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Sentencia AP-234-19 — Registro 12928

Resumen

Sentencia en consulta otorgó recurso de amparo a favor de recurrente contra resolución dictada por la Coordinación del Juzgado de Ejecución Penal de San Pedro Sula, que la amonestó verbalmente por no acatar orden de realizar visitas a centro penitenciario; la Autoridad recurrida dejó sin valor ni efecto la misma restableciendo el derecho fundamental amparado

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"se conoce el recurso de amparo venido en Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada LIDIA IMELDA PEREZ MOLINA, a favor de SI MISMA, contra la resolución de fecha veintiocho(28) de febrero del año dos mil dieciocho (2018) dictada por la Coordinación del Juzgado de Ejecución Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual se amonestó a la Abogada LIDIA IMELDA PEREZ MOLINA, en su condición de Juez de dicho Juzgado, por no acatar la orden de realizar visitas penitenciarias al Centro Penal de Ilama, departamento de Santa Barbará..."..."del análisis del recurso interpuesto el acto el cual reclama la recurrente es la resolución donde se le impone una sanción de amonestación verbal de fecha 28 de febrero del 2018 interpuesta por la Coordinadora del Juzgado de Ejecución Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en condición de superior jerárquico administrativamente de la misma. Que, si bien la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales le otorga la facultad de ejercer el régimen disciplinario en sus despachos, fundado en el artículo 44 de la Ley establece: “A los jueces de letras les corresponde inmediatamente, mantener la disciplina judicial en su despacho y en la demarcación sujeta a su autoridad y la observancia de todas las leyes relativas a la administración de justicia. Podrán al efecto imponer: Amonestación verbal, censura por escrito o multa que no exceda de diez pesos…”. Derivado de la anterior aplicabilidad legal aduce la censora que en fecha 28 de febrero del 2018 fue llamada por la Coordinadora del Juzgado de ejecución Penal a su despacho, manifestándole al ingresar que estaba amonestada verbalmente, y sin escucharla sobre lo que ella exponía en su defensa procedió a entregarle dicha amonestación verbal, por escrito, negándole con ello, su derecho a defensa en audiencia previa para ese fin, antes de recibir tal sanción, por lo cual señala que sin consideración alguna se le violento su derecho de defensa y debido proceso, no dándole la oportunidad de descargo aportando las pruebas oportunas en su defensa..."..."esta Sala estima que debió escuchársele previamente en su derecho de defensa, es decir oír sus razones y/o dejar que presentara justificaciones verbales o documentales, para establecer si eran justificativas las razones por las que no llevo a cabo lo ordenado por la autoridad recurrida, a fin de que su expediente administrativo, no solo constase la amonestación verbal de que fue objeto, sino también lo que en su defensa hubiese aportado, para tomarse una decisión justa, siendo que ello afecta su expediente laboral, lo cual es una razón más por la que se justifica su derecho a la defensa. Que de conformidad al estudio del caso sub judice en las motivaciones y razonamientos emitidos por el Tribunal Ad Quem, estima que la sanción consistente en AMONESTACION VERBAL impuesta por el recurrente, que es el acto por el cual se recurre, esta Sala estima que efectivamente comparte la resolución emitida por la autoridad recurrida, al considerar que se le han violentado las garantías fundamentales enunciadas por la censora en la interposición del presente recurso de amparo, como es el derecho a la defensa, a la inocencia y al principio del debido proceso, haciendo una franca atentado a la tutela judicial efectiva que enarbola la Supremacía Constitucional y demás estamento jurídico nacional, por lo que sin mas caso se debe otorgar la presente acción de amparo y para el restablecimiento de los derechos violentados debe dejarse sin valor ni efecto el acto impugnado, en lo que se refiere a la sanción impuesta..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de junio del año dos mil diecinueve.-VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada LIDIA IMELDA PEREZ MOLINA, a favor de SI MISMA, contra la resolución de fecha veintiocho(28) de febrero del año dos mil dieciocho (2018) dictada por la Coordinación del Juzgado de Ejecución Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, mediante la cual se amonestó a la Abogada LIDIA IMELDA PEREZ MOLINA, en su condición de Juez de dicho Juzgado, por no acatar la orden de realizar visitas penitenciarias al Centro Penal de Ilama, departamento de Santa Barbará. Estima el recurrente que se le han violentado los artículos 82, 89 y 90 comprendidos en la Constitución de la República.-ANTECEDENTES:1)Que en fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), la Abogada LIDIA IMELDA PEREZ MOLINA, compareció ante la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula departamento de Cortés, interponiendo Recurso de Amparo a favor de SI MISMA, contra la resolución de fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), dictada por la Coordinación del Juzgado de Ejecución Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés; por considerar que la misma atenta contra lo preceptuado en el artículos 82, 89 y 90 de la Constitución de la República. -2) Que en fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, FALLA (sic): “OTORGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada LIDIA IMELDA PEREZ MOLINA, actuando en su propia representación, contra la resolución de fecha veintiocho (28) de febrero del dos mil dieciocho (2018), emitida por la Coordinadora del Juzgado de Ejecución Penal de San Pedro Sula, Cortés consistente en una amonestación verbal hacia su persona, la cual queda sin valor ni efecto con motivo del restablecimiento del derecho fundamental amparado…”.(Folios del 98 al 101 de la pieza de Corte de Apelaciones).-3) Que en fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que de acuerdo a lo determinado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca en consulta, conforme a lo dispuesto en el artículo 68 del mismo cuerpo legal, irá en trámite de consulta obligatoria, a solicitud de parte de la Corte de Apelaciones elevará petición de estudio de la sentencia emitida para ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien discrecionalmente resolverá sobre su admisión.-CONSIDERANDO (3): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con los artículos 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO (4): Que se conoce el recurso de amparo venido en Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada LIDIA IMELDA PEREZ MOLINA, a favor de SI MISMA, contra la resolución de fecha veintiocho(28) de febrero del año dos mil dieciocho (2018) dictada por la Coordinación del Juzgado de Ejecución Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual se amonestó a la Abogada LIDIA IMELDA PEREZ MOLINA, en su condición de Juez de dicho Juzgado, por no acatar la orden de realizar visitas penitenciarias al Centro Penal de Ilama, departamento de Santa Barbará. Estima el recurrente que se le han violentado los artículos 82, 89 y 90 comprendidos en la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (5): Que la impetrante tanto al momento de interponer la acción constitucional de amparo, como al momento de formalizar el recurso (folio 72) alude que el órgano jurisdiccional en el presente caso sometido a estudio por esta Honorable Sala de lo Constitucional se evidencia en autos el Informe brindado por la Juez Coordinadora del Juzgado de Ejecución de la Sección judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, emitido por la Abogada MARISA BURGOS SUAZO, el que obra a folio 30 a 31 vuelto de la pieza de amparo, en donde resuelve entre otros asuntos que la servidora judicial abogada LIDIA IMELDA PEREZ MOLINA en su condición de Juez Ejecución Penal ha sido objeto de amonestación verbal impuesta en fecha veintiocho (28) de febrero del dos mil dieciocho (2018) y del mismo informe en aplicación al artículo 52 de la Ley sobre Justicia Constitucional, estima que haciendo uso de sus funciones como Coordinadora del Juzgado de Ejecución Penal procedió a verificar si se estaban cumpliendo las ordenes por la Coordinación Nacional observándose su incumplimiento en cuanto a lo referente a las visitas penitenciarias conforme al respecto rol que debía ser respetado en el mes de febrero del 2018, quien la censora quien actúa por sí en la presente recurso, no realizó ninguna visita penitenciaria aun y cuando había quedado debidamente notificada y entendida a lo dispuesto en el acta de reunión celebrada en fecha seis (6) de febrero del dos mil dieciocho (2018).-CONSIDERANDO (6): Las partes son iguales en el proceso, teniendo los mismos derechos, obligaciones, cargas y oportunidades, en función de la posición procesal que ocupen. El órgano jurisdiccional está obligado a preservar la igualdad en las partes en el proceso ya evitar toda discriminación contra o entre ellas por razones de sexo, raza, religión, idioma, o condición social, política, económica o de otra índole”[1]. Imponiendo de esta manera la obligación al Juez de preservar esa igualdad de las partes en el proceso y evitar toda discriminación contra o entre ellos por las razones anteriormente establecidas.-CONSIDERANDO (7): En tal sentido el Debido Proceso es un derecho fundamental, que se materializa en aquellas garantías mínimas e ineludibles que permiten el resultado justo, equitativo e imparcial en un proceso, lo que se conoce como la tutela jurisdiccional efectiva. Como ser escuchado, tener un abogado, ofrecer pruebas, un juez predeterminado, una sentencia motivada y oportuna, la doble instancia, son claros ejemplos de la Tutela Judicial Efectiva. -CONSIDERANDO (8): Es un reconocimiento al derecho a la igualdad que tienen las partes y el órgano jurisdiccional de utilizar la ley para su defensa y para el correcto juzgamiento. Su finalidad es lograr el máximo respeto de los derechos fundamentales de la persona que afronta un proceso. A través de él, se logra la plena satisfacción de los intereses individuales de las partes y permite una adecuada justicia social. Como derecho, el debido proceso no admite excepciones y corresponde a todo tipo de causas, sean públicas o privadas. -CONSIDERANDO (9): Entendiéndose el Debido Proceso como:[2] ”El derecho que tienen las partes a que se desarrolle el proceso por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por Órgano Jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada”.-CONSIDERANDO (10): En cuanto al Derecho a la Defensa forma parte del núcleo duro de las garantías del debido proceso, el cual se encuentra reconocido de manera fehaciente en la Constitución, en tal sentido la “LA DEFENSA” en un sentido lato, se entiende como aquel derecho, reconocido Constitucionalmente, que tiene toda persona, de solicitar ante un órgano de justicia, una solución justa ante un determinado litigio. Debemos decir que mediante la “defensa”, las partes deberán estar en la posibilidad tanto en el plano jurídico como en el fáctico de estar convocadas para ser escuchadas, y colocarse frente al sistema en una formal contradicción con “igualdad de armas” siendo pues como lo señala Julio Maier: “Una garantía frente al Poder del Estado y representa una limitación del poder estatal”.-CONSIDERANDO (11): Que la garantía genérica del Debido Proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los Tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, entre otros.-CONSIDERANDO (12): Que tal y como se ha dejado establecido en ocasiones anteriores por parte de esta Sala de lo Constitucional, el Derecho de Defensa forma parte del Debido Proceso, al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, como se deja relacionado en el acápite anterior; trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso sub júdice, el recurrente lo ha relacionado con el derecho a recurrir la resolución que afecta su Derecho a la Defensa y al Debido Proceso, establecido dentro de nuestro marco constitucional.-CONSIDERANDO (13): Que la intimidad como derecho fundamental es reconocido en los instrumentos internacionales relativos a los Derechos Humanos ratificados por Honduras, entre estos La Convención Americana de Derechos Humanos[3]; la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre[4]; el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos[5], al disponer que nadie puede ser objeto de injerencias, arbitrarias o ilegales en su vida privada, la de su familia, ni de ataques a su honra o reputación y que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques.-CONSIDERANDO (14): Que del análisis del recurso interpuesto el acto el cual reclama la recurrente es la resolución donde se le impone una sanción de amonestación verbal de fecha 28 de febrero del 2018 interpuesta por la Coordinadora del Juzgado de Ejecución Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en condición de superior jerárquico administrativamente de la misma. Que, si bien la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales le otorga la facultad de ejercer el régimen disciplinario en sus despachos, fundado en el artículo 44 de la Ley establece: “A los jueces de letras les corresponde inmediatamente, mantener la disciplina judicial en su despacho y en la demarcación sujeta a su autoridad y la observancia de todas las leyes relativas a la administración de justicia. Podrán al efecto imponer: Amonestación verbal, censura por escrito o multa que no exceda de diez pesos…”. Derivado de la anterior aplicabilidad legal aduce la censora que en fecha 28 de febrero del 2018 fue llamada por la Coordinadora del Juzgado de ejecución Penal a su despacho, manifestándole al ingresar que estaba amonestada verbalmente, y sin escucharla sobre lo que ella exponía en su defensa procedió a entregarle dicha amonestación verbal, por escrito, negándole con ello, su derecho a defensa en audiencia previa para ese fin, antes de recibir tal sanción, por lo cual señala que sin consideración alguna se le violento su derecho de defensa y debido proceso, no dándole la oportunidad de descargo aportando las pruebas oportunas en su defensa.-CONSIDERANDO (15): De todo lo anterior, esta Sala estima que debió escuchársele previamente en su derecho de defensa, es decir oír sus razones y/o dejar que presentara justificaciones verbales o documentales, para establecer si eran justificativas las razones por las que no llevo a cabo lo ordenado por la autoridad recurrida, a fin de que su expediente administrativo, no solo constase la amonestación verbal de que fue objeto, sino también lo que en su defensa hubiese aportado, para tomarse una decisión justa, siendo que ello afecta su expediente laboral, lo cual es una razón más por la que se justifica su derecho a la defensa. Que de conformidad al estudio del caso sub judice en las motivaciones y razonamientos emitidos por el Tribunal Ad Quem, estima que la sanción consistente en AMONESTACION VERBAL impuesta por el recurrente, que es el acto por el cual se recurre, esta Sala estima que efectivamente comparte la resolución emitida por la autoridad recurrida, al considerar que se le han violentado las garantías fundamentales enunciadas por la censora en la interposición del presente recurso de amparo, como es el derecho a la defensa, a la inocencia y al principio del debido proceso, haciendo una franca atentado a la tutela judicial efectiva que enarbola la Supremacía Constitucional y demás estamento jurídico nacional, por lo que sin mas caso se debe otorgar la presente acción de amparo y para el restablecimiento de los derechos violentados debe dejarse sin valor ni efecto el acto impugnado, en lo que se refiere a la sanción impuesta. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del ESTADO DE HONDURAS por UNAMINIDAD de votos de la Sala de lo Constitucional, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en aplicación de los artículos 82,89, 90, 103, 104, 183, 303, 321, 331 Atribución 5ta, 321 de la Constitución de la República; 10 Y 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 5 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; 2, 8.1. 11 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 227, 229 y 254 del Código Penal; 2, 3 numeral segundo 5, 7, 8, 9, 10, 41, 42, 44, 45, 46.5, 63, 68, 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 44 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia Venida en Consulta, interpuesta por la Abogada LIDIA IMELDA PEREZ MOLINA, en su condición de Juez del Juzgado de Ejecución Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, ante la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, de fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil diecinueve (2019) que otorgó el recurso presentado contra la resolución dictada por la COORDINACION DEL JUZGADO DE EJECION PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha veintiocho (28) de febrero del dos mil dieciocho (2018). Y MANDA: Que con la certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó Magistrada REINA AUXILIADORA HERCURLES ROSA. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los quince (15) días del mes de agosto del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Sentencia de fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil diecinueve (2019) recaída en el Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0234-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 5 del Código Procesal Civil.

[2] Artículo 3 del Código Procesal Civil.

[3] Artículo 11 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos

[4] Artículo 5 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre

[5] Artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos