Sentencia AP-146-18 — Registro 8727
Resumen
Acto recurrido que desestimó recurso de apelación interpuesto contra las resoluciones dictadas en fechas catorce al veinte de junio, y tres de agosto del año dos mil diecisiete, en la causa instruida contra el señor Ángel Ariel Rivera Hernández por los delito de robo de vehículo y robo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." ... La Sala de lo Constitucional, al estudiar el presente caso dispone que es de recibo el pedimento de amparo por parte del agente del Ministerio Público. Ahora bien, la Sala observa que contrario a todo lo expuesto por la corte de apelaciones, la sentencia condenatoria dictada en fecha veinticinco de junio de dos mil trece por el tribunal de sentencia seccional del departamento de Cortés, si señaló de manera expresa, en el numeral cuarto de la parte dispositiva del fallo, que las penas debían ser cumplidas en forma sucesiva (una en pos de la otra), comenzando por la de mayor gravedad…" …" ... En virtud de todo lo cual, se estima procedente otorgar la presente garantía de amparo. En consecuencia, que la corte de apelaciones restituya el derecho al principio de legalidad, debiendo ordenar que el juez de ejecución cumpla cabal y puntualmente lo dispuesto en el artículo 35 del Código Penal, haciendo cumplir sucesivamente las penas impuestas al ciudadano Ángel Ariel Rivera Hernandez, debido a que los delitos por los que fue condenado fueron cometidos en concurso real..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, seis de febrero de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de amparo interpuesta por el abogado RENÉ MAURICIO ACEITUNO ULLOA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada en fecha treinta de noviembre del año dos mil diecisiete por la honorable CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, mediante la cual desestimó el recurso de apelación interpuesto contra las resoluciones dictadas en fechas catorce al veinte de junio, y tres de agosto del año dos mil diecisiete por el honorable Juzgado de Ejecución de la sección judicial del departamento de Cortés; en la causa instruida contra el señor ÁNGEL ARIEL RIVERA HERNÁNDEZ, por suponerlo responsable de los delitos de ROBO DE VEHÍCULO y ROBO, en perjuicio del señor MIGUEL ÁNGEL RIVERA. Estimando el garantista que la decisión del ad quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 304 y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES PROCESALES.- 1. En fecha veintisiete de noviembre del año dos mil once, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del departamento de Cortés, el abogado JUAN ADOLFO GARCÍA RODRÍGUEZ, actuando en su condición de agente de tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra el señor ÁNGEL ARIEL RIVERA HERNÁNDEZ, por los delitos de ROBO DE VEHÍCULO y ROBO, en perjuicio del señor MIGUEL ÁNGEL RIVERA. (Folios 1–5 de la pieza de antecedentes de primera instancia).- 2. En fecha veinticinco de junio del año dos mil trece, el tribunal de sentencias del departamento de Cortés, condena al señor ÁNGEL ARIEL RIVERA HERNÁNDEZ, por los delitos de ROBO DE VEHÍCULO y ROBO, en perjuicio del señor MIGUEL ÁNGEL RIVERA; remitiendo las presentes diligencias al Juzgado de Ejecución de la sección judicial del departamento de Cortés; mismas que fueron recibidas por dicho juzgado, en fecha veintinueve de agosto del año dos mil catorce. (Folios 112–121 de la pieza de antecedentes de primera instancia).- 3. En fecha uno de septiembre de dos mil catorce, el citado juzgado de ejecución, procede a realizar el cómputo de la pena impuesta al señor ÁNGEL ARIEL RIVERA HERNÁNDEZ, por los delitos de ROBO DE VEHÍCULO y ROBO, en la cual establece: “… que el señor ÁNGEL ARIEL RIVERA HERNÁNDEZ cumplirá su pena el VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS y podrá solicitar su libertad condicional si reúne con los requisitos establecidos en el artículo 76 del Código Penal vigente a partir del VEINTISIETE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS. Asimismo, fue condenado a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil.” Quedando las partes notificadas del mismo. (Folios 123–126 de la pieza de antecedentes de primera instancia).- 4. En fecha uno de junio de dos mil diecisiete, se presentó al citado juzgado de ejecución, la abogada MIRYAN IVONE PALOMO NÚÑEZ, como apoderada legal del señor ÁNGEL ARIEL RIVERA HERNÁNDEZ, presentando solicitud de beneficio de libertad condicional y conmuta de pena, en el expediente contentivo de la causa llevada en contra de su representado, en donde fue condenado por los delitos de ROBO DE VEHÍCULO y ROBO, solicitando que se declare con lugar la solicitud de libertad condicional y conmuta de la pena, previa opinión del fiscal del despacho; extender la carta de libertad provisional a favor de su representado; y que se le imponga las medidas de seguridad que estimen; solicitud que fue admitida en la misma fecha. (Folios 136, 137 y 144 de la pieza de antecedentes de primera instancia).- 5. En fecha catorce de junio de dos mil diecisiete, se dio inicio a la audiencia de libertad condicional y conmuta de pena, y al concluir ésta en fecha veinte de junio del año dos mil diecisiete, el juzgado de ejecución antes citado resolvió: “PRIMERO. Declarar sin lugar la solicitud de libertad condicional ÁNGEL ARIEL RIVERA HERNÁNDEZ se le condenó por el delito por el ROBO DE VEHÍCULO en perjuicio de MIGUEL ÁNGEL RIVERA donde se le impuso una pena de DIEZ AÑOS DE RECLUSIÓN. En virtud de no reunir los requisitos del articulo 76 en su numeral 2 del Código Penal vigente. SEGUNDO: Declarar con lugar la solicitud de conmuta de pena por pago en efectivo planteada a favor del señor ÁNGEL ARIEL RIVERA HERNÁNDEZ, en el proceso que se le condenó por el delito de ROBO, en perjuicio de MIGUEL ÁNGEL RIVERA, donde se le impuso una pena de CINCO AÑOS DE RECLUSIÓN por las razones arriba expuestas. TERCERO: Una vez acreditado mediante el recibo correspondiente, el pago de la cuantía establecida por este juzgado se libre la carta de libertad definitiva a favor de ÁNGEL ARIEL RIVERA HERNÁNDEZ. Sin perjuicio de registrar otro proceso o condenas. TERCERO: Líbrese atenta comunicación al juzgado de ejecución de Santa Bárbara, a fin de que ponga en conocimiento de lo resuelto en la presente al condenado.” Así mismo, en fecha tres de agosto del año dos mil diecisiete, el mismo juzgado dicto sentencia interlocutoria de libertad condicional, en la cual resolvió: “PRIMERO. Declarar CON LUGAR la solicitud de libertad condicional ÁNGEL ARIEL RIVERA HERNÁNDEZ se le condenó por el delito de ROBO DE VEHÍCULO en perjuicio de MIGUEL ÁNGEL RIVERA donde se le impuso una pena de DIEZ AÑOS DE RECLUSIÓN. En virtud de que reúne los requisitos del articulo 76 Código Penal vigente. SEGUNDO: Imponer a los señores ÁNGEL ARIEL RIVERA HERNÁNDEZ como medidas de seguridad las siguientes señaladas en el artículo 83 numeral 4 y 5 del Código Penal vigente: 1. Libertad vigilada: Presentarse en fechas QUINCE de cada mes a este juzgado de ejecución, donde la secretaria de esta judicatura llevara el debido control en el respectivo libro de control de medidas, su presencia en el mismo, deberá dejar constancia con su firma y huella previa identificación ante la secretaria del juzgado, debiendo mantener fijado su domicilio e informar cualquier cambio de dirección. Esta medida de seguridad es impuesta hasta en tanto cumpla con el resto del tiempo de la condena que le ha sido impuesta que termina en fecha VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, sin perjuicio de que el juez de ejecución considere en algún momento su modificación. Habiendo quedado advertido en la correspondiente audiencia sobre el cumplimiento obligatorio de la medida de seguridad impuesta y las consecuencias en caso de incumplimiento; debiendo revocarse este beneficio que ahora se les otorga en caso de que señor ÁNGEL ARIEL RIVERA HERNÁNDEZ, incurre en la comisión de un nuevo delito o violare alguna de las medidas de seguridad impuestas. 2. Prohibición de concurrir a determinados lugares como ser el hogar o lugar de trabajo del núcleo familiar de la víctima. 3. Terapia Psicológica: la cual recibirá con la psicóloga adscrita a esta judicatura por el término de un año. TERCERO: Extiéndase su certificado de LIBERTAD CONDICIONAL del señor JOSE ISAÍAS REYES MARTÍNEZ y líbrese atento oficio de excarcelación al señor director penitenciario, sin perjuicio de otros procesos o condenas que registre en su contra.-” (Folios 170–174 y 218–220 de la pieza de antecedentes de primera instancia).- 6. La honorable Corte de Apelaciones Penal de la sección judicial del departamento de Cortés, conociendo de sendos recursos de apelación interpuestos en fecha treinta de noviembre del año dos mil diecisiete, por los fiscales CLAUDIA GARCÍA ROMERO y MARIO DANILO PONCE QUESADA, resolviendo de la forma siguiente: “PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la fiscalía, Ministerio Público contra la resolución de fecha catorce de junio del año dos mil diecisiete, y la resolución de fecha tres de agosto del año dos mil diecisiete, contentiva primero de conceder la conmuta por el delito de ROBO y en la segunda conceder la libertad condicional por el delito de ROBO DE VEHÍCULO, dictados ambos beneficio a favor de Ángel Ariel Rivera Hernández y delitos que han sido cometidos en perjuicio de Miguel Ángel Rivera. SEGUNDO: CONFIRMAR las resoluciones venidas en apelación.” (Folios 9–14 de la pieza de antecedentes de segunda instancia).- 7. El abogado RENÉ MAURICIO ACEITUNO ULLOA, compareció ante este tribunal en fecha quince de febrero de dos mil dieciocho, interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha treinta de noviembre del año dos mil diecisiete, que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 304 y 321 de la Constitución de la República. (Folios 1–10 de la presente garantía).- 8. En fecha veintidós de junio del año dos mil dieciocho, este alto tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma la garantía constitucional de amparo y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 30 de la presente garantía).- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.- CONSIDERANDO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. De conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental.- CONSIDERANDO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3].- CONSIDERANDO TRES (3). Resumen de la formalización de la presente garantía, con relación a los alegatos del garantista denunciando violación del principio de legalidad contenido en los artículos 304 y 321 de la Constitución de la República. El garantista expresa que estima quebrantado el principio de legalidad establecido en el artículo 321 constitucional relacionado con el 304, también de la Constitución, en virtud de las siguientes razones: 1. Disiente del criterio de la corte de apelaciones, quien sustenta que la competencia del juez de ejecución es dar estricto cumplimiento a las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales, tal como lo establece el artículo 381 del Código Penal. Explica que los jueces de ejecución no tienen facultades para cambiar las penas impuestas por los tribunales de sentencia o la Sala de lo Penal, según sea el caso. En ese sentido, una sentencia en la que se imponen penas para distintos delitos que concurren en concurso real, pero sin sumarlos, dicha sentencia debe ser ejecutada en la forma dispuesta por el tribunal juzgador, sin cambiar el número de años. Señala que en el presente caso, en cambio, la corte de apelaciones dispuso: “… se ha condenado al encausado en forma separada a la pena de diez años por el delito de robo de vehículo y otra pena por cinco años de reclusión por el delito de robo, así ha quedado en la sentencia que nos hemos referido y que el juez incluso en numerales separados lo ha hecho. Por lo tanto no constituye una sola pena que suma la de ambos delitos, lo que resultaría obviamente, a esta fecha que no podrían tener derecho ni a un beneficio ni a otro, porque tendrían que cumplirse tal como lo pretende el Ministerio Público su pena hasta el veintiséis de noviembre del año dos mil veintiséis y podría optar al beneficio de la libertad condicional hasta el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, sin embargo, al tomar las pena por separado, si es posible tal como ha hecho la juez de ejecución, otorgar ambos beneficios, tanto la conmuta que se pagó, como la libertad condicional ya que el juez de ejecución no puede cambiar las sentencias y establecer que no procede la conmuta y en este caso tampoco la libertad condicional. En consecuencia, esta Corte estima correcta la conmuta…” 2. Considera que con la errónea interpretación del artículo 35 del Código Procesal Penal se ha causado perjuicio al Ministerio Público y a la sociedad, dicho artículo dispone: “Al culpable de dos o más delitos se le impondrán todas las penas correspondientes a las diversas infracciones. El sentenciado cumplirá sus condenas simultáneamente, si fuere posible, cuando no lo fuere, o si de ellos resulta ilusoria alguna de las penas, las cumplirá sucesivamente, principiando por las mayores, o sea las señaladas a los delitos más graves. Sin embargo, la duración de las penas acumuladas por varios delitos no excederá de treinta años.” El fiscal explica que, de las diligencias se desprende, que el encausado fue condenado por el delito de robo de vehículo a una pena de diez años de reclusión y por el delito de robo a una pena de cinco años de reclusión; y que si bien es cierto, no se estableció que la condena es en concurso real, lo cierto es, que en la parte dispositiva del fallo proferido por el tribunal de sentencia, en especial en el numeral cuatro, claramente se estableció que el ciudadano Ángel Ariel Rivera Hernández debe cumplir una pena en pos de otra, iniciando con la de mayor gravedad en el establecimiento penal que de conformidad a la ley corresponda, por lo que en atención a lo dispuesto en el precitado artículo, el encausado deberá responder por cada una de las penas impuestas, pues de no ser así, una de ellas resultaría ilusoria; en tal sentido, de la sumatoria de ambas penas, resulta una condena de quince años. Explica que la simultaneidad en el cumplimiento de las penas sólo ocurre cuando se pueden cumplir al mismo tiempo, por ejemplo, la multa con la reclusión; pero esto se excluye con respecto a dos penas de privación de libertad, porque de ser así una de ellas se torna ilusoria, al quedar absorbida por la otra, dejando de cumplirse, estimando que así había un grave daño a la seguridad jurídica, dejando en impunidad un delito. Por esa razón no procede la conmuta solicitada de conformidad a lo establecido en el artículo 61, último párrafo del Código Penal. En cuanto al beneficio de libertad condicional el artículo 76 del Código Penal señala que se puede conceder cuando se haya cumplido más de la mitad de la pena en los casos de condena que exceda de tres años y no pase de doce o que haya cumplido con las tres cuartas partes de la pena cuando esta exceda de doce años. En el presente caso, señala el fiscal que el beneficio fue solicitado cuando no se habían cumplido ni cinco años de reclusión, cuando de acuerdo al cómputo la pena se cumpliría hasta el veintiséis de noviembre de dos mil veintiséis y que podría optar al beneficio de libertad condicional hasta el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. El fiscal cita la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, que en forma reiterada ha establecido que las penas impuestas por la comisión de concurso real de delitos en sentencia condenatoria, no pueden ser susceptibles de los beneficios de libertad condicional y conmuta, pues el legislador ha establecido el concurso real a efecto de que no se cumplan de manera acumulada o simultánea y que otra interpretación comportaría un fraude de ley.[4] De acuerdo a lo anterior, el fiscal estima que se ha quebrantado el principio de legalidad, debido a que se ha interpretado erróneamente lo dispuesto en el párrafo último del artículo 35 del Código Penal. CONSIDERANDO CUATRO (4). Resumen de la fundamentación de la resolución que se impugna por vía de amparo constitucional. La honorable Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Cortés decidió por unanimidad de votos, confirmar las resoluciones de primera instancia, mediante las cuales se decide: a) Declarar con lugar la solicitud de libertad condicional con relación al delito de robo de vehículo, por el cual se le impuso al señor Ángel Ariel Rivera Hernández la pena de diez años; b) declarar también con lugar la conmuta solicitada por la condena de cinco años impuesta al mismo encartado por el delito de robo. La corte de apelaciones argumenta que el artículo 381 del Código Procesal Penal dispone que la competencia del juez de ejecución, se limita al estricto cumplimiento de la sentencia dictada por los órganos jurisdiccionales. Por lo tanto en el presente caso se han establecido penas para los distintos delitos en los que ha concurrido la condena, sin hacer con estas penas una sumatoria, por no advertir que se ha producido un concurso real de delitos, por lo que dicha sentencia debe ser ejecutada en la forma dispuesta por el juzgador, ya que no tiene competencia para cambiar el número de años de condena, debido a que sólo la Sala de lo Penal por medio del recurso de casación puede hacerlo o las cortes de apelaciones en los casos de sentencias dictadas en procedimiento abreviado. La corte indica que el Ministerio Público debió recurrir cuando el tribunal de sentencia no sumó los delitos que conforman el concurso real de delitos. Ahora la sentencia ha adquirido firmeza y no admite cambios, debiéndose por tanto cumplir lo dispuesto en el artículo 381 antes mencionado. Agrega a este punto, que la condena se hizo en delitos separados, una pena por diez años y otra por cinco años, por lo tanto no constituye una sola pena que suma la de ambos delitos; no pudiendo por tanto tener derecho a ningún beneficio, ni conmuta ni libertad condicional, porque tendrían que cumplirse tal como lo pretende el Ministerio Público, una después de la otra, o sea hasta el veintiséis de noviembre de dos mil veintiséis, pudiendo optar el beneficio de la libertad condicional hasta el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés; sin embargo, al tomar las penas por separado, como lo ha hecho el juez de ejecución, permite la conmuta que ya se pagó, y la libertad condicional. En fin, para la corte debe hacerse la separación de delitos para así poder cumplir lo ordenado por el artículo 381, o sea el cumplimiento estricto de la sentencia. Indica que, en la doctrina extranjera, cualquier error cometido en el establecimiento de una pena concreta, podrá ser reclamado y reparado únicamente mediante la interposición del recurso contra la sentencia que señaló la condena, ya que el órgano superior, es el único que puede validar o variar la sentencia. De manera que, si el juzgador al momento de dictar sentencia condenatoria por varios delitos, no aplica el artículo 35 del Código Penal referido a declararlos en concurso real, dicha omisión no puede ser suplida por el juez de ejecución, quien deberá limitarse al estricto cumplimiento de lo fallado por el juzgador. Manifiesta la corte de apelaciones que sus propios precedentes respaldan el presente criterio. Señala que los últimos son los casos 00371-2014; 0095-2004; 06-2017, en los que con similares términos, se ha mantenido la corte de apelaciones. Es decir, que la corte de apelaciones concluye que si el juez no acumula las penas y no declara concurso real de delitos, no puede el juez de ejecución variarlo.- CONSIDERANDO CINCO (5). Examen practicado por la Sala para verificar si existe quebrantamiento del principio de legalidad en relación con los artículos 304 y 321 de la Constitución de la República. La Sala de lo Constitucional al estudiar las presentes diligencias toma en cuenta lo siguiente: I. HECHOS. 1. El Ministerio Público en fecha veintisiete de noviembre de dos mil once, incoó requerimiento fiscal en contra del ciudadano Ángel Ariel Adolfo García Rodríguez por el delito de robo de vehículo y robo en perjuicio del señor Miguel Ángel Rivera. 2. El veinticinco de junio de dos mil trece la Sala tercera del tribunal de sentencia del departamento de Cortés, dictó sentencia definitiva condenando al señor Ángel Ariel Rivera Hernández a diez años de reclusión por el delito de robo de vehículo; asimismo a cinco años de reclusión por el delito de robo. En el inciso cuarto de la parte dispositiva del fallo se establece que las penas impuestas al condenado Ángel Ariel Rivera Hernández sean cumplidas una en pos de otra, iniciando por la de mayor gravedad en el establecimiento penal. 3. Una vez firme la sentencia definitiva mencionada, el Juzgado de ejecución de la sección judicial del departamento de Cortés, dispuso el uno de septiembre de dos mil catorce que al hacer el cómputo de las penas, la fecha de excarcelación por incumplimiento de la pena impuesta es el veintiséis de noviembre de dos mil veintiséis y la fecha en la que puede optar al beneficio de libertad condicional es el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. 4. En fecha uno de junio de dos mil diecisiete la defensa del condenado presentó escrito solicitando la conmuta de la pena de cinco años y libertad condicional en relación con la pena de diez años de reclusión. 5. En fecha treinta de noviembre de dos mil diecisiete la honorable Corte de Apelaciones Penal de la sección judicial del departamento de Cortés dispuso confirmar la decisión del a quo, quien concedió la conmuta de la pena que se impuso por el delito de robo y libertad condicional con relación a la pena impuesta de diez años por el delito de robo de vehículo. II. JURISPRUDENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Al examinar este alto tribunal de justicia, sus propios precedentes, constata que su jurisprudencia con relación a este tema no ha sido pacífica. A continuación, se pasa al detalle de cada una de estas posiciones o criterios.- 1. El primer criterio, que sostiene la idea de que este tema debe ser reservado a los órganos jurisdiccionales de instancia y que la jurisdicción constitucional debe apartarse de su conocimiento; en ese sentido, ha optado por la vía del sobreseimiento subsumiéndolo en la causa de mera legalidad, contenida en el numeral 1 del artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Respalda esta posición las sentencias siguientes[5]: AP-0680-2017 de fecha veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, AP-1076-2016 de fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, AP-0045-2016 de fecha veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, AP-0088-2009 de fecha dieciocho de agosto de dos mil quince[6], AP-0314/03155-2012 de fecha treinta de julio de dos mil trece, AP-0542-2010 de fecha dos de mayo de dos mil doce, AP-0266-2012 de fecha dieciséis de octubre de dos mil doce, AP-0224-2012 de fecha trece de septiembre de dos mil doce, AP-0005-2009 de fecha cinco de abril de dos mil cinco. Argumentación del primer criterio (sobreseimiento). Siempre en relación el “primer criterio” establecido anteriormente El argumento básico que ha manejado la Sala de lo Constitucional para sobreseer las garantías de amparo, independientemente a favor de quien se interpone[7], es que son cuestiones de instancia que no deben conocerse en el ámbito constitucional, en ese sentido ha señalado: “CONSIDERANDO: Que […] la decisión del tribunal ad quem, quien […] declaró que con respecto a la conmuta de la pena impuesta […] por el delito de robo, la misma es procedente, decisión que estima el recurrente es violatoria de las garantías constitucionales invocadas; al respecto esta Sala es del criterio que tratándose el fondo del asunto planteado, relativo a si al condenado se le debió haber hecho un sólo cómputo en las penas que le fueron impuestas por los delitos de robo y robo de vehículos por considerar el impetrante que en el caso de autos, al basarse la sentencia del ad quem en el principio in dubio pro libertatis, ha ignorado lo preceptuado en el artículo 35 del Código Penal relativo al concurso real de delitos; alegaciones que estima esta Sala son de mera instancia, […] situaciones que en el caso subjúdice no se han infringido por lo que no se ha producido la vulneración de las garantías constitucionales invocadas.”[8] Sin embargo, aunque la mayor parte de los sobreseimientos por mera legalidad se fundan en los criterios anteriores, en la sentencia AP-0045-2016, se aprecia además que, la Sala sobresee pero da respuesta a los argumentos de fondo del amparista, indicando que la resolución impugnada que deniega los beneficios solicitados a favor del condenado, no conculca los derechos constitucionales invocados por el garantista, en ese sentido declara: “CONSIDERANDO: Que esta Sala aprecia consecuentemente, que el ad quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce. […] CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República…” Pasa lo mismo con la sentencia AP-0680-2017 de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, mediante la cual esta Sala sobreseyó, pero a la vez estimó que la resolución que denegaba la aplicación autónoma de beneficios a favor del condenado, no violentaba los derechos constitucionales invocados.[9] La decisión de sobreseer, ha sido cuestionada por la misma Sala, ha habido sentencias en las que ha señalado que el asunto tiene relevancia constitucional. 2. El segundo criterio, es el que favorece a las personas condenadas por varios delitos en concurso real. En este caso se conceden los beneficios de conmuta o libertad condicional de manera autónoma. Dicho criterio ha sido expuesto por la Sala en las sentencias siguientes: AP-1003-2016 del veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, AP-1050-2013 del nueve de junio de dos mil quince, AP-0340-2012 del cinco de noviembre de dos mil trece, AP-0345-2008 del seis de octubre de dos mil nueve. Argumentación del segundo criterio (aplicación por separado de beneficios a condenados, derivado de cumplimiento por separado de cada pena en concurso real). La Sala, según este criterio, ha dispuesto que es posible que los condenados por varios delitos a diferentes penas de reclusión, puedan ser beneficiados con conmuta o libertad provisional, separando cada pena en forma autónoma, aunque exista concurso real de delitos. Este criterio se fundamenta principalmente en los argumentos siguientes: 2.1. La sentencia AP-1003-20016 del veintiuno de marzo de dos mil dieciocho. Dicho precedente vinculante es el más reciente, asimismo dicha decisión, en el considerando 9, establece: Que existen formas diferentes de computar y determinar la acumulación de penas de delitos en concurso real; también señala que el juzgador debe analizar las circunstancias de cada caso y que el legislador al redactar el artículo 35 del Código Penal tuvo en cuenta el principio de proporcionalidad. Pero el criterio más importante que sustenta la decisión de la Sala fue el que se encuentra en el considerando 12, que dice así: “CONSIDERANDO (12): Que considera la Sala de lo Constitucional, […] que es razonable la aplicación jurídica arbitrada por la Corte de Apelaciones […] la cual ha tomado en consideración […] que el Juzgado de Ejecución carece de facultades para acumular las penas impuestas por diversas infracciones si no lo hizo el tribunal sentenciador o la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia vía recurso extraordinario de casación, tratándose entonces de una sentencia firme con carácter de cosa juzgada, la cual se deberá de ejecutar en sus propios términos, según lo establecido en los artículos 381 y 382 numeral 1) del Código Procesal Penal.” 2.2. La sentencia AP-1050-2013 del nueve de junio de dos mil quince. La Sala en esta sentencia estableció en el considerando 8, que en el desarrollo del proceso penal nunca se mencionó que hubiese concurso real de delitos, ni tampoco se hizo mención del artículo 35 del Código Penal. Al dictarse la sentencia condenatoria, señala la Sala, no se hizo mención de estos aspectos, “sino que se declara la culpabilidad de los acusados por la comisión de dos delitos de manera separada, (no en concurso real, u otro tipo de concurso.” Luego manifiesta que el Ministerio Público debió corregir esto vía alegación o recurso, y en consecuencia, expresa la Sala lo siguiente: “… por lo que la sentencia fue dictada condenando por delitos separados no en concurso real, en consecuencia, el juez de ejecución deberá solamente ejecutar la sentencia tal y como adquirió firmeza.” Finalmente, bajo el anterior argumento, se admitió que el juez de ejecución primero, y luego la corte de apelaciones, tuvieran a bien conmutar cada uno de los delitos por lo que fue condenado, tomando en cuenta que sendas penas eran menores a cinco años de reclusión. La Sala refiere también en el considerando 8, lo siguiente: “Es errado el razonamiento de que, porque se aplique una conmuta, se está eximiendo la pena del condenado, lo cual no es cierto porque a través de la conmuta está cumpliendo la pena impuesta, considerando que la conmuta es el cambio de una pena por otra, previamente establecido en la ley y que favorece al condenado bajo el principio de humanidad de las penas, principio de necesidad y de proporcionalidad de las mismas, de acuerdo a los postulados del derecho penal contemporáneo que se define por el respeto cada vez mayor a la libertad y el respeto a la dignidad humana en la búsqueda de la readaptación social como el fin de todas las penas.” Seguidamente en el considerando 9 de la sentencia, la Sala estableció la obligación que tiene el juez de ejecución de dar cumplimiento exacto a la sentencia dictada contra los imputados, en virtud de que se encuentra firme, y no procede contra ella ningún recurso. Así mismo, señalando que éste no tiene facultades para reformar o modificar la sentencia agregándole lo que el ente acusador omitió desde el Requerimiento Fiscal. 2.3. La sentencia AP-0340-2012 del cinco de noviembre de dos mil trece. La Sala en el considerando 5 de dicha sentencia, se pronuncia sobre lo expuesto en el párrafo último del artículo 61 del Código Penal, específicamente sobre la prohibición de que se aplique la conmuta de pena a la persona que haya sido condenada anteriormente por delito doloso. A continuación se transcribe lo siguiente: “CONSIDERANDO 5: … para determinar si hubo o no infracción al debido proceso, se requiere analizar en primer lugar, si la existencia de una condena por la comisión de dos o más delitos, en concurso real, implican o no la condena previa por uno de esos dos delitos; o si por el contrario, se entiende como una misma condena. Al respecto, hemos de acudir al efecto primario de la condena, cual es el provocar un antecedente penal que a su vez, provoca en el condenado, no solo la posibilidad de ser clasificado a posteriori como reincidente o habitual, sino que también, la posibilidad de que en una ulterior condena su pena se gradúe de forma más gravosa por dichos antecedentes. Esta reflexión trae como consecuencia, que si en el margen de esta misma sentencia por dos o más delitos en concurso real, no sería posible considerar, la existencia de uno de los delitos por los que se condena para la agravación de la pena de la otra infracción penal, tampoco podría aceptarse como motivo que excluya la posibilidad de la aplicación de una conmuta de la pena de reclusión por una pena de multa, si las penas impuestas por cada uno de los delitos no supera los cinco años de reclusión; ya que la condena previa necesariamente implica un proceso y sentencia definitiva anteriores, que no se dieron en el caso que hoy nos ocupa.” En esa misma sentencia, en el considerando 6, la Sala analiza si el cumplimiento de las penas por conmuta de reclusión a multa, torna o no, ilusoria la pena. Señala que: “… con el sistema reglado de días pago; ya que existiendo una cuota determinada para cada día que correspondería guardar reclusión, se dan por cumplidos todos y cada uno de los años y meses que fueron impuestos y la pena, lejos de ser ilusoria para alguno de los delitos, se entiende cumplida a cabalidad.” 2.4. La sentencia AP-0345-2008 del seis de octubre de dos mil nueve. La Sala en el considerando IX de esta sentencia, adujo que no limitar la aplicación aritmética del concurso real, puede conducir a “penas draconianas incompatibles con la valoración global de todos los delitos y la sensibilidad jurídica”. Seguidamente en el considerando X, se acoge al criterio de la corte de apelaciones, la cual estableció que “las penas impuestas por varios delitos, cuando han sido cometidas en concurso real, siempre que las mismas no excedan de los cinco años cada una, son conmutables por dinero como lo determina el articulo 61 numeral dos del Código Penal, no siendo obstáculo para este propósito, que la sumatoria de todas las condenas sea superior a los cinco años, responde al principio constitucional de proporcionalidad de las penas desarrollado en el articulo 2 – D del Código Penal vigente.” 3. El tercer criterio, que estima qué, en aquellos casos de penas de reclusión, el condenado a ellas, las debe cumplir una en pos de otra, en forma sucesiva y no autónoma, y comenzando con aquellas mayores o por delitos de mayor gravedad; por ende, el condenado debe cumplir las penas, siempre que no sobrepasen los treinta años de reclusión por penas de delitos acumulados. Dicho criterio ha sido expuesto por la Sala en las sentencias siguientes: AP-0548-2012 del diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, AP-0339-2012 del diecinueve de mayo de dos mil quince, AP-0443-2011-B, del cuatro de febrero de dos mil quince, AP-0456-2011 del dieciocho de agosto de dos mil catorce,[10] AP-0911-2012 del diez de diciembre de dos mil trece, AP-0506-2012 del nueve de diciembre de dos mil trece, AP-0256-2012 del uno de octubre del dos mil trece, AP-0607-2012 del veintiséis de septiembre de dos mil trece[11], AP-0632-2012 del veinticuatro de septiembre de dos mil trece, AP-0407-2012 del trece de agosto de dos mil trece, AP-0932-2011 del trece de agosto de dos mil trece, AP-0841-2011 del dieciséis de octubre de dos mil doce, AP-0470-2011 del treinta y uno de julio de dos mil doce, AP-0198-2012 del veintiocho de junio de dos mil trece, AP-0583-2011 del diecinueve de junio de dos mil trece, AP-0394-2011 del diecinueve de junio de dos mil trece, AP-0178-2011 del veintiuno de marzo del año dos mil trece, AP-0719-2011 del seis de noviembre de dos mil doce, AP-0315-2010 del veintiuno de septiembre de dos mil doce, AP-0279-2011 del cuatro de septiembre de dos mil doce, AP-0179-2011 del cuatro de septiembre de dos mil doce, AP-1064-2009 del treinta y uno de enero de dos mil doce, AP-0732-2010 del veintitrés de agosto de dos mil once, AP-0681-2010 del veintitrés de agosto de dos mil once, AP-0135-2010 del uno de febrero de dos mil once, AP-0917-2009 del doce de octubre de dos mil diez, AP-0610-2009 del nueve de febrero de dos mil diez. Argumentación del tercer criterio (negación de beneficios por separado, en virtud de la suma de las penas de reclusión en concurso real). Tal como se puede observar, este criterio es el que en forma mayoritaria ha mantenido la Sala, siendo nomás que excepciones los otros dos criterios. Básicamente, este criterio se apoya a lo que dispone literalmente el artículo 35 del Código Penal, el cual tiene como regla simple que cuando existe concurso real de delitos, las penas de reclusión deben cumplirse de manera sucesiva, o sea, una después de la otra, comenzando por las mayores o sea las señaladas a los delitos más graves. Con arreglo a este criterio, fundado en lo dispuesto en el artículo 35 mencionado, la Sala ha indicado que siendo varios los delitos cometidos en concurso real, deberán cumplirse las penas en forma sucesiva, aunque cada una de ellas sea menor a cinco años. De igual forma, no podrá darse suspensión condicional de la pena, si está pendiente otra pena, aunque esta última sea menor a cinco años. Para la Sala, conforme a este criterio, son efectos de la regla establecida en el artículo 35 del Código Penal, cuyo cumplimiento es de carácter obligatorio e ineludible. No obstante, la sala también ha dispuesto que la manera correcta para hacer el cómputo o determinación de la pena es sumar todas las penas y así obtener la pena que se debe de cumplir (principio de acumulación), dicho criterio lo expuso por ejemplo en la sentencia AP-0456-2011 del dieciocho de agosto de dos mil catorce (considerando 9), que a la letra dice: CONSIDERANDO NUEVE (9): Que […]esta Sala, para la solución de la presente acción de amparo, acoge algunos principios doctrinarios, […] En la obra LECCIONES DE DERECHO PENAL (Parte General), el jurista Ignacio Berdugo Gómez de la Torre (Edición 1996), recoge el espíritu del citado artículo al afirmar lo siguiente: […]‘En la medida en que el concurso real supone la comisión de varios delitos distintos, lógico es pensar que su autor va a ser castigado con la pena correspondiente a cada uno de ellos, de manera que habrá que sumarlas hasta hallar la pena total a cumplir. Esa es, en efecto, una regla básica de aplicación de las penas…’ (Fin de la cita, página 258. Entrelineado es de la Sala)…” [12] Otro extremo de importancia, es el punto debatido sobre el condenado por delitos cometidos en concurso real, que no tiene condenas previas por delitos dolosos, el cual como ya se estableció en esta sentencia, fue el argumento de la sentencia AP-0340-2012 del cinco de noviembre de dos mil trece que sirvió para favorecer a un condenado por comisión de delitos en concurso real. La sala, contrario a lo fallado en dicha sentencia, ya se había pronunciado antes de manera distinta, tal como se puede constatar con la sentencia AP-0932-2011 del trece de agosto de dos mil trece, así: “CONSIDERANDO(11): Que la decisión del Ad-quem, de declarar con lugar la solicitud de conmuta de las penas, se basa en que el presente caso reúne los supuestos que establece el artículo 61 del Código penal, por ejemplo, que el condenado no ha sido condenado anteriormente por delito doloso, cuando así lo disponga una ley especial, o cuando apreciadas las condiciones especiales del condenado, los móviles de su conducta y las circunstancias del hecho, se establezca motivadamente, a juicio del Juez su no procedencia. No obstante lo anterior, la alzada devenía obligada en casos como el presente a analizar el tema de concurso real de delitos; que cabe a quien ha cometido varias acciones o hechos, cada uno, constitutivo de delitos autónomos, por lo que de entrada se debe aplicar el principio de “acumulación de las penas”, el no hacerlo, constituye una vulneración al debido proceso y al principio de legalidad; concluyendo por tanto, que no debió otorgarse el beneficio de conmuta por exceder el cómputo de cinco años de reclusión, ello también en aplicación de lo dispuesto en el artículo 65 numeral 2 del Código Penal.” III. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL.- De conformidad con lo anterior, es claro que la mayoría de los precedentes para casos como el que se encuentra bajo estudio, apuntan a que no se apliquen en forma simultánea, beneficios de conmuta o libertad provisional por delitos cometidos en concurso real, sino que se proceda de conformidad a lo que establece el artículo 35 del Código Penal, o sea mandar el cumplimiento de las penas en forma sucesiva, sin más restricción que ordenarlas de mayor a menor y respetar el límite máximo de treinta años de reclusión. Por otra parte, la Sala ha estimado que la anterior regla, no varía en aquellos casos en que las penas sean menores a cinco años de reclusión; o aquellos casos en que no haya condena anterior por delito doloso; puesto que esto no es óbice para cambiar las reglas impuestas por el artículo 35 del Código Penal. En contra de esta posición mayoritaria, la Sala ha tenido dos comportamientos bien distintos. Por una parte, ha evitado pronunciarse sobre el tema, sobreseyéndolo y señalando que éste es un asunto de mera legalidad, que pertenece al ámbito exclusivo de la jurisdicción ordinaria y no de la jurisdicción constitucional. No obstante, la misma Sala en ocasiones diversas, ha señalado en un sentido contrario[13], que el asunto bajo estudio si pertenece al ámbito constitucional y ha declarado que se violentan derechos constitucionales como: el debido proceso legal, la tutela judicial efectiva a obtener una respuesta judicial que decida el fondo del asunto, mediante una resolución motivada y fundamentada en ley. En este último caso, por violación al principio de legalidad. Sobre este tema, la Sala nuevamente analiza los diferentes argumentos y posiciones, llegando a la conclusión definitiva, de que el asunto de marras, si es un tema que debe ser conocido y resuelto por la jurisdicción constitucional, por las razones que se apuntan a continuación. La ejecución de las penas privativas de libertad es un asunto de relevancia constitucional, debido a que la Carta Magna en su artículo 69 declara, la inviolabilidad de la libertad personal, señalando de manera expresa y directa que su restricción o suspensión temporal, podrá hacerse únicamente con arreglo a las leyes. La anterior remisión a la ley, obliga a las partes y a los juzgadores, que en asuntos relacionados con la libertad personal de una persona, como derecho humano o constitucional que es, someterse a la autoridad de las normas legales. De manera que una privación de libertad o una liberación que se encuentran al margen de la ley, es un asunto que tiene relevancia constitucional. La Sala en diferentes ocasiones, ha referido que el principio de legalidad en sí mismo, no es un derecho, pero que su violación podría conducir a una violación de derecho constitucional. Esto trae como consecuencia, que la sede constitucional no se encuentra prevista para determinar el sentido y alcance de las leyes, pues esta función nomofiláctica, pertenece a la jurisdicción ordinaria, y en un último término a la Corte Suprema de Justicia, por vía del recurso de casación. Sin embargo, como excepción a lo anterior, el asunto bajo estudio, no puede calificarse de mera legalidad, por las razones siguientes: En primer lugar, como ya se explicó antes, se encuentra bajo escrutinio si una persona tiene de conformidad a la ley, derecho a que se le habilite la libertad personal; específicamente si se hace o no, una correcta interpretación de lo que dispone el artículo 35 del Código Penal. En segundo lugar, este caso no podrá ser conocido nunca en casación, de manera que la única vía posible, para determinar una jurisprudencia del máximo tribunal de la república, o sea una jurisprudencia que disponga a nivel nacional, el sentido y alcance uniforme y además general, es la vía de amparo. Todo lo anterior, conduce a que no sea admisible la posición de sobreseer por mera legalidad, siendo el presente un asunto de connotación constitucional y propia del ámbito de la garantía de amparo. Como consecuencia, sirva esta sentencia para unificar en un sólo criterio, en el sentido de que este asunto y similares, sean conocidos en amparo. Aclarado esto, habrá de pasarse al siguiente punto, o sea el alcance del artículo 35 del Código Penal. Para ello habrá necesidad de abordar los argumentos externados por esta Sala en los precedentes que sustentan el criterio minoritario, expuesto en las sentencias: AP-1003-2016, AP-1050-2013, AP-0340-2012 y AP-0345-2008, que permiten la aplicación de beneficios de manera simultánea, aunque sean penas de reclusión por delitos cometidos en concurso real. Estas sentencias, para entenderlo bien, establecen excepciones a las reglas impuestas por el artículo 35 del Código Penal. Al respecto debe señalarse que cada una de estas argumentaciones, han sido refutadas por la misma Sala de lo Constitucional en el transcurso de su jurisprudencia mayoritaria, salvo las esgrimidas en las sentencias AP-1050-2013 y AP-1003-2016; argumentaciones que serán reexaminadas por este alto tribunal de justicia, a fin de establecer un sólo criterio que sustente una sola línea jurisprudencial. A continuación, se analizan de nuevo los precedentes que son excepción a la posición mayoritaria que ha mantenido la Sala. 1. La sentencia AP-0345-2008, establece que las penas menores de cinco años de reclusión impuestas por delitos en concurso real, pueden conmutarse, sin dar más explicación que, la necesidad de limitar la aplicación aritmética del concurso real, porque de lo contrario podría darse: “penas draconianas incompatibles con la valoración global de todos los delitos y la sensibilidad jurídica.” Esta excepción, por tanto, da a entender, que supone la imposición de una situación grave para la persona condenada. En contra de este argumento, la Sala dispuso en el considerando 12 de la sentencia AP-0256-2012 lo siguiente: “CONSIDERANDO (12): Que sin embargo la línea jurisprudencial aquí expresada, conviene dejar sentado como expresa salvedad de esta Sala de lo Constitucional, que el precedente a contrario emitido en el expediente AP-0345-2008 de seis de octubre de 2009, según el cual: el principio de acumulación entendido de un modo aritmético, si no se limita de algún modo, conduce a penas draconianas, incompatibles con la valoración global de todos los delitos y la sensibilidad jurídica, siendo lógico que se arbitren determinados criterios, en los que, combinando los diversos principios, se llegue a penas proporcionales, no resulta aplicable al presente caso, que es la suma de las penas impuestas al señor ANSONI ADOLFO SANCHEZ MARTINEZ, consistentes en una pena de reclusión de TRES AÑOS NUEVE MESES DE RECLUSIÓN por el delito de ROBO y otra de TRES AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de LESIONES GRAVES, ambos en perjuicio del señor NELSON JAVIER TURCIOS SALVADOR; no resultan en modo alguna desproporcionadas o conducentes a una aplicación draconiana del instituto de concurso de penas y/o delitos, sino que guardan una razonabilidad sustantiva acorde al canon de debido proceso que ha quedado asentado en las anteriores consideraciones. Por todo ello, se ha constatado en el fallo venido en consulta una infracción al derecho fundamental al debido proceso, previsto en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, en su vertiente de derecho a obtener una sentencia de fondo (motivada y fundada), en virtud de la cual resulta meritorio otorgar la presente acción de amparo, de la cual se ha hecho mérito.”[14] En ahondamiento a las razones expuestas en ese momento, la Sala de lo Constitucional, reexaminando el presente asunto, estima que el cumplimiento de las reglas del artículo 35 del Código Penal, se dirigen precisamente al estricto cumplimiento de los principios de proporcionalidad y racionalidad de las sanciones penales. Para entender esto, cabe señalar que, no es la misma situación, la de una persona que haya sido condenada por varios delitos en concurso real, aunque todos ellos sean menores a cinco años, a una persona que sólo haya cometido un sólo delito que pueda ser conmutable, o una persona cuya suma de años de reclusión no sobrepase a los cinco años, sean estos en concurso real o ideal. Es dable concluir que no pueden tener el mismo tratamiento, cuando una persona que comete varios delitos en concurso real demuestra una conducta de mayor peligrosidad y por ende su accionar es mucho más grave. De manera que es lógico concluir, que no puede disfrutar los mismos beneficios que las personas que no muestran tanta peligrosidad y gravedad. En conclusión, el criterio estudiado que sustenta el otorgar beneficios de manera simultánea, es contrario a los principios de proporcionalidad y racionalidad. En virtud de lo cual, debe seguirse y cumplirse cabalmente, lo dispuesto por el artículo 35 del Código Penal, es decir sumar las penas de reclusión impuestas por delitos cometidos en concurso real, comenzar su ejecución de mayor a menor gravedad, debiendo ser cumplidas en forma sucesiva y no pasar el límite máximo de treinta años de reclusión, salvo los casos especiales de delitos de conformidad a la reforma del artículo 97 constitucional. 2. La sentencia AP-0340-2012, establece que debido a que el artículo 61 del Código Penal, dispone, que no podrá darse conmuta de pena a la persona que, haya sido condenada anteriormente por delito doloso, por lo que se colige que, puede darse dicho beneficio aunque haya sido condenado por varios delitos en concurso real. Para ello, la Sala en el considerando 5 de dicha sentencia, se dio a la tarea de establecer el alcance de la expresión “condena anterior por delito doloso”, y en ese sentido trajo a relación el concepto de “antecedentes penales”, lo que le condujo a determinar que era aplicable la conmuta. Al reexaminar el asunto, la Sala de lo Constitucional, estima que dicha reflexión no es correcta, en virtud de que se obvió dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35 del Código Penal. El punto a examinar, no es tanto si se cumple con los requisitos del artículo 60 del Código Penal, sino revisar de manera previa, el cumplimiento de las reglas que la ley impone para la ejecución de penas de reclusión impuestas por delitos cometidos en concurso real. Por otra parte, si la ley no permite la aplicación de la conmuta porque el legislador ha estimado que no es merecedor de dicho beneficio, quien ha cometido otros delitos dolosos, no se debe olvidar que el perpetrador de delitos en concurso real, se encuentra en una situación semejante o equivalente, por lo que la interpretación más cercana o próxima al supuesto que se encuentra legislado en el último párrafo del artículo 60 del Código Penal, es la decisión de no conceder dicho beneficio a quien se encuentra condenado por delitos cometidos en concurso real. En virtud de las razones expuestas la Sala de lo Constitucional estima que el argumento que fundamentó dicha sentencia no es sustentable y por ende no debe mantenerse, debiéndose en consecuencia dar cumplimiento estricto y cabal a las reglas que impone el artículo 35 del Código Penal. 3. La sentencia AP-1050-2013, establece que no se aplican las reglas del artículo 35 del Código Penal porque en el desarrollo del proceso penal no hubo mención del concurso real de delitos, ni de dicho artículo. Sumado a ello se estableció la obligación que tiene el juez de ejecución de dar cumplimiento exacto a la sentencia dictada y la prohibición de variar los términos en que esta fue dictada. Este último criterio también sustento la sentencia más reciente de la Sala, la AP-1003-2016. Al examinar de nuevo los casos y los argumentos que se mantuvieron al momento de dictarse las referidas sentencias, este alto tribunal de justicia concluye que la línea de argumentación que se siguió, no es correcta. En primer lugar, se obvió el hecho incontrastable que el artículo 35 del Código Penal es de cumplimiento general y obligatorio, por ende, es vinculante para todos los jueces sin importar si se trata de jueces de primera o segunda instancia o bien casación; de tribunal de letras o de sentencia o de ejecución. Su ámbito de aplicación es erga omnes y por tanto los jueces de ejecución se encuentran vinculados, de hecho el artículo 35 del Código Penal, es el que indica la forma de cómo se deben de ejecutar las penas en concurso real, debiendo ser por tanto uno de los fundamentos legales de todo juez de ejecución. En segundo lugar, no existe requisito impuesto por la ley, que exija que para ejecutar las penas de delitos cometidos en concurso real, deba forzosamente establecerse en la sentencia condenatoria. Si el juez que condena no establece las reglas a seguir, lo hace el artículo mencionado, el cual es claro. Siguiendo el razonamiento de que el juez de ejecución, no debe variar o seguir únicamente lo establecido por la sentencia condenatoria, supondría el absurdo de que tampoco podría aplicar beneficios como la conmuta o libertad condicional sino fueron previamente señalados por el juzgador en la sentencia condenatoria. El juez de ejecución no puede obviar lo que dispone la ley y por tanto no puede variar el sentido de lo que dispone el artículo 35 del Código Penal en relación con las penas que no pueden cumplirse de manera simultánea, en este caso las penas de privación de libertad o reclusión. IV. ANÁLISIS DE LA PRESENTE GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE AMPARO.- En el presente caso, lo que básicamente argumenta el agente de tribunales, fiscal René Mauricio Aceituno es que no es admisible conceder beneficios a favor del condenado en contravención a lo dispuesto por el artículo 35 del Código Penal bajo el pretexto de que los jueces de ejecución no tienen facultades para cambiar las penas impuestas en una sentencia definitiva firme. El fiscal estima que, todo deviene de una errónea interpretación del artículo 35 del Código Penal, y que se debe de tomar en consideración, que el encausado fue condenado por el delito de robo de vehículo a una pena de diez años de reclusión y por el delito de robo a una pena de cinco años de reclusión; asimismo que, aunque no se dispuso que la condena es en concurso real, si se estableció que el ciudadano Ángel Ariel Rivera Hernández debe cumplir las penas en forma sucesiva, iniciando con la de mayor gravedad en el establecimiento penal de conformidad con la ley. En síntesis, el fiscal pide que no se le concedan los beneficios de libertad condicional y conmuta, sino que se cumplan las penas de reclusión correspondientes a los delitos en concurso real, comenzando por la mayor, o sea la de diez años, por el robo de vehículo; para luego cumplir en forma sucesiva con la pena de reclusión de cinco años por robo, debiéndose hacer la correspondiente sumatoria de ambas penas, para una condena de quince años. La Sala de lo Constitucional, al estudiar el presente caso dispone que es de recibo el pedimento de amparo por parte del agente del Ministerio Público. Ahora bien, la Sala observa que contrario a todo lo expuesto por la corte de apelaciones, la sentencia condenatoria dictada en fecha veinticinco de junio de dos mil trece por el tribunal de sentencia seccional del departamento de Cortés, si señaló de manera expresa, en el numeral cuarto de la parte dispositiva del fallo, que las penas debían ser cumplidas en forma sucesiva (una en pos de la otra), comenzando por la de mayor gravedad.[15] Motivo suficiente para dar la razón al impetrante de la presente garantía constitucional de amparo. Ahora bien, para aclarar algunos extremos atinentes a casos como el presente, este alto tribunal de justicia, de todos modos es del criterio, que resulta inadmisible el argumento de la corte de apelaciones, consistente en que deben concederse los beneficios de libertad condicional y de conmuta, en virtud de que en la sentencia condenatoria, no se hizo ninguna suma, ni alusión a que los delitos fueron cometidos en concurso real y que tampoco se hizo mención del artículo 35 del Código Penal, bajo el argumento que, el juez de ejecución no tiene facultades, conforme al artículo 381 del Código Penal, para cambiar las penas impuestas, las cuales en el presente caso fueron declaradas de manera separada. Para la Sala este argumento de la corte de apelaciones no es correcto, porque las reglas de cómo deben cumplirse las penas se encuentran en la ley; y específicamente el artículo 35 del Código Penal, establece las pertinentes al concurso real de delitos. El juez de ejecución no puede soslayar el cumplimiento de la ley, por ende no puede dictar resoluciones contra legem, debido a que se encuentra sometido a lo que expresamente la ley dispone. De hacerlo, incurre en violación al debido proceso y tutela judicial efectiva, en relación con el principio de legalidad. No es correcta la inferencia que se hizo por parte de la corte de apelaciones, basada en qué, la denegatoria de la solicitud de beneficios para el condenado, hubiera constituido una contradicción a la sentencia condenatoria que no indica la sumatoria de las penas o la existencia de concurso real de delitos. Sobre esto, se afirma categóricamente que realmente no se da ninguna contradicción entre las dos proposiciones. La omisión referida en la sentencia, tampoco indica que las penas deban cumplirse en forma simultánea. Esa parte, fue erróneamente asumida por la corte de apelaciones, conduciéndole a concluir una razón inexistente. De hecho, la decisión que propone la corte de apelaciones, no se encuentra dispuesta en la sentencia. Por el contrario, si señala de manera expresa el cumplimiento sucesivo de las penas. En virtud de todo lo cual, se estima procedente otorgar la presente garantía de amparo. En consecuencia, que la corte de apelaciones restituya el derecho al principio de legalidad, debiendo ordenar que el juez de ejecución cumpla cabal y puntualmente lo dispuesto en el artículo 35 del Código Penal, haciendo cumplir sucesivamente las penas impuestas al ciudadano Ángel Ariel Rivera Hernandez, debido a que los delitos por los que fue condenado fueron cometidos en concurso real.- PARTE DISPOSITIVA O FALLO.- POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 59, 64, 90 párrafo primero, 183, 303, 304 313 Nº 5), 316 Nº 1) de la Constitución de la República; 1, 78 Nº 5), de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3 Nº 2), 4, 5, 7, 9 Nº 2), 41, 63 y 72 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 35 del Código Penal FALLA: OTORGANDO la garantía constitucional de amparo impetrada por el fiscal, abogado RENÉ MAURICIO ACEITUNO ULLOA, en contra de la resolución dictada en fecha treinta de noviembre de dos mil diecisiete por la honorable CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS, mediante la cual desestimó el recurso de apelación interpuesto contra las resoluciones dictadas en fechas catorce al veinte de junio, y tres de agosto del año dos mil diecisiete por el honorable Juzgado de Ejecución de la sección judicial del departamento de Cortés; en la causa instruida contra el señor ÁNGEL ARIEL RIVERA HERNÁNDEZ, por suponerlo responsable de los delitos de ROBO DE VEHÍCULO y ROBO, en perjuicio del señor MIGUEL ÁNGEL RIVERA. En consecuencia, ORDENA: Que la honorable CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS, restituya al Estado de Honduras el derecho al principio de legalidad, y por ende el debido proceso legal y la tutela judicial efectiva, debiendo para ello, ordenar que el juez de ejecución cumpla cabal y puntualmente lo dispuesto en el artículo 35 del Código Penal, haciendo cumplir sucesivamente las penas impuestas al ciudadano Ángel Ariel Rivera Hernández, debido a que los delitos por los que fue condenado fueron cometidos en concurso real. No procediendo en este caso la aplicación de los beneficios de libertad condicional y conmuta simultánea. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro (24) días del mes de abril del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha seis (6) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0146-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, seis de febrero de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de amparo interpuesta por el abogado RENÉ MAURICIO ACEITUNO ULLOA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada en fecha treinta de noviembre del año dos mil diecisiete por la honorable CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, mediante la cual desestimó el recurso de apelación interpuesto contra las resoluciones dictadas en fechas catorce al veinte de junio, y tres de agosto del año dos mil diecisiete por el honorable Juzgado de Ejecución de la sección judicial del departamento de Cortés; en la causa instruida contra el señor ÁNGEL ARIEL RIVERA HERNÁNDEZ, por suponerlo responsable de los delitos de ROBO DE VEHÍCULO y ROBO, en perjuicio del señor MIGUEL ÁNGEL RIVERA. Estimando el garantista que la decisión del ad quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 304 y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES PROCESALES.- 1. En fecha veintisiete de noviembre del año dos mil once, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del departamento de Cortés, el abogado JUAN ADOLFO GARCÍA RODRÍGUEZ, actuando en su condición de agente de tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra el señor ÁNGEL ARIEL RIVERA HERNÁNDEZ, por los delitos de ROBO DE VEHÍCULO y ROBO, en perjuicio del señor MIGUEL ÁNGEL RIVERA. (Folios 1–5 de la pieza de antecedentes de primera instancia).- 2. En fecha veinticinco de junio del año dos mil trece, el tribunal de sentencias del departamento de Cortés, condena al señor ÁNGEL ARIEL RIVERA HERNÁNDEZ, por los delitos de ROBO DE VEHÍCULO y ROBO, en perjuicio del señor MIGUEL ÁNGEL RIVERA; remitiendo las presentes diligencias al Juzgado de Ejecución de la sección judicial del departamento de Cortés; mismas que fueron recibidas por dicho juzgado, en fecha veintinueve de agosto del año dos mil catorce. (Folios 112–121 de la pieza de antecedentes de primera instancia).- 3. En fecha uno de septiembre de dos mil catorce, el citado juzgado de ejecución, procede a realizar el cómputo de la pena impuesta al señor ÁNGEL ARIEL RIVERA HERNÁNDEZ, por los delitos de ROBO DE VEHÍCULO y ROBO, en la cual establece: “… que el señor ÁNGEL ARIEL RIVERA HERNÁNDEZ cumplirá su pena el VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS y podrá solicitar su libertad condicional si reúne con los requisitos establecidos en el artículo 76 del Código Penal vigente a partir del VEINTISIETE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS. Asimismo, fue condenado a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil.” Quedando las partes notificadas del mismo. (Folios 123–126 de la pieza de antecedentes de primera instancia).- 4. En fecha uno de junio de dos mil diecisiete, se presentó al citado juzgado de ejecución, la abogada MIRYAN IVONE PALOMO NÚÑEZ, como apoderada legal del señor ÁNGEL ARIEL RIVERA HERNÁNDEZ, presentando solicitud de beneficio de libertad condicional y conmuta de pena, en el expediente contentivo de la causa llevada en contra de su representado, en donde fue condenado por los delitos de ROBO DE VEHÍCULO y ROBO, solicitando que se declare con lugar la solicitud de libertad condicional y conmuta de la pena, previa opinión del fiscal del despacho; extender la carta de libertad provisional a favor de su representado; y que se le imponga las medidas de seguridad que estimen; solicitud que fue admitida en la misma fecha. (Folios 136, 137 y 144 de la pieza de antecedentes de primera instancia).- 5. En fecha catorce de junio de dos mil diecisiete, se dio inicio a la audiencia de libertad condicional y conmuta de pena, y al concluir ésta en fecha veinte de junio del año dos mil diecisiete, el juzgado de ejecución antes citado resolvió: “PRIMERO. Declarar sin lugar la solicitud de libertad condicional ÁNGEL ARIEL RIVERA HERNÁNDEZ se le condenó por el delito por el ROBO DE VEHÍCULO en perjuicio de MIGUEL ÁNGEL RIVERA donde se le impuso una pena de DIEZ AÑOS DE RECLUSIÓN. En virtud de no reunir los requisitos del articulo 76 en su numeral 2 del Código Penal vigente. SEGUNDO: Declarar con lugar la solicitud de conmuta de pena por pago en efectivo planteada a favor del señor ÁNGEL ARIEL RIVERA HERNÁNDEZ, en el proceso que se le condenó por el delito de ROBO, en perjuicio de MIGUEL ÁNGEL RIVERA, donde se le impuso una pena de CINCO AÑOS DE RECLUSIÓN por las razones arriba expuestas. TERCERO: Una vez acreditado mediante el recibo correspondiente, el pago de la cuantía establecida por este juzgado se libre la carta de libertad definitiva a favor de ÁNGEL ARIEL RIVERA HERNÁNDEZ. Sin perjuicio de registrar otro proceso o condenas. TERCERO: Líbrese atenta comunicación al juzgado de ejecución de Santa Bárbara, a fin de que ponga en conocimiento de lo resuelto en la presente al condenado.” Así mismo, en fecha tres de agosto del año dos mil diecisiete, el mismo juzgado dicto sentencia interlocutoria de libertad condicional, en la cual resolvió: “PRIMERO. Declarar CON LUGAR la solicitud de libertad condicional ÁNGEL ARIEL RIVERA HERNÁNDEZ se le condenó por el delito de ROBO DE VEHÍCULO en perjuicio de MIGUEL ÁNGEL RIVERA donde se le impuso una pena de DIEZ AÑOS DE RECLUSIÓN. En virtud de que reúne los requisitos del articulo 76 Código Penal vigente. SEGUNDO: Imponer a los señores ÁNGEL ARIEL RIVERA HERNÁNDEZ como medidas de seguridad las siguientes señaladas en el artículo 83 numeral 4 y 5 del Código Penal vigente: 1. Libertad vigilada: Presentarse en fechas QUINCE de cada mes a este juzgado de ejecución, donde la secretaria de esta judicatura llevara el debido control en el respectivo libro de control de medidas, su presencia en el mismo, deberá dejar constancia con su firma y huella previa identificación ante la secretaria del juzgado, debiendo mantener fijado su domicilio e informar cualquier cambio de dirección. Esta medida de seguridad es impuesta hasta en tanto cumpla con el resto del tiempo de la condena que le ha sido impuesta que termina en fecha VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, sin perjuicio de que el juez de ejecución considere en algún momento su modificación. Habiendo quedado advertido en la correspondiente audiencia sobre el cumplimiento obligatorio de la medida de seguridad impuesta y las consecuencias en caso de incumplimiento; debiendo revocarse este beneficio que ahora se les otorga en caso de que señor ÁNGEL ARIEL RIVERA HERNÁNDEZ, incurre en la comisión de un nuevo delito o violare alguna de las medidas de seguridad impuestas. 2. Prohibición de concurrir a determinados lugares como ser el hogar o lugar de trabajo del núcleo familiar de la víctima. 3. Terapia Psicológica: la cual recibirá con la psicóloga adscrita a esta judicatura por el término de un año. TERCERO: Extiéndase su certificado de LIBERTAD CONDICIONAL del señor JOSE ISAÍAS REYES MARTÍNEZ y líbrese atento oficio de excarcelación al señor director penitenciario, sin perjuicio de otros procesos o condenas que registre en su contra.-” (Folios 170–174 y 218–220 de la pieza de antecedentes de primera instancia).- 6. La honorable Corte de Apelaciones Penal de la sección judicial del departamento de Cortés, conociendo de sendos recursos de apelación interpuestos en fecha treinta de noviembre del año dos mil diecisiete, por los fiscales CLAUDIA GARCÍA ROMERO y MARIO DANILO PONCE QUESADA, resolviendo de la forma siguiente: “PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la fiscalía, Ministerio Público contra la resolución de fecha catorce de junio del año dos mil diecisiete, y la resolución de fecha tres de agosto del año dos mil diecisiete, contentiva primero de conceder la conmuta por el delito de ROBO y en la segunda conceder la libertad condicional por el delito de ROBO DE VEHÍCULO, dictados ambos beneficio a favor de Ángel Ariel Rivera Hernández y delitos que han sido cometidos en perjuicio de Miguel Ángel Rivera. SEGUNDO: CONFIRMAR las resoluciones venidas en apelación.” (Folios 9–14 de la pieza de antecedentes de segunda instancia).- 7. El abogado RENÉ MAURICIO ACEITUNO ULLOA, compareció ante este tribunal en fecha quince de febrero de dos mil dieciocho, interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha treinta de noviembre del año dos mil diecisiete, que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 304 y 321 de la Constitución de la República. (Folios 1–10 de la presente garantía).- 8. En fecha veintidós de junio del año dos mil dieciocho, este alto tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma la garantía constitucional de amparo y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 30 de la presente garantía).- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.- CONSIDERANDO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. De conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental.- CONSIDERANDO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[16], en relación con el artículo 25 de la misma convención[17] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[18].- CONSIDERANDO TRES (3). Resumen de la formalización de la presente garantía, con relación a los alegatos del garantista denunciando violación del principio de legalidad contenido en los artículos 304 y 321 de la Constitución de la República. El garantista expresa que estima quebrantado el principio de legalidad establecido en el artículo 321 constitucional relacionado con el 304, también de la Constitución, en virtud de las siguientes razones: 1. Disiente del criterio de la corte de apelaciones, quien sustenta que la competencia del juez de ejecución es dar estricto cumplimiento a las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales, tal como lo establece el artículo 381 del Código Penal. Explica que los jueces de ejecución no tienen facultades para cambiar las penas impuestas por los tribunales de sentencia o la Sala de lo Penal, según sea el caso. En ese sentido, una sentencia en la que se imponen penas para distintos delitos que concurren en concurso real, pero sin sumarlos, dicha sentencia debe ser ejecutada en la forma dispuesta por el tribunal juzgador, sin cambiar el número de años. Señala que en el presente caso, en cambio, la corte de apelaciones dispuso: “… se ha condenado al encausado en forma separada a la pena de diez años por el delito de robo de vehículo y otra pena por cinco años de reclusión por el delito de robo, así ha quedado en la sentencia que nos hemos referido y que el juez incluso en numerales separados lo ha hecho. Por lo tanto no constituye una sola pena que suma la de ambos delitos, lo que resultaría obviamente, a esta fecha que no podrían tener derecho ni a un beneficio ni a otro, porque tendrían que cumplirse tal como lo pretende el Ministerio Público su pena hasta el veintiséis de noviembre del año dos mil veintiséis y podría optar al beneficio de la libertad condicional hasta el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, sin embargo, al tomar las pena por separado, si es posible tal como ha hecho la juez de ejecución, otorgar ambos beneficios, tanto la conmuta que se pagó, como la libertad condicional ya que el juez de ejecución no puede cambiar las sentencias y establecer que no procede la conmuta y en este caso tampoco la libertad condicional. En consecuencia, esta Corte estima correcta la conmuta…” 2. Considera que con la errónea interpretación del artículo 35 del Código Procesal Penal se ha causado perjuicio al Ministerio Público y a la sociedad, dicho artículo dispone: “Al culpable de dos o más delitos se le impondrán todas las penas correspondientes a las diversas infracciones. El sentenciado cumplirá sus condenas simultáneamente, si fuere posible, cuando no lo fuere, o si de ellos resulta ilusoria alguna de las penas, las cumplirá sucesivamente, principiando por las mayores, o sea las señaladas a los delitos más graves. Sin embargo, la duración de las penas acumuladas por varios delitos no excederá de treinta años.” El fiscal explica que, de las diligencias se desprende, que el encausado fue condenado por el delito de robo de vehículo a una pena de diez años de reclusión y por el delito de robo a una pena de cinco años de reclusión; y que si bien es cierto, no se estableció que la condena es en concurso real, lo cierto es, que en la parte dispositiva del fallo proferido por el tribunal de sentencia, en especial en el numeral cuatro, claramente se estableció que el ciudadano Ángel Ariel Rivera Hernández debe cumplir una pena en pos de otra, iniciando con la de mayor gravedad en el establecimiento penal que de conformidad a la ley corresponda, por lo que en atención a lo dispuesto en el precitado artículo, el encausado deberá responder por cada una de las penas impuestas, pues de no ser así, una de ellas resultaría ilusoria; en tal sentido, de la sumatoria de ambas penas, resulta una condena de quince años. Explica que la simultaneidad en el cumplimiento de las penas sólo ocurre cuando se pueden cumplir al mismo tiempo, por ejemplo, la multa con la reclusión; pero esto se excluye con respecto a dos penas de privación de libertad, porque de ser así una de ellas se torna ilusoria, al quedar absorbida por la otra, dejando de cumplirse, estimando que así había un grave daño a la seguridad jurídica, dejando en impunidad un delito. Por esa razón no procede la conmuta solicitada de conformidad a lo establecido en el artículo 61, último párrafo del Código Penal. En cuanto al beneficio de libertad condicional el artículo 76 del Código Penal señala que se puede conceder cuando se haya cumplido más de la mitad de la pena en los casos de condena que exceda de tres años y no pase de doce o que haya cumplido con las tres cuartas partes de la pena cuando esta exceda de doce años. En el presente caso, señala el fiscal que el beneficio fue solicitado cuando no se habían cumplido ni cinco años de reclusión, cuando de acuerdo al cómputo la pena se cumpliría hasta el veintiséis de noviembre de dos mil veintiséis y que podría optar al beneficio de libertad condicional hasta el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. El fiscal cita la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, que en forma reiterada ha establecido que las penas impuestas por la comisión de concurso real de delitos en sentencia condenatoria, no pueden ser susceptibles de los beneficios de libertad condicional y conmuta, pues el legislador ha establecido el concurso real a efecto de que no se cumplan de manera acumulada o simultánea y que otra interpretación comportaría un fraude de ley.[19] De acuerdo a lo anterior, el fiscal estima que se ha quebrantado el principio de legalidad, debido a que se ha interpretado erróneamente lo dispuesto en el párrafo último del artículo 35 del Código Penal. CONSIDERANDO CUATRO (4). Resumen de la fundamentación de la resolución que se impugna por vía de amparo constitucional. La honorable Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Cortés decidió por unanimidad de votos, confirmar las resoluciones de primera instancia, mediante las cuales se decide: a) Declarar con lugar la solicitud de libertad condicional con relación al delito de robo de vehículo, por el cual se le impuso al señor Ángel Ariel Rivera Hernández la pena de diez años; b) declarar también con lugar la conmuta solicitada por la condena de cinco años impuesta al mismo encartado por el delito de robo. La corte de apelaciones argumenta que el artículo 381 del Código Procesal Penal dispone que la competencia del juez de ejecución, se limita al estricto cumplimiento de la sentencia dictada por los órganos jurisdiccionales. Por lo tanto en el presente caso se han establecido penas para los distintos delitos en los que ha concurrido la condena, sin hacer con estas penas una sumatoria, por no advertir que se ha producido un concurso real de delitos, por lo que dicha sentencia debe ser ejecutada en la forma dispuesta por el juzgador, ya que no tiene competencia para cambiar el número de años de condena, debido a que sólo la Sala de lo Penal por medio del recurso de casación puede hacerlo o las cortes de apelaciones en los casos de sentencias dictadas en procedimiento abreviado. La corte indica que el Ministerio Público debió recurrir cuando el tribunal de sentencia no sumó los delitos que conforman el concurso real de delitos. Ahora la sentencia ha adquirido firmeza y no admite cambios, debiéndose por tanto cumplir lo dispuesto en el artículo 381 antes mencionado. Agrega a este punto, que la condena se hizo en delitos separados, una pena por diez años y otra por cinco años, por lo tanto no constituye una sola pena que suma la de ambos delitos; no pudiendo por tanto tener derecho a ningún beneficio, ni conmuta ni libertad condicional, porque tendrían que cumplirse tal como lo pretende el Ministerio Público, una después de la otra, o sea hasta el veintiséis de noviembre de dos mil veintiséis, pudiendo optar el beneficio de la libertad condicional hasta el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés; sin embargo, al tomar las penas por separado, como lo ha hecho el juez de ejecución, permite la conmuta que ya se pagó, y la libertad condicional. En fin, para la corte debe hacerse la separación de delitos para así poder cumplir lo ordenado por el artículo 381, o sea el cumplimiento estricto de la sentencia. Indica que, en la doctrina extranjera, cualquier error cometido en el establecimiento de una pena concreta, podrá ser reclamado y reparado únicamente mediante la interposición del recurso contra la sentencia que señaló la condena, ya que el órgano superior, es el único que puede validar o variar la sentencia. De manera que, si el juzgador al momento de dictar sentencia condenatoria por varios delitos, no aplica el artículo 35 del Código Penal referido a declararlos en concurso real, dicha omisión no puede ser suplida por el juez de ejecución, quien deberá limitarse al estricto cumplimiento de lo fallado por el juzgador. Manifiesta la corte de apelaciones que sus propios precedentes respaldan el presente criterio. Señala que los últimos son los casos 00371-2014; 0095-2004; 06-2017, en los que con similares términos, se ha mantenido la corte de apelaciones. Es decir, que la corte de apelaciones concluye que si el juez no acumula las penas y no declara concurso real de delitos, no puede el juez de ejecución variarlo.- CONSIDERANDO CINCO (5). Examen practicado por la Sala para verificar si existe quebrantamiento del principio de legalidad en relación con los artículos 304 y 321 de la Constitución de la República. La Sala de lo Constitucional al estudiar las presentes diligencias toma en cuenta lo siguiente: I. HECHOS. 1. El Ministerio Público en fecha veintisiete de noviembre de dos mil once, incoó requerimiento fiscal en contra del ciudadano Ángel Ariel Adolfo García Rodríguez por el delito de robo de vehículo y robo en perjuicio del señor Miguel Ángel Rivera. 2. El veinticinco de junio de dos mil trece la Sala tercera del tribunal de sentencia del departamento de Cortés, dictó sentencia definitiva condenando al señor Ángel Ariel Rivera Hernández a diez años de reclusión por el delito de robo de vehículo; asimismo a cinco años de reclusión por el delito de robo. En el inciso cuarto de la parte dispositiva del fallo se establece que las penas impuestas al condenado Ángel Ariel Rivera Hernández sean cumplidas una en pos de otra, iniciando por la de mayor gravedad en el establecimiento penal. 3. Una vez firme la sentencia definitiva mencionada, el Juzgado de ejecución de la sección judicial del departamento de Cortés, dispuso el uno de septiembre de dos mil catorce que al hacer el cómputo de las penas, la fecha de excarcelación por incumplimiento de la pena impuesta es el veintiséis de noviembre de dos mil veintiséis y la fecha en la que puede optar al beneficio de libertad condicional es el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. 4. En fecha uno de junio de dos mil diecisiete la defensa del condenado presentó escrito solicitando la conmuta de la pena de cinco años y libertad condicional en relación con la pena de diez años de reclusión. 5. En fecha treinta de noviembre de dos mil diecisiete la honorable Corte de Apelaciones Penal de la sección judicial del departamento de Cortés dispuso confirmar la decisión del a quo, quien concedió la conmuta de la pena que se impuso por el delito de robo y libertad condicional con relación a la pena impuesta de diez años por el delito de robo de vehículo. II. JURISPRUDENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Al examinar este alto tribunal de justicia, sus propios precedentes, constata que su jurisprudencia con relación a este tema no ha sido pacífica. A continuación, se pasa al detalle de cada una de estas posiciones o criterios.- 1. El primer criterio, que sostiene la idea de que este tema debe ser reservado a los órganos jurisdiccionales de instancia y que la jurisdicción constitucional debe apartarse de su conocimiento; en ese sentido, ha optado por la vía del sobreseimiento subsumiéndolo en la causa de mera legalidad, contenida en el numeral 1 del artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Respalda esta posición las sentencias siguientes[20]: AP-0680-2017 de fecha veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, AP-1076-2016 de fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, AP-0045-2016 de fecha veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, AP-0088-2009 de fecha dieciocho de agosto de dos mil quince[21], AP-0314/03155-2012 de fecha treinta de julio de dos mil trece, AP-0542-2010 de fecha dos de mayo de dos mil doce, AP-0266-2012 de fecha dieciséis de octubre de dos mil doce, AP-0224-2012 de fecha trece de septiembre de dos mil doce, AP-0005-2009 de fecha cinco de abril de dos mil cinco. Argumentación del primer criterio (sobreseimiento). Siempre en relación el “primer criterio” establecido anteriormente El argumento básico que ha manejado la Sala de lo Constitucional para sobreseer las garantías de amparo, independientemente a favor de quien se interpone[22], es que son cuestiones de instancia que no deben conocerse en el ámbito constitucional, en ese sentido ha señalado: “CONSIDERANDO: Que […] la decisión del tribunal ad quem, quien […] declaró que con respecto a la conmuta de la pena impuesta […] por el delito de robo, la misma es procedente, decisión que estima el recurrente es violatoria de las garantías constitucionales invocadas; al respecto esta Sala es del criterio que tratándose el fondo del asunto planteado, relativo a si al condenado se le debió haber hecho un sólo cómputo en las penas que le fueron impuestas por los delitos de robo y robo de vehículos por considerar el impetrante que en el caso de autos, al basarse la sentencia del ad quem en el principio in dubio pro libertatis, ha ignorado lo preceptuado en el artículo 35 del Código Penal relativo al concurso real de delitos; alegaciones que estima esta Sala son de mera instancia, […] situaciones que en el caso subjúdice no se han infringido por lo que no se ha producido la vulneración de las garantías constitucionales invocadas.”[23] Sin embargo, aunque la mayor parte de los sobreseimientos por mera legalidad se fundan en los criterios anteriores, en la sentencia AP-0045-2016, se aprecia además que, la Sala sobresee pero da respuesta a los argumentos de fondo del amparista, indicando que la resolución impugnada que deniega los beneficios solicitados a favor del condenado, no conculca los derechos constitucionales invocados por el garantista, en ese sentido declara: “CONSIDERANDO: Que esta Sala aprecia consecuentemente, que el ad quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce. […] CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República…” Pasa lo mismo con la sentencia AP-0680-2017 de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, mediante la cual esta Sala sobreseyó, pero a la vez estimó que la resolución que denegaba la aplicación autónoma de beneficios a favor del condenado, no violentaba los derechos constitucionales invocados.[24] La decisión de sobreseer, ha sido cuestionada por la misma Sala, ha habido sentencias en las que ha señalado que el asunto tiene relevancia constitucional. 2. El segundo criterio, es el que favorece a las personas condenadas por varios delitos en concurso real. En este caso se conceden los beneficios de conmuta o libertad condicional de manera autónoma. Dicho criterio ha sido expuesto por la Sala en las sentencias siguientes: AP-1003-2016 del veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, AP-1050-2013 del nueve de junio de dos mil quince, AP-0340-2012 del cinco de noviembre de dos mil trece, AP-0345-2008 del seis de octubre de dos mil nueve. Argumentación del segundo criterio (aplicación por separado de beneficios a condenados, derivado de cumplimiento por separado de cada pena en concurso real). La Sala, según este criterio, ha dispuesto que es posible que los condenados por varios delitos a diferentes penas de reclusión, puedan ser beneficiados con conmuta o libertad provisional, separando cada pena en forma autónoma, aunque exista concurso real de delitos. Este criterio se fundamenta principalmente en los argumentos siguientes: 2.1. La sentencia AP-1003-20016 del veintiuno de marzo de dos mil dieciocho. Dicho precedente vinculante es el más reciente, asimismo dicha decisión, en el considerando 9, establece: Que existen formas diferentes de computar y determinar la acumulación de penas de delitos en concurso real; también señala que el juzgador debe analizar las circunstancias de cada caso y que el legislador al redactar el artículo 35 del Código Penal tuvo en cuenta el principio de proporcionalidad. Pero el criterio más importante que sustenta la decisión de la Sala fue el que se encuentra en el considerando 12, que dice así: “CONSIDERANDO (12): Que considera la Sala de lo Constitucional, […] que es razonable la aplicación jurídica arbitrada por la Corte de Apelaciones […] la cual ha tomado en consideración […] que el Juzgado de Ejecución carece de facultades para acumular las penas impuestas por diversas infracciones si no lo hizo el tribunal sentenciador o la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia vía recurso extraordinario de casación, tratándose entonces de una sentencia firme con carácter de cosa juzgada, la cual se deberá de ejecutar en sus propios términos, según lo establecido en los artículos 381 y 382 numeral 1) del Código Procesal Penal.” 2.2. La sentencia AP-1050-2013 del nueve de junio de dos mil quince. La Sala en esta sentencia estableció en el considerando 8, que en el desarrollo del proceso penal nunca se mencionó que hubiese concurso real de delitos, ni tampoco se hizo mención del artículo 35 del Código Penal. Al dictarse la sentencia condenatoria, señala la Sala, no se hizo mención de estos aspectos, “sino que se declara la culpabilidad de los acusados por la comisión de dos delitos de manera separada, (no en concurso real, u otro tipo de concurso.” Luego manifiesta que el Ministerio Público debió corregir esto vía alegación o recurso, y en consecuencia, expresa la Sala lo siguiente: “… por lo que la sentencia fue dictada condenando por delitos separados no en concurso real, en consecuencia, el juez de ejecución deberá solamente ejecutar la sentencia tal y como adquirió firmeza.” Finalmente, bajo el anterior argumento, se admitió que el juez de ejecución primero, y luego la corte de apelaciones, tuvieran a bien conmutar cada uno de los delitos por lo que fue condenado, tomando en cuenta que sendas penas eran menores a cinco años de reclusión. La Sala refiere también en el considerando 8, lo siguiente: “Es errado el razonamiento de que, porque se aplique una conmuta, se está eximiendo la pena del condenado, lo cual no es cierto porque a través de la conmuta está cumpliendo la pena impuesta, considerando que la conmuta es el cambio de una pena por otra, previamente establecido en la ley y que favorece al condenado bajo el principio de humanidad de las penas, principio de necesidad y de proporcionalidad de las mismas, de acuerdo a los postulados del derecho penal contemporáneo que se define por el respeto cada vez mayor a la libertad y el respeto a la dignidad humana en la búsqueda de la readaptación social como el fin de todas las penas.” Seguidamente en el considerando 9 de la sentencia, la Sala estableció la obligación que tiene el juez de ejecución de dar cumplimiento exacto a la sentencia dictada contra los imputados, en virtud de que se encuentra firme, y no procede contra ella ningún recurso. Así mismo, señalando que éste no tiene facultades para reformar o modificar la sentencia agregándole lo que el ente acusador omitió desde el Requerimiento Fiscal. 2.3. La sentencia AP-0340-2012 del cinco de noviembre de dos mil trece. La Sala en el considerando 5 de dicha sentencia, se pronuncia sobre lo expuesto en el párrafo último del artículo 61 del Código Penal, específicamente sobre la prohibición de que se aplique la conmuta de pena a la persona que haya sido condenada anteriormente por delito doloso. A continuación se transcribe lo siguiente: “CONSIDERANDO 5: … para determinar si hubo o no infracción al debido proceso, se requiere analizar en primer lugar, si la existencia de una condena por la comisión de dos o más delitos, en concurso real, implican o no la condena previa por uno de esos dos delitos; o si por el contrario, se entiende como una misma condena. Al respecto, hemos de acudir al efecto primario de la condena, cual es el provocar un antecedente penal que a su vez, provoca en el condenado, no solo la posibilidad de ser clasificado a posteriori como reincidente o habitual, sino que también, la posibilidad de que en una ulterior condena su pena se gradúe de forma más gravosa por dichos antecedentes. Esta reflexión trae como consecuencia, que si en el margen de esta misma sentencia por dos o más delitos en concurso real, no sería posible considerar, la existencia de uno de los delitos por los que se condena para la agravación de la pena de la otra infracción penal, tampoco podría aceptarse como motivo que excluya la posibilidad de la aplicación de una conmuta de la pena de reclusión por una pena de multa, si las penas impuestas por cada uno de los delitos no supera los cinco años de reclusión; ya que la condena previa necesariamente implica un proceso y sentencia definitiva anteriores, que no se dieron en el caso que hoy nos ocupa.” En esa misma sentencia, en el considerando 6, la Sala analiza si el cumplimiento de las penas por conmuta de reclusión a multa, torna o no, ilusoria la pena. Señala que: “… con el sistema reglado de días pago; ya que existiendo una cuota determinada para cada día que correspondería guardar reclusión, se dan por cumplidos todos y cada uno de los años y meses que fueron impuestos y la pena, lejos de ser ilusoria para alguno de los delitos, se entiende cumplida a cabalidad.” 2.4. La sentencia AP-0345-2008 del seis de octubre de dos mil nueve. La Sala en el considerando IX de esta sentencia, adujo que no limitar la aplicación aritmética del concurso real, puede conducir a “penas draconianas incompatibles con la valoración global de todos los delitos y la sensibilidad jurídica”. Seguidamente en el considerando X, se acoge al criterio de la corte de apelaciones, la cual estableció que “las penas impuestas por varios delitos, cuando han sido cometidas en concurso real, siempre que las mismas no excedan de los cinco años cada una, son conmutables por dinero como lo determina el articulo 61 numeral dos del Código Penal, no siendo obstáculo para este propósito, que la sumatoria de todas las condenas sea superior a los cinco años, responde al principio constitucional de proporcionalidad de las penas desarrollado en el articulo 2 – D del Código Penal vigente.” 3. El tercer criterio, que estima qué, en aquellos casos de penas de reclusión, el condenado a ellas, las debe cumplir una en pos de otra, en forma sucesiva y no autónoma, y comenzando con aquellas mayores o por delitos de mayor gravedad; por ende, el condenado debe cumplir las penas, siempre que no sobrepasen los treinta años de reclusión por penas de delitos acumulados. Dicho criterio ha sido expuesto por la Sala en las sentencias siguientes: AP-0548-2012 del diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, AP-0339-2012 del diecinueve de mayo de dos mil quince, AP-0443-2011-B, del cuatro de febrero de dos mil quince, AP-0456-2011 del dieciocho de agosto de dos mil catorce,[25] AP-0911-2012 del diez de diciembre de dos mil trece, AP-0506-2012 del nueve de diciembre de dos mil trece, AP-0256-2012 del uno de octubre del dos mil trece, AP-0607-2012 del veintiséis de septiembre de dos mil trece[26], AP-0632-2012 del veinticuatro de septiembre de dos mil trece, AP-0407-2012 del trece de agosto de dos mil trece, AP-0932-2011 del trece de agosto de dos mil trece, AP-0841-2011 del dieciséis de octubre de dos mil doce, AP-0470-2011 del treinta y uno de julio de dos mil doce, AP-0198-2012 del veintiocho de junio de dos mil trece, AP-0583-2011 del diecinueve de junio de dos mil trece, AP-0394-2011 del diecinueve de junio de dos mil trece, AP-0178-2011 del veintiuno de marzo del año dos mil trece, AP-0719-2011 del seis de noviembre de dos mil doce, AP-0315-2010 del veintiuno de septiembre de dos mil doce, AP-0279-2011 del cuatro de septiembre de dos mil doce, AP-0179-2011 del cuatro de septiembre de dos mil doce, AP-1064-2009 del treinta y uno de enero de dos mil doce, AP-0732-2010 del veintitrés de agosto de dos mil once, AP-0681-2010 del veintitrés de agosto de dos mil once, AP-0135-2010 del uno de febrero de dos mil once, AP-0917-2009 del doce de octubre de dos mil diez, AP-0610-2009 del nueve de febrero de dos mil diez. Argumentación del tercer criterio (negación de beneficios por separado, en virtud de la suma de las penas de reclusión en concurso real). Tal como se puede observar, este criterio es el que en forma mayoritaria ha mantenido la Sala, siendo nomás que excepciones los otros dos criterios. Básicamente, este criterio se apoya a lo que dispone literalmente el artículo 35 del Código Penal, el cual tiene como regla simple que cuando existe concurso real de delitos, las penas de reclusión deben cumplirse de manera sucesiva, o sea, una después de la otra, comenzando por las mayores o sea las señaladas a los delitos más graves. Con arreglo a este criterio, fundado en lo dispuesto en el artículo 35 mencionado, la Sala ha indicado que siendo varios los delitos cometidos en concurso real, deberán cumplirse las penas en forma sucesiva, aunque cada una de ellas sea menor a cinco años. De igual forma, no podrá darse suspensión condicional de la pena, si está pendiente otra pena, aunque esta última sea menor a cinco años. Para la Sala, conforme a este criterio, son efectos de la regla establecida en el artículo 35 del Código Penal, cuyo cumplimiento es de carácter obligatorio e ineludible. No obstante, la sala también ha dispuesto que la manera correcta para hacer el cómputo o determinación de la pena es sumar todas las penas y así obtener la pena que se debe de cumplir (principio de acumulación), dicho criterio lo expuso por ejemplo en la sentencia AP-0456-2011 del dieciocho de agosto de dos mil catorce (considerando 9), que a la letra dice: CONSIDERANDO NUEVE (9): Que […]esta Sala, para la solución de la presente acción de amparo, acoge algunos principios doctrinarios, […] En la obra LECCIONES DE DERECHO PENAL (Parte General), el jurista Ignacio Berdugo Gómez de la Torre (Edición 1996), recoge el espíritu del citado artículo al afirmar lo siguiente: […]‘En la medida en que el concurso real supone la comisión de varios delitos distintos, lógico es pensar que su autor va a ser castigado con la pena correspondiente a cada uno de ellos, de manera que habrá que sumarlas hasta hallar la pena total a cumplir. Esa es, en efecto, una regla básica de aplicación de las penas…’ (Fin de la cita, página 258. Entrelineado es de la Sala)…” [27] Otro extremo de importancia, es el punto debatido sobre el condenado por delitos cometidos en concurso real, que no tiene condenas previas por delitos dolosos, el cual como ya se estableció en esta sentencia, fue el argumento de la sentencia AP-0340-2012 del cinco de noviembre de dos mil trece que sirvió para favorecer a un condenado por comisión de delitos en concurso real. La sala, contrario a lo fallado en dicha sentencia, ya se había pronunciado antes de manera distinta, tal como se puede constatar con la sentencia AP-0932-2011 del trece de agosto de dos mil trece, así: “CONSIDERANDO(11): Que la decisión del Ad-quem, de declarar con lugar la solicitud de conmuta de las penas, se basa en que el presente caso reúne los supuestos que establece el artículo 61 del Código penal, por ejemplo, que el condenado no ha sido condenado anteriormente por delito doloso, cuando así lo disponga una ley especial, o cuando apreciadas las condiciones especiales del condenado, los móviles de su conducta y las circunstancias del hecho, se establezca motivadamente, a juicio del Juez su no procedencia. No obstante lo anterior, la alzada devenía obligada en casos como el presente a analizar el tema de concurso real de delitos; que cabe a quien ha cometido varias acciones o hechos, cada uno, constitutivo de delitos autónomos, por lo que de entrada se debe aplicar el principio de “acumulación de las penas”, el no hacerlo, constituye una vulneración al debido proceso y al principio de legalidad; concluyendo por tanto, que no debió otorgarse el beneficio de conmuta por exceder el cómputo de cinco años de reclusión, ello también en aplicación de lo dispuesto en el artículo 65 numeral 2 del Código Penal.” III. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL.- De conformidad con lo anterior, es claro que la mayoría de los precedentes para casos como el que se encuentra bajo estudio, apuntan a que no se apliquen en forma simultánea, beneficios de conmuta o libertad provisional por delitos cometidos en concurso real, sino que se proceda de conformidad a lo que establece el artículo 35 del Código Penal, o sea mandar el cumplimiento de las penas en forma sucesiva, sin más restricción que ordenarlas de mayor a menor y respetar el límite máximo de treinta años de reclusión. Por otra parte, la Sala ha estimado que la anterior regla, no varía en aquellos casos en que las penas sean menores a cinco años de reclusión; o aquellos casos en que no haya condena anterior por delito doloso; puesto que esto no es óbice para cambiar las reglas impuestas por el artículo 35 del Código Penal. En contra de esta posición mayoritaria, la Sala ha tenido dos comportamientos bien distintos. Por una parte, ha evitado pronunciarse sobre el tema, sobreseyéndolo y señalando que éste es un asunto de mera legalidad, que pertenece al ámbito exclusivo de la jurisdicción ordinaria y no de la jurisdicción constitucional. No obstante, la misma Sala en ocasiones diversas, ha señalado en un sentido contrario[28], que el asunto bajo estudio si pertenece al ámbito constitucional y ha declarado que se violentan derechos constitucionales como: el debido proceso legal, la tutela judicial efectiva a obtener una respuesta judicial que decida el fondo del asunto, mediante una resolución motivada y fundamentada en ley. En este último caso, por violación al principio de legalidad. Sobre este tema, la Sala nuevamente analiza los diferentes argumentos y posiciones, llegando a la conclusión definitiva, de que el asunto de marras, si es un tema que debe ser conocido y resuelto por la jurisdicción constitucional, por las razones que se apuntan a continuación. La ejecución de las penas privativas de libertad es un asunto de relevancia constitucional, debido a que la Carta Magna en su artículo 69 declara, la inviolabilidad de la libertad personal, señalando de manera expresa y directa que su restricción o suspensión temporal, podrá hacerse únicamente con arreglo a las leyes. La anterior remisión a la ley, obliga a las partes y a los juzgadores, que en asuntos relacionados con la libertad personal de una persona, como derecho humano o constitucional que es, someterse a la autoridad de las normas legales. De manera que una privación de libertad o una liberación que se encuentran al margen de la ley, es un asunto que tiene relevancia constitucional. La Sala en diferentes ocasiones, ha referido que el principio de legalidad en sí mismo, no es un derecho, pero que su violación podría conducir a una violación de derecho constitucional. Esto trae como consecuencia, que la sede constitucional no se encuentra prevista para determinar el sentido y alcance de las leyes, pues esta función nomofiláctica, pertenece a la jurisdicción ordinaria, y en un último término a la Corte Suprema de Justicia, por vía del recurso de casación. Sin embargo, como excepción a lo anterior, el asunto bajo estudio, no puede calificarse de mera legalidad, por las razones siguientes: En primer lugar, como ya se explicó antes, se encuentra bajo escrutinio si una persona tiene de conformidad a la ley, derecho a que se le habilite la libertad personal; específicamente si se hace o no, una correcta interpretación de lo que dispone el artículo 35 del Código Penal. En segundo lugar, este caso no podrá ser conocido nunca en casación, de manera que la única vía posible, para determinar una jurisprudencia del máximo tribunal de la república, o sea una jurisprudencia que disponga a nivel nacional, el sentido y alcance uniforme y además general, es la vía de amparo. Todo lo anterior, conduce a que no sea admisible la posición de sobreseer por mera legalidad, siendo el presente un asunto de connotación constitucional y propia del ámbito de la garantía de amparo. Como consecuencia, sirva esta sentencia para unificar en un sólo criterio, en el sentido de que este asunto y similares, sean conocidos en amparo. Aclarado esto, habrá de pasarse al siguiente punto, o sea el alcance del artículo 35 del Código Penal. Para ello habrá necesidad de abordar los argumentos externados por esta Sala en los precedentes que sustentan el criterio minoritario, expuesto en las sentencias: AP-1003-2016, AP-1050-2013, AP-0340-2012 y AP-0345-2008, que permiten la aplicación de beneficios de manera simultánea, aunque sean penas de reclusión por delitos cometidos en concurso real. Estas sentencias, para entenderlo bien, establecen excepciones a las reglas impuestas por el artículo 35 del Código Penal. Al respecto debe señalarse que cada una de estas argumentaciones, han sido refutadas por la misma Sala de lo Constitucional en el transcurso de su jurisprudencia mayoritaria, salvo las esgrimidas en las sentencias AP-1050-2013 y AP-1003-2016; argumentaciones que serán reexaminadas por este alto tribunal de justicia, a fin de establecer un sólo criterio que sustente una sola línea jurisprudencial. A continuación, se analizan de nuevo los precedentes que son excepción a la posición mayoritaria que ha mantenido la Sala. 1. La sentencia AP-0345-2008, establece que las penas menores de cinco años de reclusión impuestas por delitos en concurso real, pueden conmutarse, sin dar más explicación que, la necesidad de limitar la aplicación aritmética del concurso real, porque de lo contrario podría darse: “penas draconianas incompatibles con la valoración global de todos los delitos y la sensibilidad jurídica.” Esta excepción, por tanto, da a entender, que supone la imposición de una situación grave para la persona condenada. En contra de este argumento, la Sala dispuso en el considerando 12 de la sentencia AP-0256-2012 lo siguiente: “CONSIDERANDO (12): Que sin embargo la línea jurisprudencial aquí expresada, conviene dejar sentado como expresa salvedad de esta Sala de lo Constitucional, que el precedente a contrario emitido en el expediente AP-0345-2008 de seis de octubre de 2009, según el cual: el principio de acumulación entendido de un modo aritmético, si no se limita de algún modo, conduce a penas draconianas, incompatibles con la valoración global de todos los delitos y la sensibilidad jurídica, siendo lógico que se arbitren determinados criterios, en los que, combinando los diversos principios, se llegue a penas proporcionales, no resulta aplicable al presente caso, que es la suma de las penas impuestas al señor ANSONI ADOLFO SANCHEZ MARTINEZ, consistentes en una pena de reclusión de TRES AÑOS NUEVE MESES DE RECLUSIÓN por el delito de ROBO y otra de TRES AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de LESIONES GRAVES, ambos en perjuicio del señor NELSON JAVIER TURCIOS SALVADOR; no resultan en modo alguna desproporcionadas o conducentes a una aplicación draconiana del instituto de concurso de penas y/o delitos, sino que guardan una razonabilidad sustantiva acorde al canon de debido proceso que ha quedado asentado en las anteriores consideraciones. Por todo ello, se ha constatado en el fallo venido en consulta una infracción al derecho fundamental al debido proceso, previsto en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, en su vertiente de derecho a obtener una sentencia de fondo (motivada y fundada), en virtud de la cual resulta meritorio otorgar la presente acción de amparo, de la cual se ha hecho mérito.”[29] En ahondamiento a las razones expuestas en ese momento, la Sala de lo Constitucional, reexaminando el presente asunto, estima que el cumplimiento de las reglas del artículo 35 del Código Penal, se dirigen precisamente al estricto cumplimiento de los principios de proporcionalidad y racionalidad de las sanciones penales. Para entender esto, cabe señalar que, no es la misma situación, la de una persona que haya sido condenada por varios delitos en concurso real, aunque todos ellos sean menores a cinco años, a una persona que sólo haya cometido un sólo delito que pueda ser conmutable, o una persona cuya suma de años de reclusión no sobrepase a los cinco años, sean estos en concurso real o ideal. Es dable concluir que no pueden tener el mismo tratamiento, cuando una persona que comete varios delitos en concurso real demuestra una conducta de mayor peligrosidad y por ende su accionar es mucho más grave. De manera que es lógico concluir, que no puede disfrutar los mismos beneficios que las personas que no muestran tanta peligrosidad y gravedad. En conclusión, el criterio estudiado que sustenta el otorgar beneficios de manera simultánea, es contrario a los principios de proporcionalidad y racionalidad. En virtud de lo cual, debe seguirse y cumplirse cabalmente, lo dispuesto por el artículo 35 del Código Penal, es decir sumar las penas de reclusión impuestas por delitos cometidos en concurso real, comenzar su ejecución de mayor a menor gravedad, debiendo ser cumplidas en forma sucesiva y no pasar el límite máximo de treinta años de reclusión, salvo los casos especiales de delitos de conformidad a la reforma del artículo 97 constitucional. 2. La sentencia AP-0340-2012, establece que debido a que el artículo 61 del Código Penal, dispone, que no podrá darse conmuta de pena a la persona que, haya sido condenada anteriormente por delito doloso, por lo que se colige que, puede darse dicho beneficio aunque haya sido condenado por varios delitos en concurso real. Para ello, la Sala en el considerando 5 de dicha sentencia, se dio a la tarea de establecer el alcance de la expresión “condena anterior por delito doloso”, y en ese sentido trajo a relación el concepto de “antecedentes penales”, lo que le condujo a determinar que era aplicable la conmuta. Al reexaminar el asunto, la Sala de lo Constitucional, estima que dicha reflexión no es correcta, en virtud de que se obvió dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35 del Código Penal. El punto a examinar, no es tanto si se cumple con los requisitos del artículo 60 del Código Penal, sino revisar de manera previa, el cumplimiento de las reglas que la ley impone para la ejecución de penas de reclusión impuestas por delitos cometidos en concurso real. Por otra parte, si la ley no permite la aplicación de la conmuta porque el legislador ha estimado que no es merecedor de dicho beneficio, quien ha cometido otros delitos dolosos, no se debe olvidar que el perpetrador de delitos en concurso real, se encuentra en una situación semejante o equivalente, por lo que la interpretación más cercana o próxima al supuesto que se encuentra legislado en el último párrafo del artículo 60 del Código Penal, es la decisión de no conceder dicho beneficio a quien se encuentra condenado por delitos cometidos en concurso real. En virtud de las razones expuestas la Sala de lo Constitucional estima que el argumento que fundamentó dicha sentencia no es sustentable y por ende no debe mantenerse, debiéndose en consecuencia dar cumplimiento estricto y cabal a las reglas que impone el artículo 35 del Código Penal. 3. La sentencia AP-1050-2013, establece que no se aplican las reglas del artículo 35 del Código Penal porque en el desarrollo del proceso penal no hubo mención del concurso real de delitos, ni de dicho artículo. Sumado a ello se estableció la obligación que tiene el juez de ejecución de dar cumplimiento exacto a la sentencia dictada y la prohibición de variar los términos en que esta fue dictada. Este último criterio también sustento la sentencia más reciente de la Sala, la AP-1003-2016. Al examinar de nuevo los casos y los argumentos que se mantuvieron al momento de dictarse las referidas sentencias, este alto tribunal de justicia concluye que la línea de argumentación que se siguió, no es correcta. En primer lugar, se obvió el hecho incontrastable que el artículo 35 del Código Penal es de cumplimiento general y obligatorio, por ende, es vinculante para todos los jueces sin importar si se trata de jueces de primera o segunda instancia o bien casación; de tribunal de letras o de sentencia o de ejecución. Su ámbito de aplicación es erga omnes y por tanto los jueces de ejecución se encuentran vinculados, de hecho el artículo 35 del Código Penal, es el que indica la forma de cómo se deben de ejecutar las penas en concurso real, debiendo ser por tanto uno de los fundamentos legales de todo juez de ejecución. En segundo lugar, no existe requisito impuesto por la ley, que exija que para ejecutar las penas de delitos cometidos en concurso real, deba forzosamente establecerse en la sentencia condenatoria. Si el juez que condena no establece las reglas a seguir, lo hace el artículo mencionado, el cual es claro. Siguiendo el razonamiento de que el juez de ejecución, no debe variar o seguir únicamente lo establecido por la sentencia condenatoria, supondría el absurdo de que tampoco podría aplicar beneficios como la conmuta o libertad condicional sino fueron previamente señalados por el juzgador en la sentencia condenatoria. El juez de ejecución no puede obviar lo que dispone la ley y por tanto no puede variar el sentido de lo que dispone el artículo 35 del Código Penal en relación con las penas que no pueden cumplirse de manera simultánea, en este caso las penas de privación de libertad o reclusión. IV. ANÁLISIS DE LA PRESENTE GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE AMPARO.- En el presente caso, lo que básicamente argumenta el agente de tribunales, fiscal René Mauricio Aceituno es que no es admisible conceder beneficios a favor del condenado en contravención a lo dispuesto por el artículo 35 del Código Penal bajo el pretexto de que los jueces de ejecución no tienen facultades para cambiar las penas impuestas en una sentencia definitiva firme. El fiscal estima que, todo deviene de una errónea interpretación del artículo 35 del Código Penal, y que se debe de tomar en consideración, que el encausado fue condenado por el delito de robo de vehículo a una pena de diez años de reclusión y por el delito de robo a una pena de cinco años de reclusión; asimismo que, aunque no se dispuso que la condena es en concurso real, si se estableció que el ciudadano Ángel Ariel Rivera Hernández debe cumplir las penas en forma sucesiva, iniciando con la de mayor gravedad en el establecimiento penal de conformidad con la ley. En síntesis, el fiscal pide que no se le concedan los beneficios de libertad condicional y conmuta, sino que se cumplan las penas de reclusión correspondientes a los delitos en concurso real, comenzando por la mayor, o sea la de diez años, por el robo de vehículo; para luego cumplir en forma sucesiva con la pena de reclusión de cinco años por robo, debiéndose hacer la correspondiente sumatoria de ambas penas, para una condena de quince años. La Sala de lo Constitucional, al estudiar el presente caso dispone que es de recibo el pedimento de amparo por parte del agente del Ministerio Público. Ahora bien, la Sala observa que contrario a todo lo expuesto por la corte de apelaciones, la sentencia condenatoria dictada en fecha veinticinco de junio de dos mil trece por el tribunal de sentencia seccional del departamento de Cortés, si señaló de manera expresa, en el numeral cuarto de la parte dispositiva del fallo, que las penas debían ser cumplidas en forma sucesiva (una en pos de la otra), comenzando por la de mayor gravedad.[30] Motivo suficiente para dar la razón al impetrante de la presente garantía constitucional de amparo. Ahora bien, para aclarar algunos extremos atinentes a casos como el presente, este alto tribunal de justicia, de todos modos es del criterio, que resulta inadmisible el argumento de la corte de apelaciones, consistente en que deben concederse los beneficios de libertad condicional y de conmuta, en virtud de que en la sentencia condenatoria, no se hizo ninguna suma, ni alusión a que los delitos fueron cometidos en concurso real y que tampoco se hizo mención del artículo 35 del Código Penal, bajo el argumento que, el juez de ejecución no tiene facultades, conforme al artículo 381 del Código Penal, para cambiar las penas impuestas, las cuales en el presente caso fueron declaradas de manera separada. Para la Sala este argumento de la corte de apelaciones no es correcto, porque las reglas de cómo deben cumplirse las penas se encuentran en la ley; y específicamente el artículo 35 del Código Penal, establece las pertinentes al concurso real de delitos. El juez de ejecución no puede soslayar el cumplimiento de la ley, por ende no puede dictar resoluciones contra legem, debido a que se encuentra sometido a lo que expresamente la ley dispone. De hacerlo, incurre en violación al debido proceso y tutela judicial efectiva, en relación con el principio de legalidad. No es correcta la inferencia que se hizo por parte de la corte de apelaciones, basada en qué, la denegatoria de la solicitud de beneficios para el condenado, hubiera constituido una contradicción a la sentencia condenatoria que no indica la sumatoria de las penas o la existencia de concurso real de delitos. Sobre esto, se afirma categóricamente que realmente no se da ninguna contradicción entre las dos proposiciones. La omisión referida en la sentencia, tampoco indica que las penas deban cumplirse en forma simultánea. Esa parte, fue erróneamente asumida por la corte de apelaciones, conduciéndole a concluir una razón inexistente. De hecho, la decisión que propone la corte de apelaciones, no se encuentra dispuesta en la sentencia. Por el contrario, si señala de manera expresa el cumplimiento sucesivo de las penas. En virtud de todo lo cual, se estima procedente otorgar la presente garantía de amparo. En consecuencia, que la corte de apelaciones restituya el derecho al principio de legalidad, debiendo ordenar que el juez de ejecución cumpla cabal y puntualmente lo dispuesto en el artículo 35 del Código Penal, haciendo cumplir sucesivamente las penas impuestas al ciudadano Ángel Ariel Rivera Hernandez, debido a que los delitos por los que fue condenado fueron cometidos en concurso real.- PARTE DISPOSITIVA O FALLO.- POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 59, 64, 90 párrafo primero, 183, 303, 304 313 Nº 5), 316 Nº 1) de la Constitución de la República; 1, 78 Nº 5), de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3 Nº 2), 4, 5, 7, 9 Nº 2), 41, 63 y 72 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 35 del Código Penal FALLA: OTORGANDO la garantía constitucional de amparo impetrada por el fiscal, abogado RENÉ MAURICIO ACEITUNO ULLOA, en contra de la resolución dictada en fecha treinta de noviembre de dos mil diecisiete por la honorable CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS, mediante la cual desestimó el recurso de apelación interpuesto contra las resoluciones dictadas en fechas catorce al veinte de junio, y tres de agosto del año dos mil diecisiete por el honorable Juzgado de Ejecución de la sección judicial del departamento de Cortés; en la causa instruida contra el señor ÁNGEL ARIEL RIVERA HERNÁNDEZ, por suponerlo responsable de los delitos de ROBO DE VEHÍCULO y ROBO, en perjuicio del señor MIGUEL ÁNGEL RIVERA. En consecuencia, ORDENA: Que la honorable CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS, restituya al Estado de Honduras el derecho al principio de legalidad, y por ende el debido proceso legal y la tutela judicial efectiva, debiendo para ello, ordenar que el juez de ejecución cumpla cabal y puntualmente lo dispuesto en el artículo 35 del Código Penal, haciendo cumplir sucesivamente las penas impuestas al ciudadano Ángel Ariel Rivera Hernández, debido a que los delitos por los que fue condenado fueron cometidos en concurso real. No procediendo en este caso la aplicación de los beneficios de libertad condicional y conmuta simultánea. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro (24) días del mes de abril del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha seis (6) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0146-2018.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional.
[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[4] Cita las sentencias AP-0610-2009 de fecha nueve de febrero de dos mil diez y la AP-0470-2011 de fecha treinta y uno de julio de dos mil doce.
[5] Las sentencias se expondrán, de la más reciente a la más antigua.
[6] La causal de sobreseimiento en este asunto fue la del numeral 5 del artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que contiene, los actos consumados.
[7] Las sentencias de sobreseimiento recaídas en casos interpuestos por el Ministerio Público a favor del Estado y víctimas son: AP-0005-2009, AP-0088-2012 y AP-1076-2016. Las interpuestas por la defensa a favor del condenado, son: AP-0045-2016, AP-224-2012, AP-0266-2012, AP-314/0315-2012, AP-0542-2010 y AP-0680-2017.
[8] Vid. AP-0005-2009.
[9] En igual sentido se pronuncia con la sentencia AP-1076-2016 de fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, cuando en uno de los considerandos señala: “Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República.”Y la sentencia AP-0045-2016 de fecha veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, cuando expresa:”CONSIDERANDO: Que esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce. CONSIDERANDO: Que este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito, el derecho de defensa y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República…”
[10] En esta sentencia también se citan otros precedentes que se acogen a este mismo criterio, verbigracia: sentencias números AP-0610-2009, AP-0188-2005, AP-3151-2010, AP-0583–2011, AP-0407-2012.
[11] También esta sentencia cita los precedentes siguientes: Sentencias números AP-0621-2008 del 31 de julio del 2009, AP-0610-2009 del 9 de febrero de 2010 y AP-1238/1408/1417-2005 del 29 de noviembre de 2005. Iguales precedentes cita la sentencia AP-0911-2012 del diez de diciembre de dos mil trece.
[12] En esos mismos términos se encuentra dispuesta la sentencia AP-0506-2012 del nueve de diciembre de dos mil trece (considerando 4).
[13] Verbigracia: Sentencia AP-0719-2011 del seis de noviembre de dos mil doce que dice:” CONSIDERANDO: Que conviene establecer de previo que la controversia establecida tiene una clara trascendencia constitucional desde el momento que se invoca por la demandante de amparo la inobservancia de disposiciones legales de obligatorio cumplimiento, por parte de la alzada, la cual incumbe además, una posible vulneración al derecho al debido proceso, o tutela judicial efectiva, […] así como la vulneración al principio de legalidad correlativo a la responsabilidad de los servidores públicos en un Estado de Derecho….”
[14] Este criterio también fue rechazado por la Sala en las sentencias: AP-0339-2012 de fecha diecinueve de mayo de dos mil quince y la AP-0443-2011 de fecha cuatro de febrero de dos mil quince
[15] Vid. folio 117 de la pieza del juzgado de ejecución.
[16] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[17] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[18] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[19] Cita las sentencias AP-0610-2009 de fecha nueve de febrero de dos mil diez y la AP-0470-2011 de fecha treinta y uno de julio de dos mil doce.
[20] Las sentencias se expondrán, de la más reciente a la más antigua.
[21] La causal de sobreseimiento en este asunto fue la del numeral 5 del artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que contiene, los actos consumados.
[22] Las sentencias de sobreseimiento recaídas en casos interpuestos por el Ministerio Público a favor del Estado y víctimas son: AP-0005-2009, AP-0088-2012 y AP-1076-2016. Las interpuestas por la defensa a favor del condenado, son: AP-0045-2016, AP-224-2012, AP-0266-2012, AP-314/0315-2012, AP-0542-2010 y AP-0680-2017.
[23] Vid. AP-0005-2009.
[24] En igual sentido se pronuncia con la sentencia AP-1076-2016 de fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, cuando en uno de los considerandos señala: “Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República.”Y la sentencia AP-0045-2016 de fecha veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, cuando expresa:”CONSIDERANDO: Que esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce. CONSIDERANDO: Que este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito, el derecho de defensa y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República…”
[25] En esta sentencia también se citan otros precedentes que se acogen a este mismo criterio, verbigracia: sentencias números AP-0610-2009, AP-0188-2005, AP-3151-2010, AP-0583–2011, AP-0407-2012.
[26] También esta sentencia cita los precedentes siguientes: Sentencias números AP-0621-2008 del 31 de julio del 2009, AP-0610-2009 del 9 de febrero de 2010 y AP-1238/1408/1417-2005 del 29 de noviembre de 2005. Iguales precedentes cita la sentencia AP-0911-2012 del diez de diciembre de dos mil trece.
[27] En esos mismos términos se encuentra dispuesta la sentencia AP-0506-2012 del nueve de diciembre de dos mil trece (considerando 4).
[28] Verbigracia: Sentencia AP-0719-2011 del seis de noviembre de dos mil doce que dice:” CONSIDERANDO: Que conviene establecer de previo que la controversia establecida tiene una clara trascendencia constitucional desde el momento que se invoca por la demandante de amparo la inobservancia de disposiciones legales de obligatorio cumplimiento, por parte de la alzada, la cual incumbe además, una posible vulneración al derecho al debido proceso, o tutela judicial efectiva, […] así como la vulneración al principio de legalidad correlativo a la responsabilidad de los servidores públicos en un Estado de Derecho….”
[29] Este criterio también fue rechazado por la Sala en las sentencias: AP-0339-2012 de fecha diecinueve de mayo de dos mil quince y la AP-0443-2011 de fecha cuatro de febrero de dos mil quince
[30] Vid. folio 117 de la pieza del juzgado de ejecución.