Sentencia AP-156-18 — Registro 11780
Resumen
Resolución que declaró ha lugar recurso de apelación con relación a la causa instruida contra recurrente por suponerlo responsable del delito de Otros Fraudes
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(7): Que de acuerdo al estudio realizado en los antecedentes y a la propia resolución recurrida, esta Sala aprecia que los alegatos promovidos por el recurrente, son alusivos al supuesto quebrantamiento del principio de legalidad en la sentencia venida en amparo, en supuesta violación al debido proceso del imputado, carece de sustento eficiente, pues se reconduce a la configuración de alegaciones de mera legalidad, según se colige de la presente vista; pues además que el planteamiento del amparista no ha demostrado la enervación del derecho constitucional invocado, allende el juicio de probabilidad que caracteriza el dictado de formal procesamiento y de haberse impuesto la medida cautelar, a que éste legalmente da lugar, con base a legalidad y enmarcadas en el principio de proporcionalidad; por lo cual, para la Sala de lo Constitucional, carece ciertamente tal alegato de trascendencia alguna para los fines que establece la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (8): Que en el presente caso, el ámbito garantista de los derechos, declaraciones y garantías constitucionales invocadas por el amparista, con fundamento en alegaciones de mera legalidad; comprendería el derecho de obtener una sentencia que se pronuncie de manera clara y específica sobre las razones en que se funda el Tribunal de Alzada para revocar las medidas cautelares sustitutivas de la prisión preventiva interesadas por la defensa técnica del señor Edgardo Felipe Castillo Zuniga; lo cual se considera eficientemente cumplido, por la Alzada y en congruencia con lo alegado y probado en Audiencia por las partes procesales. - Por todo lo cual se considera por la Sala de lo Constitucional, que tal demanda de amparo deviene improcedente, en aplicación de la causal de sobreseimiento precavida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referida a cuando el recurso de amparo se soporte sobre alegaciones de mera legalidad; procediendo el dictado de su inmediato sobreseimiento"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, NUMERAL 1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de junio del dos mil diecinueve. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Carlos Pacheco Morales a favor del señor Edgardo Felipe Castillo Zuniga, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, que declaró Ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, con relación a la causa instruida contra Edgardo Felipe Castillo Zuniga por suponerlo responsable del delito de Otros Fraudes en perjuicio de Gloria Marina Castillo Zuniga, Blanca Margarita Castillo Zuniga y Maria Teresa García Zuniga. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en el artículo 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES. 1) Que en fecha veintiuno de octubre de dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la Abogada Silvia Sauceda Martínez, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra Edgardo Felipe Castillo Zuniga por suponerlo responsable del delito de Otros Fraudes en perjuicio de Gloria Marina Castillo Zuniga, Blanca Margarita Castillo Zuniga y Maria Teresa García Zuniga.(Folios 2-6/118 del tomo I de los antecedentes) 2) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en audiencia de revisión de medidas de fecha veintiséis de octubre del año dos mil diecisiete, resolvió: …primeramente en cuanto a la solicitud de autorización de salir del país el acusado…vamos a denegar la autorización de salir del país a que reciba tratamiento de calidad el acusado y que el mismo lo reciba en Honduras. En cuanto a la solicitud por parte de los acusadores que se le modifique la medida que ha venido cumpliendo el acusado por la de prisión preventiva, hemos revisado las actuaciones, hemos verificado que el imputado ha estado anuente a las audiencias que se han señalado, por lo que ha estado presente denotando con ello el querer someterse al proceso, aunado a ello tal como lo refirió la defensa existe la garantía hipotecaria a favor del Estado de Honduras, con lo que se garantiza que el imputado esté sometido al proceso, por lo tanto consideramos que los argumentos que han narrado los acusadores son insuficientes para demostrar verdaderamente que el imputado no desea someterse al proceso, por lo tanto vamos a mantener siempre la medida declarando sin lugar la solicitud que se le imponga prisión preventiva al acusado… (Folios del 1018-1019 vuelto del tomo II de los antecedentes). 3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Jaime Erick Rodríguez Ordoñez, contra la resolución que antecede, la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, resolvió: 1) Declarando Ha Lugar el recurso interpuesto por la Acusación Privada, Abogado Jaime Erick Rodríguez Ordoñez. -2) Revocar la resolución apelada. (Folios 1037-1039 del tomo II de los antecedentes). Lo cual tuvo como elemento de juicio; acoger el criterio de la acusación privada referente a que concurra al presente caso el peligro de fuga, por cumplirse el supuesto legal establecido en el artículo 179 del Código Procesal Penal en su párrafo cuarto; por lo cual, no cabe duda al Ad Quem, que el Tribunal de Sentencia deberá modificar la medida impuesta, asegurando la constitución, a favor del Estado de Honduras una garantía, bien sea fiduciaria, hipotecaria o prendaria por un valor coherente al nuevo monto defraudado; persistiendo por ende, el presupuesto establecido en el artículo 172 No. 2) del Código Procesal Penal, el cual no ha desaparecido en la presente causa. 4) Que el recurrente Abogado Carlos Pacheco Morales, compareció ante este Tribunal en fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, interponiendo acción de amparo a favor del Estado de Honduras, afirmando que la decisión del Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, es violatoria de los derechos consagrados en el artículo 90 de la Constitución de la República. 5) Vistos los antecedentes en el recurso de mérito; y desprendiéndose del mismo que el término de cuarenta y ocho horas concedidos al recurrente para formalizar la acción, venció el día quince de junio de dos mil dieciocho, siendo las once con veinte minutos de la mañana, esta Sala declaró caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar, asimismo, se desprende del escrito de interposición del recurso, que el recurrente desarrolló de manera puntual el concepto de violación, por lo que se estimó procedente dar vista por el término de cuarenta y ocho horas al fiscal para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folio 27 del amparo) 6) Que en fecha veintidós de agosto de dos mil dieciocho, esta Sala tuvo por abstenida en legal y debida forma para emitir el dictamen en las presentes diligencias, a la fisca Yulibeth Garay Hernández, ordenándose continuar con el procedimiento correspondiente. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que interpone el presente recurso de amparo el Abogado Carlos Pacheco Morales, a favor del señor Edgardo Felipe Castillo Zuniga, en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis (16) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), que declaró Ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis (26) de octubre de dos mil diecisiete (2017), con relación a la causa instruida contra Edgardo Felipe Castillo Zuniga por suponerlo responsable del delito de Otros Fraudes en perjuicio de Gloria Marina Castillo Zuniga, Blanca Margarita Castillo Zuniga y Maria Teresa García Zuniga; argumenta el amparista que tal decisión del Ad-Quem, según reseñada en el Antecedente 3) de la presente sentencia, resulta violatoria al derecho constitucional contemplado en el artículo 90 de la Constitución de la República, en perjuicio del agraviado. CONSIDERANDO (4): Que en sustentación del recurso de amparo expresado, ha señalado el recurrente la existencia de múltiples agravios al debido proceso del beneficiario del recurso; pues se ha procedido por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, a la revocatoria de las medidas cautelares sustitutivas de la prisión preventiva dictadas a favor de su representado, sin el sustento jurídico necesario para su validez; ya que la medida modificada ha venido garantizando la finalidad del proceso en todos sus aspectos, ya que jamás se ha incumplido las medidas cautelares impuestas al señor Edgardo Felipe Castillo Zuniga; no resultando lógico que la Corte de Apelaciones invoque el artículo 172 del Código Procesal Penal, ya que los instrumentos que manifiestan estar en litigio se encuentran en el expediente de mérito, peligro de fuga que jamás ha existido, dado que su representado tiene casi un año y medio de cumplir a cabalidad medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, aun y cuando se le impuso la multa de DIEZ MIL LEMPIRAS, sin haberse dado a la fuga, como pretende hacer ver la Corte de Apelaciones recurrida. Es por lo anterior, que dichos presupuestos legales anteriormente expuestos no son congruentes con el comportamiento de su representado y su sometimiento voluntario al proceso. Refiere, finalmente, que tal proceder jurisdiccional ha generado una manifiesta violación a componentes esenciales de la garantía del debido proceso, en virtud de no observar la resolución impetrada el consabido respeto a los expresados derechos fundamentales del imputado, de manera que ninguna actuación de las autoridades procesales dependa de su propio arbitrio, sino que con sujeción a ley; por todo lo cual, solicita se otorgue amparo a favor del señor Edgardo Felipe Castillo Zuniga; procediendo a arreglar conforme a derecho la situación que se denuncia en sede de justicia constitucional. CONSIDERANDO (5): Que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es pilar fundamental para mantener el Estado de Derecho, garantizando a los ciudadanos el efectivo cumplimiento y protección de sus derechos fundamentales, manteniendo tanto la supremacía constitucional, en su dimensión objetiva; como el reconocimiento, respeto y garantía del ejercicio de los Derechos Humanos contenidos en las convenciones y Tratados Internacionales que el Estado ha suscrito y ratificado; todo lo cual orienta en forma indeclinable el horizonte de realización de la justicia constitucional en Honduras. CONSIDERANDO (6): Que, como derivación lógico principalista de lo anteriormente expuesto, el sistema de justicia penal hondureña obedece a la exigencia constitucional, acorde los artículos 303 y 304 de la Norma Fundamental, referida a que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y a las leyes; correspondiéndole a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. En desarrollo a la preceptiva constitucional citada, la Sala de lo Constitucional ha aseverado la sujeción del Juez y las partes a la garantía del Debido Proceso, en tanto órganos y agentes del Estado, a efecto sus actuaciones se sometan a los principios rectores que garantizan los derechos fundamentales; constituyendo, asimismo, un límite eficiente a la intervención del poder estatal en la esfera indecidible de los derechos de la persona humana. Y a que, en el marco de un juicio justo, éste comprenda, entre otros y de manera meramente enunciativa, los siguientes caracteres; el principio de legalidad, a un juez natural, al acceso a la justicia, al derecho de defensa, al derecho a una resolución que resuelva sus pretensiones sin dilaciones injustificadas y, a ser oído en juicio; así como el derecho a resoluciones motivadas y fundadas jurídicamente, en proscripción al libre arbitrismo judicial, que denuncia el ahora amparista, en sustentación a su recurso. CONSIDERANDO (7): Que de acuerdo al estudio realizado en los antecedentes y a la propia resolución recurrida, esta Sala aprecia que los alegatos promovidos por el recurrente, son alusivos al supuesto quebrantamiento del principio de legalidad en la sentencia venida en amparo, en supuesta violación al debido proceso del imputado, carece de sustento eficiente, pues se reconduce a la configuración de alegaciones de mera legalidad, según se colige de la presente vista; pues además que el planteamiento del amparista no ha demostrado la enervación del derecho constitucional invocado, allende el juicio de probabilidad que caracteriza el dictado de formal procesamiento y de haberse impuesto la medida cautelar, a que éste legalmente da lugar, con base a legalidad y enmarcadas en el principio de proporcionalidad; por lo cual, para la Sala de lo Constitucional, carece ciertamente tal alegato de trascendencia alguna para los fines que establece la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (8): Que en el presente caso, el ámbito garantista de los derechos, declaraciones y garantías constitucionales invocadas por el amparista, con fundamento en alegaciones de mera legalidad; comprendería el derecho de obtener una sentencia que se pronuncie de manera clara y específica sobre las razones en que se funda el Tribunal de Alzada para revocar las medidas cautelares sustitutivas de la prisión preventiva interesadas por la defensa técnica del señor Edgardo Felipe Castillo Zuniga; lo cual se considera eficientemente cumplido, por la Alzada y en congruencia con lo alegado y probado en Audiencia por las partes procesales. - Por todo lo cual se considera por la Sala de lo Constitucional, que tal demanda de amparo deviene improcedente, en aplicación de la causal de sobreseimiento precavida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referida a cuando el recurso de amparo se soporte sobre alegaciones de mera legalidad; procediendo el dictado de su inmediato sobreseimiento. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59, 62, 90, 183, 303, 313 No.5 y 316 de la Constitución de la República; 1, 11 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 46 numeral 1) y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: SOBRESEYENDO el recurso de amparo promovido por el Abogado el Abogado CARLOS PACHECO MORALES, favor del señor EDGARDO FELIPE CASTILLO ZUNIGA contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis (16) de noviembre de dos mil diecisiete (2017). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de agosto de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha cinco de junio de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-156-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL