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Sentencia AP-161-15 — Registro 11781

Resumen

Juzgado decretó auto de formal procesamiento en audiencia inicial, contra imputado imponiéndole medida cautelar de prisión preventiva. a petición de defensa celebró audiencia de revisión de medidas cautelares, declarada sin lugar por existir prohibición legal. Apelada y declarada con lugar dicha resolución, modificando a favor de imputado medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario, con relación a causa instruida contra éste, por suponerlo responsable del delito de Extorsión, argumentando impetrante la aplicación errónea de normativa derogada en relación a reforma de aplicabilidad de medida sustitutiva a imputados mayores de 60 a 70 años

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...":(8) Que la Corte de Apelaciones impugnada en su resolución párrafo quinto de la motivación, invoca y hace suyas las resoluciones dictadas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en relación al Recurso de Casación respecto a la revisión de medidas en esa etapa del proceso: “Que para la Sala de lo Penal le resulta necesario hacer una interpretación sistemática y armónica de la normativa procesal con los postulados constitucionales y los derechos reconocidos en instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, para determinar si la aludida reforma ha dejado sin validez lo establecido en el artículo 183 mencionado”, señala que el Estado de Honduras ha suscrito una serie de Convenios Internacionales que establecen una serie de derechos a la persona humana, relativos a la presunción de inocencia, protección, cuidados y ayudas especiales y el derecho a la salud de manera que la disposición procesal de prohibición de la prisión preventiva al mayor de sesenta años, es consecuente con los derechos garantizados en los convenios internacionales, además con lo establecido en el artículo 89 Constitucional que establece el estado de inocencia del acusado (a) de un delito deberá ser tratado como inocente hasta que exista sentencia condenatoria firme, imponiendo una regla de trato diferente durante la tramitación del proceso, que en casos como el presente se vuelve idóneo y proporcional, que no se pueda decretar la prisión preventiva como medida cautelar, apareciendo el arresto domiciliario como la medida cautelar idónea, para este tipo de casos, en aras de proteger a la persona adulta mayor; de igual forma la protección al derecho a la integridad física, psíquica y moral están incorporadas a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en el Art. 5.1 y al Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Además, deja establecido como antecedente lo resuelto por la Sala Penal que en sus resoluciones relacionadas al caso en estudio dice: “Debe prevalecer la excepcionalidad del artículo 183 al ser plenamente compatible con la normativa constitucional y los convenios internacionales suscritos por el Estado de Honduras, además que al momento de la reforma del artículo 184, el legislador dejó incólume el 183 al no sufrir reforma alguna. De conformidad con los conocidos principios hermenéuticos de interpretación de derechos fundamentales pro libertatis y pro homine, tampoco es posible entender que ha existido una derogación tácita de dicho artículo, pues la restricción de derechos fundamentales exige reserva de ley, es decir, mención expresa, ya que los mismos se interpretan extensivamente en todo lo que le favorezca y restrictivamente lo que limita la libertad (pro libertatis), el derecho debe interpretarse de la manera que más favorezca al ser humano (pro homine). CONSIDERANDO: (9) Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Siguiendo este orden de ideas esta Sala observa que la resolución dictada por el Ad quem está debidamente razonada, observando tanto los preceptos constitucionales como las normas de derecho internacional de los derechos humanos, además de invocar el criterio de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia en relación con las cuestiones de medidas sustitutivas, en que deja claramente establecido la prevalencia de los principios Pro libertatis y Pro homine, criterio con los que está de acuerdo esta Sala que tiene como función principal mantener el orden constitucional, la garantía y respeto de los derechos fundamentales, reconocidos como derechos humanos por los instrumentos de derecho internacional, que forma parte del derecho interno y que prevalecen sobre las leyes internas del Estado. CONSIDERANDO: (10) Que la Seguridad Jurídica es uno de los principios fundamentales de todo ordenamiento constitucional democrático, debido a la necesidad de que los ciudadanos sepan, en todo momento, a qué atenerse en sus relaciones con el Estado y con los demás particulares. El principio de seguridad jurídica, en consecuencia, debe entenderse como la confianza que los ciudadanos pueden tener en la observancia y respeto de las situaciones derivadas de la aplicación de normas válidas y vigentes. La seguridad jurídica se asienta sobre el concepto de predictibilidad, es decir, que cada uno sepa de antemano las consecuencias jurídicas de sus propios comportamientos (las negritas son nuestras). En conclusión la seguridad jurídica es un principio constitucional que en su sentido genérico consiste en la garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas por la sociedad, protección y reparación: es la situación del individuo como sujeto activo y pasivo de relaciones sociales, que sabiendo o pudiendo saber cuáles son las normas jurídicas vigentes, tiene fundamentales expectativas de que ellas se cumplan. Para darle cumplimiento al Principio - Valor de Seguridad Jurídica el ordenamiento jurídico contiene normas entre ellas las dispuestas en la Constitución de la República, por ello “En la mayoría de los ordenamientos jurídicos positivos existen normas que pretenden dar cumplimiento al valor de la seguridad jurídica; En el nuestro tenemos varias expresiones de ese principio tales como la presunción del conocimiento de la ley, el principio de la reserva o legalidad penal, el principio de irretroactividad de la ley, la cosa juzgada y la prescripción, entre otros…” CONSIDERANDO:(11) Que el Derecho a la Defensa contenido en el artículo 82 constitucional, presenta las características de inviolable, irrenunciable, postulado de un Estado de Derecho. El Derecho de Defensa es inherente a la persona humana, existe independientemente de las situaciones concretas, por ello la persona sospechosa como autora o participe de un hecho delictivo, desde el primer acto de persecución penal dirigido en su contra y hasta la finalización del proceso penal (incluida la etapa de ejecución) tiene los mismos derechos que el orden jurídico le atribuye al imputado o acusado. Derecho constitucional que se encuentra en armonía con lo establecido en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 8 dispone las garantías judiciales, entre otros instrumentos de derecho internacional de los Derechos Humanos. Apreciando esta Sala que el Derecho de defensa no se ha quebrantado al recurrente, en virtud de haber tenido todas las oportunidades procesales que le faculta la ley, para intervenir en todos los actos del proceso, así como de interponer los recursos que haya considerado oportunos sin más limitación que la establecida por la ley. CONSIDERANDO: (12) Que esta Sala de lo Constitucional ha estudiado desde una perspectiva constitucional los hechos que han provocado la búsqueda de amparo, estimando la exposición del Tribunal de alzada tanto en su motivación como fundamentos de derecho, apreciados en su conjunto, la resolución impugnada no quebranta los derechos fundamentales invocados por el recurrente, pues ha sido dictada conforme a derecho, por lo que procede se Deniegue el Amparo intentado. CONSIDERANDO:(13) Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. Por todo lo antes expuesto procede conforme a Derecho DENEGAR el Recurso amparo, del que se ha hecho mérito."

Legislación citada

  • Código Procesal Penal, art. 183 (Jerarquía Ordinaria)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8, 2.d (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 1, .1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

...) Que el DebidoProceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse paraasegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así,si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial,también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente lapretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutelajurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puedequedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derechoreconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales quepermitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho aacudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un procesoque respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultadode éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y enlos tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos ylibertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judicialeso legislativas. Siguiendo este orden de ideas esta Sala observa que la resolución dictada por el Adquem está debidamente razonada, observando tanto los preceptos constitucionales como las normasde derecho internacional de los derechos humanos, además de invocar el criterio de la Sala de loPenal de la Corte Suprema de Justicia en relación con las cuestiones de medidas sustitutivas, enque deja claramente establecido la prevalencia de los principios Pro libertatis y Pro homine, criterioc con los que está de acuerdo esta Sala que tiene como función principal mantener el ordenconstitucional, la garantía y respeto de los derechos fundamentales, reconocidos como derechoshumanos por los instrumentos de derecho internacional, que forma parte del derecho interno y queprevalecen sobre las leyes internas del Estado"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha quince de diciembre de dos mil catorce, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha treinta de enero de dos mil catorce, con relación a la causa instruida contra el señor FERMIN MURILLO, por suponerlo responsable del delito de EXTORSION en perjuicio de YESICA ODILIA GUERRERO SALGADO y MARTA LILIANA SALGADO FLORES. ANTECEDENTES 1) Que en fecha diez de mayo del año dos mil trece, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, el abogado RENIERY RAMON ALMENDAREZ LIZARDO actuando en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor FERMIN MURILLO, por suponerlo responsable del delito de EXTORSION en perjuicio de YESICA ODILIA GUERRERO SALGADO y MARTA LILIANA SALGADO FLORES. 2) Que en fecha veintinueve de enero del año dos mil catorce, en la Audiencia de Revisión de Medida, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua Resuelve: Declarar SIN LUGAR la solicitud de Sustitución de Medida Cautelar de Prisión Preventiva por la medida cautelar de arresto domiciliario. Folios 187 al 189 de la pieza del juzgado). 3) Que en fecha quince de diciembre del año dos mil catorce, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado defensor del encartado FERMIN MURILLO, contra EL AUTO DE DESESTIMACION DE LA SUSTITUCION DE MEDIDA CAUTELAR DE PRISION PREVENTIVA. SEGUNDO: REVOCAMOS la resolución dictada por el A-quo y que el mismo proceda a dictar la resolución de acuerdo a los parámetros de esta resolución. Folios 07 al 12 de la pieza de la Corte). 4) El recurrente abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, compareció ante este Tribunal, en fecha doce de febrero del año dos mil quince, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha diez de febrero del año dos mil dieciséis, esta Sala recibió escrito de formalización de acción y ordeno seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el artículo 54 de la Ley sobre Justicia Constitucional, omitiendo la vista al Fiscal del despacho conforme lo prescrito por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Publico. CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO: (2) Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO: (3) Que se conoce en Amparo la sentencia proferida en fecha quince de diciembre del año dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones De la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, que Declaró Con Lugar el recurso de apelación interpuesto por la Defensa del Acusado en contra de la resolución de fecha treinta (30) de enero del año dos mil catorce (2014), mediante la cual se declara Sin Lugar la petición de Revisión de Medida Cautelar por medidas sustitutivas, en virtud de existir una prohibición legal. Con relación a la causa instruida contra el señor FERMIN MURILLO, por suponerlo responsable del delito de EXTORSION en perjuicio de JESSICA ODILIA GUERRERO SALGADO Y MARTHA LILIANA SALGADO FLORES. CONSIDERANDO: (4) Que el Ministerio Público en su condición de recurrente en la formalización del recurso, describe las actuaciones realizadas ante Juez competente, manifestando que en fecha 10 de mayo del 2013 se interpuso requerimiento Fiscal, el día 14 de mayo del 2013 se celebró audiencia Inicial en el Juzgado conocedor del proceso, donde se decretó auto de formal procesamiento contra el acusado imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva. En fecha 29 de enero del 2014 el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua a petición de la parte defensora celebró audiencia de revisión de medidas cautelares, la que fue declarada sin lugar por existir una prohibición legal. Apelada que fue dicha resolución el Tribunal de alzada declaró Con Lugar el recurso de apelación, modificando a favor del imputado la medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario. CONSIDERANDO: (5) Que el impetrante manifiesta que la Defensa del acusado durante la audiencia de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva, solicitó la aplicación del artículo 183 del Decreto 9-99-E, resultando que desde el 11 de diciembre de 2013 estaba vigente el Decreto 74-2013, que establece la prohibición de imponer la medida cautelar de prisión preventiva a las personas mayores de 70 años, es decir que en ese momento el imputado ya no reunía los requisitos de edad, por lo tanto al momento de formular la petición ya no lo abarcaba la prohibición de imponerle la prisión preventiva. Deja establecido que el artículo 183 estaba vigente hasta el 11 de diciembre del 2013 y la audiencia de revisión de medidas fue realizada el día 29 de enero del 2014 y denegada el 30 de enero del mismo año. Sigue exponiendo que el Decreto legislativo 74-2013 reformó expresamente el artículo 183 referente a la prohibición de imponer la medida cautelar de prisión preventiva a las personas mayores de 70 años, es decir se modificó la normativa anterior que fijaba la edad en 60 años, por lo tanto el 15 de diciembre del 2014, momento en que la Corte de Apelaciones aplicó el decreto 9-99-E ya estaba vigente el decreto74-2013.Considerá que la resolución impugnada violenta derechos constitucionales, a saber: Derecho a la tutela judicial efectiva, debido proceso y derecho a la defensa, expresando que el debido proceso envuelve el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal, como conjunto de garantías de los medios tendientes a asegurar la vigencia y la eficacia del proceso, de lo que cabe asegurar que el derecho a una resolución fundada en derecho es un elemento esencial de debido proceso. Una sentencia de fondo razonable, congruente y justa, que resuelva las pretensiones controvertidas y que se encuentre jurídicamente fundada, es una exigencia que deriva de la legitimación democrática del poder judicial y de la oposición a la indefensión y a la irracionalidad, señalando que cuando este derecho es infringido se traduce en una violación a la tutela judicial efectiva y al mismo tiempo desencadena la violación a otros derechos igualmente relacionados, generando además afectación al derecho a la defensa de los intereses generales de la sociedad materializada por el ente acusador, a través del ejercicio de la acción penal pública, ya que se fundó en una normativa procesal penal ya derogada. CONSIDERRANDO: (6) Que el impetrante manifiesta que en el caso sub examine se plantea un conflicto en la aplicación temporal de la norma, en consecuencia, formula algunas afirmaciones de principio con el propósito de orientar la absolución de controversias en cuanto al derecho a la libertad individual se refiere. Exponiendo que “cuando se presente una sucesión de leyes penales aplicables a un determinado supuesto de hecho en el lapso que va desde la comisión del delito hasta su enjuiciamiento y, más allá, hasta la finalización de la condena impuesta, surge la cuestión relativa a la selección de una de ellas para la resolución del conflicto planteado”. Señala: (SIC) “En el caso de Normas procesales penales rige el principio “tempus regit actum”, cuyo enunciado es que la ley procesal aplicable en el tiempo es la que se encuentra vigente al momento de resolverse el acto. Esto supone la aplicación inmediata de la ley procesal, más no que a través de ella se regulen actos personales ya cumplidos con la legislación anterior. En consecuencia “el problema de la ley aplicable en el tiempo en normas como el Decreto Legislativo 9-99-E y el Decreto Legislativo 74-2013, ha de resolverse bajo los alcances del principio de “tempos regis actum”, pero moderado por la garantía normativa que prescribe el sometimiento a un procedimiento distinto de los previamente establecidos en la ley”. “Señala que debe considerarse que el momento que ha de marcar la legislación aplicable para resolver un determinado acto procedimental, como lo es la aplicación de una medida cautelar, está representado por la fecha en el cual se realiza la audiencia para que el órgano jurisdiccional determine la medida cautelar más apropiada. En el caso en estudio si bien es cierto inició estando en vigencia una normativa procesal más favorable al imputado, es siete meses después cuando el imputado solicita la aplicación de dicha norma, que ha sido derogada meses atrás, por lo tanto, desde todo punto de vista es inaplicable pues es una norma derogada”. “Además señala que la aplicación de medidas sustitutivas no procede automáticamente de que una persona cumpla setenta años (70), sino que está sujeto a presupuestos establecidos en la norma….” “Expone que la falta de aplicación de derecho vigente constituye una flagrante violación al derecho al Debido Proceso mismo que reclama que la conclusión por sentencia de todo proceso debe respetar al menos principios constitucionales vinculados a una verdadera administración de justicia, entre los cuales se encuentra el derecho a la debida motivación, partiendo de la adecuada aplicación del derecho vigente. Manifiesta que en la resolución emitida por la Corte de Apelaciones impugnada se aplica una norma ya derogada lo que produce la violación a la tutela judicial efectiva por no garantizar el debido proceso, la aplicación de dicha norma derogada conlleva a una errónea motivación de la resolución emitida y violación del derecho de acceso a la justicia se deriva de la negación de justicia materializada en una resolución inadecuadamente motivada, ya que la misma se fundamentó en una norma derogada.” CONSIDERANDO: (7) Que el Ad quem, en la resolución impugnada expone una relación de los hechos que motiva la celebración de audiencia de revisión de medidas cautelares. En el párrafo de la MOTIVACIÓN expone. (SIC) “Que el Principio de Estado de Derecho impone el postulado de un sometimiento de la potestad punitiva al derecho, lo que dará lugar a los limites derivados del principio de legalidad, de allí que de este principio se derivan las garantías criminal, penal, jurisdiccional judicial; además dentro de ese principio a la norma jurídica se le imponen algunos requisitos, como que debe ser previa, escrita y estricta”; el primero implica la prohibición de retroactividad de las leyes que castigan nuevos delitos o agravan su punición, no está prohibido en cambio la retroactividad de las leyes más favorables, que vienen a suprimir algún delito o atenuar alguna pena. Manifiesta que la retroactividad de las leyes más favorables plantea varias cuestiones; por ejemplo en materia procesal, las leyes procesales siguen el principio tempus actus regit actum “Los actos procesales se rigen por las normas vigentes en el momento en que deben de producirse tales actos, ello puede suponer una aplicación retroactiva, en el sentido de que si se modifica alguna ley procesal penal con posterioridad a la comisión del delito que ha de enjuiciarse, en principio deberá que aplicarse la normativa que rige al momento de los actos procesales a realizar; por ello ha de encontrar el límite de que las normas procesales que restrinjan el contenido de derechos y garantías del ciudadano no pueden ser retroactivas, es el caso de las reformas que alarguen el plazo de la prisión preventiva (o la prohibición de imposición de medidas sustitutivas), institución procesal que no obstante afecta el derecho a la libertad. CONSIDERANDO:(8) Que la Corte de Apelaciones impugnada en su resolución párrafo quinto de la motivación, invoca y hace suyas las resoluciones dictadas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en relación al Recurso de Casación respecto a la revisión de medidas en esa etapa del proceso: “Que para la Sala de lo Penal le resulta necesario hacer una interpretación sistemática y armónica de la normativa procesal con los postulados constitucionales y los derechos reconocidos en instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, para determinar si la aludida reforma ha dejado sin validez lo establecido en el artículo 183 mencionado”, señala que el Estado de Honduras ha suscrito una serie de Convenios Internacionales que establecen una serie de derechos a la persona humana, relativos a la presunción de inocencia, protección, cuidados y ayudas especiales y el derecho a la salud de manera que la disposición procesal de prohibición de la prisión preventiva al mayor de sesenta años, es consecuente con los derechos garantizados en los convenios internacionales, además con lo establecido en el artículo 89 Constitucional que establece el estado de inocencia del acusado (a) de un delito deberá ser tratado como inocente hasta que exista sentencia condenatoria firme, imponiendo una regla de trato diferente durante la tramitación del proceso, que en casos como el presente se vuelve idóneo y proporcional, que no se pueda decretar la prisión preventiva como medida cautelar, apareciendo el arresto domiciliario como la medida cautelar idónea, para este tipo de casos, en aras de proteger a la persona adulta mayor; de igual forma la protección al derecho a la integridad física, psíquica y moral están incorporadas a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en el Art. 5.1 y al Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Además, deja establecido como antecedente lo resuelto por la Sala Penal que en sus resoluciones relacionadas al caso en estudio dice: “Debe prevalecer la excepcionalidad del artículo 183 al ser plenamente compatible con la normativa constitucional y los convenios internacionales suscritos por el Estado de Honduras, además que al momento de la reforma del artículo 184, el legislador dejó incólume el 183 al no sufrir reforma alguna. De conformidad con los conocidos principios hermenéuticos de interpretación de derechos fundamentales pro libertatis y pro homine, tampoco es posible entender que ha existido una derogación tácita de dicho artículo, pues la restricción de derechos fundamentales exige reserva de ley, es decir, mención expresa, ya que los mismos se interpretan extensivamente en todo lo que le favorezca y restrictivamente lo que limita la libertad (pro libertatis), el derecho debe interpretarse de la manera que más favorezca al ser humano (pro homine). CONSIDERANDO: (9) Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Siguiendo este orden de ideas esta Sala observa que la resolución dictada por el Ad quem está debidamente razonada, observando tanto los preceptos constitucionales como las normas de derecho internacional de los derechos humanos, además de invocar el criterio de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia en relación con las cuestiones de medidas sustitutivas, en que deja claramente establecido la prevalencia de los principios Pro libertatis y Pro homine, criterio con los que está de acuerdo esta Sala que tiene como función principal mantener el orden constitucional, la garantía y respeto de los derechos fundamentales, reconocidos como derechos humanos por los instrumentos de derecho internacional, que forma parte del derecho interno y que prevalecen sobre las leyes internas del Estado. CONSIDERANDO: (10) Que la Seguridad Jurídica es uno de los principios fundamentales de todo ordenamiento constitucional democrático, debido a la necesidad de que los ciudadanos sepan, en todo momento, a qué atenerse en sus relaciones con el Estado y con los demás particulares. El principio de seguridad jurídica, en consecuencia, debe entenderse como la confianza que los ciudadanos pueden tener en la observancia y respeto de las situaciones derivadas de la aplicación de normas válidas y vigentes. La seguridad jurídica se asienta sobre el concepto de predictibilidad, es decir, que cada uno sepa de antemano las consecuencias jurídicas de sus propios comportamientos (las negritas son nuestras). En conclusión la seguridad jurídica es un principio constitucional que en su sentido genérico consiste en la garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas por la sociedad, protección y reparación: es la situación del individuo como sujeto activo y pasivo de relaciones sociales, que sabiendo o pudiendo saber cuáles son las normas jurídicas vigentes, tiene fundamentales expectativas de que ellas se cumplan. Para darle cumplimiento al Principio - Valor de Seguridad Jurídica el ordenamiento jurídico contiene normas entre ellas las dispuestas en la Constitución de la República, por ello “En la mayoría de los ordenamientos jurídicos positivos existen normas que pretenden dar cumplimiento al valor de la seguridad jurídica; En el nuestro tenemos varias expresiones de ese principio tales como la presunción del conocimiento de la ley, el principio de la reserva o legalidad penal, el principio de irretroactividad de la ley, la cosa juzgada y la prescripción, entre otros…” CONSIDERANDO:(11) Que el Derecho a la Defensa contenido en el artículo 82 constitucional, presenta las características de inviolable, irrenunciable, postulado de un Estado de Derecho. El Derecho de Defensa es inherente a la persona humana, existe independientemente de las situaciones concretas, por ello la persona sospechosa como autora o participe de un hecho delictivo, desde el primer acto de persecución penal dirigido en su contra y hasta la finalización del proceso penal (incluida la etapa de ejecución) tiene los mismos derechos que el orden jurídico le atribuye al imputado o acusado. Derecho constitucional que se encuentra en armonía con lo establecido en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 8 dispone las garantías judiciales, entre otros instrumentos de derecho internacional de los Derechos Humanos. Apreciando esta Sala que el Derecho de defensa no se ha quebrantado al recurrente, en virtud de haber tenido todas las oportunidades procesales que le faculta la ley, para intervenir en todos los actos del proceso, así como de interponer los recursos que haya considerado oportunos sin más limitación que la establecida por la ley. CONSIDERANDO: (12) Que esta Sala de lo Constitucional ha estudiado desde una perspectiva constitucional los hechos que han provocado la búsqueda de amparo, estimando la exposición del Tribunal de alzada tanto en su motivación como fundamentos de derecho, apreciados en su conjunto, la resolución impugnada no quebranta los derechos fundamentales invocados por el recurrente, pues ha sido dictada conforme a derecho, por lo que procede se Deniegue el Amparo intentado. CONSIDERANDO:(13) Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. Por todo lo antes expuesto procede conforme a Derecho DENEGAR el Recurso amparo, del que se ha hecho mérito. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 15, 59, 60, 69, 82, 89, 90, 92, 96, 183, 303, 313 No.5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4,15, 101 No. 10, 177, 200 y 212; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto 184-2013, del 5 de octubre del 2013; Artículos 7 inciso 2, 8.2.d de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1.1, 8, y 10 de La Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 9, 14.3.d del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA, Departamento de Comayagua, en fecha quince de diciembre del año dos mil catorce. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARI{O DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de junio del año dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de abril del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado bajo los números SCO-0161=2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL