Sentencia AP-27-18 — Registro 11277
Resumen
Sentencia declaró con lugar recurso de apelación contra resolución en causa contra imputado por suponerlo responsable del delito de abuso de autoridad y detención ilegal en perjuicio de la Administración Pública y de otras perjudicadas; en apelación se consideró que la actuación denunciada fue efectuada en el ejercicio legítimo del cargo como agente del orden y de la autoridad
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."la Sala de lo Constitucional ha expresado también en su jurisprudencia, que las resoluciones jurisdiccionales adoptadas en las grandes audiencias procesales deben ajustarse a todas las garantías procesales y del marco constitucional que se agrupan en la denominación genérica de Debido Proceso. En el presente caso, la confirmatoria procesal al auto de sobreseimiento definitivo;[3] acordada en apelación, radica fundamentalmente en no constar el material probatorio suficiente que genere la convicción, en la jurisdicción ordinaria, en el sentido que las señoras Sandra Maribel Sánchez Escoto y Karla Maria Lara Pineda fueron efectivamente objeto de maltyratos, o de cualquier otra afectación a su integridad personal, por parte de la autoridad policial denunciada..."..."considera la Sala de lo Constitucional, que las características del trato recibido por las personas ofendidas en el presente caso, en lo concerniente, en primer lugar; al arresto y duración de la detención policial, no vulneró los estándares aceptados para el uso de la fuerza policial en materia de derechos humanos, ni sobre el ámbito y alcance de las atribuciones legalmente reconocidas a la función judicial,[5] acorde todo ello a la prueba valorada en la instancia y confirmada en su resultado en sede de apelaciones. No obstante lo cual, abunda la exposición y formalización del recurso en alegaciones de orden probatorio, impropias para su conocimiento en sede de justicia constitucional, pues además de que las mismas fueron ya plenamente debatidas en el proceso penal respectivo, culminaron con el fallo de apelaciones del cual se ha hecho mérito;[6] el cual se ha pronunciado con la congruencia, exhaustividad y motivación requeridas para su validez y aptitud en el marco de la tutela judicial efectiva.[7]..."..."tampoco percibe la Sala, hubiere resultado afectada la congruencia de la sentencia con la inconformidad manifestada por la parte garantista, por la posible repetición de conceptos en que se incurriere en la resolución de apelaciones, con respecto a la dictada prima facie en la instancia ordinaria, en virtud de lo cual percibiría la amparista se habría incurrido por la Alzada “en una motivación holística y vacía”. Tal no fue el caso, por una parte, debido a que en el concepto de la Corte de Apelaciones concurre una suerte de motivación dual a la fundamentación de su fallo; en primer lugar, respecto a la situación de atipicidad del comportamiento en que incurriera el agente activo del delito bajo juzgamiento y; en segundo lugar, debido a la concurrencia de una posible causa de justificación, la cual estaría basada en el cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. No explica la honorable Corte, como arribaría a esta última consecuencia, sin previamente haberse acreditado la preexistencia del delito. Sin embargo, también es cierto una motivación que resulte, hasta cierto punto, reiterativa de conceptos jurídicos previamente resueltos y considerados, no resultaría óbice, por sí misma, a la regularidad constitucional exigible; siempre y cuando no se dejaren al descubierto las razones de Derecho que motivaron y fundamentaron tal resolución, esto es, siempre que se cumpliera eficientemente con el deber judicial de motivación; lo cual adquiere aun mayor virtualidad cuando se tiene en ponderación a la presunción o estado de inocencia.[8]..."..."asimismo y en continencia a lo anteriormente expresado, tampoco resultó probado se le infligiera a las personas ofendidas padecimientos conducentes a la manifestación de efectos físicos y mentales a su integridad personal, tanto desde una consideración general como personas sujetas a detención policial, como con la debida consideración a la calidad de sus personas en cuanto a la edad, el sexo y/o el estado de salud, respectivamente.[9] ..."..."ha tomado en cuenta la Sala de lo Constitucional, que las características del trato recibido por las personas ofendidas en el presente caso - según se desprende de los hechos tenidos como probados en la resolución que pone fin a la referida audiencia inicial -, específicamente en lo atinente al término temporal del arresto y detención policial, no sobrepasan lo normativizado en el artículo 71.1 de la Constitución de la República, el cual, acorde la reforma constitucional promulgada en 2012, prescribe: “Ninguna persona puede ser detenida ni incomunicada por más de veinticuatro (24) horas posteriores a su detención, sin ser puesta en libertad o a la orden de autoridad competente para iniciar un proceso de juzgamiento. Excepcionalmente este plazo lo extenderá la autoridad competente hasta cuarenta y ocho (48) horas, cuando se trate de delitos de investigación compleja, a causa de la multiplicidad de los hechos relacionados, dificultad en la obtención de pruebas o por el elevado número de imputados o víctimas”. De lo cual, se infiere que la motivación de la sentencia, se encuentra respetuosa a los cánones del derecho constitucional, e inclusive convencional, que rige en la materia y no resulta incompatible a los estándares que ha fijado la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), según queda visto..."..."esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el recurrente y así debe declararse..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 316 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de marzo del dos mil diecinueve. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Bertha Yariela Bonilla Gómez a favor del Estado de Honduras, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de septiembre del año dos mil diecisiete, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, de fecha dieciséis de enero del año dos mil diecisiete, con relación a la causa instruida contra el señor Marlon Enrique Lagos por suponerlo responsable del delito de Abuso de Autoridad y Detención Ilegal en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras y de las señoras Sandra Maribel Sánchez Escoto y Karla Maria Lara Pineda. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 80, 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República. ANTECEDENTES. 1) Que en fecha dos de diciembre de dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la Abogada Leyla Cristina Alemán Martínez y Bertha Yariela Bonilla, actuando en su condición de Agentes Fiscales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el señor Marlon Enrique Lagos, por suponerlo responsable de los delitos de Detención Ilegal y Abuso de Autoridad en perjuicio de (Sic)“Sandra Maribel Sánchez Escoto”, Karla Maria Lara Pineda y la Administración Pública del Estado de Honduras. (Folios 1-9 del antecedente) 2) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, el referido Juzgado, en la continuación de la audiencia inicial celebrada en fecha dieciséis de enero del año dos mil diecisiete, decretó: (Sic)“1).-Sobreseimiento Definitivo, a favor del imputado Marlon Enrique Lagos, de generales ya conocidas, por suponerlo responsable de dos delitos de Detención Ilegal y dos delitos de Abuso de Autoridad en perjuicio de Sandra Maribel Sánchez Escoto, Karla Maria Lara Pineda y la Administración Pública, respectivamente.-2).-Que se extienda Carta de Libertad Definitiva a favor de Marlon Enrique, de generales ya conocidas, por suponerlo responsable de dos delitos de Detención Ilegal y dos delitos de Abuso de Autoridad en perjuicio de Sandra Maribel Sanchez Escoto, Karla Maria Lara Pineda y la Administración Pública, respectivamente.-3).-Revocar al imputado Marlon Enrique Lagos, la medida cautelar decretada en audiencia de declaración de imputado…” (Folios del 153-189 de los antecedentes). 3) Que conociendo de los recursos de apelación interpuestos por las Abogadas Bertha Yariela Bonilla Gómez en su condición de Fiscal del Ministerio Público a favor del Estado de Honduras y Kenia Olivia Cardona en su condición de Procuradora del Comité por la Libertad de Expresión (C-Libre) y en representación de las señoras Sandra Maribel Sánchez Escoto y Karla Maria Lara Pineda, contra la resolución referida el inciso que antecede, la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de enero de dos mil diecisiete, resolvió: (Sic) “1) Declarar sin lugar los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público y el acusador privado; 2) Confirmar el sobreseimiento definitivo de las diligencias de fecha dieciséis de enero de dos mil diecisiete dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, en la causa instruida contra Marlon Enrique Lagos por los delitos de Detención Ilegal y Abuso de Autoridad en perjuicio de Sandra Maribel Sánchez Escoto y Karla Maria Lara Pineda…” (Folios del 266-269 vuelto de la pieza del Ad-Quem). 4) Que la recurrente Abogada Bertha Yariela Bonilla Gómez compareció ante este Tribunal en fecha doce de enero de dos mil dieciocho, interponiendo acción de amparo a favor del Estado de Honduras, afirmando que la decisión del Ad-Quem, de fecha tres de abril de dos mil diecisiete, es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 80, 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República. 5) Que en fecha cuatro de abril de dos mil dieciocho, la Sala tuvo por formalizada la acción de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en garantía constitucional de amparo la resolución proferida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), mediante la cual resolvió por unanimidad de votos: “1) Declarar sin lugar los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público y el acusador privado; 2) Confirma el sobreseimiento definitivo de las diligencias(…)”; fundamentando principalmente la procedencia de tal dispositivo procesal, en virtud no concurrir plenamente los elementos de tipo previstos en el Código Penal para configurar sendos delitos de Abuso de Autoridad y Detención Ilegal en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras y de las señoras Sandra Maribel Sánchez Escoto y Karla Maria Lara Pineda; pues no se ha acreditado plenamente el cuerpo del delito de los supra-citados injustos penales, no encontrándose por la honorable Corte: “… ningún indicio y ni siquiera sospecha de que MARLON ENRIQUE LAGOS haya detenido o incomunicado ilegalmente a SANDRA MARIBEL SÁNCHEZ ESCOTO o a KARLA MARIA LARA PINEDA, como tampoco que el hoy imputado no le haya dado cumplimiento a mandato de exhibición alguno, porque sencillamente no lo hubo.- Y en relación al delito de ABUSO DE AUTORIDAD, no se acreditó en la audiencia inicial que el hoy imputado haya dictado o ejecutado órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la República o a las leyes, o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos con motivo de los hechos del cinco de noviembre de dos mil dieciséis; en conclusión, ninguna de las pruebas de cargo quebrantó el estado de inocencia del procesado”.[1] Asimismo, en ulterior Considerando, hace ver la Corte de Apelaciones recurrida en amparo que la actuación denunciada en sede penal, fue efectuada por el hoy imputado en el ejercicio legítimo de su cargo como agente del orden y de la autoridad.[2] CONSIDERANDO (4): Que en formalización de su recurso de amparo, compareció la Abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELÁSQUEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, quien actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, ha manifestado que dicha resolución judicial contraviene y disminuye a la Sociedad y el Estado de Honduras, los derechos salvaguardados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República concernientes a la inviolabilidad del derecho de defensa y al debido proceso legal, precepto según el cual que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece; preceptiva constitucional que ha resultado violentada a su representación procesal, en vista a que en el momento procesal oportuno se aportaron los medios de prueba útiles, pertinentes y proporcionados, necesarios para la acreditación de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD y DETENCIÓN ILEGAL en perjuicio de las señoras SANDRA MARIBEL SÁNCHEZ ESCOTO y KARLA MARIA LARA PINEDA y de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; logrando demostrar que el señor MARLON ENRIQUE LAGOS, actuando en la función policial, se hizo presente el día de los hechos, a eso de las seis de la tarde, en la caseta de Peaje en la Aldea de Zambrano, quien, en uso arbitrario de sus funciones ordenó la Detención Ilegal de las víctimas, utilizando el uso excesivo de la fuerza, sin que existiera delito o falta alguna; no obstante lo cual la instancia ordinaria le decretó un Sobreseimiento Definitivo, el cual no se encuentra dictado conforme a derecho. CONSIDERANDO (5): Que a lo anteriormente referido por la solicitante, en fundamentación de su recurso de amparo, manifiesta que percibe tal infracción a los aludidos principios jurídicos, en vista a que el Tribunal Ad Quem ha obviado imponer el auto de formal procesamiento, en infracción a la tutela judicial efectiva, pues es deber de los órganos jurisdiccionales fallar en observancia de las leyes adjetivas y sustantivas de manera correcta, a modo que la aplicación de éstas sea lo más justa y transparente en todos los aspectos. Considera la Agente de Tribunales del Ministerio Público, en este sentido, que el Ad Quem no ha hecho una correcta aplicación de las reglas de la Sana Crítica por cuanto carece de motivación suficiente en una resolución un tanto holística, no ajustada a derecho, por violentar los principios fundamentales del derecho, como la transparencia, la imparcialidad, la independencia, la objetividad, así como la correcta aplicación de las normas procesales y las garantías constitucionales antes expuestas. Manifiesta, asimismo, que el Juez relaciona como fundamento para emitir su decisión, una resolución emitida por el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, la cual, en su momento, emitió un Auto de Libertad por Ahora; valiéndose de una resolución dictada por otro ente y autoridad que conociera los hechos de manera preliminar, lo que violenta los principios fundamentales del derecho a que se ha hecho anterior referencia; por lo que el Sobreseimiento Definitivo decretado a favor del imputado, carece de los fundamentos jurídicos necesarios para su dictado, conforme al artículo 296 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO (6): Que, finalmente, asevera la garantista, en continencia a lo anterior, que ha resultado probado en la audiencia inicial la existencia de un delito y la autoría material del imputado, señor MARLON ENRIQUE LAGOS, quien procedió a conculcar las garantías constitucionales a la libre circulación y la libre manifestación de las víctimas, derecho que ejercitaban de manera pacífica y que no son constitutivos de delito o falta alguna. Que, por ende, y en estricto derecho, debió el A Quo decretar auto de formal procesamiento de conformidad con la ley. No obstante, el Tribunal de Alzada no reparó en tal falencia argumentativa, ni se percató que del el A Quo había efectuado una valoración de una resolución emitida previamente en sede administrativa por el ente acusador, faltando así al principio de independencia e imparcialidad jurisdiccional; reiterando así la denunciada falta de motivación suficiente del Ad Quem, pues aprecia la garantista que ésta se ha limitado a hacer una repetición de la resolución emitida en primera instancia, en virtud de lo cual ha incurrido en una motivación holística y vacía. – Por todo lo cual solicita el otorgamiento de la presente acción de amparo, por existir ultraje al derecho constitucional invocado. CONSIDERANDO (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución, obliga a que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta; lo cual conlleva implícita la garantía de legalidad en sentido estricto, cuando de determinar deberes y derechos del imputado en sede de adjudicación penal se trate. CONSIDERANDO (8): Que la Sala de lo Constitucional ha expresado también en su jurisprudencia, que las resoluciones jurisdiccionales adoptadas en las grandes audiencias procesales deben ajustarse a todas las garantías procesales y del marco constitucional que se agrupan en la denominación genérica de Debido Proceso. En el presente caso, la confirmatoria procesal al auto de sobreseimiento definitivo;[3] acordada en apelación, radica fundamentalmente en no constar el material probatorio suficiente que genere la convicción, en la jurisdicción ordinaria, en el sentido que las señoras Sandra Maribel Sánchez Escoto y Karla Maria Lara Pineda fueron efectivamente objeto de maltratos, o de cualquier otra afectación a su integridad personal, por parte de la autoridad policial denunciada. Lo anterior, guarda coincidencia con lo expresado recientemente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el caso Rosendo Cantú y otras vs. México (Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216, párr. 112),[4] donde se expresa: “Con el fin de analizar la severidad del sufrimiento padecido, la Corte debe tomar en cuenta las circunstancias específicas de cada caso. Para ello, se deben considerar las características del trato, tales como la duración, el método utilizado o el modo en que fueron infligidos los padecimientos, los efectos físicos y mentales que éstos pueden causar, así como las condiciones de la persona que padece dichos sufrimientos, entre ellos la edad, el sexo y el estado de salud, entre otras circunstancias personales”. CONSIDERANDO (9): Que en tal sentido y en función de lo anteriormente expresado, considera la Sala de lo Constitucional, que las características del trato recibido por las personas ofendidas en el presente caso, en lo concerniente, en primer lugar; al arresto y duración de la detención policial, no vulneró los estándares aceptados para el uso de la fuerza policial en materia de derechos humanos, ni sobre el ámbito y alcance de las atribuciones legalmente reconocidas a la función judicial,[5] acorde todo ello a la prueba valorada en la instancia y confirmada en su resultado en sede de apelaciones. No obstante lo cual, abunda la exposición y formalización del recurso en alegaciones de orden probatorio, impropias para su conocimiento en sede de justicia constitucional, pues además de que las mismas fueron ya plenamente debatidas en el proceso penal respectivo, culminaron con el fallo de apelaciones del cual se ha hecho mérito;[6] el cual se ha pronunciado con la congruencia, exhaustividad y motivación requeridas para su validez y aptitud en el marco de la tutela judicial efectiva.[7] CONSIDERANDO (10): Que tampoco percibe la Sala, hubiere resultado afectada la congruencia de la sentencia con la inconformidad manifestada por la parte garantista, por la posible repetición de conceptos en que se incurriere en la resolución de apelaciones, con respecto a la dictada prima facie en la instancia ordinaria, en virtud de lo cual percibiría la amparista se habría incurrido por la Alzada “en una motivación holística y vacía”. Tal no fue el caso, por una parte, debido a que en el concepto de la Corte de Apelaciones concurre una suerte de motivación dual a la fundamentación de su fallo; en primer lugar, respecto a la situación de atipicidad del comportamiento en que incurriera el agente activo del delito bajo juzgamiento y; en segundo lugar, debido a la concurrencia de una posible causa de justificación, la cual estaría basada en el cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. No explica la honorable Corte, como arribaría a esta última consecuencia, sin previamente haberse acreditado la preexistencia del delito. Sin embargo, también es cierto una motivación que resulte, hasta cierto punto, reiterativa de conceptos jurídicos previamente resueltos y considerados, no resultaría óbice, por sí misma, a la regularidad constitucional exigible; siempre y cuando no se dejaren al descubierto las razones de Derecho que motivaron y fundamentaron tal resolución, esto es, siempre que se cumpliera eficientemente con el deber judicial de motivación; lo cual adquiere aun mayor virtualidad cuando se tiene en ponderación a la presunción o estado de inocencia.[8] CONSIDERANDO (11): Que, asimismo y en continencia a lo anteriormente expresado, tampoco resultó probado se le infligiera a las personas ofendidas padecimientos conducentes a la manifestación de efectos físicos y mentales a su integridad personal, tanto desde una consideración general como personas sujetas a detención policial, como con la debida consideración a la calidad de sus personas en cuanto a la edad, el sexo y/o el estado de salud, respectivamente.[9] CONSIDERANDO (12): Que, asimismo, ha tomado en cuenta la Sala de lo Constitucional, que las características del trato recibido por las personas ofendidas en el presente caso - según se desprende de los hechos tenidos como probados en la resolución que pone fin a la referida audiencia inicial -, específicamente en lo atinente al término temporal del arresto y detención policial, no sobrepasan lo normativizado en el artículo 71.1 de la Constitución de la República, el cual, acorde la reforma constitucional promulgada en 2012, prescribe: “Ninguna persona puede ser detenida ni incomunicada por más de veinticuatro (24) horas posteriores a su detención, sin ser puesta en libertad o a la orden de autoridad competente para iniciar un proceso de juzgamiento. Excepcionalmente este plazo lo extenderá la autoridad competente hasta cuarenta y ocho (48) horas, cuando se trate de delitos de investigación compleja, a causa de la multiplicidad de los hechos relacionados, dificultad en la obtención de pruebas o por el elevado número de imputados o víctimas”. De lo cual, se infiere que la motivación de la sentencia, se encuentra respetuosa a los cánones del derecho constitucional, e inclusive convencional, que rige en la materia y no resulta incompatible a los estándares que ha fijado la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), según queda visto. CONSIDERANDO (13): Que tal línea jurisprudencial es pacífica y se concatena a la jurisprudencia constitucional más reciente, acorde a lo cual el derecho de participación es propio de una sociedad democrática y se encuentra garantizado, a la vez, en el Estado de Derecho, con los límites y alcances que define la legalidad constitucional; expresándose, en forma categórica, lo siguiente: “Que esta Sala de lo Constitucional debe aclarar finalmente que el facilitar el ejercicio de estos derechos y libertades por parte de los órganos jurisdiccionales, no implica, como erróneamente lo ha entendido el impetrante, una aprobación expresa de la anarquía. Ciertamente que el orden y el respeto a la ley deben mantenerse por parte de la autoridad estatal, pero de manera que permita a su vez asegurar que los derechos de los ciudadanos a la libre expresión y manifestación pacífica sean también respetados y garantizados en forma efectiva. Resulta oportuno hacer acopio aquí de lo que en su momento declaró el Tribunal Constitucional de España en torno a la utilización de espacios públicos urbanos, como ser plazas, calles y carreteras públicas en el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacifica, el Tribunal estableció que: “en una sociedad democrática el espacio urbano no es solo un ámbito de circulación, sino también un ámbito de participación”.[10] CONSIDERANDO (14): Que, por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el recurrente y así debe declararse. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 60, 69, 71, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 46 numerales 1), 63, 67 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la presente Garantía Constitucional de Amparo; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de abril de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha seis de marzo de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-0027-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Ver FJ 8.- de la resolución vista para sentencia de amparo, a folio 268 frente de la pieza principal.
