Sentencia AP-257-18 — Registro 17669
Resumen
Acto recurrido contra la resolucion que declaró no ha lugar un recurso de apelación contra la del a-quo , con relación a la causa instruida por los delito de Falsificación de Documentos Publicos y Estafa. En en perjuicio del impetrant
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Esta Honorable Sala estima que del estudio exhaustivo del expediente sometido a estudio se comprueba la falta de acreditación de la plena prueba de la comisión del delito, es decir la sustentación del presupuesto de la tipicidad, conlleva que no se acredite la plena prueba de los requisitos para dictar auto de formal procesamiento, por lo que la resolución emitida por el Ad Quem confirma la resolución del tribunal de primera instancia al no haberse probado la prueba aportada por el Ministerio Público debiendo corresponderle por medio de sus funcionarios y órganos auxiliares, investigar los hechos punibles y promover la acción penal pública en representación de la sociedad, realizando todos los actos que sean necesarios para preparar la acusación y participar en el proceso, de conformidad con las disposiciones de su respectiva ley del Código Penal debiendo actuar con objetividad y velando por la correcta aplicación de las leyes penales..." ..." Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en la Acción de Amparo objeto de estudio se comprueba, que la sentencia impugnada en esta vía constitucional no vulnera el debido proceso ni el principio de legalidad, ya que la sentencia dictada por el Ad Quem es apegada a derecho; consecuentemente no vulnera las garantías constitucionales invocadas por la impetrante, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de enero del año dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, en fecha veintitrés (23) de enero de dos mil dieciocho (2018), que declaró no ha lugar un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, en fecha veintidós (22) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), con relación a la causa instruida contra la señora WENDY JACKELINE GALEANO VIDES, por suponerla responsable del delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS Y ESTAFA, en perjuicio de la FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y del señor MIGUEL ANGEL AGUILAR CABALLERO. Estimando la recurrente que se le ha violentado las garantías constitucionales consignadas en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.ANTECEDENTES.1) Que en fecha uno (1) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, la Abogada MARCELA IVETTE CHINCHILLA CALDERON, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra la señora WENDY JACKELINE GALEANO VIDES, a quien se le supone responsable de los delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS y ESTAFA en perjuicio de la FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y del señor MIGUEL ANGEL AGUILAR CABALLERO. (Folios 1–07 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia) 2) Que continuando el trámite correspondiente, el referido Juzgado, celebró audiencia inicial en fecha veintidós (22) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), en la cual Resuelve (sic): “…Por esta razón se le da un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a la señora WENDY JACKELINE GALEANO por los delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS en perjuicio de la FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y por el delito de ESTAFA en perjuicio del señor MIGUEL ANGEL AGUILAR CABALLERO, en consecuencia se le revocan las medidas cautelares interpuestas en la audiencia de declaración de imputado….” (Folios 26–29 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia) 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra de la resolución dictada en fecha veintidós (22) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, dictó sentencia en fecha veintitrés (23) de enero de dos mil dieciocho (2018) en la cual: RESUELVE (sic): PRIMERO: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada JENNY OFELIA AVILA TURCIOS en su condición representante del Ministerio Público; SEGUNDO: CONFIRMAR la resolución dictada por la señora Juez de Letras Seccional de Santa Rosa de Copán, Copán, al dictar el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de la señora WENDY JACKELINE GALEANO VIDES….” (Folios 3–7 de la pieza de antecedentes de Segunda Instancia). 4) Que la recurrente, Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, compareció ante este Tribunal, en fecha veintiuno (21) de marzo del dos mil dieciocho (2018) interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad Quem, de fecha veintitrés (23) de enero del dos mil dieciocho (2018), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil dieciocho (2018), esta Sala de lo Constitucional tuvo por formalizada la acción de amparo y ordenó seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el artículo 54 de la Ley sobre Justicia Constitucional, omitiendo la vista al Fiscal del despacho conforme lo prescrito por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en amparo la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, dictó sentencia en fecha veintitrés (23) de enero de dos mil dieciocho (2018) en la cual: RESUELVE (sic): “PRIMERO: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada JENNY OFELIA AVILA TURCIOS en su condición representante del Ministerio Público; SEGUNDO: CONFIRMAR la resolución dictada por la señora Juez de Letras Seccional de Santa Rosa de Copán, Copán, al dictar el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de la señora WENDY JACKELINE GALEANO VIDES…. Estimando la recurrente que se le ha violentado las garantías constitucionales consignadas en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que del estudio del presente recurso de amparo la impetrante establece que la procedencia de la acción interpuesta se suscita por las violaciones al debido proceso y la garantía de legalidad para lo cual sobre dichos aspectos expone que el debido proceso es el que en todo se ajusta al principio de juridicidad propio del Estado de Derecho y excluye por supeditado contra legem o praeter legem. El derecho al debido proceso es el que tiene toda persona a la recta administración de la justicia, que satisface todos los requerimientos, condiciones y exigencias necesarias para garantizar la efectividad del derecho material. Este derecho comprende entre otros los siguientes derechos: El derecho a la defensa judicial, entendida como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para hacer oír y obtener una decisión favorable, este derecho hace parte el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa, los derechos de asistencia de un abogado, a la igualdad ante le ley procesal, derecho a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso. Establece la recurrente que sin hacer un análisis de la excepción planteada por la defensa en la audiencia inicial en relación a la falta de acción cuando no debió promoverse en virtud de la inexistencia del delito imputado, puesto como se desarrolló en la referida audiencia inicial, de conformidad con el Código Procesal Penal establece que es un derecho del imputado estar presente con su defensor en todos los actos que impliquen elementos de prueba, siendo este un derecho que le asiste a la agente del Ministerio Público quien alega es un derecho que le asiste y que está consagrado en la Constitución de la República y en los Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos de los que en Honduras forma parte, por lo que el no haberle notificado la práctica del peritaje de documentología, considera que se le vulneró su derecho a la defensa, por lo que este medio de prueba se convierte en prueba prohibida o ilícita de eficiencia probatoria según lo establece el artículo 200 del cuerpo legal mencionado, por lo que considera que existe fundamento suficiente para presentar requerimiento fiscal en contra de la señora WENDY JACKLINE GALEANO VIDES, a quien se le supone responsable a titulo de autor de los delitos de Falsificación de documentos públicos en perjuicio de la Fe Pública y ESTAFA en perjuicio del señor MIGUEL ANGEL AGUILAR CABALLERO, vulnerando el principio de legalidad el cual establece el ESTADO DE DERECHO el que tiene que tener su fundamento y límite en el ordenamiento jurídico, las que le imponen al juez la obligación ineludible de emitir sus resoluciones en estricto apego a derecho y no a su mera arbitrariedad, la que considera es una interpretación personal sin tomar en cuenta la norma, el hecho, la prueba y como en el caso sub judice el derecho a aplicar, debiendo en todo momento el A Quo orientar la búsqueda del verdadero sentido de la norma que se debe aplicar, y en el caso venido a estudio se aprecia que concurre una contravención a la ley.
CONSIDERANDO CINCO (5): Que atendiendo las modalidades de conducta del amigo de las falsedades documentales que aduce el ministerio Público, se hace hincapié que entre las denominadas falsedades materiales y las falsedades ideológicas, intelectuales o espirituales, cabe entender que la falsedad material consiste en la alteración o creación física, total o parcial, de un documento quebrantando la genuina autenticidad, aunque no a su veracidad, verbigracia tachaduras, contra haciendo o fingiendo letra; entendemos la falsedad ideológica o intelectual, no es más que la manifestación de algo que no es verdad, quedando plasmado tal hecho falso en el documento, es la aseveración de lo que no es verídico, aunque el documento sea legítimo. Es conforme a nuestro Código Penal que la falsificación de documentos en general en los supuestos del artículo 284 numerales 5, 6 y 8 son falsedades materiales, los supuestos en los numerales 2 y 3 son falsedades ideológicas, y la 4 y 7 se consideran mixtas. Que siendo que el delito mencionado en la presente causa de mérito debe acreditarse con prueba confiable e idónea, por lo que el dictamen de “documentología” aportada por el Ministerio Público, está excluida del material probatorio por estimarse su nulidad al no haberse notificado a la parte defensora donde se ordenaba la práctica de la prueba pericial y el nombramiento del perito según auto de fecha 16 de noviembre del 2017[1], siendo por consiguiente que la decisión de excluir el material probatorio fue consentido por la parte acusadora renunciando así al derecho fundamental a la defensa, ante lo cual se vio vedada a demostrar su pretensión acusatoria. CONSIDERANDO SEIS (6): Esta Honorable Sala estima que del estudio exhaustivo del expediente sometido a estudio se comprueba la falta de acreditación de la plena prueba de la comisión del delito, es decir la sustentación del presupuesto de la tipicidad, conlleva que no se acredite la plena prueba de los requisitos para dictar auto de formal procesamiento, por lo que la resolución emitida por el Ad Quem confirma la resolución del tribunal de primera instancia al no haberse probado la prueba aportada por el Ministerio Público debiendo corresponderle por medio de sus funcionarios y órganos auxiliares, investigar los hechos punibles y promover la acción penal pública en representación de la sociedad, realizando todos los actos que sean necesarios para preparar la acusación y participar en el proceso, de conformidad con las disposiciones de su respectiva ley del Código Penal debiendo actuar con objetividad y velando por la correcta aplicación de las leyes penales. CONSIDERANDO SIETE (7): Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en la Acción de Amparo objeto de estudio se comprueba, que la sentencia impugnada en esta vía constitucional no vulnera el debido proceso ni el principio de legalidad, ya que la sentencia dictada por el Ad Quem es apegada a derecho; consecuentemente no vulnera las garantías constitucionales invocadas por la impetrante, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS la Sala de lo Constitucional, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en aplicación de los artículos 82, 80, 90, 94, 183, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 320, 321, 323, de la Constitución de la República; 1, 2, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9, 41, 42, 44, 45, 47, 52, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 31, 32 y 284 del Código Penal; 1, 2, 4, 14, 100.10, 198, 199, 200, 202, 296 y 297 del Código Procesal Penal; 1, 13, 16, 37, 92 y 93 de la Ley del Ministerio Público; FALLA: DENEGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, en fecha veintitrés (23) de enero de dos mil dieciocho (2018), que declaró No Ha Lugar un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, en fecha veintidós (22) de noviembre de dos mil diecisiete (2017); Y MANDA: Que con la certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. REDACTÓ LA MAGISTRADA REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de abril de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha treinta de enero de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-257-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Ver folio 21 y 22 de la pieza principal de sus antecedentes