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Sentencia AP-221-16 — Registro 17800

Resumen

Con relación a la causa instruida contra imputado por suponerlo responsable de los Delitos contra la Salud Pública, Falsificación De Documentos Públicos, Uso De Documentos Públicos Falsos, Otros Fraudes, en perjuicio de La Administración, La Fe Pública Y La Salud Pública Del Estado De Honduras, en relación a los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público en su condición de recurrente y por la Procuraduría General de la República contra sobreseimiento definitivo dictado por el Juez Natural nombrado por la Corte Suprema de Justicia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES NATURAL DESIGNADA POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en fecha catorce de diciembre de dos mil quince, que declaró sin lugar los recursos de apelación presentados contra el sobreseimiento dictado por el Juzgado de Letras Natural Designado por la Corte Suprema de Justicia; se aprecia en la misma, que el Ad-quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora en esa etapa del juicio. Refiriéndose a la etapa inicial, lo que se valora es la probabilidad razonable de que el encausado ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose, por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el juzgador, concluyendo que al señor Carlos Alberto Zamora Bautista, se le realizan imputaciones como persona natural, sin que exista determinación de actos concretos de lo que se deriva su responsabilidad"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES NATURAL DESIGNADA POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en fecha catorce de diciembre de dos mil quince, que declaró sin lugar los recursos de apelación presentados contra el sobreseimiento dictado por el Juzgado de Letras Natural Designado por la Corte Suprema de Justicia; se aprecia en la misma, que el Ad-quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora en esa etapa del juicio. Refiriéndose a la etapa inicial, lo que se valora es la probabilidad razonable de que el encausado ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose, por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el juzgador, concluyendo que al señor Carlos Alberto Zamora Bautista, se le realizan imputaciones como persona natural, sin que exista determinación de actos concretos de lo que se deriva su responsabilidad

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de abril de dos mil ­­­­­­diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SUSSY COELLO GARCÍA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES NATURAL DESIGNADA POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en fecha catorce de diciembre de dos mil quince, que declaró sin lugar los recursos de apelación presentados contra el sobreseimiento dictado por el Juzgado de Letras Natural Designado por la Corte Suprema de Justicia, con relación a la causa instruida contra el señor CARLOS ALBERTO ZAMORA BAUTISTA por suponerlo responsable de los DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, USO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS FALSOS, OTROS FRAUDES, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN, LA FE PÚBLICA y LA SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los Artículos 82, 90, y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dieciocho de junio de dos mil quince, las Abogadas ELSA GERTRUDIS CALDERON GODOY Y MARINA AUDELY VARELA FIGUEROA, actuando en su condición de Fiscales del Ministerio Público, comparecieron ante la Corte Suprema de Justicia, presentando requerimiento fiscal contra los señores MARIA DE LOS ANGELES FUNES PINEDA, MARTHA GRISSELDA VASQUEZ ORDOÑEZ, ERICKA NINOSKA CASTILLO CANELAS, MIRZA LIZETH RUIZ CASTRO, KISTIAN MANUEL BAUTISTA, MIRTA GLORIA ESCOBAR CARCAMO, SOAD ESTRELLA OROZCO MONTOYA, MARIA CRISTINA NUÑEZ GARCIA, EVELYN FLORES DIAZ, por suponerlos responsables de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS Y PREVARICATO en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; contra MARCO TULIO GUTIERREZ VELASQUEZ, GINETTE KARIME GUTIERREZ,AREVALO, LENA KARIN GUTIERREZ AREVALO, JULIO CESAR GUTIERREZ AREVALO, CARLOS ALBERTO ZAMORA BAUTISTA, GLADIS IRIAS RIVERA, GILBERTO LEZAMA TORO por suponerlos responsables de los delitos CONTRA LA SALUD PÚBLICA, FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, USO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS FALSOS Y OTROS FRAUDES, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA SALUD PÚBLICA; y contra LENA KARIN GUTIERREZ AREVALO por suponerla responsable del delito de FRAUDE CONTRA LOS INTERESES DEL ESTADO en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 2) Que en Audiencia Inicial que se inició en fecha diecisiete de agosto y culminó en fecha treinta de septiembre de dos mil quince, el Juez de Letras Natural Designado por la Corte Suprema de Justicia, resolvió: “… (7.) DECRETAR SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de CARLOS ALBERTO ZAMORA BAUTISTA por los delitos contra LA SALUD PÚBLICA, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, USO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS FALSOS Y OTROS FRAUDES en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LA FE PÚBLICA Y LA SALUD PÚBLICA. …” (Folios del 813 al 884, del Tomo II de la primera pieza de antecedentes). 3) Que conociendo de los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público y por la Procuraduría General de la República contra el sobreseimiento dictado en fecha treinta de septiembre de dos mil quince, por el Juez Natural nombrado por la Corte Suprema de Justicia, la CORTE DE APELACIONES DESIGNADA POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA dictó resolución en fecha catorce de diciembre de dos mil quince, mediante la cual resolvió (sic) “… TERCERO: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto contra del auto de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil quince (2015) por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, CONFIRMANDO el SOBREIMIENTO DEFINITIVO decretado a favor de CARLOS ALBERTO ZAMORA BAUTISTA por los delitos contra LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LA FE PÚBLICA Y LA SALUD PÚBLICA; en virtud haberse dictado conforme a derecho corresponde. …” (Folios del 39 al 44 de la segunda pieza de antecedentes). 4) Que la Abogada SUSSY COELLO GARCIA, compareció ante la Sala de lo Constitucional en fecha catorce de marzo de dos mil dieciséis, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la resolución de fecha catorce de diciembre de dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones Designada por la Corte Suprema de Justicia, y que se deja relacionada en el inciso que precede es violatoria de los Artículos 82, 90, y 321 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha veintiocho de enero de dos mil diecinueve, la Sala tuvo por formalizados el recurso de amparo de mérito, omitiéndose la vista al Fiscal del Despacho de conformidad a lo estipulado en el Artículo 37 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada SUSSY COELLO GARCÍA a favor del ESTADO DE HONDURAS, se dirige contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES NATURAL DESIGNADA POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en fecha catorce de diciembre de dos mil quince, que declaró sin lugar los recursos de apelación presentados contra el sobreseimiento dictado por el Juzgado de Letras Natural Designado por la Corte Suprema de Justicia, con relación a la causa instruida contra el señor CARLOS ALBERTO ZAMORA BAUTISTA por suponerlo responsable de los DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, USO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS FALSOS, OTROS FRAUDES, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN, LA FE PÚBLICA y LA SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la Abogada SUSSY COELLO GARCIA, compareció ante la Sala de lo Constitucional en fecha catorce de marzo de dos mil dieciséis, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la resolución de fecha catorce de diciembre de dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones Designada por la Corte Suprema de Justicia, y que se deja relacionada en el inciso que precede es violatoria de los Artículos 82, 90, y 321 de la Constitución de la República, bajo la consideración argumentativa que la materialización de este Derecho de rango constitucional, conlleva a la práctica el absoluto respeto a las formalidades legales cuando se lleva a cabo el juzgamiento de a quienes se les atribuya la comisión de un hecho delictivo, lo cual implica necesariamente respeto al principio de tutela judicial efectiva y al principio de legalidad. Que en tal sentido es el Ad-Quem, debió revocar el sobreseimiento dictado por el A-Quo, en virtud de haber acreditado la plena prueba de la comisión del delito y la participación del acusado en la acción delictiva. La aplicación inadecuada de la norma penal constituye una flagrante violación al debido proceso, mismo que reclama que la conclusión por sentencia de todo proceso debe respetar al menos ciertos principios constitucionales vinculados a una verdadera administración de justicia, entre las cuales se encuentra el derecho a la debida motivación, debiéndose de valorar la prueba de conformidad a las reglas de la Sana Critica, sin embargo como se ha dicho la resolución emitida por el Ad-Quem, no valoró la prueba evacuada en juicio oral y público de manera conjunta. En un Estado de Derecho el poder tiene su fundamento y limite en las normas jurídicas, que impone al Juez emitir sus resoluciones en estricto apego a derecho y no a su mera arbitrariedad, o interpretación personal sin tomar en cuenta la norma, el hecho, la prueba y el derecho que debe aplicar; si bien el Juez tiene la facultad de interpretar la Ley, esta debe de ser orientada a la búsqueda del verdadero sentido de la norma que se debe aplicar. La Corte de Apelaciones no resolvió los agravios planteados efectivamente por el Ministerio Público y no se pronunció sobre el fondo. CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha veintiocho de enero de dos mil diecinueve, la Sala tuvo por formalizados el recurso de amparo de mérito, omitiéndose la vista al Fiscal del Despacho de conformidad a lo estipulado en el Artículo 37 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala Constitucional. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES NATURAL DESIGNADA POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en fecha catorce de diciembre de dos mil quince, que declaró sin lugar los recursos de apelación presentados contra el sobreseimiento dictado por el Juzgado de Letras Natural Designado por la Corte Suprema de Justicia; se aprecia en la misma, que el Ad-quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora en esa etapa del juicio. Refiriéndose a la etapa inicial, lo que se valora es la probabilidad razonable de que el encausado ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose, por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el juzgador, concluyendo que al señor Carlos Alberto Zamora Bautista, se le realizan imputaciones como persona natural, sin que exista determinación de actos concretos de lo que se deriva su responsabilidad penal. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final. CONSIDERANDO DOCE (12): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no está configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuestos de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aún, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición. CONSIDERANDO TRECE (13): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como lo es confirmar un sobreseimiento de un imputado, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. CONAN RAFAEL ARGUETA BOURDET. RUBEN RIVERA FLORES. NERY MAURICIO MIRANDA. RUBEN RIVERA. ROXANA LICETH MORALES TORO. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de mayo del año dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha veintitrés de abril del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado bajo los números SCO-0221=2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL