Sentencia AP-1066-15 — Registro 9928
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal y se analizo el voto particular de dos magistrados de la Sala Constitucional en el que han expuesto que al no valorar el papel de la Procuraduría General de la Republica conllevaría a la discriminación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… ´´DECIMO SEGUNDO: Que, en relación a la vulneración del Debido Proceso invocado por el recurrente, este pleno de la Corte Suprema de Justicia encuentra que la decisión del Ad quem es conforme a derecho, observando los requisitos, exigencias y formalidades de la ley. De igual manera se ha analizado el voto particular de dos magistrados de la Sala Constitucional en el que han expuesto que al no valorar el papel de la Procuraduría General de la Republica conllevaría a la discriminación, estableciendo que en Honduras no hay clases privilegiadas; no obstante este pleno ha valorado lo que establece la Constitución de la Republica en el artículo 232 estableciendo que es el Ministerio Publico el organismo profesional, especializado y responsable de la acción penal en perjuicio de los intereses de la sociedad, hecho que se fortaleza aún mas con la aplicación del Código Procesal Penal, normativa que ya establece que los procedimientos especiales solamente el Ministerio Publico corresponde solicitar la figura del procedimiento abreviado (como en el presente caso), una vez que se cumplan los requisitos que el mismo artículo establece; En consecuencia, no se ha violentado el Debido Proceso y demás derechos invocados por el recurrente.´´
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 232 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de mayo del año dos mil diecinueve integrada por los Magistrados Propietarios ROLANDO EDGARDO ARGUETA PEREZ, Magistrado Presidente, REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ, JOSE OLIVIO RODRIGUEZ VASQUEZ, EDGARDO CACERES CASTELLANOS, WILFREDO MENDEZ ROMERO, RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, ALMA CONSUELO GUZMAN GARCIA y Magistrados Integrantes DAYANI IVETTE BOCANEGRA PADILLA, REINA MARIA LOPEZ CRUZ, LISSIEN GICELA CHIUZ LAITANO, CONAN RAFAEL ARGUETA BOURDETT, ROXANA LICETH MORALES TORO, RUBEN RIVERA FLORES y NERY MAURICIO MIRANDA SANABRIA. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado JOSE ALFREDO MOLINA VARELA, a favor DEL ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán que declaro no ha lugar un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional en materia Tributaria, en fecha cuatro de diciembre del año dos mil catorce (2014); en la causa instruida contra GLORIA JANETH GARCIA BANEGAS, por suponerla responsable del delito de DEFRAUDACION FISCAL, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- afirmando el recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64,82,90,321,323, de la Constitución de la República. CONSTITUYE PARTE, COMO RECURRENTE; abogado JOSE ALFREDO MOLINA VARELA, a favor DEL ESTADO DE HONDURAS, interponiendo Acción de Amparo contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento; en la cual, al no haber existido UNANIMIDAD en el presente recurso, se proceda de conformidad a lo que establecen los Artículos 316 de la Constitución de la República y 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. ANTECEDENTES PRIMERO: Que en fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras Con Jurisdicción Nacional en Materia Tributaria, el Abogado DAVID EDGARDO SABILLON, actuando en su condición de Procurador Judicial en representación del Estado de Honduras, presentando requerimiento fiscal, contra la señora GLORIA JANETH GARCIA BANEGAS, en su condición de representante legal de la Empresa Mercantil EL COMPADRE S. de R.L de C.V por suponerla responsable del delito de DEFRAUDACION FISCAL, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- (Folios 1 al 8 de la pieza de los antecedentes). SEGUNDO: Que en fecha cuatro (4) de diciembre del año dos mil catorce, el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional de Delitos Tributarios RESUELVE: 1.- DECRETAR CON LUGAR LA NULIDAD DE MANERA PARCIAL, de acuerdo al artículo 166 numeral 5 del Código Procesal Penal.- Interpuesta por la señora Fiscal del Ministerio Público, Abogada SOCHY FABIOLA PALACIOS MEJIA.- 2.- Que los peticionarios ( El señor Procurador y la Defensa) se avoquen ante la señora Fiscal del Ministerio Público personada en la presente causa, a fin de que la misma obtenga de la respectiva autorización de su superior jerárquico, para no seguir violentando los derechos que le asiste a la imputada conforme a ley .... " . (Folios 259 al 263 de la pieza de los antecedentes). TERCERO: Que en fecha veintidós de junio del año dos mil quince, la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, RESUELVE: 1) "Declarar NO HA LUGAR el recurso interpuesto por el Representante de la Procuraduría General de la República. - 2) CONFIRMAR la resolución apelada ... " (Folios 300 al 303 de la Pieza de Corte de Apelaciones). CUARTO: El recurrente abogado JOSE ALFREDO MOLINA VARELA, en su condición de Procurador Judicial en representación del ESTADO DE HONDURAS, compareció en fecha diez (10) de noviembre del año dos mil quince (2015), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, argumentando que la resolución contra la que se recurre en amparo, es la dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintidós de junio del año dos mil quince, que declara parcialmente SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCIÓN NACIONAL EN MATERIA TRIBUTARIA, en fecha cuatro de diciembre del dos mil catorce y CONFIRMA la resolución apelada, mediante la cual se declaró con lugar el incidente de nulidad de actuaciones presentado por el Ministerio Público, ante la solicitud de la Procuraduría General de la República de aplicar un procedimiento abreviado, en relación a la causa instruida contra la señora GLORIA JANETH GARCIA BANEGAS por suponerla responsable del delito de DEFRAUDACIÓN FISCAL en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. afirmando el recurrente que la decisión del Ad-quem, de fecha veintidós de junio del año dos mil quince, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64,82,90,321,323 de la Constitución de la República, señalando que siendo de su competencia en representación del Estado se presentó requerimiento fiscal contra la señora GLORIA JANETH GARCIA BANEGAS por suponerla responsable del delito de DEFRAUDACIÓN FISCAL en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras y en el ejercicio de la Acción Penal Pública por mandamiento expreso de la ley en aras de la neutralización de los efectos del delito y la restitución de la lesión del bien jurídico tutelado a través de la normativa procesal establecida en el artículo 284 No. 2 literal b), solicitó por escrito al Juez de Letras competente la aplicación del Procedimiento Abreviado ya que se reúnen todos los requisitos establecidos en el artículo 403 y 404 del Código Procesal Penal. Manifiesta que realizada la audiencia de Procedimiento abreviado, el Ministerio Público presentó incidente de nulidad de actuaciones por considerar que la Procuraduría General de la República no tenía facultad para el ejercicio de la acción penal pública ni mucho menos la aplicación de la medida alterna de procedimiento abreviado, siendo declarada con lugar la nulidad de actuaciones. Por todo ello el recurrente considera vulnerados los derechos constitucionales contenidos en la Constitución de la República, en el artículo 90 Principio - derecho del debido Proceso, El Principio de Legalidad contenido en los artículos 64, 321, 323 párrafo primero y artículo 82 del Derecho de Defensa. QUINTO: Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183.2 Constitucional, relacionado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. SEXTO: Que el Ad quem en la resolución recurrida, párrafo de la motivación expone, que la esencia de la apelación se centra en el hecho de que el A quo denegó la aplicación de un Procedimiento Abreviado al representante de la Procuraduría General de la República, (Procedimiento abreviado acordado entre La procuraduría y la acusada). El Juez ordenó que se solicitara nuevamente la aplicación del Procedimiento Abreviado por el Ministerio Público, argumentado el apelante en su momento que la Procuraduría General de la República tiene la misma calidad y atribuciones que tiene el Ministerio Público. Señala que el desacuerdo por parte del recurrente viene porque considera que la Procuraduría General de la República en los asuntos de su competencia ostenta la misma calidad y atribuciones que el Ministerio Público con la diferencia de que la primera representa al Estado y la segunda los intereses de la sociedad en general. Que al ostentar la misma calidad que el Ministerio Público la Procuraduría está legitimada para el ejercicio de la acción penal pública y decidir por cualquier otro medio de simplificación procesal como en este caso el Procedimiento Abreviado. SEPTIMO: Expone el Ad quem que no es discutible en el presente asunto en primer término el ejercicio de la acción penal pública en asuntos de su competencia por parte de la Procuraduría General de la República; puesto que claramente el artículo 92 del Código Procesal Penal faculta para ello, es decir que ha de participar en el ejercicio de la acción penal pública como representante del Estado, señalando que el contenido de este artículo se refiere a la función del Ministerio Público, quien tiene la obligación ineludible de investigar los delitos y promover la acción penal pública; señalando que esta obligación del Ministerio Público debe ejercitar sin perjuicio de la legitimación de la Procuraduría General de la República en materia de su propia competencia, en consonancia con lo establecido en el artículo 232 párrafo final de la Constitución de la República que establece "Corresponde al Ministerio Público el ejercicio oficiosos de la acción penal pública, en los asuntos de su competencia será ejercitada por la Procuraduría General de la República y a las acciones que corresponda en su caso a los particulares".... El Ad quem advierte que la ley no veda la participación en los procesos penales, al representante del Estado, pero ello no implica que dentro del proceso penal toma el papel o la responsabilidad que le compete al Ministerio Público como organismo especializado responsable de la representación, defensa y protección de los intereses de la sociedad .... Además, señala que la legitimación de la Procuraduría General de la República no deslegitima o excluye al Ministerio Público ya que no es ese el espíritu de la ley. Finalmente hace referencia al artículo 403 y 404 del código Procesal Penal que contiene el Procedimiento abreviado como modalidad especial de juicios dispuesto para la investigación y sanción de toda clase de delitos de acción pública y se inicia a solicitud conjunta del Ministerio Público y del imputado (a). Concluyendo que en el presente caso al no seguirse el procedimiento conforme a la normativa aludida resulta la nulidad del acto procedimental, tal como lo estimó el A quo y en consecuencia confirmó la resolución apelada. OCTAVO: Que la Procuraduría General de la República es la Institución que, representa legalmente al Estado de Honduras, según lo enmarcado en el artículo 228 de la Constitución de la República; por virtud de tal disposición, tiene a su cargo la Representación Legal del Estado y la defensa de sus intereses. En el marco de sus atribuciones Constitucionales y legales, la Procuraduría General constituye en primer término, un Órgano de Ejecución al cual corresponde ejercer la acción penal pública en contra de quienes cometen delitos Tributarios o delitos contra la propiedad estatal, la Administración Pública, la Seguridad Interior del Estado; Así como, los que atentan contra el patrimonio cultural de la nación; además, le corresponde ejercer la acción civil cuando se trate de hechos punible s que hayan dañado al Estado.- Asimismo, contestar y oponerse a todo tipo de demandas o acciones, que los particulares promuevan en contra del Estado de Honduras. NOVENO: Que el artículo 232 de nuestra Carta Magna nos establece que el Ministerio Publico es el organismo profesional especializado, responsable de la representación, defensa y protección de los intereses de la sociedad, independiente funcional mente de los poderes del Estado y libre de toda injerencia político sectario. El Ministerio Publico goza de autonomía administrativa, técnica, financiera y presupuestaria ... ; Corresponde al Ministerio Publico el ejercicio oficioso de la acción penal pública. En los asuntos de su competencia será ejercitada por la Procuraduría General y a las acciones que correspondan en su caso a los particulares. Así mismo tiene el Ministerio Publico la coordinación, dirección técnica y jurídica de la investigación criminal y forense. DECIMO: Siempre y en relación al numeral anterior el Artículo 92 del Código Procesal Penal estipula lo siguiente: "Corresponde al Ministerio Público, por medio de sus funcionarios y órganos auxiliares, investigar los hechos punible s y promover la acción penal pública en representación de la sociedad, sin perjuicio de la legitimación de la Procuraduría General de la República, para ejercitar la acción penal en materia propia de su competencia. Con tal propósito realizará todos los actos que sean necesarios para preparar la acusación y participar en el proceso, de conformidad con las disposiciones de su respectiva ley y del presente código. DECIMO PRIMERO : Que el Código Procesal Penal en el Libro Quinto, Titulo Único, Capítulo 1, nos habla de los PROCEDIMIENTOS ESPECIALES, y el Legislador es claro en el artículo 403 al establecer que solamente al Ministerio Público corresponde solicitar la figura del Procedimiento Abreviado, así como los requisitos que deben concurrir siendo estos los siguientes: " 1) Que la solicitud se funde en la audiencia inicial o en cualquier otro Momento, antes de que se emita el auto de apertura a juicio; 2) Que el imputado, en la correspondiente solicitud, admita incondicionalmente su participación en el hecho que se le atribuye y manifieste su acuerdo con la aplicación del mencionado procedimiento; 3) Que el fiscal que participa en la solicitud, haya obtenido la autorización de su superior jerárquico, la que solamente procederá cuando no existan dudas, según las investigaciones practicadas por el Ministerio Publico, sobre: a) la veracidad de la confesión hecha por el imputado; b) Que el imputado no trata de desfigurara los hechos o de trasformar el delito en uno menos grave; y e) Que el imputado no trate de sustituir al verdadero culpable 4) Que el defensor dé fe que el imputado ha sido debidamente instruido sobre el sentido y alcances del procedimiento abreviado. El respectivo escrito tendrá el carácter de documento público .... El Artículo 404 nos habla del Trámite de la Solicitud de Procedimiento Abreviado. Admitida la solicitud del procedimiento abreviado, el respectivo Juez convocará a las partes a una audiencia que se celebrará en un plazo no menor de veinte (20) días ni mayor de treinta (30) días, contados a partir de la fecha del auto de admisión, en la cual oirá al imputado, a la víctima y al Ministerio Publico, y recibirá la prueba relativa a las circunstancias previstas en el Código Penal, para la determinación de la pena concreta .... " Que si bien es cierto la Procuraduría General de la República es la Representante Legal del Estado y la defensora de sus intereses, y está legitimada para presentar Acusación Penal en los Tribunales del país en la esfera de sus atribuciones, no es menos cierto que el Congresista estipula en nuestra norma Adjetiva que solamente el Ministerio Público y con la venia de la persona que está siendo acusada puede solicitar ante el juez esta figura simplificadora como es el Procedimiento Abreviado; no aparece en dicho ordenamiento jurídico que tal petición puede ser también formulada por el representante legal del Estado. En ese orden de ideas pretender que la Procuraduría General de la República puede solicitar la aplicación por analogía esta figura procesal y de esta manera delimitar o excluir al ente acusador es contrario al espíritu de la ley en sus artículos 403 y 404 del Código Procesal Penal. DECIMO SEGUNDO: Que en relación a la vulneración del Debido Proceso invocado por el recurrente, este pleno de la Corte Suprema de Justicia encuentra que la decisión del Ad quem es conforme a derecho, observando los requisitos, exigencias y formalidades de la ley. De igual manera se ha analizado el voto particular de dos magistrados de ka Sala Constitucional en el que han expuesto que al no valorar el papel de la Procuraduría General de la Republica conllevaría a la discriminación, estableciendo que en Honduras no hay clases privilegiadas; no obstante este pleno ha valorado lo que establece la Constitución de la Republica en el artículo 232 estableciendo que es el Ministerio Publico el organismo profesional, especializado y responsable de la acción penal en perjuicio de los intereses de la sociedad, hecho que se fortaleza aún mas con la aplicación del Código Procesal Penal, normativa que ya establece que los procedimientos especiales solamente el Ministerio Publico corresponde solicitar la figura del procedimiento abreviado (como en el presente caso), una vez que se cumplan los requisitos que el mismo artículo establece; En consecuencia, no se ha violentado el Debido Proceso y demás derechos invocados por el recurrente. DECIMO TERCERO: Que este pleno de magistrados deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico por todo lo antes expuesto decide DENEGAR el Recurso amparo interpuesto. POR TANTO: El pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, en aplicación de los artículos 15,59,62,90, 183,303,313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 Y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 25, 92 del Código Procesal Penal; Artículo 7 inciso 2, 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8 y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 9, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. FALLA: DENEGAR el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE ALFREDO MOLINA VARELA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha veintidós (22) de junio del año dos mil quince (2015), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán: Y MANDA: Se devuelvan las diligencias a su lugar de procedencia. NOTIFIQUESE. FIRMAS y SELLO: ROLANDO EDGARDO ARGUETA PEREZ, MAGISTRADO PRESIDENTE; REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ, MAGISTRADO; JOSE OLIVIO RODRIGUEZ VASQUEZ, MAGISTRADO; EDGARDO CACERES CASTELLANOS, MAGISTRADO; WILFREDO MENDEZ ROMERO, MAGISTRADO; RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, MAGISTRADA; MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, MAGISTRADO; ALMA CONSUELO GUZMAN GARCIA, MAGISTRADA; DAYANI IVETTE BOCANEGRA PADILLA , MAGISTRADA INTEGRANTE; REINA MARIA LOPEZ CRUZ, MAGISTRADA INTEGRANTE; LISSIEN GICELA CHIUZ LAITANO, MAGISTRADA INTEGRANTE; CONAN RAFAEL ARGUETA BOURDETT, MAGISTRADO INTEGRANTE; ROXANA LICETH MORALES TORO, MAGISTRADA INTEGRANTE; RUBEN RIVERA FLORES, MAGISTRADO INTEGRANTE; NERY MAURICIO MIRANDA SANABRIA, MAGISTRADO INTEGRANTE; FIRMA Y SELLO: LUCILA CRUZ MENENDEZ, SECRETARIA GENERAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de diciembre de dos mil diecinueve, Certificación de la sentencia de fecha veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Penal que se registrada en este Tribunal bajo el número SCO-1066-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL.