducido por el Ministerio Público"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 92 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
..."La Sala, ha sido reiterativa en señalar, que no basta citar una norma constitucional como violentada, o enunciar derechos y su supuesto quebrantamiento o puesta en peligro, sino que es su deber desarrollar el motivo de amparo, aunque sea de manera mínima pero precisa, para dar a entender y explicar de manera fiable, las razones de su petición.[16] De igual manera, no es de recibo el motivo que se sustenta en la violación del derecho al debido proceso, el cual se vincula en este caso, con el derecho de presunción de inocencia. Básicamente, el censor argumenta que no existe prueba en contra de su patrocinada, restándole validez a la presentada en la audiencia inicial por el Ministerio Público. La Sala de lo Constitucional observa que el censor, no brinda ninguna razón o explicación para rechazar la validez de la prueba evacuada durante la audiencia inicial. Su alegato se reduce a señalar que existe insuficiencia probatoria por lo que no se alcanza a enervar la presunción de inocencia. En otras palabras, que no existe prueba suficiente para acreditar los presupuestos procesales que son necesarios para dictar el auto de formal procesamiento. Como ya fue explicado ampliamente antes, no corresponde a este alto tribunal de justicia valorar la prueba evacuada a efecto de determinar si concurren los presupuestos legitimadores del auto de formal procesamiento, en virtud de lo cual, dicho motivo no es de recibo. En la interposición y formalización de la garantía de amparo, el censor pretende que se apliquen al presente caso los presupuestos contenidos en el artículo 92 de la Constitución; sin embargo, menciona erróneamente los presupuestos procesales anteriores a la reforma, ya antes citada. Dicha equivocación no es baladí, si se toma en cuenta que la reforma constitucional del artículo 92, constituye un cambio rotundo en el enfoque con que el juzgador ha de valorar la prueba evacuada en la audiencia inicial. El contenido previo a la reforma se ajustaba a los requerimientos del sistema inquisitivo del Código de Procedimientos Penales; en cambio con la reforma, lo hace a las necesidades del Código Procesal Penal y por tanto del sistema acusatorio. Partiendo, y sin contradecir o confirmar, las mismas conclusiones a las que ha llegado la corte de apelaciones, este alto tribunal de justicia determina, que el análisis que se haga de la prueba durante la audiencia inicial, deberá hacerse desde la óptica que propone la reforma constitucional, o sea nada más la existencia de “una evidencia de prueba”; tomando en cuenta también, que es la audiencia del juicio oral y público donde se manifiesta en plenitud, el principio in dubio pro reo. Aclarando mejor lo anterior, el principio que rige la audiencia inicial es el in dubio pro societate y no el in dubio pro reo. Esto es, en virtud de que el análisis que se hace en esta etapa del proceso, no es de tipo condenatorio-absolutorio; sino que es para determinar si existen elementos indiciarios para continuar un proceso penal.[17] Durante la audiencia inicial, basta el establecimiento de una probabilidad para propiciar el auto de formal procesamiento; y durante el juicio oral y público es necesario acreditar con el grado de certeza. Con todo, el alegato del amparista se encamina, por una parte, a señalar la imposibilidad de acreditar el indicio racional de participación de su patrocinada (en los alcances del artículo 92 constitucional previo a la reforma), sin la declaración de la víctima como testigo. La Sala de acuerdo a lo planteado, advierte que en este caso el juzgador debe preguntarse, si la declaración de la víctima es un requisito esencial, un requisito sine qua non, sin el cual no podría dictarse auto de formal procesamiento. O si por el contrario, es posible que el juzgador pueda estimar probable, que se haya producido el delito; y además, obtener indicio de la participación de la encausada, mediante otros medios de prueba, distintos a la declaración de la víctima. La Sala, responde lo anterior, estimando que siempre es posible, en términos generales, obtener los medios objetivos que permitan inferir o deducir, según el caso, la evidencia probatoria de la existencia de delito y el indicio de participación, tal como lo indica el artículo 92 constitucional reformado, partiendo de una mínima actividad probatoria, exigida como suficiente, según el párrafo final del artículo 294 del Código Procesal Penal. El otro punto que ha sido debatido en el presente caso, es la presunta violación del derecho de defensa, causada por haberse dictado el auto de formal procesamiento, sin haber tenido el apoderado legal de la imputada, oportunidad de confrontar el testimonio de la presunta víctima, rendida en la audiencia preliminar ante juez competente. Ahora bien, lo que señala el garantista es que se violentó el derecho de defensa porque no se pudo confrontar directamente lo denunciado por la víctima; por consiguiente, pide que se estime esto, como un impedimento imposible de franquear, al punto que no permite lograr el convencimiento de que pudo probablemente existir una amenaza como parte de un delito de extorsión. La Sala opina distinto. El afirmar de manera absoluta y categórica que no se puede admitir, ni siquiera a nivel de probabilidad, la comisión de un delito, porque no se presentó la víctima a declarar como testigo; o que, por la misma razón, hubo violación del derecho de defensa, sería un juzgamiento a ultranza de la presunción de inocencia. Para este alto tribunal de justicia, el auto de formal procesamiento, no constituye una negación del derecho de presunción de inocencia, debido a que su naturaleza, no es más que, la actuación judicial que da curso a la continuación del proceso; tampoco es la confirmación absoluta de la imputación, porque eso corresponde hacerlo en el juicio oral y público. Como ya se expresó antes, para la Sala, se pueden obtener los presupuestos del auto de formal procesamiento con la evacuación de otros medios de prueba, distintos al de la declaración de la víctima; así mismo, no estima imprescindible ningún medio de prueba, si se logra con los aportados, establecer una probabilidad de que se ha cometido el delito y el indicio de participación del encausado. Siempre en relación con el derecho de defensa, la Sala observa que, en el presente caso, la prueba de cargo evacuada en la audiencia inicial para demostrar los hechos imputados, fue sometida toda al contradictorio, dándole la oportunidad a la defensa de desvirtuarla. En virtud de lo cual, la Sala tiene claro que la defensa tuvo control sobre toda la evidencia que permitió al juzgador adquirir conciencia de los hechos y del indicio de participación. Específicamente, tuvo oportunidad de controvertir lo relacionado con el dinero seriado en posesión de la encausada. Distinto es, tal como consta en autos, que la defensa no ha planteado siquiera, una tesis que se oponga a la sostenida por el Ministerio Público; o sea, una explicación distinta de dichos hechos, los cuales fueron tenidos como ciertos por la mayoría de magistrados de la corte de apelaciones, debido a que fueron demostrados con medios obtenidos en sede policial, y sometidos al contradictorio ante juez competente. Sumado a ello, el ahora garantista de amparo, no ha señalado tampoco, que habría logrado si se hubiese presentado a declarar la víctima, un dato o elemento que pudiese destruir la convicción de probabilidad del juzgador.
Las circunstancias de tiempo, lugar, modo, y sus detalles, que pudieron ser oídos de la víctima; así como su refutación por la defensa técnica de la indiciada, no son imprescindibles para alcanzar la convicción de que existe una posibilidad de que se haya cometido el delito; a menos que la defensa así lo expusiere y aclarara. Pero la defensa, en sus escritos de amparo, no explica la necesidad de confrontar a la víctima en la audiencia inicial, sino que se limita a señalar en abstracto, que su ausencia conculca el derecho de defensa de su patrocinada. La Sala, como resultado de esa falta de explicación, no alcanza a comprender, cómo la falta de detalles aportados por la víctima habría cambiado la percepción obtenida mediante otras pruebas, de que existe probabilidad de que se haya cometido un delito de extorsión; y además que esto violenta el derecho de defensa de la imputada. En otras palabras, comprender porque estos datos, tienen tanto peso en la decisión impugnada, que efectivamente, constituye una violación al derecho de defensa; si lo único que se requiere, para que se dicte un auto de formal procesamiento, es una mínima actividad probatoria, para establecer una evidencia probatoria de que hubo delito, e indicio racional de participación. El amparista, se ha limitado a señalar que hubo indefensión, pero sin lograr que este alto tribunal constate, la presencia de un daño real o inminente. Con tan pocos argumentos, el censor pretende un total ejercicio de subjetividad, que conduzca a concluir, sin ninguna razón, que de haber declarado la víctima se habría obtenido una convicción distinta a la expuesta en la decisión. La credibilidad de lo actuado y expresado por la policía y por el Ministerio Público, no fue puesta en duda, en ningún momento. En ese sentido, la Sala ha señalado en su jurisprudencia que la prueba obtenida en sede policial o en sede fiscal, tiene validez, salvo prueba en contrario que permita dudar de ella.[18] En conclusión, para la Sala de lo Constitucional, el derecho de defensa no se ha violentado, por cuanto la encausada, ha tenido oportunidad de alegar a su favor, cualquier explicación que pudiera conducir al juzgador, pensar de manera distinta a la que ha sido conducido por el Ministerio Público"
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 294 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."La Sala, ha sido reiterativa en señalar, que no basta citar una norma constitucional como violentada, o enunciar derechos y su supuesto quebrantamiento o puesta en peligro, sino que es su deber desarrollar el motivo de amparo, aunque sea de manera mínima pero precisa, para dar a entender y explicar de manera fiable, las razones de su petición.[16] De igual manera, no es de recibo el motivo que se sustenta en la violación del derecho al debido proceso, el cual se vincula en este caso, con el derecho de presunción de inocencia. Básicamente, el censor argumenta que no existe prueba en contra de su patrocinada, restándole validez a la presentada en la audiencia inicial por el Ministerio Público. La Sala de lo Constitucional observa que el censor, no brinda ninguna razón o explicación para rechazar la validez de la prueba evacuada durante la audiencia inicial. Su alegato se reduce a señalar que existe insuficiencia probatoria por lo que no se alcanza a enervar la presunción de inocencia. En otras palabras, que no existe prueba suficiente para acreditar los presupuestos procesales que son necesarios para dictar el auto de formal procesamiento. Como ya fue explicado ampliamente antes, no corresponde a este alto tribunal de justicia valorar la prueba evacuada a efecto de determinar si concurren los presupuestos legitimadores del auto de formal procesamiento, en virtud de lo cual, dicho motivo no es de recibo. En la interposición y formalización de la garantía de amparo, el censor pretende que se apliquen al presente caso los presupuestos contenidos en el artículo 92 de la Constitución; sin embargo, menciona erróneamente los presupuestos procesales anteriores a la reforma, ya antes citada. Dicha equivocación no es baladí, si se toma en cuenta que la reforma constitucional del artículo 92, constituye un cambio rotundo en el enfoque con que el juzgador ha de valorar la prueba evacuada en la audiencia inicial. El contenido previo a la reforma se ajustaba a los requerimientos del sistema inquisitivo del Código de Procedimientos Penales; en cambio con la reforma, lo hace a las necesidades del Código Procesal Penal y por tanto del sistema acusatorio. Partiendo, y sin contradecir o confirmar, las mismas conclusiones a las que ha llegado la corte de apelaciones, este alto tribunal de justicia determina, que el análisis que se haga de la prueba durante la audiencia inicial, deberá hacerse desde la óptica que propone la reforma constitucional, o sea nada más la existencia de “una evidencia de prueba”; tomando en cuenta también, que es la audiencia del juicio oral y público donde se manifiesta en plenitud, el principio in dubio pro reo. Aclarando mejor lo anterior, el principio que rige la audiencia inicial es el in dubio pro societate y no el in dubio pro reo. Esto es, en virtud de que el análisis que se hace en esta etapa del proceso, no es de tipo condenatorio-absolutorio; sino que es para determinar si existen elementos indiciarios para continuar un proceso penal.[17] Durante la audiencia inicial, basta el establecimiento de una probabilidad para propiciar el auto de formal procesamiento; y durante el juicio oral y público es necesario acreditar con el grado de certeza. Con todo, el alegato del amparista se encamina, por una parte, a señalar la imposibilidad de acreditar el indicio racional de participación de su patrocinada (en los alcances del artículo 92 constitucional previo a la reforma), sin la declaración de la víctima como testigo. La Sala de acuerdo a lo planteado, advierte que en este caso el juzgador debe preguntarse, si la declaración de la víctima es un requisito esencial, un requisito sine qua non, sin el cual no podría dictarse auto de formal procesamiento. O si por el contrario, es posible que el juzgador pueda estimar probable, que se haya producido el delito; y además, obtener indicio de la participación de la encausada, mediante otros medios de prueba, distintos a la declaración de la víctima. La Sala, responde lo anterior, estimando que siempre es posible, en términos generales, obtener los medios objetivos que permitan inferir o deducir, según el caso, la evidencia probatoria de la existencia de delito y el indicio de participación, tal como lo indica el artículo 92 constitucional reformado, partiendo de una mínima actividad probatoria, exigida como suficiente, según el párrafo final del artículo 294 del Código Procesal Penal. El otro punto que ha sido debatido en el presente caso, es la presunta violación del derecho de defensa, causada por haberse dictado el auto de formal procesamiento, sin haber tenido el apoderado legal de la imputada, oportunidad de confrontar el testimonio de la presunta víctima, rendida en la audiencia preliminar ante juez competente. Ahora bien, lo que señala el garantista es que se violentó el derecho de defensa porque no se pudo confrontar directamente lo denunciado por la víctima; por consiguiente, pide que se estime esto, como un impedimento imposible de franquear, al punto que no permite lograr el convencimiento de que pudo probablemente existir una amenaza como parte de un delito de extorsión. La Sala opina distinto. El afirmar de manera absoluta y categórica que no se puede admitir, ni siquiera a nivel de probabilidad, la comisión de un delito, porque no se presentó la víctima a declarar como testigo; o que, por la misma razón, hubo violación del derecho de defensa, sería un juzgamiento a ultranza de la presunción de inocencia. Para este alto tribunal de justicia, el auto de formal procesamiento, no constituye una negación del derecho de presunción de inocencia, debido a que su naturaleza, no es más que, la actuación judicial que da curso a la continuación del proceso; tampoco es la confirmación absoluta de la imputación, porque eso corresponde hacerlo en el juicio oral y público. Como ya se expresó antes, para la Sala, se pueden obtener los presupuestos del auto de formal procesamiento con la evacuación de otros medios de prueba, distintos al de la declaración de la víctima; así mismo, no estima imprescindible ningún medio de prueba, si se logra con los aportados, establecer una probabilidad de que se ha cometido el delito y el indicio de participación del encausado. Siempre en relación con el derecho de defensa, la Sala observa que, en el presente caso, la prueba de cargo evacuada en la audiencia inicial para demostrar los hechos imputados, fue sometida toda al contradictorio, dándole la oportunidad a la defensa de desvirtuarla. En virtud de lo cual, la Sala tiene claro que la defensa tuvo control sobre toda la evidencia que permitió al juzgador adquirir conciencia de los hechos y del indicio de participación. Específicamente, tuvo oportunidad de controvertir lo relacionado con el dinero seriado en posesión de la encausada. Distinto es, tal como consta en autos, que la defensa no ha planteado siquiera, una tesis que se oponga a la sostenida por el Ministerio Público; o sea, una explicación distinta de dichos hechos, los cuales fueron tenidos como ciertos por la mayoría de magistrados de la corte de apelaciones, debido a que fueron demostrados con medios obtenidos en sede policial, y sometidos al contradictorio ante juez competente. Sumado a ello, el ahora garantista de amparo, no ha señalado tampoco, que habría logrado si se hubiese presentado a declarar la víctima, un dato o elemento que pudiese destruir la convicción de probabilidad del juzgador.
Las circunstancias de tiempo, lugar, modo, y sus detalles, que pudieron ser oídos de la víctima; así como su refutación por la defensa técnica de la indiciada, no son imprescindibles para alcanzar la convicción de que existe una posibilidad de que se haya cometido el delito; a menos que la defensa así lo expusiere y aclarara. Pero la defensa, en sus escritos de amparo, no explica la necesidad de confrontar a la víctima en la audiencia inicial, sino que se limita a señalar en abstracto, que su ausencia conculca el derecho de defensa de su patrocinada. La Sala, como resultado de esa falta de explicación, no alcanza a comprender, cómo la falta de detalles aportados por la víctima habría cambiado la percepción obtenida mediante otras pruebas, de que existe probabilidad de que se haya cometido un delito de extorsión; y además que esto violenta el derecho de defensa de la imputada. En otras palabras, comprender porque estos datos, tienen tanto peso en la decisión impugnada, que efectivamente, constituye una violación al derecho de defensa; si lo único que se requiere, para que se dicte un auto de formal procesamiento, es una mínima actividad probatoria, para establecer una evidencia probatoria de que hubo delito, e indicio racional de participación. El amparista, se ha limitado a señalar que hubo indefensión, pero sin lograr que este alto tribunal constate, la presencia de un daño real o inminente. Con tan pocos argumentos, el censor pretende un total ejercicio de subjetividad, que conduzca a concluir, sin ninguna razón, que de haber declarado la víctima se habría obtenido una convicción distinta a la expuesta en la decisión. La credibilidad de lo actuado y expresado por la policía y por el Ministerio Público, no fue puesta en duda, en ningún momento. En ese sentido, la Sala ha señalado en su jurisprudencia que la prueba obtenida en sede policial o en sede fiscal, tiene validez, salvo prueba en contrario que permita dudar de ella.[18] En conclusión, para la Sala de lo Constitucional, el derecho de defensa no se ha violentado, por cuanto la encausada, ha tenido oportunidad de alegar a su favor, cualquier explicación que pudiera conducir al juzgador, pensar de manera distinta a la que ha sido conducido por el Ministerio Público"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 92 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 294 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de octubre de dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de amparo interpuesta por el abogado RAMÓN MATAMOROS, a favor de la señora WALESKA NOHEMÍ MARTÍNEZ SÁNCHEZ, contra la resolución emitida en fecha quince de febrero de dos mil diecinueve, por la honorable Corte de Apelaciones de lo Penal con competencia nacional en materia de extorsión, mediante la cual declaró por mayoría de votos ha lugar el recurso de apelación y revocó el sobreseimiento provisional dictado en fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve, por el Juzgado de Letras Penal competencia nacional en materia de extorsión. Con relación a la causa instruida contra la señora WALESKA NOHEMÍ MARTÍNEZ SÁNCHEZ por suponerla responsable del delito de EXTORSIÓN en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO BP-002. Estima el censor que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representada lo establecido en los artículos 89, 90 y 92 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES PROCESALES. 1. En fecha quince de enero del año dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras penal competencia nacional en materia de extorsión, el abogado DAVGUIL SALGUERO, actuando en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra la señora WALESKA NOHEMÍ MARTÍNEZ SÁNCHEZ, por suponerla responsable del delito de EXTORSIÓN en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO BP-002. 2. En fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve, en la audiencia inicial el juzgado de letras citado: RESUELVE DECRETAR: “1. SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor de la señora WALESKA NOHEMÍ MARTÍNEZ SÁNCHEZ, por el delito de EXTORSIÓN en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO BP-002…” (Folios 28 al 32 de la primera pieza de antecedentes). 3. En fecha quince de febrero de dos mil diecinueve, la Corte de Apelaciones de lo Penal con competencia nacional en materia de extorsión, RESUELVE: “PRIMERO: Declarar HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público. SEGUNDO: REVOCAR la resolución recurrida, en consecuencia, se ordena que el a quo proceda a emitir el AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra la imputada WALESKA NOHEMÍ MARTÍNEZ SÁNCHEZ por el delito de EXTORSIÓN, en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO BP-002 y se continúe con el desarrollo normal del proceso.” 4. En fecha veintiséis de marzo del año dos mil diecinueve, compareció el recurrente abogado RAMÓN MATAMOROS, ante este alto tribunal de justicia, reclamando amparo a favor de la señora WALESKA NOHEMÍ MARTÍNEZ SÁNCHEZ, afirmando que la decisión del ad quem, de fecha quince de febrero de dos mil diecinueve, es violatoria de lo dispuesto en artículos 89, 90 y 92 de la Constitución de la República. 5. En fecha diez de junio del año dos mil diecinueve, esta Sala tuvo por formalizada por parte del amparista su acción y ordenó seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el artículo 54 de la Ley sobre Justicia Constitucional, omitiendo la vista al fiscal del despacho conforme lo prescrito por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. CONSIDERANDO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. De conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. CONSIDERANDO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3].- CONSIDERANDO TRES (3). Resumen de la formalización de la presente garantía, con relación a los alegatos del garantista, denunciando violación de los artículos 89, 90 y 92 de la Constitución de la República. El garantista expresa que estima quebrantados los derechos de retroactividad de la ley en materia penal, presunción de inocencia y debido proceso, al igual que los presupuestos del auto de formal procesamiento, contenidos todos en la Constitución de la República. De manera resumida, la Sala establece que los fundamentos para solicitar amparo se han presentado de la siguiente manera. Señala la violación al debido proceso por vía del derecho a la presunción de inocencia. Sobre esto, afirma que, para enervar dicha presunción, se hace necesario aportar prueba de cargo suficiente que acredite la existencia del hecho punible y sobre la culpabilidad del acusado en dicho hecho. Refiriéndose al caso concreto, reclama que la prueba de cargo no establece cual fue la dinámica de lo ocurrido. Por el contrario, señala que la sospecha que recae sobre su patrocinada, surge por una denuncia y el testimonio de un testigo referencial, quien tomó la denuncia en sede administrativa, por lo que no es válida, al no haberse rendido ante juez competente. En relación con los presupuestos procesales para dictar el auto de formal procesamiento, señala que el sobreseimiento provisional se revocó sin prueba suficiente, que permita un grado de probabilidad para decretar dicho auto. Establece que, durante la audiencia inicial, en lugar de presentarse la prueba mínima necesaria, no se presentó ninguna, señalando además que la prueba debe tener la solidez suficiente para que de ella se derive el hecho, que se pretende acreditar. En su opinión, ha quedado intacta la presunción de inocencia debido a que el ente acusador no acreditó la comisión del delito, ni tampoco autoría alguna, por lo que se debe revocar la resolución dictada por la mayoría de votos de los magistrados de la corte de apelaciones. En la interposición de la garantía de amparo, el censor relata dentro de los hechos, que la corte de apelaciones determinó revocar el sobreseimiento provisional dictado por el iudex a quo, debido a que el fiscal al momento de expresar agravios en apelación, alegó que el testigo protegido e identificado con la clave BP-002 no se presentó a la audiencia señalada, en virtud de que recibió amenazas por familiares de la sospechosa; y, de lo cual, la agente de la FNAMP Daniela Salgado, expresaría al momento de rendir declaración, en vista de que fue ella la que investigó el caso. En virtud de lo cual, señala el censor, fueron presentados como medios de prueba, la denuncia por escrito interpuesta por la testigo en sede administrativa; acta de seriado de dinero, junto a fotografías; acta de registro personal y de decomiso; acta de reconocimiento fotográfico, así como la declaración de la agente de la FNAMP, Daniela Salgado. Siendo admitidos dichos medios de prueba, en el que la agente declara en primer lugar, que cuando ella fue a buscar al testigo en el negocio, éste no estaba, ya que había recibido amenazas por parte de familiares de la sospechosa. Siempre, en el escrito de interposición, el censor al momento de argumentar la violación de los derechos que invoca, expone sobre la obligación que las autoridades judiciales tienen de garantizar el debido proceso, con todo lo que este derecho involucra. Hace especial referencia a la presunción de inocencia, la cual impone al Ministerio Público, la obligación de presentar prueba de cargo suficiente; así mismo, expresa que en este caso, a su juicio no ha sido enervada la presunción de inocencia de su defendida. Agrega, que el derecho de presunción de inocencia exige del Estado que se abstenga de condenar informalmente a una persona o emitido juicio ante la sociedad, de forma tal que provoque en su contra opinión pública adversa, mientras no se acredite conforme a la ley la responsabilidad penal de aquella. El censor señala que, en el proceso penal de mérito, fueron evacuados los medios de investigación siguientes: denuncia, un acta de seriado de dinero, un acta de vigilancia, acta de registro y decomiso, y la declaración del agente de investigación, medios pruebas que admite, fueron útiles para iniciar el proceso investigativo, pero que en su opinión, no son suficientes para establecer la existencia del hecho. El amparista señala la incomparecencia de la supuesta víctima y que únicamente concurrió una agente de investigación, la cual es sólo una testigo referencial, ya que no percibió con sus sentidos el hecho criminoso. Además de la mencionada incomparecencia, el censor señala, la inexistencia de un reconocimiento que incrimine a su defendida, como la persona que exigía la entrega de dinero. Esa falta de reconocimiento, dice el amparista, excluye hacer cargo a su patrocinada de las pruebas de seriado de dinero, y el acta de decomiso en la cual se le señala como la persona a quien se le encontró en posesión de dicho dinero. Reclama que no hubo una plena identificación de la encartada, por parte de la víctima, por lo que sólo existe a su juicio, una simple sospecha. El censor califica la probabilidad, como un punto entre la certeza y la duda, o sea el estado mental del juez, en el cual no está completamente convencido, de forma que lo lleva a señalar nada más, que es probable que el hecho haya existido y que el imputado sea su autor. Luego explica la probabilidad positiva, distinguiéndola de la negativa, en que una apunta hacia establecer la posibilidad de que haya ocurrido el hecho del que no haya ocurrido, al igual que el extremo de su autoría.
Sigue manifestando que en el caso de la probabilidad negativa se produce el sobreseimiento, y que en caso de que no sea posible incorporar nuevos datos a la investigación, deberá ser sobreseimiento definitivo. Refiriéndose ya al caso de mérito, señala que se dé la probabilidad, habida cuenta de la prueba evacuada no establece lo ocurrido. En referencia al alcance del artículo 92 constitucional, señala que éste exige la plena prueba de la existencia del delito y el indicio racional de quien es su autor. Luego explica que cabrá dictar sobreseimiento provisional, de conformidad a lo que establece el artículo 294 del Código Procesal Penal, si no obstante, hay plena prueba de la comisión del delito, no hay indicio racional de que el imputado haya participado en el mismo, pero las pruebas presentadas dan margen para sospechar que si la tuvo, y que existe; además se dé la posibilidad de que en el futuro, se incorporen nuevos elementos de prueba, los cuales deben señalarse de manera concreta en la resolución respectiva. El censor explica que la sospecha, tiene un grado de conocimiento inferior a la probabilidad, y que la prueba que se debe presentar en la audiencia inicial, debe ser menor a los indicios mínimos de la probabilidad; pero que, en el presente caso, la presentada sólo conduce a sospecha, por lo que se debe de dictar un sobreseimiento provisional. Establece que la presunción de inocencia no es un derecho que sólo opera para el juicio oral y público, sino para todas las etapas del proceso penal. Con la revocatoria del sobreseimiento provisional en las condiciones del presente caso y el consecuente decreto de auto de formal procesamiento, se produce la violación de los derechos invocados, debido a que no se ha cumplido con la mínima actividad probatoria que exige la normativa procesal penal para la audiencia inicial. Reclama que se debe atender al principio lógico de derivación, o sea, dice el censor que la prueba debe ser mínima pero suficiente, por lo que, aunque se hayan presentado documentos sobre la supuesta existencia del hecho, no se probó la probabilidad de la participación de su representada; pues la declaración de la agente de investigación es meramente referencial, pues sólo acompañó a la supuesta víctima en la interposición de la denuncia y al seriado de dinero. El hallazgo del dinero seriado, en poder de la imputada, constituye una mera sospecha de participación, la cual sólo puede tenerse, si existió un hecho típico de extorsión, porque al no contarse con la declaración de la víctima como testigo, no habría prueba de la probabilidad de participación necesaria para decretar el auto de formal procesamiento. Sin víctima y sin perjuicio a ésta, no hay nada que perseguir. La declaración de que hubo denuncia de extorsión no es prueba suficiente y sólo hace prueba la declaración rendida ante juez competente, por lo que la declaración rendida por la supuesta víctima en instancia administrativa no es prueba. Señala que la falta de comparecencia de la supuesta víctima a la audiencia; y, sólo tomar en cuenta su declaración en instancia administrativa, es violatorio del derecho de defensa, en virtud de que se le privó la oportunidad de ser repreguntada y aclarar lo ocurrido. Finalmente, el amparista menciona que el auto de formal procesamiento exige también la imposición de una medida cautelar, pero al revocarse el sobreseimiento provisional implica que a su defendida no se le imponga ninguna, pues como se explicó anteriormente no concurren los elementos necesarios para dictar el auto de formal procesamiento en su contra. Razón por la cual acude en amparo. CONSIDERANDO CUATRO (4). Resumen de la fundamentación de la resolución que se impugna por vía de amparo constitucional. La honorable Corte de Apelaciones de lo Penal con competencia nacional en materia de extorsión, por mayoría de votos resolvió declarar ha lugar el recurso de apelación, revocando el sobreseimiento provisional dictado por el iudex a quo, y ordenándole en consecuencia a éste que proceda a dictar el auto de formal procesamiento a la imputada Waleska Nohemí Martínez Sánchez por el delito de extorsión. 1. Motivación y fundamentos del voto mayoritario.[4] De la motivación y fundamentos de derecho plasmados en la decisión mayoritaria, se destacan y resumen los elementos que a continuación se exponen. La corte de apelaciones menciona, que el Ministerio Público al expresar agravios, solicitó que, aunque no se haya presentado la víctima a la audiencia inicial, para rendir testimonio como testigo protegido, no debe ser causa para que el juez no haya procedido a valorar en su conjunto, la prueba testifical y otras documentales, tendientes a acreditar el delito de extorsión. El fiscal al hacer esto, no deja de mencionar que la no comparecencia fue debido a que la víctima o testigo protegida, fue amenazada por familiares de la encausada. Por otra parte, la corte, recoge la respuesta del Ministerio Público al señalamiento del iudex a quo, quien estimó insoslayable la comparecencia de la víctima como testigo, basándose en lo establecido por el artículo 88 constitucional, el cual dispone que sólo es válida la declaración testifical rendida ante juez competente, y por ende el agente de tribunales debió proporcionar seguridad al testigo protegido y buscarle en su casa para asegurar su comparecencia en la audiencia. El fiscal expresó como agravio, que no había tenido noticia de las amenazas, sino un día antes de la audiencia, cuando no pudo localizar al testigo, pero que existen otros momentos procesales para obtener la declaración de ésta, inclusive en la etapa del juicio oral y público. En vista de estas razones expuestas por la fiscalía, la corte de apelaciones colige que el juez a quo estimó la concurrencia de los presupuestos necesarios para tener por cierta la existencia de un tipo penal o comisión de delito, ya que las pruebas aportadas lo demuestran, pero que no le quedó clara la participación de la imputada, debido a que en su opinión o propio parecer, resulta imprescindible como juez, recibir la declaración de la víctima o testigo protegido, en virtud de lo preceptuado en el artículo 88 constitucional. La corte de apelaciones reconoce la importancia de la declaración de la víctima, la cual puede rendirse en cualquier etapa del proceso a efecto de ratificar los hechos de la imputación, a la sazón las amenazas y exigencia del dinero, así como su entrega y el proceso investigativo realizado, con el fin de volver más sólida la tesis acusatoria; no obstante, reconoce que dichos extremos, pueden ser acreditados en la audiencia inicial, con otros medios de prueba, distintos a la declaración de la víctima. Esto en consideración, a que, en esta etapa procesal, sólo es requerida la acreditación del mínimo indicio. Refiriéndose al caso en cuestión, la corte de apelaciones aprecia, que hubo una contradicción en el análisis del juez, al haber señalado, por una parte, que la prueba aportada fue suficiente para tener por acreditada la comisión de un delito, o sea sobre la amenaza y exigencia del dinero; pero por otra, que duda sobre quien participó en dichos hechos, cuando uno de dichos hechos es la de haber ido a recolectar el dinero producto de la extorsión, participación que se le sindica a la impetrada. Para la corte esto se acreditó con las pruebas indiciarias como la declaración de la agente Daniela Salgado que fue testigo presencial de este hecho, el acta de vigilancia que documentó dicho acto, el acta de registro personal y el acta de decomiso. Con relación al acta de seriado de dinero se documentó que fue ella quien a quien se le encontró el dinero entregado por la testigo protegida. De manera que, para la corte de apelaciones, aunque no se ha contado con la declaración de la víctima, ha quedado acreditado el indicio de participación con otros medios de prueba, citando en ese sentido la declaración de la agente de investigación y la prueba documental anteriormente detallada. Adiciona, que la declaración de la víctima como testigo, no resulta necesario para concederle o restarle credibilidad a la otra prueba aportada. La corte de apelaciones refiere, que la falta de credibilidad y suficiencia de la prueba aportada, debe ser objeto de motivación por parte del juez a quo; no basta por ende señalar que se descarta, únicamente porque no ha comparecido la víctima, cuyas razones de incomparecencia, por cierto, son motivo de investigación, entiéndase las amenazas presuntamente cometidas por familiares de la encartada. Recalca que la credibilidad de los medios de prueba evacuados en la audiencia, no se ve afectada, incluso, si se interpone una denuncia sobre dichas amenazas, o existe una investigación sobre ello, o si se le da protección a la víctima. Puntualiza que los indicios relativos a la existencia del hecho se desprenden de la declaración de la agente de investigación Daniela Salgado, quien fue asignada al caso en el momento en que la víctima o testigo protegida BP-002 interpuso la denuncia contra una persona de sexo femenino, quien mediante amenazas a muerte le exigió dinero a cambio de su vida mostrándole un cuchillo. La corte en su relación de hechos, señala que la agente nombrada al caso y que declaró en el juicio, en el momento de la interposición de la denuncia, le sugirió a la persona bajo extorsión, que preparara un paquete consistente en dos billetes de cien lempiras, los cuales fueron seriados y fotocopiados, constando esto en un acta levantada en la presencia de un fiscal del Ministerio Público. De todo lo anterior, la corte indica que se aportaron como medios de prueba documentales, la denuncia FNAMP-SUR-002-2019, el acta de seriado de dinero y el acta de vigilancia, mismas que se reafirman con lo dicho por la agente de investigación, quien actuó como testigo de referencia. Para la corte quedó demostrado de manera objetiva, la existencia de la denuncia y de los hechos denunciados, no siendo por tanto una invención de la agente. Es más, expresa la corte, que dicha agente fue quien acompañó precisamente a la víctima desde la interposición de la denuncia, en el seriado del dinero y en su entrega, actividades que fueron objeto de su deposición al momento de rendir declaración. Por lo que, para la corte de apelaciones, lo expresado por dicho testigo resulta confiable y ha sido confirmado con otros medios de prueba. La corte, hace énfasis en que el objeto de los agravios, no se dirige en contra de la existencia del hecho delictivo, sino de la participación. Luego expresa, que dicho elemento fue acreditado con la detención de la imputada, con la posesión del dinero previamente seriado y entregado por la ofendida. Destaca que fue dicha agente, Daniela Salgado, la testigo presencial de la entrega del dinero a la imputada por parte de la testigo protegida; así mismo, de la vigilancia, seguimiento, detención y registro a dicha imputada; y de la preparación de la evidencia y su posterior incautación, que coincidentemente es el dinero seriado y registrado en acta, quedando todo ello como prueba de la participación de la ciudadana Waleska Nohemí Martínez Sánchez.
La corte subsume la conducta de la imputada al tipo penal que se encuentra en el artículo 222 del Código Penal, que dice:
“Comete el delito de extorsión, quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de terceros, […]. La extorsión se considera consumada y responderán como autores con independencia de sí se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación, el que realice la amenaza, la exigencia o cualquier otro acto característico de cualquier modalidad extorsiva, así como quien participe en la recolección de dinero en forma personal, por medio de transferencias electrónicas o a través de sus cuentas en instituciones financieras, o reciba bienes así como cualquier tipo de beneficio producto del delito.” La corte de apelaciones aprecia, como conducta típica de este delito, obligar a una persona a hacer las diligencias necesarias para recabar una cantidad de dinero y entregarla, en perjuicio de su patrimonio o de terceros; así mismo no resulta necesario, para estimar consumada de la acción, que se haga entrega del dinero, sino que basta, únicamente su requerimiento; asimismo refiere, que se encuentra expresamente dispuesto, que se considera consumada la extorsión, y que, responderán como autores, tanto el que realice la amenaza, la exigencia o cualquier acto característico de cualquier modalidad extorsiva, así como quien participe en la recolección de dinero en forma personal, por medio de transferencia electrónica, o a través de sus cuentas en instituciones financieras, o reciba bienes; así como cualquier tipo de beneficio, producto del delito. No se requiere que se acredite participación en otras de las conductas, como ser: la amenaza o la exigencia del dinero y viceversa. Consigna la Corte además, que la ofendida le dijo a la agente, en el momento de interponer la denuncia, que la exigencia de entrega de una cantidad de dinero hecha por una mujer, era a cambio de su vida, con lo cual tiene por acreditada la comisión del delito de extorsión, aun cuando no se haya presentado a declarar la víctima en condición de testigo. Con relación a la cita que hizo el juez a quo del artículo 88 constitucional, y su apreciación de que era imprescindible que llegara a declarar la víctima a la audiencia inicial para acreditar la participación de la imputada en el delito, la corte de apelaciones opina que entonces no sería posible prestar ante el juez, declaraciones testificales en referencia, así como documentales u otro tipo de pruebas tendientes a la acreditación del hecho; lo que sería una desatención a lo que dispone el artículo 199 del Código Procesal Penal en cuanto dispone que los hechos y circunstancias relacionados con el delito objeto del proceso podrán ser demostrados utilizando cualquier medio probatorio, aunque no se encuentren expresamente regulados en el código, siempre que sean objetivamente confiables. En ese sentido, señala que existen las pruebas preconstituidas, refiriéndose a las obtenidas y documentadas por los agentes de investigación o el Ministerio Público, sin autorización judicial, para constatación de un delito; y que son válidas si no violan derechos o garantías. Verbigracia: los registros personales (artículo 206 del Código Procesal Penal), comiso (artículo 217 del Código Procesal Penal) y bajo el principio de libertad probatoria se encontraría también el seriado de dinero u la prueba testifical de referencia. Cita también como postura jurisprudencial de la Sala de lo Constitucional, la Sentencia AP-1278-2005[5], en la cual se establece, que esta etapa procesal, sirve únicamente para determinar la procedibilidad del caso y no la responsabilidad penal del imputado, quedando esta última decisión reservada para la etapa del juicio oral y público; asimismo declara la validez y admisibilidad de los elementos de investigación recabados en sede administrativa. La corte de apelaciones, cita los fragmentos siguientes de la sentencia anteriormente mencionada: “… los elementos de investigación o actos de investigación que se reúnen en esta etapa, aún no valen estrictamente como prueba, -entendiéndose como tal la que se reproduce en la etapa del juicio oral y público-, son suficientes y relevantes, salvo aporte de la defensa en contrario, para decidir sobre la procedencia de continuar el proceso y encausarlo hasta el juicio oral y público. CONSIDERANDO: Que esa veracidad y relevancia de los actos de investigación, es garantizada por disposición de la ley procesal penal; […] Sostener la tesis contraria en cuanto a que solamente las declaraciones testificales rendidas en la audiencia inicial pueden ser valoradas por el juez, conllevaría atribuirle a esa etapa del proceso las características propias de un minijuicio oral y público con todas sus consecuencias, …” La corte de apelaciones se acoge a lo dispuesto en el artículo 8.2.f. de la Convención Americana sobre derechos Humanos, admitiendo al respecto lo siguiente: “[es] un derecho de la defensa el interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos.” Hace esto, estimando que no es contradictorio a lo expresado por la Sala de lo Constitucional en el precedente jurisprudencial citado. Y en ese sentido se acoge a la tesis de la Sala, la cual opina que dicha norma es aplicable de manera irrestricta al juicio oral y público, donde se exige certeza y no es un examen de procedibilidad del caso, basado en la probabilidad ante la concurrencia de indicios mínimos. Por consiguiente, opina que así se debe interpretar también la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Agrega que, en todo caso, lo expresado no obsta para que el juez a quo en la audiencia inicial, atienda a respetar los derechos del imputado y el ejercicio del derecho de defensa, en cuanto al derecho de controvertir la tesis contraria, presentar objeciones o reclamaciones, aportar sus propios medios de prueba y a contrainterrogar a los testigos y peritos que se presentan en la audiencia, así como a interponer los recursos que sean necesarios. En virtud de lo desarrollado por la corte de apelaciones, ésta llega a la convicción, de que la valoración practicada por el juez a quo, de la declaración testifical de la agente Daniela Salgado, sin tomar en cuenta el conjunto de las otras pruebas evacuadas en la audiencia inicial, debido a que no se presentó a declarar la supuesta víctima del delito, es una decisión contraria a la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional y a lo dispuesto por el artículo 294 del Código Procesal Penal. Por otra parte, señala que cada etapa procesal impone exigencias probatorias distintas. Las etapas, preparatoria e intermedia, requieren que se acredite una probabilidad y la etapa del juicio oral y público, es requerido acreditar con grado de certeza, informando esta última etapa, el principio in dubio pro reo. En referencia al grado de certeza, la corte explica que la doctrina indica, que ésta consiste en la creencia racional que adquiere el juez de que algo existió o no; en tanto sobre la duda, cita a Cafferata Nores[6], quien afirmó que: “se deriva de un equilibrio entre los elementos que inducen a afirmar verdad y los elementos que inducen a negarla, todos ellos igualmente atendibles.” Sobre la probabilidad señala que ocurre cuando: ”la consistencia de elementos positivos y negativos permanezca, pero los elementos positivos sean superiores en fuerza conviccional a los negativos.”[7] Apunta que el artículo 294 citado, dispone que en la audiencia inicial debe efectuarse una mínima actividad probatoria cuya finalidad sea aportar material indiciario para acreditar la probable realización del hecho reprochado, sobre su importancia jurídica penal y sobre la participación del imputado, así como la concurrencia de los presupuestos legitimadores para la imposición de una medida cautelar determinada. Para la corte de apelaciones, el Ministerio Público alcanzó a acreditar en grado de probabilidad, los hechos tipificados como extorsión y la participación de la imputada, aportando los mínimos indicios requeridos para que se dicte el auto de formal procesamiento, por tanto, no concurren los elementos necesarios para dictar el sobreseimiento provisional. 2. Motivación y fundamentos del voto particular disidente.[8] Entre otros importantes elementos, de este voto se destacan los que a continuación se resumen.
Se señala que la disidencia del voto, se centra en que se discrepa con la pretensión del Ministerio Público, basada en la suficiencia de la prueba aportada en la audiencia inicial.
Se destaca que el artículo 294 in fine del Código Procesal Penal impone al ente acusador, que efectúe: “… una mínima actividad probatoria, con la finalidad de aportar material indiciario para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa, sobre su relevancia jurídico penal y la probabilidad de la participación del imputado en él, así como la concurrencia de los presupuestos legitimadores para la imposición de una medida cautelar determinada.” Al respecto, se aclara que además de los tres estados intelectivos del juez, reconocidos en general por la doctrina, existen otras circunstancias que no pueden ser consideradas para establecer el inicio o la continuación del proceso, a la sazón: a) la especulación que consiste en una idea o pensamiento no está fundado en ningún elemento objetivo; b) la sospecha que consiste en la creencia o suposición que se forma sobre algo o alguien, pero a partir de ciertas conjeturas que tampoco cuentan con solidez ni corroboración de datos objetivos; c) la inverosimilitud que implica que un relato tiene apariencia de ser verdadero, pero no existen elementos de convicción que permitan justificar su existencia; d) Inferencia lógica o posibilidad que ocurre en el plano fenomenológico, pero no existen datos objetivos que permitan inferir su ocurrencia, por tanto, el hecho puede ocurrir, o puede no ocurrir. En el voto disidente se afirma, que no puede darse continuidad a un proceso penal, bajo los anteriores aspectos. Porque ninguno de ellos se sustenta en datos objetivos y confiables, por tanto, en él se afirma, que: “… no siguen el estándar racional de la prueba, que es precisamente la llamada probabilidad preponderante, que implica que frente a una hipótesis factual que tiene un cierto grado de confirmación probatoria, dicha hipótesis debe preferirse si tiene un grado de confirmación probatoria más elevado de aquél de la hipótesis contraria que haya sido formulada. En tanto para establecer la probabilidad de comisión del hecho se requiere hacer una inferencia lógica de probabilidad, que implica que con los datos objetivos que se brindan como prueba se puede establecer que es probable que de hecho ocurra, de tal manera que existe más probabilidad que improbabilidad de que ocurra, y que cualquier operador de justicia colocado en la misma situación puede establecer que es probable su ocurrencia. La probabilidad refiere a razones válidas para calificar una afirmación como verdadera o falsa, porque aportan elementos que informan y por ello justifican la probable verdad o falsedad de un enunciado.” Luego apunta a señalar, que, así como el párrafo último del artículo 294 citado recoge el concepto de probabilidad, también recoge el concepto de sospecha. Luego, el artículo 295 conceptúa el sobreseimiento provisional estableciendo que, no obstante exista plena prueba de haberse cometido el delito, no hay indicio racional de que el imputado ha participado en el mismo, pero la prueba aportada da margen para sospechar que si la tuvo y existe, y que además exista la posibilidad de que se incorporen nuevos elementos de prueba en el futuro, el juez podrá dictar el sobreseimiento provisional, señalando de manera concreta, esos elementos de prueba en la resolución que se dicte. De lo anterior se colige que la sospecha tiene un grado inferior de conocimiento con relación a la probabilidad, habida cuenta de que la prueba que se debe presentar durante la audiencia inicial, está referida a los indicios mínimos de probabilidad, pero que en el caso de existir sospecha debe emitirse un sobreseimiento provisional. De manera que los requisitos esenciales para sobreseer provisionalmente, son: que exista una sospecha de participación y que el Ministerio Público pueda incorporar nuevos medios de prueba en el proceso para superar esa sospecha; caso contrario, de no existir ninguna de estas dos situaciones –probabilidad de comisión del delito y de participación- entonces corresponde sobreseer la causa de manera definitiva atendiendo lo dispuesto por el artículo 296 del Código Procesal Penal. No obstante, se advierte que cada caso debe analizarse en forma específica, y que no se puede contar con un criterio único o estandarizado para resolver los casos que se presentan ante un órgano jurisdiccional; razón que no permite considerar completamente válido, el argumento que afirma que la ausencia de la declaración de la víctima, es suficiente para desvirtuar la tesis acusatoria, porque efectivamente la prueba debe valorarse en forma conjunta y armónica. Conforme a lo expuesto, habrá ocasiones en que la víctima no rinda su declaración, pero exista prueba sólida y suficiente que refleje que el hecho existió y que el encausado participó en él. Verbigracia, pueda que víctima no comparezca a declarar, pero que se presente el decomiso de su teléfono y el análisis de las comunicaciones de dicho teléfono, con el teléfono de los sospechosos, o bien las grabaciones de las comunicaciones sostenidas, así como la grabación en video o en fotografía de la entrega del dinero, entre otros, con lo cual podría acreditarse la probabilidad de la comisión del hecho o de participación del acusado, al menos en relación con este momento procesal. Refiriéndose al caso de mérito, la juzgadora en el voto que se resume, estima que el Ministerio Público sustenta toda su acusación en los dichos de una sola persona, la supuesta víctima. Resulta que el medio de prueba donde se refiere que hubo amenazas a muerte, es una denuncia, tan escueta que no brinda información sobre el espacio geográfico, la forma o modo en que ocurrió la exigencia del dinero o amenazas, todo lo cual, a criterio de la juzgadora, debe ser aclarado por la supuesta víctima y el Ministerio Público, quienes no indican que exista otra prueba que den razón de estos extremos. La juzgadora hace mención, que en la denuncia no se indica la ubicación geográfica donde ocurrieron los hechos, tampoco se brindan características que permitan la individualización de la persona que hizo las exigencias de dinero, o que lo recolectaron; lo único que se puede encontrar en la denuncia, son características generales aplicables a cualquier persona, para el caso consta que se describe a una mujer trigueña, sin más datos que permitan su identificación. A esto, la juzgadora agrega que, si se cambia la denominación clave del testigo protegido por otro, dicha denuncia podría servir para otro proceso, precisamente por datos que permitan individualizar adecuadamente el hecho de mérito. La carencia de datos concretos en la denuncia y la declaración del agente de investigación no permite establecer los elementos objetivos del delito acusado, específicamente sobre la exigencia del dinero y las amenazas o intimidación vertida, debido a que la única persona que puede dar explicaciones sobre este punto es el testigo protegido. A la agente de investigación, como testigo de referencia, no le consta que efectivamente existieron dichas amenazas o intimidación y exigencia de dinero. Así pues, manifiesta la juzgadora, el caso completo se apoya únicamente en la versión del testigo protegido, pero al no presentarse a declarar todo depende de una denuncia que fue interpuesta ante una persona de atención al público, que nada más puede servir para iniciar una investigación, pero no como prueba para acreditar que efectivamente existió el hecho y la participación de la acusada. La juzgadora señala que, incluso si se hace la valoración conjunta de la prueba ofertada, ésta ni siquiera acredita que existe una víctima, dado que el Ministerio Público no presentó siquiera en sobre sellado, datos sobre la testigo; y en el caso hipotético de haberlo hecho, no existe nada que permita cotejar dichos datos, debido a que no existen estos en la denuncia, como tampoco existe un dictamen sobre el supuesto riesgo que puede tener la testigo protegida. Mucho menos ha quedado demostrado que ha existido un daño al patrimonio de la víctima, como lo exige el tipo penal. Sobre esto último, llega a manifestar, la importancia que tiene el establecimiento de la víctima como elemento esencial en el delito en cuestión, dado que se refiere a la afectación del patrimonio de una persona; asevera, por tanto, que sin víctima y sin perjuicio a ésta no hay nada que perseguir. De tal forma, afirma la juzgadora, que es de la opinión que la falta de identificación o de corroboración de existencia de la presunta víctima, vulnera el derecho de defensa de la acusada. Sobre esto mismo señala, que, al no declarar la víctima, no es posible verificar la existencia de las amenazas, porque el agente de investigación, es solamente un testigo de referencia. El artículo 8.2.f. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que es un derecho de la defensa el de interrogar a los testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos”. El derecho de defensa incluye en lo material, el poder controvertir la prueba a través de un interrogatorio o verificar la existencia de la víctima, lo cual no ha ocurrido en el presente caso. También el derecho de defensa es exigible en todas las etapas del proceso, no solamente en el juicio oral y público. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Castillo Petruzzi y otros versus Perú[9], ha expresado con relación al derecho de interrogar a los testigos, que entre las garantías reconocidas a quienes hayan sido acusados, está la de examinar los testigos en su contra y a su favor, bajo las mismas condiciones, con el objeto de ejercer su defensa. Igual criterio mantuvo en el Caso Lori Berenson Mejía versus Perú.[10] Asimismo, la magistrada en su voto disidente, siempre refiriéndose al Caso Castillo Petruzzi y otros versus Perú[11], señala que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siguió la línea jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.[12] La Corte sobre este asunto ha expresado lo siguiente: “Debe analizarse la afectación al derecho de defensa del imputado derivada de la utilización de la medida de reserva de identidad de testigos, estuvo suficientemente contrarrestada por medidas de contrapeso, tales como la siguientes: a) autoridad judicial debe conocer la identidad del testigo y tener la posibilidad de observar su comportamiento durante el interrogatorio con el objeto de que pueda formar su propia impresión sobre la confiabilidad del testigo y de su declaración, y b) debe concederse a la defensa una amplia oportunidad de interrogar directamente al testigo en alguna de las etapas del proceso, sobre cuestiones que no estén relacionadas con su identidad o paradero actual, con el objeto de que pueda apreciar el comportamiento del testigo bajo interrogatorio, de modo que pueda plantear dudas sobre la credibilidad o confiabilidad de su declaración.” Con resaltado en el voto disidente. Conforme a lo anteriormente expresado, la magistrada Aguilar, en su voto, señala que al no presentarse la víctima a declarar a la audiencia inicial, tuvo las siguientes consecuencias: a) Causa indefensión porque no se le brindó oportunidad a la defensa de controvertir la versión contenida en la denuncia; b) no fue corroborada la existencia de la víctima, como tampoco se verificó la afectación de su patrimonio; c) no se obtuvo información de la forma en que ocurrieron los hechos relacionados a la exigencia de dinero las amenazas esgrimidas, sólo se tienen datos de referencia respecto a la existencia de estos elementos propios del tipo penal. Señala que en consecuencia, para acreditar la existencia del delito, sólo se cuenta con la siguiente prueba: a) la denuncia tomada por persona de atención al público, la cual no es prueba sino una forma de inicio del procedimiento o referencia de investigación para el Ministerio Público y policía; (no hay datos sobre el hecho: lugar, individualización de autor); b) las actuaciones realizadas únicamente por la agente Daniela Salgado, sin prueba técnica que las corrobore, haciendo referencia a la declaración de la agente de investigación Daniela Salgado, las fotografías del dinero seriado, y las actas de seriado de dinero, vigilancia, registro, decomiso, firmadas por ella (concluyendo que todo está sustentado únicamente con la versión de dicha testigo). Debido a la ausencia de la víctima en la audiencia, no existe reconocimiento sobre la acusada, como la persona que exigía el dinero y a quien se hizo la entrega de éste. Si bien, dice la magistrada Aguilar, existe un acta de seriado de dinero y un acta de decomiso, en el que se consigna que a la acusada se le encontró en posesión del dinero, tal situación sin reconocimiento ni identificación por parte del testigo protegido, no es más que una simple sospecha, que en ningún modo se torna una probabilidad habida cuenta que no hay prueba sobre las condiciones de modo, tiempo y lugar en que supuestamente se exigió el dinero. Dicho sea de paso, es una sospecha que se sustenta en creer lo que se ha establecido en la denuncia y confiar en que efectivamente se realizó el procedimiento correcto en el seriado de dinero y la investigación que indicó el agente de investigación, pero realmente sin prueba sobre el hecho de origen (la exigencia de dinero utilizando amenazas o intimidación), entonces no es posible considerar la participación de la acusada en ese hecho.
Considera como un yerro del Ministerio Público pretender sustentar el caso únicamente con la declaración de la víctima, vertida al momento de la denuncia. El Ministerio Público podría utilizar otras pruebas para acreditar su acusación, como la versión de un testigo diferente a la víctima o medios técnicos sobre la forma en que se exigió la entrega del dinero. Sin embargo, sobre la declaración de la víctima, expresa que en esta etapa procesal, podría ser suficiente para reconocer plenamente al acusado, como la persona a quien le entregó el dinero o que exigió la entrega mediante amenazas o intimidación contra su vida e integridad corporal. De acuerdo a lo expresado en el voto que se resume, cuando el Ministerio Público se conforma con acreditar su pretensión acusatoria, sin ninguna prueba técnica que la respalde, se hace necesaria la declaración de la víctima para acreditar la probabilidad de la comisión del hecho y participación de la acusada, a efecto de emitir un auto de formal procesamiento, habida cuenta que es la única persona que estuvo en contacto directo con la persona que efectuó las amenazas y que recibió el dinero; es pues la única persona que podría explicar en forma clara, detallada y coherente, como ocurrieron los hechos de exigencia de dinero y la entrega del mismo. En este sentido, dicha declaración sería suficiente para acreditar en grado de probabilidad, lo que exige el artículo 294 del Código Procesal Penal. Aunque aclarando que nunca en grado de certeza tal como lo exige una sentencia condenatoria en el juicio oral y público. En su opinión la prueba aportada en la audiencia inicial es suficiente únicamente para iniciar una investigación; señala que en el caso de mérito no existen datos objetivos que corroboren el contenido de la denuncia, situaciones del tipo penal que deben quedar claramente establecidas en la fase preparatoria para continuar con la procesabilidad del caso, habida cuenta que la acusada debe defenderse sobre hechos concretos. Señala que en aras de la tutela judicial efectiva de la víctima y de la acusada, debe exigirse más actividad probatoria al Ministerio Público. El hallazgo del dinero en poder de la denunciada, constituye nada más una sospecha en su contra. Pero el no contar con la declaración de la víctima ni el reconocimiento de las personas que participaron de los hechos que califican el delito de extorsión, no podría considerarse que existe, la probabilidad de participación que exige la normativa procesal penal, para emitir un auto de formal procesamiento. CONSIDERANDO CINCO (5). Examen practicado por la Sala sobre la presunta violación de los artículos constitucionales invocados. La Sala de lo Constitucional, al estudiar las presentes diligencias, estima procedente denegar el amparo interpuesto a favor de la encausada Waleska Nohemí Martínez Sánchez, en virtud de los razonamientos que a continuación se exponen. 1. Sobre los hechos y medios de prueba presentados para su acreditación.
Específicamente en el caso concreto de autos, se trata de la ciudadana Waleska Nohemí Martínez Sánchez, acusada criminalmente por el delito de extorsión. Hasta el momento, los hechos relatados durante la audiencia inicial son en forma sucinta, los siguientes: (1) La presentación de una denuncia ante la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP), por parte de la persona ofendida (testigo BP002). (2) Asignación, asesoramiento, preparación del caso mediante seriado de billetes, por parte de la agente de dicha fuerza, Daniela Salgado. (3) Vigilancia y desarrollo de la acción encubierta, en la que la imputada Waleska Nohemí Martínez Sánchez recibió de la víctima o persona ofendida (testigo BP002), los dos billetes de cien lempiras, previa y debidamente seriados. (4) Detención, registro, decomiso y reconocimiento fotográfico de la actual imputada a quien se le encontró el dinero seriado.
Los hechos anteriormente expuestos, se deducen de: a) la denuncia FNAMP-SUR-002-2019; b) el acta de declaración de ofendido rendida en sede policial; c) acta de registro personal; d) acta de decomiso; e) acta de lectura de derechos; f) acta de remisión; g) acta de seriado; h) acta de reconocimiento fotográfico. En autos constan sendos documentos, la denuncia FNAMP-SUR-002 2019 y el acta de declaración de ofendida, ambas de fecha 14 de enero de dos mil diecinueve, en las que se consigna que la ofendida refiere que veinticinco días atrás, llegaron dos mujeres identificándose como parte de la “Ultrafiel”, a una de ellas le conocen como “Vivi o Bibi” y a la otra como “La Negra”. Le amenazaron mostrándole un cuchillo y con hacerle daño a ella y su familia, si no accedía a colaborar con la barra. En el informe de detenidos de fecha 14 de enero, rendido por la agente de investigación Daniela Salgado, ésta da cuenta de que ese día a las seis y media de la tarde, salieron dos equipos de la FNAMP al mando del capitán de artillería Luis Ponce, hacia la Colonia Corbeta de la ciudad de Choluteca. Luego de ubicarse en puntos estratégicos, montaron una vigilancia, hasta que una media hora después, en el lugar donde se haría la entrega del dinero, se presentó una mujer vestida con una camisa cuadriculada, color rosado con beige, pantalón blanco y sandalias color celeste, acercándose a BP-002, con quien intercambió palabras, recibiendo de manos de BP-002 el dinero previamente seriado. Se separó de BP-002 y después de avanzar unos metros del lugar de donde recibió el dinero, fue requerida por la policía. Posteriormente a su identificación como Waleska Nohemí Martínez Sánchez, se le hizo el registro personal, encontrándosele en la bolsa trasera del pantalón, el dinero que coincidía con el seriado, por lo que fue detenida para seguir con el proceso legal. Consta el acta de seriado mediante la cual, se identifica e individualizan los billetes de cien lempiras, CK2702114 y CF2976823. Firman el acta, la agente Daniela Salgado y el testigo Yefrin Centeno, asimismo la ofendida BP-002 estampa su huella digital. También se encuentran las actas de registro personal y de detención de Waleska Nohemí Martínez Sánchez con tarjeta de identidad número 0601-1994-03218, en la que se consigna la posesión de los billetes seriados; ambas actas firmadas por la agente Daniela Salgado, y los testigos Yefrin Centeno y José Alfaro. También se encuentra estampada la huella digital de la imputada Waleska Nohemí Martínez Sánchez. El acta de derechos leídos a la detenida Waleska Nohemí Martínez Sánchez, la cual fue firmada por los mismos testigos y la misma agente, más la estampa de la huella digital de la detenida. Las actas de declaración en sede policial de los testigos y agentes Daniela Salgado y José Alfaro. Asimismo, el acta de vigilancia firmada por los mismos testigos José Alfaro y Yefrin Centeno, asimismo la de Calton Medina y agente de policía Daniela Salgado. Consta también en autos, el acta de la declaración, rendida por la ofendida BP-002 en sede policial, la cual relata que la mujer a quien le dicen “Vivi”, se le acercó y recibió de sus manos los doscientos lempiras previamente seriados, y que, al hacerlo, ésta volvió a amenazarle con hacerle daño a ella y a su familia, si hacia alguna denuncia. En dicha acta también se consigna que la víctima BP-002 reconoce a la mujer con quien tuvo dicho encuentro y que es la persona a quien le dicen “Vivi”. Dicho reconocimiento se hizo mediante álbum fotográfico. Consta el acta de reconocimiento de álbum fotográfico, en la que aparecen seis fotos de mujeres, entre las que se encuentra la de la encausada Waleska Nohemí Martínez Sánchez; el reconocimiento por parte de la víctima BP-002 resultó positivo en la persona ahora imputada. Constan en el acta de audiencia inicial, los datos, hechos y documentos presentados como pruebas, siendo en términos generales, coincidentes con lo ya descrito; asimismo la declaración testifical de la agente Daniela Salgado Rodríguez con tarjeta de identidad número 0816-1999-00308, mediante la cual, relata los hechos de manera igual a lo relacionado antes. Adicionando, que la solicitud de dinero, según le expresó la víctima, era de doscientos lempiras semanales. También declaró que la víctima BP-002 no contestó las llamadas telefónicas que se le hicieron para declarar en la audiencia inicial. Dicha testigo fue además repreguntada por la defensa de la imputada, declarando que una tía de la víctima BP-002, le manifestó que familiares de la imputada la habían amenazado y que por eso se ocultó para no declarar en la audiencia inicial. 2. Sobre el examen en sede constitucional. De inicio, la Sala de lo Constitucional advierte, que no le corresponde dentro del ámbito del amparo, juzgar la valoración probatoria practicada por los órganos jurisdiccionales de instancia; como tampoco le compete pronunciarse sobre la correcta aplicación de la ley, en relación con el caso concreto; en particular, definir la concurrencia de presupuestos legitimadores del auto de formal procesamiento, sobreseimiento provisional o definitivo. Todo lo anteriormente descrito corresponde al ámbito decisional de instancia y la garantía constitucional de amparo no lo es.[13]
Ahora bien, la Sala de lo Constitucional, evitando siempre invadir el ámbito que le corresponde a los tribunales de instancia, establece que los artículos 294 y 295 del Código Procesal Penal, invocados ambos por el amparista, al igual que los artículos 296 y 297 de ese mismo código, se encuentran íntimamente relacionados con el artículo 92 reformado de la Constitución de la República. Dicho artículo constitucional, fue objeto de reforma[14], dejando en el pasado aquella disposición, que obligaba al juzgador a determinar la plena prueba de la preexistencia del delito y el indicio racional que indicase su presunto autor, para poder dictar lo que se denominaba en aquel entonces, el auto de prisión. Ahora el texto constitucional reformado, dispone que, para dictar el auto de formal procesamiento, basta que exista evidencia probatoria de la existencia del delito e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice. La consecuencia práctica de dicha reforma, es que conceptos como: mínima actividad probatoria, material indiciario y probabilidad, tanto de realización del hecho como de participación, exigidos en el párrafo final del artículo 294, deben valorarse de acuerdo a la Constitución, en función de establecer una “evidencia probatoria e indicios racionales.” Antes de la reforma, el juzgador exigía del ente acusador que acreditara en forma plena la existencia del delito, de manera que se le exigía prueba de cada uno de los elementos del tipo penal. Hoy día en cambio, eso resulta excesivo y apartado del espíritu de la norma constitucional.[15] El juzgador debe plantearse en cada caso a resolver, si lo que le ha sido presentado en la audiencia inicial, es suficiente para estimar la probable existencia de la comisión de un delito. Habrá casos en que la discusión versará, sobre si se produjo un hecho, pero habrá otros más complejos en los que además de eso, será necesario establecer puntos de derecho, debiéndose aclarar si de conformidad a lo expuesto en la ley, más lo expresado en la jurisprudencia y la doctrina, hubo comisión de delito o no. El caso de marras, es básicamente de los primeros, en el cual no existe la complejidad apuntada, sino que la discrepancia entre las partes, se resuelve preguntándose si con la prueba evacuada en la audiencia inicial, puede establecerse si existe probabilidad de que la persona tenida como encausada pudo haber cometido el delito de extorsión, después de que fue encontrado en su poder, el dinero que previamente fue seriado con el propósito de verificar, en grado de probabilidad, las amenazas recibidas por una persona que denunció haberlas recibido. Es cuestión de criterios, que información es suficiente para obtener esa percepción de probabilidad. En el caso bajo estudio, dos magistradas tuvieron por suficiente la prueba que fue evacuada. Para una magistrada en cambio, coincidiendo con el juez a quo, era necesario para formar esa convicción de probabilidad, la declaración de la víctima en su condición de testigo. Pero como ya se expresó anteriormente, la Sala de lo Constitucional debe de abstenerse de establecer, el baremo necesario para determinar la mínima actividad probatoria, o la obtención del grado de probabilidad que demanda la Constitución y la ley procesal penal. Tomando esto en consideración, debe limitarse a escrutar los motivos de amparo que fueron planteados en los escritos de interposición y formalización, los cuales en este caso concreto son, la violación de los derechos constitucionales de: a) retroactividad de la ley en materia penal; b) presunción de inocencia; c) debido proceso; y d) los presupuestos del auto de formal procesamiento, contenidos todos, en la Constitución de la República. Con relación al derecho de retroactividad de la ley en materia penal, no existe en los escritos de interposición o formalización, alegato alguno que sustente este motivo para solicitar amparo, por lo que no es de recibo; en virtud de que el deber de fundamentar, argumentar y demostrar, son cargas procesales que deben ser cumplidas por todos los que acuden en amparo. La Sala, ha sido reiterativa en señalar, que no basta citar una norma constitucional como violentada, o enunciar derechos y su supuesto quebrantamiento o puesta en peligro, sino que es su deber desarrollar el motivo de amparo, aunque sea de manera mínima pero precisa, para dar a entender y explicar de manera fiable, las razones de su petición.[16] De igual manera, no es de recibo el motivo que se sustenta en la violación del derecho al debido proceso, el cual se vincula en este caso, con el derecho de presunción de inocencia. Básicamente, el censor argumenta que no existe prueba en contra de su patrocinada, restándole validez a la presentada en la audiencia inicial por el Ministerio Público. La Sala de lo Constitucional observa que el censor, no brinda ninguna razón o explicación para rechazar la validez de la prueba evacuada durante la audiencia inicial. Su alegato se reduce a señalar que existe insuficiencia probatoria por lo que no se alcanza a enervar la presunción de inocencia. En otras palabras, que no existe prueba suficiente para acreditar los presupuestos procesales que son necesarios para dictar el auto de formal procesamiento.
Como ya fue explicado ampliamente antes, no corresponde a este alto tribunal de justicia valorar la prueba evacuada a efecto de determinar si concurren los presupuestos legitimadores del auto de formal procesamiento, en virtud de lo cual, dicho motivo no es de recibo. En la interposición y formalización de la garantía de amparo, el censor pretende que se apliquen al presente caso los presupuestos contenidos en el artículo 92 de la Constitución; sin embargo, menciona erróneamente los presupuestos procesales anteriores a la reforma, ya antes citada. Dicha equivocación no es baladí, si se toma en cuenta que la reforma constitucional del artículo 92, constituye un cambio rotundo en el enfoque con que el juzgador ha de valorar la prueba evacuada en la audiencia inicial. El contenido previo a la reforma se ajustaba a los requerimientos del sistema inquisitivo del Código de Procedimientos Penales; en cambio con la reforma, lo hace a las necesidades del Código Procesal Penal y por tanto del sistema acusatorio. Partiendo, y sin contradecir o confirmar, las mismas conclusiones a las que ha llegado la corte de apelaciones, este alto tribunal de justicia determina, que el análisis que se haga de la prueba durante la audiencia inicial, deberá hacerse desde la óptica que propone la reforma constitucional, o sea nada más la existencia de “una evidencia de prueba”; tomando en cuenta también, que es la audiencia del juicio oral y público donde se manifiesta en plenitud, el principio in dubio pro reo. Aclarando mejor lo anterior, el principio que rige la audiencia inicial es el in dubio pro societate y no el in dubio pro reo. Esto es, en virtud de que el análisis que se hace en esta etapa del proceso, no es de tipo condenatorio-absolutorio; sino que es para determinar si existen elementos indiciarios para continuar un proceso penal.[17] Durante la audiencia inicial, basta el establecimiento de una probabilidad para propiciar el auto de formal procesamiento; y durante el juicio oral y público es necesario acreditar con el grado de certeza. Con todo, el alegato del amparista se encamina, por una parte, a señalar la imposibilidad de acreditar el indicio racional de participación de su patrocinada (en los alcances del artículo 92 constitucional previo a la reforma), sin la declaración de la víctima como testigo. La Sala de acuerdo a lo planteado, advierte que en este caso el juzgador debe preguntarse, si la declaración de la víctima es un requisito esencial, un requisito sine qua non, sin el cual no podría dictarse auto de formal procesamiento. O si por el contrario, es posible que el juzgador pueda estimar probable, que se haya producido el delito; y además, obtener indicio de la participación de la encausada, mediante otros medios de prueba, distintos a la declaración de la víctima. La Sala, responde lo anterior, estimando que siempre es posible, en términos generales, obtener los medios objetivos que permitan inferir o deducir, según el caso, la evidencia probatoria de la existencia de delito y el indicio de participación, tal como lo indica el artículo 92 constitucional reformado, partiendo de una mínima actividad probatoria, exigida como suficiente, según el párrafo final del artículo 294 del Código Procesal Penal. El otro punto que ha sido debatido en el presente caso, es la presunta violación del derecho de defensa, causada por haberse dictado el auto de formal procesamiento, sin haber tenido el apoderado legal de la imputada, oportunidad de confrontar el testimonio de la presunta víctima, rendida en la audiencia preliminar ante juez competente. Ahora bien, lo que señala el garantista es que se violentó el derecho de defensa porque no se pudo confrontar directamente lo denunciado por la víctima; por consiguiente, pide que se estime esto, como un impedimento imposible de franquear, al punto que no permite lograr el convencimiento de que pudo probablemente existir una amenaza como parte de un delito de extorsión. La Sala opina distinto. El afirmar de manera absoluta y categórica que no se puede admitir, ni siquiera a nivel de probabilidad, la comisión de un delito, porque no se presentó la víctima a declarar como testigo; o que, por la misma razón, hubo violación del derecho de defensa, sería un juzgamiento a ultranza de la presunción de inocencia. Para este alto tribunal de justicia, el auto de formal procesamiento, no constituye una negación del derecho de presunción de inocencia, debido a que su naturaleza, no es más que, la actuación judicial que da curso a la continuación del proceso; tampoco es la confirmación absoluta de la imputación, porque eso corresponde hacerlo en el juicio oral y público. Como ya se expresó antes, para la Sala, se pueden obtener los presupuestos del auto de formal procesamiento con la evacuación de otros medios de prueba, distintos al de la declaración de la víctima; así mismo, no estima imprescindible ningún medio de prueba, si se logra con los aportados, establecer una probabilidad de que se ha cometido el delito y el indicio de participación del encausado. Siempre en relación con el derecho de defensa, la Sala observa que, en el presente caso, la prueba de cargo evacuada en la audiencia inicial para demostrar los hechos imputados, fue sometida toda al contradictorio, dándole la oportunidad a la defensa de desvirtuarla. En virtud de lo cual, la Sala tiene claro que la defensa tuvo control sobre toda la evidencia que permitió al juzgador adquirir conciencia de los hechos y del indicio de participación. Específicamente, tuvo oportunidad de controvertir lo relacionado con el dinero seriado en posesión de la encausada. Distinto es, tal como consta en autos, que la defensa no ha planteado siquiera, una tesis que se oponga a la sostenida por el Ministerio Público; o sea, una explicación distinta de dichos hechos, los cuales fueron tenidos como ciertos por la mayoría de magistrados de la corte de apelaciones, debido a que fueron demostrados con medios obtenidos en sede policial, y sometidos al contradictorio ante juez competente. Sumado a ello, el ahora garantista de amparo, no ha señalado tampoco, que habría logrado si se hubiese presentado a declarar la víctima, un dato o elemento que pudiese destruir la convicción de probabilidad del juzgador.
Las circunstancias de tiempo, lugar, modo, y sus detalles, que pudieron ser oídos de la víctima; así como su refutación por la defensa técnica de la indiciada, no son imprescindibles para alcanzar la convicción de que existe una posibilidad de que se haya cometido el delito; a menos que la defensa así lo expusiere y aclarara. Pero la defensa, en sus escritos de amparo, no explica la necesidad de confrontar a la víctima en la audiencia inicial, sino que se limita a señalar en abstracto, que su ausencia conculca el derecho de defensa de su patrocinada. La Sala, como resultado de esa falta de explicación, no alcanza a comprender, cómo la falta de detalles aportados por la víctima habría cambiado la percepción obtenida mediante otras pruebas, de que existe probabilidad de que se haya cometido un delito de extorsión; y además que esto violenta el derecho de defensa de la imputada. En otras palabras, comprender porque estos datos, tienen tanto peso en la decisión impugnada, que efectivamente, constituye una violación al derecho de defensa; si lo único que se requiere, para que se dicte un auto de formal procesamiento, es una mínima actividad probatoria, para establecer una evidencia probatoria de que hubo delito, e indicio racional de participación. El amparista, se ha limitado a señalar que hubo indefensión, pero sin lograr que este alto tribunal constate, la presencia de un daño real o inminente. Con tan pocos argumentos, el censor pretende un total ejercicio de subjetividad, que conduzca a concluir, sin ninguna razón, que de haber declarado la víctima se habría obtenido una convicción distinta a la expuesta en la decisión. La credibilidad de lo actuado y expresado por la policía y por el Ministerio Público, no fue puesta en duda, en ningún momento. En ese sentido, la Sala ha señalado en su jurisprudencia que la prueba obtenida en sede policial o en sede fiscal, tiene validez, salvo prueba en contrario que permita dudar de ella.[18]
En conclusión, para la Sala de lo Constitucional, el derecho de defensa no se ha violentado, por cuanto la encausada, ha tenido oportunidad de alegar a su favor, cualquier explicación que pudiera conducir al juzgador, pensar de manera distinta a la que ha sido conducido por el Ministerio Público. PARTE DISPOSITIVA O FALLO. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 59, 64, 90 párrafo primero, 92 reformado, 183, 303, 304 313 No.5, 316 No.1 de la Constitución de la República; 1, 78 No.5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3 No. 2, 4, 5, 7, 9 No. 2, 41, 63 y 72 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 294 del Código Procesal Penal. FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de amparo impetrada por el abogado RAMÓN MATAMOROS, a favor de la señora WALESKA NOHEMÍ MARTÍNEZ SÁNCHEZ, contra la resolución emitida en fecha quince de febrero de dos mil diecinueve, por la honorable Corte de Apelaciones de lo Penal con competencia nacional en materia de extorsión. Con relación a la causa instruida contra la señora WALESKA NOHEMÍ MARTÍNEZ SÁNCHEZ por suponerla responsable del delito de EXTORSIÓN en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO BP-002. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve, certificación del fallo de fecha dieciocho de octubre del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-0278=2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[4] Voto razonado por las honorables magistradas Lidia Margarita López Hernández y Dilcia Gonzales Norales.
[5] Se refiere a la dictada en fecha 14 de diciembre de dos mil cinco.
[6] Cafferata Nores, J.I (1988). La prueba en el proceso penal. Buenos Aires. Depalma.
[7] Ibídem.
[8] Voto razonado por la honorable magistrada Julissa Aguilar.
[9] Cfr. Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros versus Perú. Sentencia de 30 de mayo de 1999 (fondo, reparaciones y costas), Serie C. No. 52.
[10] Cfr. Corte IDH. Caso Lori Berenson Mejía versus Perú. Sentencia de 25 de noviembre de 2004 (fondo, reparaciones y costas), Serie C. No. 119.
[11] Cfr. Corte IDH. Caso Pollo Rivera y otros Versus Perú. Sentencia de 21 de octubre de 2016 (fondo, reparaciones y costas), párr. 205. Serie C. No. 319.
[12] Cfr. TEDH, Caso Doorson Vs. Países Bajos, párr. 72; Caso Van Machelen y otros Vs. Países Bajos, (Nos. 2136/93, 21364/93, 21427/93 y 22056/93). Sentencia de 23 de abril de 1997, párrs. 53 y 54; TEDH, Caso Jasper Vs Reino Unido, (No. 27052/95). Sentencia de 16 de febrero de 2000, párr. 52; TEDH Caso Kostovski Vs. Países Bajos, (No. 11454/85), Sentencia de 20 de noviembre de 1989, párr. 43; TEDH, Caso Windisch Vs. Austria (No. 12489/86), Sentencia de 27 de septiembre de 1990, Párr. 29, entre otros.
[13] Cfr. Considerando 5 de la Sentencia AP-0373-2016 de fecha veintiocho de junio de dos mil diecisiete. Considerando 5 AP-0444-2015 de fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. Considerando 5 de la Sentencia AP-108-2014 de fecha dos de junio de dos mil dieciséis. Considerando 8 de la Sentencia AP-1335-2009 de fecha trece de septiembre de dos mil once. Considerando 4 de la Sentencia AP-0356-2008 de fecha veintiocho de abril de diez.
[14] Reformado por Decreto legislativo No. 106-2011 de fecha catorce de junio de dos mil once y Publicado en La Gaceta, Diario Oficial de la República No. 32,588 del ocho de agosto de dos mil once. Ratificado por Decreto legislativo No. 88-2012 de fecha veinticuatro de junio de dos mil doce y publicado en La Gaceta, Diario Oficial de la República No. 32,847 de fecha quince de junio de dos mil doce.
[15] Cfr. Considerando cinco de la Sentencia AP-0373-2016 de fecha veintiocho de junio de dos mil diecisiete. Considerando cinco de la Sentencia AP-0369-2016 de fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciséis.
[16] Cfr. Considerando 6 de la Sentencia AL-0143-2017 de fecha catorce de marzo de dos mil dieciocho. Considerando 5 de la Sentencia AP-1275-2014 de fecha nueve de agosto de dos mil diecisiete. Considerando 6 de la Sentencia AL-1151-2014 de fecha cuatro de abril de dos mil diecisiete. Considerando 5 de la Sentencia AP-0418-2015 de fecha 23 de mayo de dos mil diecisiete Considerando 5 de la Sentencia AAC-493-2015 de fecha doce de diciembre de dos mil dieciséis. Considerando 12 de la Sentencia AC-0100-2014 de fecha quince de diciembre de dos mil quince.
[17] Cfr. Considerando 5 de la Sentencia AP-0012/0013-2012 de fecha veintiuno de junio de dos mil dieciséis. Considerando 8 de la Sentencia AP-1056-2015 de fecha treinta de septiembre de dos mil dieciséis.
[18] Cfr. Considerando 5 de la Sentencia AP-0444-2015 de fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. Considerando 18 de la Sentencia AP-0362-2014 de fecha veinte de abril de dos mil dieciséis.