[2] Ver FJ 9.- de la resolución vista para sentencia de amparo, a folio 268 vuelto de la pieza principal.
[3] Ver, para mayor abundamiento en el tema, lo expresado en: ROMERO PRADAS, Mª Isabel. EL SOBRESEIMIENTO. Valencia: Tirant monografías (234), 2002. Pág. 24, sobre la legalidad constitucional que soporta el resolutivo de Sobreseimiento.
[4] Citado en: CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS: COMENTARIO. STEINER, Christian / URIBE, Patricia (Editores) Guatemala: Konrad Adenauer Stiftung, Magna Terra, 2014. Pág. 147.
[5] Ver artículos 1, 5 numeral 3), 6, 7, 8, 9 y 10, inter alia, de la Ley de Policía y de Convivencia Social (Decreto No. 226-2001), promulgada el 23 de enero de 2002.
[6] Ver: “El derecho a la tutela judicial en relación con la congruencia y la motivación de las sentencias”, BORRELL MESTRE, J., en: CONSTITUCIÓN Y JUSTICIA CONSTITUCIONAL: JORNADAS DE DERECHO CONSTITUCIONAL EN CENTROAMÉRICA (Vol. II), Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, Agència Catalana de Cooperaciò al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya y Centro de Estudios y Formación Constitucional de Centroamérica y el Caribe. Barcelona, 2012, Págs. 261-284.
[7] Ver los fundamentos jurídicos precitados en las citas de pie de páginas 1 y 2 de la presente sentencia de amparo (ambas remitiendo a folio 268 frente de la pieza principal), con relación a lo motivado por el Juzgado A Quo a folio 183 vuelto y 184 frente, inter alia, de la pieza de los Juzgados.
[8] Así, lo expresado por el Tribunal Constitucional español, según el cual, el grado de motivación constitucionalmente exigido en virtud del derecho a la presunción de inocencia es superior al grado mínimo exigido en general para la tutela judicial. CONSTITUCIÓN Y DERECHO PROCESAL. GARBERI LLOBREGAT, José. Madrid: Cuadernos Civitas -Thomson Reuters, 2009. Pág. 287.
[9] En parecido sentido, la CorteIDH ha dicho en el caso Familia Barrios vs. Venezuela (Sentencia de 24 de noviembre de 2011. Serie C No. 237, párr. 52), que las características personales de una supuesta víctima de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, deben ser tomados en cuenta al momento de determinar si la integridad personal fue vulnerada. Asimismo, el Tribunal ha indicado que todo uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario por el propio comportamiento de la persona detenida constituye un atentado a la dignidad humana en violación del artículo 5 de la Convención Americana. Citado en: CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS: COMENTARIO. STEINER, Christian / URIBE, Patricia (Editores) Guatemala: Konrad Adenauer Stiftung, Magna Terra, 2014. Pág. 135.
[10]
Considerando No. 11) de la sentencia dictada por la Sala de lo Constitucional en el recurso de amparo No. SCO-0108-2014, de fecha 02 de junio de 2016.