Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AP-121-18 — Registro 17798

Resumen

Inadmisibilidad de recusación en la causa instruida contra ciudadanos, por suponerlos responsables del delito de Asesinato

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, en fecha ocho (8) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), la cual declara sin lugar el recurso planteado, rechazando de plano el incidente de Recusación promovido por las partes constituidas; se aprecia que fundamenta con precisión y congruencia la no subsunción del caso en lo previsto en los artículos 83 del Código Procesal Penal, ni en el artículo 188 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (LOAT), donde se establecen las causales legítimas establecidas en ley adjetiva y orgánica a la recusación de los jueces y magistrados (as); determinando con claridad y apego a ley la no plausibilidad de la recusación planteada en la etapa de debate o juicio oral y público.-CONSIDERANDO (9): Que en congruencia a lo antes expresado, reafirma la Sala de lo Constitucional, que resulta inadmisible sustraer infundadamente a los jueces del conocimiento de los casos que la Ley le atribuye en el ámbito de su competencia; lo cual, además de no encontrarse acorde al principio de legalidad, ocasionaría, sin duda, detrimento a la inamovilidad ad hoc,[1] que es reconocida como atributo y parte constitutiva de la independencia judicial, en tanto derecho de los justiciables y deber de los integrantes de la judicatura, en su más amplio concepto;[2] no resultando exequible constitucionalmente restringirla sobre la base de criterios analógicos, como ha solicitado la fiscalía del Ministerio Público en formalización de su recurso, al aplicar la norma jurídica que regula el régimen contralor de la imparcialidad objetiva y subjetiva.-CONSIDERANDO (10): Que con lo anterior, se pone de manifiesto la reiterada doctrina de la Sala de lo Constitucional, respecto a que cabe tutela efectiva del debido proceso y demás garantías constitucionales integrantes del denominado bloque de constitucionalidad, cuando la jurisdicción ordinaria no realice mención suficiente sobre la razones jurídicas concretas que asisten al caso, desarrollando, con la precisión y claridad necesarias, en qué consiste la motivación y fundamentación jurídica del fallo; lo cual no es señaladamente el caso, pues no se produjo violación real y efectiva a la garantía constitucional del debido proceso legal invocada por el recurrente, el cual tuvo cumplimiento al recurrir el pretensor ante el órgano jurisdiccional competente en apelaciones, quien le dio trámite a su solicitud con las formalidades y derechos exigidos por la legalidad aplicable, sobre bases de razonabilidad y de doble vinculación a la Constitución y a la legalidad ordinaria; por lo cual debe denegarse la presente acción constitucional de amparo, acorde a lo preceptuado en la Ley Sobre Justicia Constitucional"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Treinta de enero del dos mil diecinueve.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SUSSY COELLO GARCIA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, en fecha ocho (8) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), que rechaza de plano la Recusación planteada por el Ministerio Público Abogado Salatiel Ramirez Maradiaga, contra la resolución de fecha cuatro (4) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), dictada por el Tribunal de Sentencia de Gracias Lempira, en la causa instruida contra los señores JOSE EFRAIN TOBAR PAZ y MARTIN HERRERA LARA, por suponerlos responsables del delito de ASESINATO, en perjuicio del señor JOSE ELDER HERNANDEZ PAZ. Afirmando la recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES; 1) Que en fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), el Juzgado de Letras de Gracias, departamento de Lempira, decretó auto de apertura a juicio en contra de los imputados JOSE EFRAIN TOBAR PAZ y MARTIN HERRERA LARA, por suponerlos responsables del delito de ASESINATO, en perjuicio del señor JOSE ELDER HERNANDEZ PAZ. Remitiendo las diligencias al Tribunal de Sentencias de Gracias, Lempira en fecha trece (13) de octubre del año dos mil diecisiete (2017). (Folios 85 al 90 de la pieza del Juzgado).-2) Que en fecha cuatro (4) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), el Tribunal de Sentencias de Gracias, Lempira, RESOLVIO: “El Tribunal en otras Ocasiones similares ha sido recusado por el Ministerio Público, en algunos casos en otros casos el mismo Tribunal se ha excusado también, el tribunal en pleno con sus cuatro jueces tiene un criterio distinto al criterio de la Corte de Apelaciones maneja como órgano superior jerárquico a nosotros, no es nada nuevo para el Tribunal tales planteamientos de hecho los hemos compartido excusándonos y la opinión de la Corte ha sido distinta, sin embargo no quiere decir que la Corte puede cambiar su criterio a demás de eso planteado el incidente el artículo 90 del Código Procesal Penal nos señala que los jueces recusados debemos de apartarnos de la causa y no conocer el juicio mientras las cosas se resuelvan, en ese sentido estamos diciendo que se debe de abstener este Tribunal de seguir conociendo y que la secretaria remita la causa a la Corte de Apelaciones, solo hago referencia a la prueba que ha propuesto la defensa según esta normativa procesal la prueba debe de evacuarse dentro de los tres días siguientes de la Corte de Apelaciones de la excusa si este procede o no, en ese sentido no podemos señalar fecha para esta audiencia por qué no sabemos cuál es el resultado de la Corte que vaya a resolver no sabemos si las partes tienen más incidentes en elementos de prueba que proponer por lo que no se puede declarar precluído el terminó de incidente por lo que lo mantiene abierto para lo que continúe conociendo el Tribunal de la Corte de Apelaciones en su momento designe, el Tribunal se aparta del conocimiento, la secretaria debe de enviar el expediente con el acta, las partes deben de personarse en la Corte con sus medios de prueba, según la resolución de la Corte este Tribunal continuara con el conocimiento de la causa”. (Folio 129 al 131 de la pieza del Juzgado).-3) Que en fecha ocho (8) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, RESUELVE: RECHAZAR DE PLANO LA RECUSACION planteada por el Agente Fiscal del Ministerio Público Abogado Salatiel Ramirez Maradiaga, contra los señores Jueces del Tribunal de Sentencias de Gracias Departamento de Lempira Abogado JOSE ATILIANO VASQUEZ AMADOR, UBALDO TEJADA MARTINEZ y MILTON GEOVANY GARCIA VELASQUEZ, debiendo de conocer del proceso instruido contra JOSE EFRAIN TOBAR PAZ Y MARTIN HERRERA LARA, por el delito de ASESINATO, en perjuicio de JOSE ELDER HERNANDEZ PAZ; 2.- Que se ponga en conocimiento del Recusante y al Tribunal de Sentencias de Lempira mediante certificación de la presente resolución… (Folio 6 al 7 de la Pieza de Corte de Apelaciones).-4) La recurrente Abogada SUSSY COELLO GARCIA, compareció ante este Tribunal, en fecha seis (6) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando la recurrente que la decisión del Ad-quem, de fecha ocho (8) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República. (Folio 1 al 8 de la pieza de amparo).-5) Que en fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil dieciocho (2018), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece.-CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley.-

CONSIDERANDO (3): Que la garantía constitucional de Amparo promovida por la Abogada SUSSY COELLO GARCIA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, se dirige contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, en fecha ocho (8) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), que resuelve un recurso de apelación, rechazando de plano la Recusación promovida por el Agente de la FISCALÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO, Abogado Salatiel Ramirez Maradiaga, contra la resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, en fecha cuatro (4) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); en la causa seguida contra los señores JOSE EFRAIN TOBAR PAZ y MARTIN HERRERA LARA, por imputárseles el delito de ASESINATO en perjuicio del señor JOSE ELDER HERNANDEZ PAZ, proceso en el cual la FISCALÍA ostenta la Acusación Pública; lo cual se fundamentó en el no apego a legalidad del incidente promovido por ésta, pues no se encuentra expresamente recogido en el artículo 83 del Código Procesal Penal, ni en el artículo 188 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (LOAT), como causal legítima de recusación; observando el Tribunal colegiado que son reiteradas las ocasiones en que se ha pronunciado al respecto, señalando la improcedencia de recusaciones sobre conocimiento judicial en la misma etapa del proceso; no obstante lo cual se continúan interponiendo, provocando el retraso de la judicatura en el conocimiento de las causas; lo cual es sancionado por la Ley y la Corte Suprema de Justicia, al tratarse de abstenciones indebidas.

CONSIDERANDO (4): Que la Abogada SUSSY COELLO GARCIA, en su condición preindicada, ha manifestado, en formalización de su acción constitucional, que el derecho al debido proceso previsto en el artículo 90 numeral primero de la Constitución de la República, se ha visto vulnerado por la interpretación restrictiva formulada por parte del Tribunal de Apelación que resolvió sin lugar lo solicitado, rechazando de plano, tal incidente de Recusación. Lo anterior, en virtud haber inobservado de tal manera la Corte de Apelaciones referida el debido proceso, previsto en el preceptiva constitucional con relación al artículo 83.3 del Código Procesal Penal, que regula lo concerniente a las causales de recusación; operando en su lugar una interpretación analógica de lo que previene la norma adjetiva, impidiendo conocer a los señores Jueces del Tribunal de Sentencias de Gracias, Departamento de Lempira; Abogados JOSE ATILIANO VASQUEZ AMADOR, UBALDO TEJADA MARTINEZ y MILTON GEOVANY GARCIA VELASQUEZ, del proceso instruido contra JOSE EFRAIN TOBAR PAZ Y MARTIN HERRERA LARA, por el delito de ASESINATO, en perjuicio de JOSE ELDER HERNANDEZ PAZ.-CONSIDERANDO (5): Que argumenta la amparista en fundamentación de su recurso, que, en vista a haber conocido de los mismos hechos, si bien no en etapas anteriores del proceso, procedía apartar del conocimiento del debate a los jueces de sentencia recusados. Lo anterior en observancia a la garantía de imparcialidad que proclama el artículo 7 del Código de rito y en analogía a lo que previene el artículo 369 del Código Procesal Penal, para el caso cuando se declare con lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma y deba celebrarse nuevamente el juicio desde su inicio, no pudiendo participar en el mismo los jueces que hayan intervenido en la sentencia anulada; precaviendo así la posibilidad de que se forme un prejuicio en el juzgador, producto de su actuación procedimental anterior. Ha aseverado la parte garantista, que tal estándar de derecho guarda correlación con lo ya establecido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) – si bien no cita la jurisprudencia persuasiva o ilustradora del caso - la cual habría sido incisiva en la necesidad de garantizar que el sentenciador carezca de ideas preconcebidas formadas por su intervención en alguna fase anterior al debate, sobre el caso está llamado a enjuiciar. Por ello, solicita de este Alto Tribunal otorgue la garantía interpuesta, en amparo al debido proceso.-CONSIDERANDO (6): Que según lo normativizado en los artículos 303 y 304 de la Constitución de la República, corresponde al Poder Judicial que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, por lo cual corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes al caso concreto, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO (7): Que en tal virtud y como consecuencia del principio de jurisdiccionalidad, así consagrado constitucionalmente, los Juzgados y Tribunales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y fundamentarlas conforme a derecho, lo cual es consecuencia del establecimiento de una judicatura profesional e independiente, acorde a los imperativos constitucionales que fundan el Ordenamiento; particularmente en aras del aseguramiento en el goce de la justicia como finalidad primordial en el Estado de Derecho.-CONSIDERANDO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, en fecha ocho (8) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), la cual declara sin lugar el recurso planteado, rechazando de plano el incidente de Recusación promovido por las partes constituidas; se aprecia que fundamenta con precisión y congruencia la no subsunción del caso en lo previsto en los artículos 83 del Código Procesal Penal, ni en el artículo 188 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (LOAT), donde se establecen las causales legítimas establecidas en ley adjetiva y orgánica a la recusación de los jueces y magistrados (as); determinando con claridad y apego a ley la no plausibilidad de la recusación planteada en la etapa de debate o juicio oral y público.-CONSIDERANDO (9): Que en congruencia a lo antes expresado, reafirma la Sala de lo Constitucional, que resulta inadmisible sustraer infundadamente a los jueces del conocimiento de los casos que la Ley le atribuye en el ámbito de su competencia; lo cual, además de no encontrarse acorde al principio de legalidad, ocasionaría, sin duda, detrimento a la inamovilidad ad hoc,[1] que es reconocida como atributo y parte constitutiva de la independencia judicial, en tanto derecho de los justiciables y deber de los integrantes de la judicatura, en su más amplio concepto;[2] no resultando exequible constitucionalmente restringirla sobre la base de criterios analógicos, como ha solicitado la fiscalía del Ministerio Público en formalización de su recurso, al aplicar la norma jurídica que regula el régimen contralor de la imparcialidad objetiva y subjetiva.-CONSIDERANDO (10): Que con lo anterior, se pone de manifiesto la reiterada doctrina de la Sala de lo Constitucional, respecto a que cabe tutela efectiva del debido proceso y demás garantías constitucionales integrantes del denominado bloque de constitucionalidad, cuando la jurisdicción ordinaria no realice mención suficiente sobre la razones jurídicas concretas que asisten al caso, desarrollando, con la precisión y claridad necesarias, en qué consiste la motivación y fundamentación jurídica del fallo; lo cual no es señaladamente el caso, pues no se produjo violación real y efectiva a la garantía constitucional del debido proceso legal invocada por el recurrente, el cual tuvo cumplimiento al recurrir el pretensor ante el órgano jurisdiccional competente en apelaciones, quien le dio trámite a su solicitud con las formalidades y derechos exigidos por la legalidad aplicable, sobre bases de razonabilidad y de doble vinculación a la Constitución y a la legalidad ordinaria; por lo cual debe denegarse la presente acción constitucional de amparo, acorde a lo preceptuado en la Ley Sobre Justicia Constitucional.-POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD de votos, y haciendo aplicación de los artículos 1, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1, 24 y 25 de la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 Nº 2), 4, 5, 9 Nº 2), 41, 63, 65 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SUSSY COELLO GARCIA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución emitida por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, en fecha ocho (8) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), de la cual se ha hecho el debido mérito; y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintitrés (23) días del mes de abril del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Sentencia de fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecinueve(2019) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0121-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Reconocida en el Estatuto del Juez Iberoamericano, adoptado por la VI CUMBRE IBEROAMERICANA DE PRESIDENTES DE CORTES SUPREMAS Y TRIBUNALES SUPREMOS DE JUSTICIA, celebrada en Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España, los días 23, 24 y 25 de mayo de 2001, el cual establece previsoramente en su artículo 18: “La inamovilidad del juez garantiza también, como principio general y salvo aquellos casos expresamente previstos en la Ley que no podrá ser apartado del conocimiento de los asuntos que le estén encomendados”. (El subrayado no está en el original)

[2] Ver: Fernández Entralgo, Jesús. Manual de Derecho Procesal Penal. Agencia Española de Cooperación Internacional. Ediciones San Miguel, Tegucigalpa, 2006, p. 77, donde define la legitimación judicial como dimanante de la imparcialidad, esto es, de su ajenidad personal y de su ingenuidad funcional respecto al conflicto básico: “… y de su neutralidad o ´distanciamiento´, en términos escénicos, que tanto gustan a Hassemer”.