Sentencia AP-200-15 — Registro 12551
Resumen
Resolución que da por prescrita pena de multa con relación a la causa instruida contra imputado por el delito de Facilitación de Medios de Trasporte para El Tráfico de Drogas en perjuicio de la Salud de la Población del Estado De Honduras.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(5). Examen practicado por la Sala para verificar si existe quebrantamiento del artículo 90 de la Constitución de la República. La Sala de lo Constitucional al analizar el presente caso y confrontarlo con sus propios precedentes o sentencias, encuentra que es un tema abordado en: La sentencia AP-293-2008, que dice así: “… en principio, el plazo para hacer efectiva la pena de multa es de tres años, contados a partir del día en que la sentencia condenatoria adquiere firmeza; este plazo puede ser modificado por el juez de ejecución, señalándose como modalidades, cantidades o abonos, cuyos montos y fechas deberán ser a juicio del juez de ejecución, acordes a la capacidad económica del sentenciado. En consecuencia, habiendo transcurrido el plazo de tres años a partir de la firmeza de la sentencia condenatoria, sin que el Estado a través del juez de ejecución haya señalado un plazo distinto se tiene la pena de multa prescrita.” Asimismo, la dictada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, sentencia AP-CSJ-0169-2013 de fecha diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, en la cual se expuso lo siguiente: “[La Sala] tiene a bien tomar en cuenta que el artículo 51 reformado del Código Penal define a la pena de multa como aquella en la que se obliga al reo a pagar al Estado, la suma de dinero que el presente código o las leyes especiales determinan o que el juez fije en cada caso dentro de los límites legales, teniendo en cuenta la capacidad económica del penado y la gravedad del daño causado por el delito. Dicha norma también señala que las multas se harán efectivas en la Tesorería General de la República o en la institución del sistema financiero nacional que la Secretaría en el Despacho de Finanzas autorice para tal fin. El artículo 52 del mismo código posibilita que la multa se haga efectiva en abonos, cuyo monto y fecha de pago será señalado por el juez, de acuerdo con las condiciones económicas del sentenciado y debiéndose otorgar caución real o personal. En complemento de lo anteriormente dispuesto, el artículo 390 del Código Procesal Penal, impone como deberes del juez de ejecución, los siguientes: A) Determinar las condiciones en que deberá hacerse efectiva la multa, previa audiencia con el condenado. B) Ante el incumplimiento de pago del condenado, deberá hacer efectiva la ejecución de la garantía o en su caso embargará bienes suficientes, procediendo al remate conforme a las disposiciones del Código Procesal Civil. C) En caso de que sea necesario conmutar la multa por prisión o reclusión, el juez de ejecución procederá de conformidad con lo dispuesto por el Código Penal. En relación con la conmuta de multa a privación de libertad, la ley dispone que el condenado cumpla primero con la pena de reclusión o prisión, y después con el tiempo que se relaciona con la multa, o sea una después de la otra. A menos que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 reformado del Código Penal , la conmuta no se haga sustituyendo dinero por días de prisión o reclusión; sino por trabajo a favor de la comunidad. El artículo 96 reformado del Código Penal dispone que la responsabilidad penal se extinga entre otras causas, por la prescripción de la pena y esto ocurre en el caso de la multa a los tres años, contados según lo dispone el artículo 100 del mismo código, desde que la sentencia queda firme o desde el día del quebrantamiento de la condena. Analizada la normativa anteriormente expuesta, la Sala de lo Constitucional, igualmente toma en cuenta lo dispuesto en el artículo 386 del Código Penal, cuando manda que el juez de ejecución notifique las modalidades y la forma en que se han de cumplir las penas no privativas de libertad, incluyendo la multa. Lo que como ya se señaló en el caso de ésta deberá ir precedida de una audiencia. Para la Sala de lo Constitucional, todo lo anterior, toma sentido, si se considera lo dispuesto en el artículo 381 del Código Procesal Penal, en cuanto a que la vigilancia y control de cada sanción penal, descansa en el juez de ejecución, quien deberá velar por: la correcta aplicación de las normas que regulan el régimen penitenciario; el respeto de las finalidades constitucionales de la pena; y, por el estricto cumplimiento de las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales. Para esto es necesario que el juez de ejecución, adopte todas las decisiones necesarias para que se cumplan los pronunciamientos contenidos en las resoluciones de los tribunales sentenciadores, no sólo en relación con las penas de privación de libertad, tal como lo dice literalmente el artículo 382 numeral 1 del Código Procesal Penal, sino con todas las demás penas, incluyendo la de multa, siguiendo la interpretación analógica que dicta: Ubi eadem ratio, eadem dispositio (A igual razón, igual disposición). De manera que el juez de ejecución debió en el presente caso, una vez conocida la pena impuesta contra […], señalar audiencia con ambos condenados para determinar cómo éstos debían pagar la multa. El juez debió cumplir con esta obligación dentro del plazo de tres años contado a partir de que la condena adquirió firmeza. Es decir, el juez de ejecución debió cortar el término de tres años de prescripción de la pena de multa, celebrando audiencia para determinar la forma de pago de dicha pena, notificándoles las modalidades de pago a los condenados y verificando todas las condiciones que fueren necesarias para asegurar el cumplimiento de la multa. Asimismo, en caso de incumplimiento, tomando todas las medidas y precauciones, siguiendo para ello las disposiciones del Código Procesal Civil; finalmente de haber imposibilidad de cumplimiento, proceder a la conmuta de la pena de la multa, a privación de libertad o trabajo a favor de la comunidad. Para aclarar el alcance de lo que dispone el artículo 100 del Código Penal en cuanto dispone que la prescripción de la pena comienza desde que ocurre el quebrantamiento de ésta, se refiere a que puede suceder que, declarada la forma y modalidades de pago, o bien pagando la multa, sobrevenga el impago de esta pena, y ante esto el juez de ejecución no hiciere nada al respecto, y en ese caso la inactividad jurisdiccional por el término de tres años produciría la prescripción. También en este punto debe tomarse en cuenta lo que señala el artículo 101 del Código Penal. Ahora bien, la Sala de lo Constitucional se hace la pregunta siguiente: ¿Se ha violentado el derecho al debido proceso legal por el hecho de que los órganos jurisdiccionales ordinarios no declararon la prescripción solicitada? Para responder esta pregunta, se comienza señalando que la ejecución de la pena, debe realizarse dentro del término legal. En el caso de la pena, la ley señala tres años contados a partir de la firmeza de la sentencia o desde el día del quebrantamiento de la condena. De lo cual se colige que, pasado este tiempo, dicha pena ya no es exigible porque ha prescrito la responsabilidad penal en relación con dicha sanción impuesta. Exigir el cumplimiento de dicha pena, contravendría la legitimidad que tiene el Estado para hacerla efectiva; y por tanto afectaría al reo. Sin embargo, la prescripción es un asunto que debe acreditarse. …” Teniendo en cuenta, lo anteriormente expresado por este alto tribunal de justicia, en el presente caso, se observa que en un primer momento se interrumpió la prescripción para poder exigir el cumplimiento de la multa como pena principal, con el requerimiento de pago, solicitado por la abogada Ángela María Madrid López como procuradora judicial, representando a la Procuraduría General de la República, debido a que consta que el término de prescripción comenzó el jueves veintinueve de octubre de dos mil nueve y la solicitud que se menciona, se realizó el veintiséis de febrero de dos mil diez, por lo que no se completaron los tres años que exige la ley para que opere la prescripción. Posteriormente consta en autos que el dieciséis de marzo de dos mil diez, el Juzgado de Ejecución de la sección judicial del departamento de Cortés, resolvió ordenar la práctica de un estudio socioeconómico, afín de ejecutar o dar cumplimiento a la pena de multa por medio de la prestación de servicios comunitarios. Producto de esta resolución, el juez de ejecución libró en fecha dieciocho de marzo de dos mil diez, nota al coordinador regional de la Defensa Pública, para que instruyera a las trabajadoras sociales asignadas a su cargo, que practicaran el estudio socioeconómico correspondiente. Habiéndose constatado que la anterior diligencia fue la última actuación encaminada a hacer efectiva la pena de multa, mediante la prestación de servicios comunitarios, se hace el cómputo respectivo, llegando a la conclusión de que efectivamente han transcurrido más de tres años desde esa última actuación. En virtud de lo expuesto, no son de recibo las alegaciones que sustentan el presente amparo, de manera que procede su denegatoria"
Legislación citada
- Código Penal, art. 100 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 101 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 381 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 382, NUMERAL 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
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