Sentencia AP-210-18 — Registro 12015
Resumen
Acto recurrido que declaró ha lugar un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el ad- quem, con relación a la causa instruida contra el señor Juan de Dios Mondragón Barahona por suponerlo responsable del delito de abuso de autoridad y violacion de los deberes de los funcionarios, en perjuicio del impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." Que en el presente caso, considera la Sala de lo Constitucional, que tales aseveraciones carecen de sustento eficiente en el rango constitucional de la normatividad, pues se reconducen a la denuncia de criterios de mera legalidad emitidos, en otro momento procesal, por el propio Juez sometido a antejuicio; versando esencialmente su alegación sobre la supuesta contravención a la legalidad imperante en la resolución que emitiera el susodicho, en su condición preindicada de funcionario judicial, en el marco de una Audiencia Preliminar. Sin embargo, resulta claro que la resolución dictada por la SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en fecha veintidós (22) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), que declaró ha lugar un recurso de apelación interpuesto por el interesado contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, en fecha uno (01) de marzo de dos mil diecisiete (2017), no resultó contrariada por la argumentación jurídica promovida por la garantista; por lo cual se considera como un alegato incurso en consideraciones de rango legal, no trascendente hacia los fines que ya establece la Ley Sobre Justicia Constitucional..." ..." Que según se colige de la presente vista, el planteamiento de la amparista no ha demostrado la enervación de los derechos constitucionales invocados, mediante argumentación jurídica apta y suficiente para mostrar la existencia de vicios de inconstitucionalidad objetiva en la resolución dictada por la SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en fecha veintidós (22) de noviembre de dos mil diecisiete (2017); por todo lo cual se considera tal demanda de amparo deviene improcedente, en aplicación de la causal de inadmisibilidad y consiguiente sobreseimiento precavida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, cuando el recurso de amparo se soporte sobre alegaciones de mera legalidad, como es el caso; por lo cual procede dictar inmediato sobreseimiento a la presente acción constitucional de Amparo..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, Numeral 1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de junio del dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución dictada por la SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en fecha veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, que declaró ha lugar un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, en fecha uno de marzo de dos mil diecisiete, con relación a la causa instruida contra el señor JUAN DE DIOS MONDRAGON BARAHONA por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estimando la recurrente que se ha violentado el Derecho Constitucional comprendido en los artículos 304 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, la abogada MELISSA JOHANA MEDINA MARTINEZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, solicitando procedimiento especial de Antejuicio a fin de que se declarara ha lugar la persecución penal contra el señor JUAN DE DIOS MONDRAGON BARAHONA, quien ostenta el cargo de Juez Titular del Juzgado de Letras departamental de Santa Bárbara, a quien se le supone responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS (Folios 1–12 de la pieza de antecedentes) 2) Que continuado el trámite, la referida Corte de Apelaciones, dictó sentencia de admisión de antejuicio en fecha uno de marzo de dos mil diecisiete, el cual Resuelve: “PRIMERO: DECLARA HA LUGAR PARCIALMENTE la solicitud del proceso especial de antejuicio, solicitado por la Abogada MELISA JOHANA MEDINA MARTINEZ en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público contra el señor Juez Titular del Juzgado Segundo de Letras Departamental de esta sección judicial, Abogado JUAN DE DIOS MONDRAGON BARAHONA por suponerlo responsable de la comisión de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA, en consecuencia, DECLARA HA LUGAR la iniciativa de persecución penal, por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA. SEGUNDO: DECLARAR NO HA LUGAR la iniciativa de persecución penal por el delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA…” (Folios 44–55 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia) 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado JUAN DE DIOS MONDRAGON BARAHONA, en su condición de Juez titular del Juzgado de Letras Segundo del Departamento de Santa Bárbara, contra de la resolución dictada en fecha uno (01) de marzo de dos mil diecisiete (2017), la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, dictó sentencia en fecha veintidós (22) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), mediante la cual FALLA lo siguiente: PRIMERO: DECLARAR HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JUAN DE DIOS MONDRAGON en su condición de Juez del Juzgado de Letras Departamental de Santa Bárbara. SEGUNDO: Revocar la sentencia de fecha uno de marzo del dos mil diecisiete…. TERCERO: DECLARAR NO HA LUGAR a la solicitud de antejuicio presentada contra el Juez JUAN DE DIOS MONDRAGON por suponerlo responsable del delito de Abuso de Autoridad en perjuicio de la Administración Pública”; lo cual tuvo fundamento de argumentación jurídica en que los hechos atribuidos al Juez JUAN DE DIOS MONDRAGON no constituyen fundamento razonable para imputarle el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, ya que sus acciones se encuentran enmarcadas dentro de las facultades de su cargo y dentro de los límites que la ley le permite en una Audiencia Preliminar, tales como son; la presentación, admisión y evacuación de medios de prueba, determinación que adoptó el antejuiciado al valorar el acta de matrimonio entre el imputado y la ofendida; lo cual comprueba la ausencia de dolo en el actuar del Juez, quien derivó de tal probanza el mérito suficiente para acreditar la existencia de un error de prohibición en la causa. Para la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, tales argumentos jurídicos, errados o no, forman parte consustancial de la función judicial, como es la de pronunciarse como dictaminador de conflictos jurídicos y que desconocer esto sería atentatorio contra la independencia judicial. (Folios 97–110 de la pieza de antecedentes de Segunda Instancia) 4) Que la recurrente abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, compareció ante este Tribunal, en fecha ocho de marzo del dos mil dieciocho (2018) interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha veintidós (22) de noviembre del dos mil diecisiete (2017), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 304 y 321 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), esta Sala tuvo por formalizada la acción de amparo y ordenó seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el articulo 54 de la Ley sobre Justicia Constitucional, omitiendo la vista al Fiscal del despacho conforme lo prescrito por el articulo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que en la formalización del recurso de amparo presentado por la garantista, Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS contra la Resolución dictada por la SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en fecha veintidós (22) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), que declaró ha lugar un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, en fecha uno (01) de marzo de dos mil diecisiete (2017), con relación a la causa instruida contra el señor JUAN DE DIOS MONDRAGON BARAHONA por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS; afirmando la amparista que tal decisión del Ad-Quem, según reseñada en el Antecedente 3) de la presente sentencia, resulta violatoria a los derechos constitucionales, según precavido en los artículos 304 y 321 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (4): Que, en formalización del recurso de amparo, ha señalado el recurrente la existencia de agravios al principio de jurisdiccionalidad y al de legalidad que informan el Estado de Derecho. Particularmente, en virtud que, de las pruebas allegadas al proceso, la admisión como prueba documental de un Acta de Matrimonio celebrada quince (15) días antes de la celebración de la Audiencia Preliminar, por parte del Juez JUAN DE DIOS MONDRAGON BARAHONA, en la causa que conociera contra el señor DARWIN NOE PEREZ RODRÍGUEZ por suponerle responsable del delito de VIOLACIÓN ESPECIAL en perjuicio de la menor ANABELL PAZ AMAYA. Reprocha la fiscalía el actuar del Juez MONDRAGON BARAHONA, en el plano legal adjetivo, por no haber sometido dicho documento a las reglas establecidas para la evacuación de pruebas, no obstante lo cual, lo valoró en Audiencia Preliminar, procediendo a decretar un Sobreseimiento Definitivo a favor del encausado; bajo el criterio penal material de que al haber contraído el encausado matrimonio con la ofendida, se excluía el elemento volitivo de su acción, como es el dolo. Para el Tribunal conocedor del Antejuicio en Primera Instancia, lo anteriormente expuesto configuraba la plena acreditación de los elementos del tipo penal de ABUSO DE AUTORIDAD, previsto y sancionado en el artículo 349 numeral 2) del Código Penal que establece: “Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble de tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: 1)…; 2) Dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la República o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos”. Cita la recurrente en amparo, como doctrina orientadora en la teoría del caso, el planteamiento de EDGARDO ALBERTO DONNA, en el sentido que tal categoría típico delictual no puede ser sino de carácter doloso, en inclusive, de dolo directo: “… ya que como se dijo, el autor tiene el conocimiento de la ilegalidad de su accionar”. [1] CONSIDERANDO (5): Que, asimismo y siempre en el plano dogmático jurídico, asevera la amparista que el delito de ABUSO DE AUTORIDAD es uno de mera actividad, por lo que debió tenerse por consumado, con la sola puesta en riesgo del bien jurídico protegido, en el presente caso, la Administración Pública. Cita, asimismo, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de garantista, los planteamientos dogmaticos de CARLOS FONTAN BALESTRA, quien caracteriza a tal bien jurídico como la garantía de la regularidad y la legalidad de los actos de los funcionarios en las actividades propias de su cargo; consistiendo la infracción del mismo, en el hecho de: “… dictar resoluciones u órdenes contrarios a las constituciones o a las leyes… o en no ejecutar las leyes cuyo cumplimiento le incumbe al actor (….) el delito se consuma con la acción u omisión, según se trate de dictar o ejecutar resoluciones u órdenes, o de no ejecutar las leyes, sin que se requiera la producción del daño ni la obtención de provecho alguno. Precisamente es ésa la característica del abuso genérico de autoridad”.[2] Refiere la amparista, que si bien el indiciado se encontraba legamente facultado para dictar un sobreseimiento definitivo o provisional en una Audiencia Preliminar, esta figura procesal solo sería factible cuando un medio de prueba acredite la no participación del procesado en la acción ilícita, por la cual se le acusa, tal como lo dispone el artículo 296 del Código Procesal Penal; por consiguiente, por el cargo que ostentaba en ese momento Juez MONDRAGON BARAHONA, es claro que tenía conocimiento su actuar no es conforme a lo que manda la ley, siendo por ende, una acción ilegal que contraviene a lo establecido en el artículo 321 de la Constitución de la República. Considerándose que tal actuación realizada por el Ad Quem no es conforme a derecho y violenta la preceptiva constitucional relacionada; por todo lo cual, solicita de la Sala el otorgamiento de la presente garantía constitucional de amparo. CONSIDERANDO (6): Que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es pilar fundamental para mantener el Estado de Derecho, garantizando a los ciudadanos el efectivo cumplimiento y protección de sus derechos fundamentales, manteniendo tanto la supremacía constitucional, en su dimensión objetiva; como el reconocimiento, respeto y garantía del ejercicio de los Derechos Humanos contenidos en las convenciones y Tratados Internacionales que el Estado ha suscrito y ratificado; todo lo cual orienta en forma indeclinable el horizonte de realización de la justicia constitucional en Honduras. CONSIDERANDO (7): Que el sistema de justicia penal hondureña obedece a la exigencia constitucional, acorde los artículos 303, 304, 316 y 321, inter alia, de la Norma Fundamental, referida a que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y a las leyes; correspondiéndole a los órganos jurisdiccionales, pues, la misión constitucional de aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. En desarrollo a la normativa suprema precitada, la Sala de lo Constitucional ha aseverado la vinculación, tanto del Juez como de las partes, a la garantía del Debido Proceso, a efecto sus actuaciones se sometan a los principios rectores que garantizan los derechos fundamentales; constituyendo, asimismo, un límite eficiente a la intervención del poder estatal en la esfera indecidible de los derechos fundamentales de la persona humana. CONSIDERANDO (8): Que de acuerdo al estudio realizado en los antecedentes, esta Sala aprecia que los alegatos promovidos por la recurrente, denuncian el supuesto quebrantamiento del principio de legalidad constitucional y al principio de jurisdiccionalidad que informan el Estado de Derecho, en invocación de las garantías constitucionales preindicadas; lo cual acaeció en la figura de Antejuicio llevada a cabo por los órganos competentes contra el Juez de Letras Departamental de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, Abogado JUAN DE DIOS MONDRAGON BARAHONA. Tal figura, es concebida como: El Juicio Previo como garantía judicial establece que no podrá condenarse a una pena ni someterse a una medida de seguridad a persona alguna sino en virtud de sentencia firme dictada por un órgano jurisdiccional con competencia natural y luego de un juicio que cumpla con los requisitos establecidos en la ley; que para poder imponer cualquier sanción de índole procesal es necesario agotar los procedimientos establecidos en la ley procesal.- CONSIDERANDO (9): Que en el presente caso, considera la Sala de lo Constitucional, que tales aseveraciones carecen de sustento eficiente en el rango constitucional de la normatividad, pues se reconducen a la denuncia de criterios de mera legalidad emitidos, en otro momento procesal, por el propio Juez sometido a antejuicio; versando esencialmente su alegación sobre la supuesta contravención a la legalidad imperante en la resolución que emitiera el susodicho, en su condición preindicada de funcionario judicial, en el marco de una Audiencia Preliminar. Sin embargo, resulta claro que la resolución dictada por la SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en fecha veintidós (22) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), que declaró ha lugar un recurso de apelación interpuesto por el interesado contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, en fecha uno (01) de marzo de dos mil diecisiete (2017), no resultó contrariada por la argumentación jurídica promovida por la garantista; por lo cual se considera como un alegato incurso en consideraciones de rango legal, no trascendente hacia los fines que ya establece la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (10): Que según se colige de la presente vista, el planteamiento de la amparista no ha demostrado la enervación de los derechos constitucionales invocados, mediante argumentación jurídica apta y suficiente para mostrar la existencia de vicios de inconstitucionalidad objetiva en la resolución dictada por la SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en fecha veintidós (22) de noviembre de dos mil diecisiete (2017); por todo lo cual se considera tal demanda de amparo deviene improcedente, en aplicación de la causal de inadmisibilidad y consiguiente sobreseimiento precavida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, cuando el recurso de amparo se soporte sobre alegaciones de mera legalidad, como es el caso; por lo cual procede dictar inmediato sobreseimiento a la presente acción constitucional de Amparo. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59, 62, 90, 183, 303, 313 No.5 y 316 de la Constitución de la República; 1, 11 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 46 numeral 1) y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: SOBRESEYENDO el recurso de amparo promovido por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO contra la Resolución dictada por la SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en fecha veintidós (22) de noviembre de dos mil diecisiete (2017). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los once días del mes de septiembre de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha cinco de junio de dos mil diecinueve, recaída en el recurso de amparo penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0210-2018.
ABOG. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Obra citada por la amparista, como: Derecho Penal. Parte Especial (Tomo III), 2° edición actualizada. Págs., 189-190, s.c.
[2] Obra citada por la amparista: Derecho Penal. Parte Especial (De los delitos contra la Administración Pública), s.c.