Sentencia AP-111-19 — Registro 12346
Resumen
Sentencia que declaró no ha lugar acción de amparo a favor de recurrente contra actuaciones del Tribunal de Sentencia que denegó en la audiencia de proposición de medios de prueba una prórroga para presentar medios de prueba en causa donde se le supone responsable de delitos de daños agravados y corte ilegal de productos forestal en perjuicio del medio ambiente del Estado de Honduras; el Tribunal de Alzada concluye que tal denegatoria es en respeto al debido proceso y el imputado en todo momento estuvo representado por profesional del derecho; la resolución impugnada no violenta, no lesiona y no es atentatoria contra la garantía del debido proceso ni contra los demás derechos y garantias constitucionales
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"del estudio de los antecedentes y la sentencia venida en consulta esta Sala aprecia, que el motivo para invocar la justicia constitucional no es conforme a derecho, puesto que a lo largo del proceso se han observado, todas las formalidades, solemnidades y requisitos que exige la ley, ceñidos a ellos el juzgador (es) a conocido del proceso, interviniendo en el momento procesal oportuno, intervención que también abarca a las partes en dicho proceso, todo ello implica que tanto los juzgadores como los representantes de las partes tienen derechos y obligaciones de fiel cumplimiento dentro de éste. En ese orden de ideas, se aprecia que el representante de la Defensa desde que asumió la misma, debía tener conocimiento que previo al juicio oral y público se celebra una audiencia de proposición de medios de prueba, en su caso, debió exigir al anterior defensor la entrega de los mismos o prepararlos él mismo, puesto que resulta en negligencia inexcusable esperar la citación para proponer medios de prueba, para iniciar diligencias de obtención de éstos. Por otra parte, no es de recibo apuntar a la fecha de citación y al feriado de la primera semana del mes de octubre, tiempo que más bien le beneficiaba para prepararse y comparecer a la audiencia de proposición de medios de prueba, asumiendo que prevalece la responsabilidad de representar y defender los derechos de quien le ha confiado un poder de defensa. En consecuencia, esta Sala encuentra que el fallo dictado por el Ad quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. Por todo ello tal como ha fundamentado su fallo el Ad quem, resulta procedente en derecho CONFIRMAR la resolución venida en consulta..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 316 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 26 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de agosto del dos mil diecinueve. VISTO: En Revisión las diligencias que contienen la sentencia emitida por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha seis de diciembre del año dos mil dieciocho, que declaró no ha lugar el Recurso interpuesto por el Abogado FRANCISCO ERNESTO RUIZ NIETO, a favor del señor CARLOS CESAR FERRER BACUZZI, contra actuaciones del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Tela, departamento de Atlántida, con relación a la causa instruida contra el señor CARLOS CESAR FERRER BACUZZI, por suponerlo responsable de los delitos de DAÑOS AGRAVADOS Y CORTE ILEGAL DE PRODUCTOS FORESTAL en perjuicio del MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado lo establecido en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha doce de octubre del año dos mil dieciocho, el Abogado FRANCISCO ERNESTO RUIZ NIETO, compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, interponiendo recurso de amparo a favor del señor CARLOS CESAR FERRER BACUZZI, contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de Tela, departamento de Atlántida, en fecha ocho de octubre del año dos mil dieciocho; manifestando el recurrente que a su representado se le han violentado garantías constitucionales. 2) Que en fecha seis de diciembre del año dos mil dieciocho, luego de seguirse el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, dictó sentencia en la cual: FALLA: PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR la Acción Constitucional de Amparo. SEGUNDO: REMITIR EN CONSULTA OBLIGATORIA. (Folios 34 al 37 de la segunda pieza de antecedentes). 3) Que en fecha cinco de febrero de dos mil diecinueve, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta, los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha seis de diciembre del año dos mil dieciocho, dictada por la CORTE PRIMERADE APELACIONES de la SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, departamento de Atlántida, que Denegó el Recurso de amparo interpuesto por el Abogado FRANCISCO ERNESTO RUIZ NIETO a favor del Señor CARLOS CESAR FERRER BACUZZI, contra la resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA de Tela, Atlántida, en relación a la causa instruida contra el señor CARLOS CESAR FERRER BACUZZI por suponerlo responsable del delito de DAÑOS AGRVADOS Y CORTE ILEGAL DE PRODUCTO FORESTAL, en perjuicio del MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (4): Que el Ad quem, en la resolución venida en consulta, párrafo de los fundamentos de derecho, en su parte conducente expone, que el recurrente considera que se han vulnerado los derechos de defensa, tutela judicial efectiva y debido proceso, por parte del Tribunal de Sentencia de la ciudad de tela, Atlántida, al haberle denegado en la audiencia de proposición de los medios de prueba una prórroga para la presentación de medios de prueba. El Ad quem considera que la resolución impugnada no violenta, no lesiona y no es atentatoria contra la garantía del debido proceso ni contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, pues el imputado CARLOS CESAR FERRER BACUZZI, ha tenido en todo momento derecho a la defensa, derecho de acceder a los órganos jurisdiccionales, formular peticiones y derecho a tener respuesta de la misma dentro del plazo legal y si el tribunal de Sentencia le ha denegado una prórroga para aportar medios de prueba es precisamente en respeto al debido proceso, por cuanto los plazos procesales para ejecutar un acto de parte, debe realizarse dentro de los momentos fijados en la ley y solo podrá suspenderse o prorrogarse un plazo cuando exista una causa de fuerza mayor o caso fortuito, cuestiones que no se dan en el caso de autos, señalando que el hecho de que el recurrente haya asumido recientemente la representación del imputado no entra en las causas de justificación antes indicada, además el acusado con anterioridad a dicha representación estuvo representado en todo momento por otro profesional del derecho que tuvo tiempo suficiente, por todo ello, el Ad quem estima declarar No ha lugar la acción de amparo interpuesta. CONSIDERANDO (5): Que del estudio de los antecedentes y la sentencia venida en consulta esta Sala aprecia, que el motivo para invocar la justicia constitucional no es conforme a derecho, puesto que a lo largo del proceso se han observado, todas las formalidades, solemnidades y requisitos que exige la ley, ceñidos a ellos el juzgador (es) a conocido del proceso, interviniendo en el momento procesal oportuno, intervención que también abarca a las partes en dicho proceso, todo ello implica que tanto los juzgadores como los representantes de las partes tienen derechos y obligaciones de fiel cumplimiento dentro de éste. En ese orden de ideas, se aprecia que el representante de la Defensa desde que asumió la misma, debía tener conocimiento que previo al juicio oral y público se celebra una audiencia de proposición de medios de prueba, en su caso, debió exigir al anterior defensor la entrega de los mismos o prepararlos él mismo, puesto que resulta en negligencia inexcusable esperar la citación para proponer medios de prueba, para iniciar diligencias de obtención de éstos. Por otra parte, no es de recibo apuntar a la fecha de citación y al feriado de la primera semana del mes de octubre, tiempo que más bien le beneficiaba para prepararse y comparecer a la audiencia de proposición de medios de prueba, asumiendo que prevalece la responsabilidad de representar y defender los derechos de quien le ha confiado un poder de defensa. En consecuencia, esta Sala encuentra que el fallo dictado por el Ad quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. Por todo ello tal como ha fundamentado su fallo el Ad quem, resulta procedente en derecho CONFIRMAR la resolución venida en consulta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de jbmlos Artículos: 303, 304 , 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8,10, 41, 46 numeral 4, 48, 68 párrafo 2do.,de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha seis de diciembre del año dos mil dieciocho, por la CORTE DE APELACIONES de la SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, departamento de Atlántida, en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado FRANCISCO ERNESTO RUIZ NIETO, a favor de CARLOS CESAR FERRER BACUZZI. Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. –NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de octubre del año dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha diecinueve de agosto del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta bajo el número SCO-0111-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL