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Sentencia AP-193-19 — Registro 12337

Resumen

Sobreseimiento de acción de amparo en consulta contra resolución que decretó excepción por falta de acción y una declaratoria de reo, además declaró sin lugar recurso de apelación y por consecuencia el de reposición en virtud de no existir la resolución contra la cual impugna el recurrente a quien se le supone responsable del delito de posesión y tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas en perjuicio de la salud de la población y la seguridad interior del Estado de Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"del análisis del recurso interpuesto el acto el cual reclama la recurrente es la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DE CHOLUTECA Y VALLE de fecha siete (7) de diciembre del dos mil dieciocho (2018) en la cause que se le sigue a la señora CINTHIA SULAY NUÑEZ VARELA por suponerla responsable por el delito de POSESION Y TRAFICO DE DROGAS Y TENENCIA ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO, por considerar que la misma es contraria a derecho y violenta derechos y garantías constitucionales en perjuicio de los intereses generales de la sociedad representada por el MINISTERIO PUBLICO, y de esta resolución se recurre los autos de fecha dos (2) y veintiocho (28) de febrero del año dos mil dieciocho (2018) emitidas por el Juzgado de Letras dela Sección Judicial de Choluteca, de lo anterior esta Sala de lo Constitucional expone que se interpone la presente acción de amparo contra la excepción por falta de acción y una declaratoria de reo decretado indebidamente por el A Quo, y que después de haber analizo con la debida ponderación las resoluciones emitidas por el A Quo como del Tribunal de Alzada a fin de asegurar a los interesados que han acudido ante esta instancia constitucional una recta y cumplida decisión sobre sus derechos pues el incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de dicho derecho, puesta la garantía del debido proceso que exige nuestra carta magna exhorta que para que existencia de una condena o afectación de derecho de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso, estableciéndose así en el artículo 82 Constitucional en cuanto a la inviolabilidad al derecho de defensa..."..."a criterio de esta Sala de lo Constitucional considera que el hecho de el juzgado de primera instancia haya declarado sin lugar el recurso de apelación y por consecuencia el de reposición interpuestos por el amparista, esto no significa que atenta a las garantías constitucionales expuestas en la presentación de su amparo; ya que lo que se deslumbra a todas luces es la no interposición que tenía por impulso en aplicación sucinta al derecho procesal penal por parte de la representación del Ministerio Público es la interposición oportuna y eficaz del escrito que se deriva de la negación del recurso de reposición que resurge por la negativa de denegar el recurso de apelación, a lo taxativamente expuesto en el artículo 351 del Código Procesal Penal, en la que si un órgano jurisdiccional inferior, denegare el recurso de apelación o de casación que le ha debido concederse, la parte agraviada en este caso el Ministerio Público debió haber recurrido al tribunal superior respectivo dentro de los plazos señalados en la mima normativa procesal penal, contando desde la notificación de la negación para que se declare admisible dicho recurso, por lo que consintió lo resuelto por el A Quo tal y como lo determina en consonancia el artículo 46 numeral 3 de la Ley sobre Justicia Constitucional, por lo que siendo consentido por el agraviado, lo encapsula en las causas de inadmisibilidad de la acción de amparo interpuesta, por no haberse ejercitado dentro de los términos legales, razón más que suficiente para determinar la no infracción a las garantías denunciadas por el amparista, por consiguiente la sentencia hoy recurrida goza de claridad, precisión y congruencia y ser apegada a derecho, por lo que estima que la sentencia venida en consulta debe ser confirmada..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de octubre del año dos mil diecinueve. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha siete (7) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca y Valle, departamento de Choluteca, que Sobreseyó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MARVIN EDGARDO ZELAYA HERRERA, FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra las resoluciones dictadas por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, en fechas dos (2) y veintiocho (28) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), en relación a la causa instruida contra la señora CINTHIA SULAY NUÑEZ VARELA por suponerla responsable del delito de POSESION Y TRAFICO DE DROGAS Y TENENCIA ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS respectivamente. Estima el recurrente que se le han violentado los artículos 82, 90, 92 y 321 comprendidos en la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1)Que en fecha veintitrés (23) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, la Abogada DINA LORENA HERNADEZ RAMOS, Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal, contra la señora CINTHIA SULAY NUÑEZ VARELA, por suponerla responsable del delito de POSESION Y TRAFICO DE DROGAS Y TENENCIA ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de La SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONURAS.- (Folio de 01 al 04 de la pieza del Juzgado) 2) Que el Abogado MARVIN EDGARDO ZELAYA, FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, interpuso recurso de apelación, contra una resolución de fecha treinta (30) de enero del año dos mil dieciocho (2018). El Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca emitió resolución en fecha dos (2) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), en la cual RESUELVE: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el Abogado MARVIN EDGARDO ZELAYA, FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, porque no existe resolución de fecha treinta (30) de enero del año dos mil dieciocho (2018), la última resolución es de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil dieciocho. (Folio 89 de la pieza del Juzgado) 3) Que se presentó recurso de reposición contra la resolución relacionada en el numeral que antecede, por lo que en fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), dicho Juzgado declara Sin Lugar el Recurso de Reposición interpuesto por el Abogado MARVIN EDGARDO ZELAYA, FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, y que se esté a lo resuelto en fecha dos (2) de febrero del año dos mil dieciocho (2018). (Folio 92 de la pieza del Juzgado) 4) Que en fecha seis (6) de junio del año dos mil dieciocho (2018), el Abogado MARVIN EDGARDO ZELAYA HERRERA, FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO, compareció ante la Corte Apelaciones de Choluteca, departamento de Choluteca, interponiendo Recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra las resoluciones de fechas dos (2) y veintiocho (28) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca. (Folios 1 al 4 de la pieza de Corte de Apelaciones) 5) Que en fecha siete (7) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca RESUELVE: PRIMERO SOBRESEER las diligencias de Amparo interpuesto por el Fiscal del Ministerio Público, Abogado MARVIN EDGARDO ZELAYA HERRERA, contra actuaciones del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, en relación a la causa penal instruida contra la señora CINTHIA SULAY NUÑEZ VARELA, mayor de edad hondureña, comerciante, con identidad número 0607-1991-01040 y con domicilio y residencia en la Aldea de Santa Cruz, Municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca, a quien se le supone responsable de los delitos de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS y TENENCIA ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. SEGUNDO: Que se le dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 68 de la ley Sobre Justicia Constitucional…”. (Folio 19 al 22 de la pieza de Corte de Apelaciones) 6) Que en fecha cuatro (4) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que de acuerdo a lo determinado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca en consulta, conforme a lo dispuesto en el artículo 68 del mismo cuerpo legal, irá en trámite de consulta obligatoria, a solicitud de parte de la Corte de Apelaciones elevará petición de estudio de la sentencia emitida para ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien discrecionalmente resolverá sobre su admisión. CONSIDERANDO (3): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con los artículos 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (4): En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha siete (7) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca y Valle, departamento de Choluteca, que Sobreseyó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MARVIN EDGARDO ZELAYA HERRERA, FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra las resoluciones dictadas por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, en fechas dos (2) y veintiocho (28) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), en relación a la causa instruida contra la señora CINTHIA SULAY NUÑEZ VARELA por suponerla responsable del delito de POSESION Y TRAFICO DE DROGAS Y TENENCIA ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS respectivamente. Estima el recurrente que se le han violentado los artículos 82, 90, 92 y 321 comprendidos en la Constitución de la República. CONSIDERANDO (5): Que el impetrante en su condición de Fiscal del Ministerio Público arguye tanto al momento de interponer la acción constitucional de amparo, como al momento de formalizar el recurso (folio 14) alude que el órgano jurisdiccional en el presente caso sometido a estudio por esta Honorable Sala de lo Constitucional, se comprueba que el A Quo resolvió decretar una excepción por falta de acción y una declaratoria de reo, amparándose para ello en el decreto No.57-2017 de fecha 04 agosto del 2017, y a través el cual se permite a las personas que poseen o tengan una arma de fuego la posibilidad de registrarla e inscribirla en el Registro Balístico, y además al hecho de que el dictamen toxicológico pactado a los polvos blancos lo que si bien es cierto resultaron ser cocaína, la cantidad sometida a análisis debe ser considerada para el consumo personal inmediato, quien considera que se le dio una mala interpretación al decreto No.52-17 por parte del A Quo, ya que si bien es cierto existe este periodo a través del cual se permite a las personas que poseen o portan un arma de fuego procedan a su registro, sin embargo desde el momento que la posee o la porte sin el respectivo carnet de portación está infringiendo lo estipulado en el artículo 322-B del Código Penal, por lo que se interpuso el recurso de apelación el que por un error de forma y no de fondo como se le explico al A Quo se declara indebidamente sin lugar el recurso interpuesto por su representada, reconociendo que se presentó contra la resolución de fecha 30 de enero del 2019, cuando lo correcto era contra la resolución del 29 de enero del mismo año, sin embargo de la simple lectura del escrito de interposición del recurso de apelación se colige que el mismo va dirigido contra la resolución la audiencia inicial, dictada a través de la cual se decreta indebidamente una EXCEPCION POR FALTA DE ACCION Y UNA DECLARATORIA DE REO, tal como se le hizo saber al A Quo con la reposición de fecha 23 de febrero, el cual declara sin lugar el recurso de apelación, violentando así el debido proceso y del principio de legalidad habida cuenta que contradice a preceptos constitucionales y procesales establecidos tanto en la Carta Magna y en el Código Procesal Penal. CONSIDERANDO (6): Las partes son iguales en el proceso, teniendo los mismos derechos, obligaciones, cargas y oportunidades, en función de la posición procesal que ocupen. El órgano jurisdiccional está obligado a preservar la igualdad en las partes en el proceso ya evitar toda discriminación contra o entre ellas por razones de sexo, raza, religión, idioma, o condición social, política, económica o de otra índole”[1]. Imponiendo de esta manera la obligación al Juez de preservar esa igualdad de las partes en el proceso y evitar toda discriminación contra o entre ellos por las razones anteriormente establecidas. CONSIDERANDO (7): En tal sentido el Debido Proceso es un derecho fundamental, que se materializa en aquellas garantías mínimas e ineludibles que permiten el resultado justo, equitativo e imparcial en un proceso, lo que se conoce como la tutela jurisdiccional efectiva. Como ser escuchado, tener un abogado, ofrecer pruebas, un juez predeterminado, una sentencia motivada y oportuna, la doble instancia, son claros ejemplos de la Tutela Judicial Efectiva. CONSIDERANDO (8): Es un reconocimiento al derecho a la igualdad que tienen las partes y el órgano jurisdiccional de utilizar la ley para su defensa y para el correcto juzgamiento. Su finalidad es lograr el máximo respeto de los derechos fundamentales de la persona que afronta un proceso. A través de él, se logra la plena satisfacción de los intereses individuales de las partes y permite una adecuada justicia social. Como derecho, el debido proceso no admite excepciones y corresponde a todo tipo de causas, sean públicas o privadas. CONSIDERANDO (9): Entendiéndose el Debido Proceso como:[2] ”El derecho que tienen las partes a que se desarrolle el proceso por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por Órgano Jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada”. CONSIDERANDO (10): En cuanto al Derecho a la Defensa forma parte del núcleo duro de las garantías del debido proceso, el cual se encuentra reconocido de manera fehaciente en la Constitución, en tal sentido la “LA DEFENSA” en un sentido lato, se entiende como aquel derecho, reconocido Constitucionalmente, que tiene toda persona, de solicitar ante un órgano de justicia, una solución justa ante un determinado litigio. Debemos decir que mediante la “defensa”, las partes deberán estar en la posibilidad tanto en el plano jurídico como en el fáctico de estar convocadas para ser escuchadas, y colocarse frente al sistema en una formal contradicción con “igualdad de armas” siendo pues como lo señala Julio Maier: “Una garantía frente al Poder del Estado y representa una limitación del poder estatal”. CONSIDERANDO (11): Que la garantía genérica del Debido Proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los Tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, entre otros. CONSIDERANDO (12): Que tal y como se ha dejado establecido en ocasiones anteriores por parte de esta Sala de lo Constitucional, el Derecho de Defensa forma parte del Debido Proceso, al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, como se deja relacionado en el acápite anterior; trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso sub júdice, el recurrente lo ha relacionado con el derecho a recurrir la resolución que afecta su Derecho a la Defensa y al Debido Proceso, establecido dentro de nuestro marco constitucional. CONSIDERANDO (13): Que la intimidad como derecho fundamental es reconocido en los instrumentos internacionales relativos a los Derechos Humanos ratificados por Honduras, entre estos La Convención Americana de Derechos Humanos[3]; la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre[4]; el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos[5], al disponer que nadie puede ser objeto de injerencias, arbitrarias o ilegales en su vida privada, la de su familia, ni de ataques a su honra o reputación y que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques. CONSIDERANDO (14): Que del análisis del recurso interpuesto el acto el cual reclama la recurrente es la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DE CHOLUTECA Y VALLE de fecha siete (7) de diciembre del dos mil dieciocho (2018) en la cause que se le sigue a la señora CINTHIA SULAY NUÑEZ VARELA por suponerla responsable por el delito de POSESION Y TRAFICO DE DROGAS Y TENENCIA ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO, por considerar que la misma es contraria a derecho y violenta derechos y garantías constitucionales en perjuicio de los intereses generales de la sociedad representada por el MINISTERIO PUBLICO, y de esta resolución se recurre los autos de fecha dos (2) y veintiocho (28) de febrero del año dos mil dieciocho (2018) emitidas por el Juzgado de Letras dela Sección Judicial de Choluteca, de lo anterior esta Sala de lo Constitucional expone que se interpone la presente acción de amparo contra la excepción por falta de acción y una declaratoria de reo decretado indebidamente por el A Quo, y que después de haber analizo con la debida ponderación las resoluciones emitidas por el A Quo como del Tribunal de Alzada a fin de asegurar a los interesados que han acudido ante esta instancia constitucional una recta y cumplida decisión sobre sus derechos pues el incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de dicho derecho, puesta la garantía del debido proceso que exige nuestra carta magna exhorta que para que existencia de una condena o afectación de derecho de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso, estableciéndose así en el artículo 82 Constitucional en cuanto a la inviolabilidad al derecho de defensa referido, precepto constitucional que en su párrafo segundo señala: “Los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las Leyes”. CONSIDERANDO (15): Que de este análisis exhaustivo a la presente acción de amparo el peticionario argumenta entre otras cosas que hubo violación al debido proceso y al derecho a la defensa, al no admitir el recurso de apelación por un error de forma y no de fondo tal como lo hizo saber en su recurso de reposición (folio 89) y que se constata que no existe resolución de fecha treinta (30) de enero del dos mil dieciocho (2018), siendo la última resolución en fecha veintinueve (29) de enero del año citado, por lo que a criterio de esta Sala de lo Constitucional considera que el hecho de el juzgado de primera instancia haya declarado sin lugar el recurso de apelación y por consecuencia el de reposición interpuestos por el amparista, esto no significa que atenta a las garantías constitucionales expuestas en la presentación de su amparo; ya que lo que se deslumbra a todas luces es la no interposición que tenía por impulso en aplicación sucinta al derecho procesal penal por parte de la representación del Ministerio Público es la interposición oportuna y eficaz del escrito que se deriva de la negación del recurso de reposición que resurge por la negativa de denegar el recurso de apelación, a lo taxativamente expuesto en el artículo 351 del Código Procesal Penal, en la que si un órgano jurisdiccional inferior, denegare el recurso de apelación o de casación que le ha debido concederse, la parte agraviada en este caso el Ministerio Público debió haber recurrido al tribunal superior respectivo dentro de los plazos señalados en la mima normativa procesal penal, contando desde la notificación de la negación para que se declare admisible dicho recurso, por lo que consintió lo resuelto por el A Quo tal y como lo determina en consonancia el artículo 46 numeral 3 de la Ley sobre Justicia Constitucional, por lo que siendo consentido por el agraviado, lo encapsula en las causas de inadmisibilidad de la acción de amparo interpuesta, por no haberse ejercitado dentro de los términos legales, razón más que suficiente para determinar la no infracción a las garantías denunciadas por el amparista, por consiguiente la sentencia hoy recurrida goza de claridad, precisión y congruencia y ser apegada a derecho, por lo que estima que la sentencia venida en consulta debe ser confirmada. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del ESTADO DE HONDURAS por UNAMINIDAD de votos de la Sala de lo Constitucional, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303, 321, 331 Atribución 5ta, 321 de la Constitución de la República; 10 y 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 5 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; 2, 8.1. y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2, 3 numeral segundo 5, 7, 8, 9, 10, 41, 42, 44, 45, 46.3, 63, 68, 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 44 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2, 13, 14, 351, 352, 3542 del Código Procesal Penal. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta de fecha siete (7) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca y Valle, departamento de Choluteca, que Sobreseyó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MARVIN EDGARDO ZELAYA HERRERA, en su condición de FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra las resoluciones dictadas por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, en fechas dos (2) y veintiocho (28) de febrero del año dos mil dieciocho (2018). Y MANDA: Que con la certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó Magistrada REINA AUXILIADORA HERCURLES ROSA. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. ABOGADA REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro (04) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), certificación del fallo de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Penal venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo los números 0193-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 5 del Código Procesal Civil.

[2] Artículo 3 del Código Procesal Civil.

[3] Artículo 11 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos

[4] Artículo 5 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre

[5] Artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos