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Sentencia AP-161-18 — Registro 17838

Resumen

Admisibilidad de recurso de apelación dirigido contra una resolución irrecurrible (admisibilidad de medios de prueba y proposición de prueba para el debate. La apelación de dicha resolución tampoco se encuentra autorizada )con relación a la causa instruida contra imputado, por suponerlo responsable del delito de Violación Especial; Impetrante hizo alusión al principio Iura Novit Curia, que conlleva a que el juez debe conocer el derecho y aplicarlo, que el auto del Tribunal de Sentencia era inapelable, La Sala Constitucional encuentra que, Corte de Apelaciones ha desatendido en forma arbitraria el principio de Taxatividad regulado expresamente por la ley procesal penal, al admitir y estimar un recurso de apelación dirigido contra una resolución que la ley no ha establecido como recurrible por vía del recurso ordinario de apelación

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."8): Que como ya lo ha dicho esta Sala en anteriores decisiones, uno de los principios rectores del régimen jurídico de los recursos lo es el principio de taxatividad, el cual comporta que la admisión de todo recurso está condicionada a que se encuentre taxativa o expresamente previsto en la ley. Por su parte, siendo que cada recurso tiene su propia regulación, estando previstos legalmente para cada situación específica, no procede admitir un recurso cuando corresponde otro, lo cual es propio del principio de singularidad.-CONSIDERANDO (9): Que el principio de taxatividad lo encontramos expresamente establecido en el artículo 347 del Código Procesal Penal que como ya dijimos, conlleva a que los recursos proceden en los casos expresamente previstos por la ley. De tal modo, que como ya lo ha dicho esta Sala en pasadas decisiones, si la resolución que se ataca no está captada como objeto impugnable dentro del elenco determinado por la ley adjetiva, el recurso es formalmente improcedente.-Esta Sala ha señalado además que en toda legislación habrá resoluciones inimpugnables, pues el establecimiento legal del precitado principio de taxatividad conlleva a que el derecho a recurrir no es un derecho ilimitado y su exigencia se contrae a aquellos casos en los que la propia ley ha previsto la posibilidad de impugnación. -Esta Sala ha declarado también que el derecho a los recursos nace como una excepción al principio de inmutabilidad de las resoluciones judiciales, impuesto por su condición de instrumentos productores de certeza jurídica[1], pero no se lo ha contemplado, ni debe entenderse que el derecho de recurrir sea ilimitado, indefinido o inconmensurable; percibirlo así implicaría la desaplicación del principio de inmutabilidad que mencionamos y una afrenta a la seguridad jurídica, que es un principio fundamental del derecho y que a su vez incluye otros principios esenciales en los que se funda el propio Estado de Derecho, como la irretroactividad de la ley, la tipificación de los delitos y las penas, la cosa juzgada e incluso las propias garantías constitucionales. -CONSIDERANDO (10): Que el artículo 354 del Código Procesal Penal establece en forma expresa las resoluciones que son impugnables mediante el recurso de apelación, dentro de las cuales no se encuentra incluida la resolución mediante la que se decida sobre la admisión de la prueba para el debate, no encontrándose tampoco autorizada la apelación de tal resolución en el artículo 317 que regula lo concerniente a la proposición de prueba para el debate. La apelación de dicha resolución tampoco se encuentra autorizada en los subsiguientes artículos referentes.-CONSIDERANDO (11): Que, a criterio de esta Sala, la admisión y la consiguiente estimación de un recurso de apelación promovido contra una resolución que no admite ser impugnada por esa vía conlleva una evidente desatención al principio de taxatividad previamente citado, y de igual forma provoca una clara transgresión al principio de legalidad o de primacía de la ley, conforme al cual, todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."): Que como lo ha sostenido ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el principio iura novit curia, se encuentra “sólidamente respaldado en la jurisprudencia internacional”, este principio comporta que el juzgador posee la facultad e inclusive el deber de aplicar las disposiciones jurídicas pertinentes en una causa, aun cuando las partes no las invoquen expresamente.-Siendo así, como bien lo ha señalado la representante del Ministerio Público, la pertinencia de la aplicación de este principio al caso que nos ocupa resulta innegable pues el Tribunal de Apelación no podía desconocer la legislación adjetiva aplicable al caso, arrogándose el conocimiento de un recurso que por ley era formalmente inadmisible bajo el pretexto que esta alegación no se hizo por una de las partes, pues en este caso la autorización expresa del recurso en la normativa que lo regula va más allá de los alegatos de las partes. En este sentido, la Sala asiente con lo que ha dicho la Corte Constitucional colombiana sobre el principio iura novit curia, determinado que es aquel por el cual, corresponde al juez la aplicación del derecho con prescindencia del invocado por las partes, pues al juez incumbe la determinación correcta del derecho, debiendo discernir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente, la realidad del hecho y subsumiéndolo en las normas jurídicas que lo rigen.-Claro está que este principio es eminentemente procesal y está limitado a circunstancias como la que nos ocupa, pues, como bien ha indicado también la Corte Interamericana, el principio NO autoriza al juez a aplicar un derecho sustantivo nuevo, ni para fallar en equidad y no en derecho. Un juez puede superar, por aplicación de este principio, las omisiones o deficiencias de los argumentos legales de las partes y aplicar la regla que considere correcta, pero sin llevar sus poderes más allá de la ley o situándolo más allá de ella.-CONSIDERANDO (13): Que esta Sala ya se ha pronunciado en forma reiterada, en el sentido que la garantía genérica del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en su jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una Tutela Judicial Efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, con atención especial, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, del debido respeto a la plena vigencia de los derechos fundamentales de todas las partes y participantes en el proceso.-CONSIDERANDO (14): Que esta Sala encuentra que, en su sentencia, la CORTE TERCERA DE APELACIONES ha desatendido en forma arbitraria el principio de taxatividad regulado expresamente por la ley procesal penal, al admitir y estimar un recurso de apelación dirigido contra una resolución que la ley no ha establecido como recurrible por vía del recurso ordinario de apelación, desconociendo con ello la potestad propia e inherente del legislador de pautar y reglar el derecho a los recursos, violentando a su vez tanto el principio de legalidad, como la garantía del debido proceso excediendo su potestad jurisdiccional en detrimento de los derechos del recurrente y desatendiendo uno de los principios rectores del proceso penal. En consecuencia, esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por la recurrente, por lo que el referido Tribunal de Apelación, en tutela del debido proceso, deberá dictar una nueva resolución emitiendo pronunciamiento conforme a ley y respetando las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan"

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de agosto de dos mil diecinueve.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIÉRREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE TERCERA DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha seis (06) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), que declaró con lugar un recurso de Apelación y revocó la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de Danlí, departamento de El Paraíso, en fecha diecinueve (19) de mayo de dos mil diecisiete, con relación a la causa instruida contra el señor WILSON JASAEL SAUCEDA FLORES, por suponerlo responsable del delito de VIOLACIÓN ESPECIAL en perjuicio de R. Y. G. V.. Afirmando la recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. –ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veintiséis (26) de junio de dos mil de dos mil catorce (2014), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO SECCIONAL DE DANLÍ, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, la Abogada RAQUEL EMILIA LEMUS ARDÓN, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra los jóvenes WILSON JASAEL SAUCEDA FLORES Y DELMER ANÍBAL RUIZ MONCADA, por suponerlos responsables del delito de Violación Especial en perjuicio de la menor R. Y. G.. (Folios 1 al 4 de la pieza del Juzgado).- 2) Que seguido el proceso, en fecha diecinueve (19) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE DANLÍ, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, emitió resolución en la cual: (SIC) “… RESUELVE: PRIMERO: AL REPRESENTANTE FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO, se le admitieron los siguientes medios de prueba: MEDIO DE PRUEBA TESTIFICAL: 1.- Declaración de R. Y. G. V.… 2.- Declaración de ADA YORGELIS MENDOZA SAUCEDA,… MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL 1.- CERTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO….2.- DICTAMEN DE MEDICO FORENSE… MEDIO DE PRUEBA PERICIAL 1.- DICTAMEN MEDICO FORENSE… 2.- SOLICITUD PARA EVALUACIÓN PSICOLÓGICA…3.- SOLICITUD PARA LA EVALUACIÓN PSIQUIÁTRICA,… TERCERO: A la DEFENSA PUBLICA: se le admitieron los medios de prueba: MEDIO DE PRUEBA TESTIFICAL: 1.- Declaración de LASTENIA LÓPEZ MONTOYA… 2.- Declaración de VENTURA… MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL 1.- CONSTANCIA DE CARENCIA DE ANTECEDENTES PENALES. Pertenecientes al imputado… CUARTO: Este Tribunal señala fecha para la celebración de Juicio Oral y Público para el día MIÉRCOLES DIEZ (10) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017), A PARTIR DE LAS NUEVE DE LA MAÑANA (09:00) AM) QUEDANDO LAS PARTES NOTIFICADAS EN ESTRADOS. QUINTO: … SEXTO: …” (Folios 17 al 18 de la pieza del Tribunal de Sentencia). -3) Que, conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada INGRID GARCÍA, la CORTE TERCERA DE APELACIONES, dictó resolución en fecha seis (06) de septiembre de dos mil diecisiete, (2017) en la cual RESUELVE: “1) Declarar CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN presentado por la Abogada INGRID GARCÍA, Defensora Pública. 2) REVOCAR LA RESOLUCIÓN APELADA de fecha diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, dictado por el Tribunal de Sentencia de Danlí, departamento de El Paraíso. …” (Folio 41 al 43 de la Pieza de Tribunal de Sentencia.-4) Que la recurrente Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIÉRREZ MALDONADO, compareció ante este Tribunal, en fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha seis (06) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. -5) Que en fecha veintidós (22) de junio del año dos mil dieciocho (2018), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. -CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.-CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.-CONSIDERANDO (4): Que, correspondiéndole la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, esta Sala de lo Constitucional, es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por una Corte de Apelaciones, en específico, la CORTE TERCERA DE APELACIONES.-OBJETO DEL RECURSO.- CONSIDERANDO (5): Que se reclama por vía de la presente acción constitucional de amparo que la sentencia emitida por la referida CORTE TERCERA DE APELACIONES, de fecha seis de septiembre dos mil diecisiete resulta ser violatoria de garantías constitucionales en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS, en tanto que, según alegó la representante del Ministerio Público ante esta Sala, la mencionada CORTE TERCERA DE APELACIONES conoció de un recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado WILSON JASAEL SAUCEDA FLORES contra una resolución de naturaleza inapelable por disposición de la ley, el cual inclusive fue declarado CON LUGAR por la referida Alzada, lo cual considera la impetrante transgredió el principio de legalidad y la garantía del debido proceso reconocidos por nuestro texto constitucional. -PRONUNCIAMIENTO DE LA AUTORIDAD RECURRIDA.-CONSIDERANDO (6): Que en su resolución de seis de septiembre de dos mil diecisiete, la CORTE TERCERA DE APELACIONES determinó declarar ha lugar un recurso de apelación que la defensa del encartado WILSON JASAEL SAUCEDA FLORES interpuso contra una resolución de fecha 19 de mayo de 2017 emitida por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE DANLÍ, en la que se decidía sobre la admisión de la prueba propuesta por las partes en la respectiva audiencia de proposición de pruebas llevada a cabo en el proceso penal instruido contra el mencionado imputado, por el delito de VIOLACIÓN ESPECIAL en perjuicio de R. Y. G. V..-De acuerdo con el parecer de la Corte de Alzada, la resolución impugnada lesionaba el derecho de defensa del imputado, al haber admitido únicamente dos medios de prueba testificales a la defensa y cinco al Ministerio Público, lo que estimó iba en detrimento del principio de igualdad, razón por la que decidió acceder a la apelación y revocar la resolución impugnada.-ALEGACIÓN DE LA RECURRENTE.-CONSIDERANDO (7): Que como lo referimos ya, la recurrente y representante del Ministerio Público, sostuvo la violación constitucional derivada de la sentencia impugnada, dejando establecido en sus alegaciones de fondo que la Corte de Alzada ha conocido y accedido a un recurso de apelación promovido contra una resolución que de conformidad con la ley no permite ser impugnada por esa vía, por lo que el Tribunal de Alzada no debió conocer del mismo y mucho menos estimarlo. -Con respecto a la postura de la Alzada en la denegatoria del recurso de reposición que se interpuso contra la cuestionada resolución, en cuanto a que no fue alegado oportunamente por parte del Ministerio Público en la respectiva contestación de agravios que el auto impugnado era inapelable, la amparista hizo alusión al principio iura novit curia, que conlleva a que el juez debe conocer el derecho y aplicarlo, por ende, la omisión de la parte apelada de alegar que el auto del Tribunal de Sentencia era inapelable no eximía al Tribunal Ad-Quem de aplicar correctamente la ley al caso que fue llamado a resolver.-RAZONAMIENTO DE LA SALA.- CONSIDERANDO (8): Que como ya lo ha dicho esta Sala en anteriores decisiones, uno de los principios rectores del régimen jurídico de los recursos lo es el principio de taxatividad, el cual comporta que la admisión de todo recurso está condicionada a que se encuentre taxativa o expresamente previsto en la ley. Por su parte, siendo que cada recurso tiene su propia regulación, estando previstos legalmente para cada situación específica, no procede admitir un recurso cuando corresponde otro, lo cual es propio del principio de singularidad.-CONSIDERANDO (9): Que el principio de taxatividad lo encontramos expresamente establecido en el artículo 347 del Código Procesal Penal que como ya dijimos, conlleva a que los recursos proceden en los casos expresamente previstos por la ley. De tal modo, que como ya lo ha dicho esta Sala en pasadas decisiones, si la resolución que se ataca no está captada como objeto impugnable dentro del elenco determinado por la ley adjetiva, el recurso es formalmente improcedente.-Esta Sala ha señalado además que en toda legislación habrá resoluciones inimpugnables, pues el establecimiento legal del precitado principio de taxatividad conlleva a que el derecho a recurrir no es un derecho ilimitado y su exigencia se contrae a aquellos casos en los que la propia ley ha previsto la posibilidad de impugnación. -Esta Sala ha declarado también que el derecho a los recursos nace como una excepción al principio de inmutabilidad de las resoluciones judiciales, impuesto por su condición de instrumentos productores de certeza jurídica[1], pero no se lo ha contemplado, ni debe entenderse que el derecho de recurrir sea ilimitado, indefinido o inconmensurable; percibirlo así implicaría la desaplicación del principio de inmutabilidad que mencionamos y una afrenta a la seguridad jurídica, que es un principio fundamental del derecho y que a su vez incluye otros principios esenciales en los que se funda el propio Estado de Derecho, como la irretroactividad de la ley, la tipificación de los delitos y las penas, la cosa juzgada e incluso las propias garantías constitucionales. -CONSIDERANDO (10): Que el artículo 354 del Código Procesal Penal establece en forma expresa las resoluciones que son impugnables mediante el recurso de apelación, dentro de las cuales no se encuentra incluida la resolución mediante la que se decida sobre la admisión de la prueba para el debate, no encontrándose tampoco autorizada la apelación de tal resolución en el artículo 317 que regula lo concerniente a la proposición de prueba para el debate. La apelación de dicha resolución tampoco se encuentra autorizada en los subsiguientes artículos referentes.-CONSIDERANDO (11): Que, a criterio de esta Sala, la admisión y la consiguiente estimación de un recurso de apelación promovido contra una resolución que no admite ser impugnada por esa vía conlleva una evidente desatención al principio de taxatividad previamente citado, y de igual forma provoca una clara transgresión al principio de legalidad o de primacía de la ley, conforme al cual, todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción.-CONSIDERANDO (12): Que como lo ha sostenido ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el principio iura novit curia, se encuentra “sólidamente respaldado en la jurisprudencia internacional”, este principio comporta que el juzgador posee la facultad e inclusive el deber de aplicar las disposiciones jurídicas pertinentes en una causa, aun cuando las partes no las invoquen expresamente.-Siendo así, como bien lo ha señalado la representante del Ministerio Público, la pertinencia de la aplicación de este principio al caso que nos ocupa resulta innegable pues el Tribunal de Apelación no podía desconocer la legislación adjetiva aplicable al caso, arrogándose el conocimiento de un recurso que por ley era formalmente inadmisible bajo el pretexto que esta alegación no se hizo por una de las partes, pues en este caso la autorización expresa del recurso en la normativa que lo regula va más allá de los alegatos de las partes. En este sentido, la Sala asiente con lo que ha dicho la Corte Constitucional colombiana sobre el principio iura novit curia, determinado que es aquel por el cual, corresponde al juez la aplicación del derecho con prescindencia del invocado por las partes, pues al juez incumbe la determinación correcta del derecho, debiendo discernir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente, la realidad del hecho y subsumiéndolo en las normas jurídicas que lo rigen.-Claro está que este principio es eminentemente procesal y está limitado a circunstancias como la que nos ocupa, pues, como bien ha indicado también la Corte Interamericana, el principio NO autoriza al juez a aplicar un derecho sustantivo nuevo, ni para fallar en equidad y no en derecho. Un juez puede superar, por aplicación de este principio, las omisiones o deficiencias de los argumentos legales de las partes y aplicar la regla que considere correcta, pero sin llevar sus poderes más allá de la ley o situándolo más allá de ella.-CONSIDERANDO (13): Que esta Sala ya se ha pronunciado en forma reiterada, en el sentido que la garantía genérica del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en su jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una Tutela Judicial Efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, con atención especial, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, del debido respeto a la plena vigencia de los derechos fundamentales de todas las partes y participantes en el proceso.-CONSIDERANDO (14): Que esta Sala encuentra que, en su sentencia, la CORTE TERCERA DE APELACIONES ha desatendido en forma arbitraria el principio de taxatividad regulado expresamente por la ley procesal penal, al admitir y estimar un recurso de apelación dirigido contra una resolución que la ley no ha establecido como recurrible por vía del recurso ordinario de apelación, desconociendo con ello la potestad propia e inherente del legislador de pautar y reglar el derecho a los recursos, violentando a su vez tanto el principio de legalidad, como la garantía del debido proceso excediendo su potestad jurisdiccional en detrimento de los derechos del recurrente y desatendiendo uno de los principios rectores del proceso penal. En consecuencia, esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por la recurrente, por lo que el referido Tribunal de Apelación, en tutela del debido proceso, deberá dictar una nueva resolución emitiendo pronunciamiento conforme a ley y respetando las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan.-PARTE RESOLUTIVA.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 221, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 317, 347 y 354 del Código Procesal Penal; y, 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo del que se ha hecho mérito, interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIÉRREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE TERCERA DE APELACIONES, en fecha seis (06) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), que declaró con lugar un recurso de apelación y revocó la resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE DANLÍ, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, de fecha diecinueve (19) de mayo de dos mil diecisiete, con relación a la causa instruida contra el señor WILSON JASAEL SAUCEDA FLORES, por suponerlo responsable del delito de VIOLACIÓN ESPECIAL en perjuicio de R. Y. G. V., por lo que el referido Tribunal de Apelación, en tutela del debido proceso, deberá dictar una nueva resolución emitiendo pronunciamiento conforme la ley aplicable al caso y respetando las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTÉZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dieciséis (16) días del mes de octubre del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Sentencia de fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0161-2018.


CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

“CERTIFICACIÓN: El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de agosto de dos mil diecinueve.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIÉRREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE TERCERA DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha seis (06) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), que declaró con lugar un recurso de Apelación y revocó la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de Danlí, departamento de El Paraíso, en fecha diecinueve (19) de mayo de dos mil diecisiete, con relación a la causa instruida contra el señor WILSON JASAEL SAUCEDA FLORES, por suponerlo responsable del delito de VIOLACIÓN ESPECIAL en perjuicio de R. Y. G. V.. Afirmando la recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. –ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veintiséis (26) de junio de dos mil de dos mil catorce (2014), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO SECCIONAL DE DANLÍ, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, la Abogada RAQUEL EMILIA LEMUS ARDÓN, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra los jóvenes WILSON JASAEL SAUCEDA FLORES Y DELMER ANÍBAL RUIZ MONCADA, por suponerlos responsables del delito de Violación Especial en perjuicio de la menor R. Y. G.. (Folios 1 al 4 de la pieza del Juzgado).- 2) Que seguido el proceso, en fecha diecinueve (19) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE DANLÍ, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, emitió resolución en la cual: (SIC) “… RESUELVE: PRIMERO: AL REPRESENTANTE FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO, se le admitieron los siguientes medios de prueba: MEDIO DE PRUEBA TESTIFICAL: 1.- Declaración de R. Y. G. V.… 2.- Declaración de ADA YORGELIS MENDOZA SAUCEDA,… MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL 1.- CERTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO….2.- DICTAMEN DE MEDICO FORENSE… MEDIO DE PRUEBA PERICIAL 1.- DICTAMEN MEDICO FORENSE… 2.- SOLICITUD PARA EVALUACIÓN PSICOLÓGICA…3.- SOLICITUD PARA LA EVALUACIÓN PSIQUIÁTRICA,… TERCERO: A la DEFENSA PUBLICA: se le admitieron los medios de prueba: MEDIO DE PRUEBA TESTIFICAL: 1.- Declaración de LASTENIA LÓPEZ MONTOYA… 2.- Declaración de VENTURA… MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL 1.- CONSTANCIA DE CARENCIA DE ANTECEDENTES PENALES. Pertenecientes al imputado… CUARTO: Este Tribunal señala fecha para la celebración de Juicio Oral y Público para el día MIÉRCOLES DIEZ (10) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017), A PARTIR DE LAS NUEVE DE LA MAÑANA (09:00) AM) QUEDANDO LAS PARTES NOTIFICADAS EN ESTRADOS. QUINTO: … SEXTO: …” (Folios 17 al 18 de la pieza del Tribunal de Sentencia). -3) Que, conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada INGRID GARCÍA, la CORTE TERCERA DE APELACIONES, dictó resolución en fecha seis (06) de septiembre de dos mil diecisiete, (2017) en la cual RESUELVE: “1) Declarar CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN presentado por la Abogada INGRID GARCÍA, Defensora Pública. 2) REVOCAR LA RESOLUCIÓN APELADA de fecha diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, dictado por el Tribunal de Sentencia de Danlí, departamento de El Paraíso. …” (Folio 41 al 43 de la Pieza de Tribunal de Sentencia.-4) Que la recurrente Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIÉRREZ MALDONADO, compareció ante este Tribunal, en fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha seis (06) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. -5) Que en fecha veintidós (22) de junio del año dos mil dieciocho (2018), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. -CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.-CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.-CONSIDERANDO (4): Que, correspondiéndole la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, esta Sala de lo Constitucional, es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por una Corte de Apelaciones, en específico, la CORTE TERCERA DE APELACIONES.-OBJETO DEL RECURSO.- CONSIDERANDO (5): Que se reclama por vía de la presente acción constitucional de amparo que la sentencia emitida por la referida CORTE TERCERA DE APELACIONES, de fecha seis de septiembre dos mil diecisiete resulta ser violatoria de garantías constitucionales en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS, en tanto que, según alegó la representante del Ministerio Público ante esta Sala, la mencionada CORTE TERCERA DE APELACIONES conoció de un recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado WILSON JASAEL SAUCEDA FLORES contra una resolución de naturaleza inapelable por disposición de la ley, el cual inclusive fue declarado CON LUGAR por la referida Alzada, lo cual considera la impetrante transgredió el principio de legalidad y la garantía del debido proceso reconocidos por nuestro texto constitucional. -PRONUNCIAMIENTO DE LA AUTORIDAD RECURRIDA.-CONSIDERANDO (6): Que en su resolución de seis de septiembre de dos mil diecisiete, la CORTE TERCERA DE APELACIONES determinó declarar ha lugar un recurso de apelación que la defensa del encartado WILSON JASAEL SAUCEDA FLORES interpuso contra una resolución de fecha 19 de mayo de 2017 emitida por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE DANLÍ, en la que se decidía sobre la admisión de la prueba propuesta por las partes en la respectiva audiencia de proposición de pruebas llevada a cabo en el proceso penal instruido contra el mencionado imputado, por el delito de VIOLACIÓN ESPECIAL en perjuicio de R. Y. G. V..-De acuerdo con el parecer de la Corte de Alzada, la resolución impugnada lesionaba el derecho de defensa del imputado, al haber admitido únicamente dos medios de prueba testificales a la defensa y cinco al Ministerio Público, lo que estimó iba en detrimento del principio de igualdad, razón por la que decidió acceder a la apelación y revocar la resolución impugnada.-ALEGACIÓN DE LA RECURRENTE.-CONSIDERANDO (7): Que como lo referimos ya, la recurrente y representante del Ministerio Público, sostuvo la violación constitucional derivada de la sentencia impugnada, dejando establecido en sus alegaciones de fondo que la Corte de Alzada ha conocido y accedido a un recurso de apelación promovido contra una resolución que de conformidad con la ley no permite ser impugnada por esa vía, por lo que el Tribunal de Alzada no debió conocer del mismo y mucho menos estimarlo. -Con respecto a la postura de la Alzada en la denegatoria del recurso de reposición que se interpuso contra la cuestionada resolución, en cuanto a que no fue alegado oportunamente por parte del Ministerio Público en la respectiva contestación de agravios que el auto impugnado era inapelable, la amparista hizo alusión al principio iura novit curia, que conlleva a que el juez debe conocer el derecho y aplicarlo, por ende, la omisión de la parte apelada de alegar que el auto del Tribunal de Sentencia era inapelable no eximía al Tribunal Ad-Quem de aplicar correctamente la ley al caso que fue llamado a resolver.-RAZONAMIENTO DE LA SALA.- CONSIDERANDO (8): Que como ya lo ha dicho esta Sala en anteriores decisiones, uno de los principios rectores del régimen jurídico de los recursos lo es el principio de taxatividad, el cual comporta que la admisión de todo recurso está condicionada a que se encuentre taxativa o expresamente previsto en la ley. Por su parte, siendo que cada recurso tiene su propia regulación, estando previstos legalmente para cada situación específica, no procede admitir un recurso cuando corresponde otro, lo cual es propio del principio de singularidad.-CONSIDERANDO (9): Que el principio de taxatividad lo encontramos expresamente establecido en el artículo 347 del Código Procesal Penal que como ya dijimos, conlleva a que los recursos proceden en los casos expresamente previstos por la ley. De tal modo, que como ya lo ha dicho esta Sala en pasadas decisiones, si la resolución que se ataca no está captada como objeto impugnable dentro del elenco determinado por la ley adjetiva, el recurso es formalmente improcedente.-Esta Sala ha señalado además que en toda legislación habrá resoluciones inimpugnables, pues el establecimiento legal del precitado principio de taxatividad conlleva a que el derecho a recurrir no es un derecho ilimitado y su exigencia se contrae a aquellos casos en los que la propia ley ha previsto la posibilidad de impugnación. -Esta Sala ha declarado también que el derecho a los recursos nace como una excepción al principio de inmutabilidad de las resoluciones judiciales, impuesto por su condición de instrumentos productores de certeza jurídica[2], pero no se lo ha contemplado, ni debe entenderse que el derecho de recurrir sea ilimitado, indefinido o inconmensurable; percibirlo así implicaría la desaplicación del principio de inmutabilidad que mencionamos y una afrenta a la seguridad jurídica, que es un principio fundamental del derecho y que a su vez incluye otros principios esenciales en los que se funda el propio Estado de Derecho, como la irretroactividad de la ley, la tipificación de los delitos y las penas, la cosa juzgada e incluso las propias garantías constitucionales. -CONSIDERANDO (10): Que el artículo 354 del Código Procesal Penal establece en forma expresa las resoluciones que son impugnables mediante el recurso de apelación, dentro de las cuales no se encuentra incluida la resolución mediante la que se decida sobre la admisión de la prueba para el debate, no encontrándose tampoco autorizada la apelación de tal resolución en el artículo 317 que regula lo concerniente a la proposición de prueba para el debate. La apelación de dicha resolución tampoco se encuentra autorizada en los subsiguientes artículos referentes.-CONSIDERANDO (11): Que, a criterio de esta Sala, la admisión y la consiguiente estimación de un recurso de apelación promovido contra una resolución que no admite ser impugnada por esa vía conlleva una evidente desatención al principio de taxatividad previamente citado, y de igual forma provoca una clara transgresión al principio de legalidad o de primacía de la ley, conforme al cual, todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción.-CONSIDERANDO (12): Que como lo ha sostenido ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el principio iura novit curia, se encuentra “sólidamente respaldado en la jurisprudencia internacional”, este principio comporta que el juzgador posee la facultad e inclusive el deber de aplicar las disposiciones jurídicas pertinentes en una causa, aun cuando las partes no las invoquen expresamente.-Siendo así, como bien lo ha señalado la representante del Ministerio Público, la pertinencia de la aplicación de este principio al caso que nos ocupa resulta innegable pues el Tribunal de Apelación no podía desconocer la legislación adjetiva aplicable al caso, arrogándose el conocimiento de un recurso que por ley era formalmente inadmisible bajo el pretexto que esta alegación no se hizo por una de las partes, pues en este caso la autorización expresa del recurso en la normativa que lo regula va más allá de los alegatos de las partes. En este sentido, la Sala asiente con lo que ha dicho la Corte Constitucional colombiana sobre el principio iura novit curia, determinado que es aquel por el cual, corresponde al juez la aplicación del derecho con prescindencia del invocado por las partes, pues al juez incumbe la determinación correcta del derecho, debiendo discernir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente, la realidad del hecho y subsumiéndolo en las normas jurídicas que lo rigen.-Claro está que este principio es eminentemente procesal y está limitado a circunstancias como la que nos ocupa, pues, como bien ha indicado también la Corte Interamericana, el principio NO autoriza al juez a aplicar un derecho sustantivo nuevo, ni para fallar en equidad y no en derecho. Un juez puede superar, por aplicación de este principio, las omisiones o deficiencias de los argumentos legales de las partes y aplicar la regla que considere correcta, pero sin llevar sus poderes más allá de la ley o situándolo más allá de ella.-CONSIDERANDO (13): Que esta Sala ya se ha pronunciado en forma reiterada, en el sentido que la garantía genérica del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en su jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una Tutela Judicial Efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, con atención especial, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, del debido respeto a la plena vigencia de los derechos fundamentales de todas las partes y participantes en el proceso.-CONSIDERANDO (14): Que esta Sala encuentra que, en su sentencia, la CORTE TERCERA DE APELACIONES ha desatendido en forma arbitraria el principio de taxatividad regulado expresamente por la ley procesal penal, al admitir y estimar un recurso de apelación dirigido contra una resolución que la ley no ha establecido como recurrible por vía del recurso ordinario de apelación, desconociendo con ello la potestad propia e inherente del legislador de pautar y reglar el derecho a los recursos, violentando a su vez tanto el principio de legalidad, como la garantía del debido proceso excediendo su potestad jurisdiccional en detrimento de los derechos del recurrente y desatendiendo uno de los principios rectores del proceso penal. En consecuencia, esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por la recurrente, por lo que el referido Tribunal de Apelación, en tutela del debido proceso, deberá dictar una nueva resolución emitiendo pronunciamiento conforme a ley y respetando las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan.-PARTE RESOLUTIVA.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 221, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 317, 347 y 354 del Código Procesal Penal; y, 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo del que se ha hecho mérito, interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIÉRREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE TERCERA DE APELACIONES, en fecha seis (06) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), que declaró con lugar un recurso de apelación y revocó la resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE DANLÍ, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, de fecha diecinueve (19) de mayo de dos mil diecisiete, con relación a la causa instruida contra el señor WILSON JASAEL SAUCEDA FLORES, por suponerlo responsable del delito de VIOLACIÓN ESPECIAL en perjuicio de R. Y. G. V., por lo que el referido Tribunal de Apelación, en tutela del debido proceso, deberá dictar una nueva resolución emitiendo pronunciamiento conforme la ley aplicable al caso y respetando las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTÉZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dieciséis (16) días del mes de octubre del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Sentencia de fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0161-2018.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] BERNARDINO J. VARELA GÓMEZ, El recurso de apelación penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, págs. 22 y ss.

[2] BERNARDINO J. VARELA GÓMEZ, El recurso de apelación penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, págs. 22 y ss.