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Sentencia AP-093-17 — Registro 8991

Resumen

Sentencia declaró parcialmente recurso de apelación contra resolución dictada por juzgado de primera instancia que dictó sobreseimiento definitivo a favor de recurrentes por delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios y fraude en perjuicio de la administración pública; en apelación se revocó sobreseimiento definitivo por delito de abuso de autoridad de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública e Instituto Nacional de Previsión Magisterial (IMPREMA) y se ordenó dictar auto de formal procesamiento, también se confirmó sobreseimiento definitivo por delito de fraude en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."la resolución del Ad quem es totalmente errada, olvidándose de su función correctora de acuerdo a su jerarquía y la finalidad del recurso de apelación, al no realizar un análisis exhaustivo de los hechos, medios de prueba y demás circunstancias suscitadas durante la audiencia en relación al ilícito penal de Fraude. Por todo ello deben mantenerse el Auto de Formal Procesamiento por los delitos que el ente acusador ha presentado el requerimiento fiscal, y será el Tribunal de Sentencia quien dictará lo que en derecho corresponda..."..."de acuerdo al estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida, esta Sala aprecia que el Ministerio Público aportó los requisitos esenciales exigidos por el artículo 92 constitucional, en consecuencia, la apreciación jurídica del A quo es errada al no observar las exigencias, reglas y requisitos de la ley, de igual manera el Ad quem ha inobservado las exigencias del debido proceso..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de mayo de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en los Recursos de Amparo interpuestos por: 1) La abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, (No. SCO–0093–2017); 2) El abogado NICOLAS GARCIA ZORTO, a favor del señor OSCAR NAHUN RUBI FLORES, (No. SCO–0145–2017), y; 3) El abogado MARCO TULIO CASTRO CANALES, a favor del señor PEDRO ARNALDO PINTO, (No. SCO–0168–2017); todos contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil dieciséis (2016), que declaró PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de apelación interpuestos contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco (5) de junio del año dos mil quince (2015); en la causa instruida contra los señores PEDRO ARNALDO PINTO y OSCAR NAHUN RUBI, por suponerlos responsables de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS y FRAUDE, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estimando los recurrentes que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 92 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha trece (13) de marzo del año dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la abogada KARLA MARIA MARTINEZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra los señores PEDRO ARNALDO PINTO y OSCAR NAHUN RUBI FLORES, por los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, DELITOS FINANCIEROS y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 1–181 del Tomo I de la pieza principal de antecedentes).- 2) Que en fecha cinco (5) de junio del año dos mil quince (2015), en la celebración de la Audiencia Inicial, el citado Juzgado Resolvió: (SIC) “Primero: Acceder a por la defensa privada de los encausados.- Segundo: Se le dicta el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a los señores PEDRO ARNALDO PINTO por suponerlo responsable del delito de FRAUDE Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA.-Tercero: Se le dicta el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO al señor OSCAR NAHUN RUBI FLORES por suponerlo responsable del delito de COMPLICE DE FRAUDE Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA.- Cuarto: Se le suspenden las Medidas Dictadas a los ahora imputados y que la secretaria del despacho proceda a extenderle sus cartas de libertad definitiva una vez firme la presente resolución.- Quinto: …”. (Folios 758–776 del Tomo II de la pieza principal de antecedentes).- 3) Que conociendo de los recursos de apelación interpuestos por: A) La abogada CARLA PATRICIA INTERIANO SABILLON, en su condición de Fiscal del Ministerio Público (MP); y, B) El abogado JOSE FRANCISCO PEREZ BURGOS, en su condición de Procurador Judicial de la Procuraduría General de la República (PGR); en fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil dieciséis (2016), la Corte de Apelaciones de lo Penal de departamento de Francisco Morazán, Resolvió: (SIC) “1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República; 2) REVOCA el sobreseimiento definitivo de las diligencias, de fecha cinco de junio de dos mil quince dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, en la causa instruida contra los señores PEDRO ARNALDO PINTO como autor de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA y el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA) y contra OSCAR NAHUN RUBI FLORES, como cómplice de esos mismos delitos; en consecuencia ordena al A quo que profiera en contra las nominadas personas el correspondiente auto de formal procesamiento por esos dos delitos y con el grado de participación indicado respecto de cada una; 3) Confirma el sobreseimiento definitivo respecto del delito de FRAUDE; …”. (Folios 1257–1261 del Tomo III de la pieza principal de antecedentes).- 4) Que comparecieron ante la Secretaria de la Sala Constitucional: A) La abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, interponiendo Recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, en fecha dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017), quedando registrado en la Sala bajo el número de expediente SCO–0093–2018; B) El abogado NICOLAS GARCIA ZORTO, interponiendo Recurso de Amparo a favor del señor OSCAR NAHUN RUBI FLORES, en fecha catorce (14) de febrero de dos mil diecisiete (2017), quedando registrado en la Sala bajo el número de expediente SCO–0145–2017; y, C) El abogado MARCO TULIO CASTRO CANALES, interponiendo Recurso de Amparo a favor del señor PEDRO ARNALDO PINTO, en fecha veintisiete (27) de febrero de dos mil diecisiete (2017), quedando registrado en la Sala bajo el número de expediente SCO–0168–2017; todos contra la Resolución de fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil dieciséis (2016), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 92 de la Constitución de la República. (Folios del 1–7, 31–37 y 92–97 del presente Recurso).- 5) Que en fechas: A) Veintidós (22) de enero del año dos mil dieciocho (2018), en el expediente SCO–0168–2017; B) Dieciséis (16) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), en el expediente SCO–0093–2017; C) Trece (13) de abril del año dos mil dieciocho (2018), en el expediente SCO–0145–2017; este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma los recursos de Amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 90, 91 y 143 del presente Recurso).- 6) Que en fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), este alto Tribunal dispuso: (SIC) “1º… 2º… 3º Al apreciarse de los autos, que la acción constitucional de amparo con registro No. SCO–0145–2017, intentada por el Abogado NICOLAS GARCIA ZORTO a favor del señor OSCAR NAHUN RUBI FLORES se dirigen contra el mismo acto, que las acciones de amparo interpuestos: 1) Por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA a favor del ESTADO DE HONDURAS y 2) por el Abogado MARCO TULIO CASTRO CANALES a favor del señor PEDRO ARNALDO PINTO y que se registran bajo el No. SCO–093 y 168–2017, los cuales, ya fueron acumulados oportunamente, por lo cual, es procedente para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa, que las acciones de amparo de mérito produzcan una sola sentencia, por lo que se resuelve acumular la acción de amparo con registro No. SCO–0145–2017, a los amparos antes relacionados y dictar la sentencia pertinente en su oportunidad.-” (Folio 158 del presente Recurso).- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (3): Que se conocen las acciones de amparo acumuladas interpuestas por los Abogados: SUSSY G. COELLO GARCIA, A FAVOR DEL ESTADO DE HONDURAS, MARCO TULIO CASTRO CANALES, a favor de PEDRO ARNALDO PINTO Y NICOLAS GARCIA ZORTO, a favor de OSCAR NAHUN RUBI FLORES, los tres, contra la resolución de fecha veintiocho de junio del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual DECLARA CON LUGAR PARCIALMENTE, el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, pero CONFIRMA EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, respecto al delito de Fraude imputado contra los encausados, con relación al proceso instruido contra el señor PEDRO ARNALDO PINTO, por suponerlo responsable de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS Y FRAUDE, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- CONSIDERANDO (4): Que la recurrente, Abogada SUSSY COELLO GARCIA, al formalizar la acción de amparo, expone que los señores PEDRO ARNALDO PINTO Y OSCAR NAHUN RUBÍ FLORES en su condición de Secretario Ejecutivo y Jefe de Ingeniería del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, respectivamente, se les presentó Requerimiento fiscal por suponerlos responsables de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS Y DELITO FINANCIERO, en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras. Durante la audiencia inicial el Ministerio Público recalificó uno de los tipos penales imputados, del delito Financiero al Delito de Fraude, al final de la audiencia el A quo dictó un Sobreseimiento Definitivo a favor del señor PEDRO ARNALDO PINTO, por los delitos de Abuso de Autoridad, Violación de los Deberes de los Funcionarios y Fraude y Sobreseimiento Definitivo a favor del señor OSCAR NAHUN RUBI FLORES por suponerlo responsable de los delitos de Cómplice de Abuso de Autoridad, Violación de los Deberes de los Funcionarios y Fraude. Dice la impetrante que apelada que fue dicha resolución el Ad quem, declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación en consecuencia Revoca el sobreseimiento definitivo dictado a favor de los encausados y ordena al a quo que profiera el correspondiente Auto de Formal Procesamiento por los delitos de: Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios con el grado de participación indicado respecto de cada uno, por otra parte confirmó el sobreseimiento definitivo respecto del delito de Fraude; siendo este último aspecto lo que motiva la acción de amparo.- CONSIDERANDO: (5) Que la recurrente considera que se han vulnerado los derechos constitucionales siguientes: Debido Proceso contenido en el artículo 90 Constitucional, señalando que la Corte de Apelaciones impugnada incurre en una motivación jurídica insuficiente en la que no se explican lo suficiente las circunstancias tomadas en consideración para determinada decisión, señala que no es posible colegir el proceso racional que llevó al tribunal de alzada a resolver el recurso planteado. Expone que el Tribunal de alzada obvió aspectos como la motivación que permite asegurar la eficacia y seguridad jurídica a través de la labor jurisdiccional que realiza el juez. Manifestando que no es suficiente con que el Tribunal de alzada en el caso de autos diga que “no concurren los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de fraude”, sino que ya la norma procesal dispone en su artículo 141 que la motivación expresará los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso las pruebas tenidas en cuenta y el valor probatorio que se les haya atribuido, lo cual fue inobservado por el Ad quem.- CONSIDERANDO: (6) Que la recurrente expone que es menester resaltar que para determinar la inexistencia de un delito, es preciso aparejar la conducta descriptiva del tipo penal con el material probatorio allegado al proceso, algo que en el fallo cuestionado no se cumple, ya que el Tribunal de Alzada no expresó que pruebas fueron tenidas en cuenta para desvirtuar el quantum probatorio aportado por el ente acusador, o bien que circunstancias fueron tomadas en cuenta para restarle valor probatorio a las pruebas practicadas en el proceso, de ahí que se considere que la pobre motivación del Ad quem se desconozca el razonamiento utilizado para concluir en la concurrencia de los elementos objetivos ni subjetivos del tipo penal de Fraude, aún y cuando la tesis acusatoria del Ministerio Público radica en que las consecuencias del abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios, que se apreció el Tribunal de alzada en su fallo, fue favorecer a CONPLAM, S.A., con la adjudicación de los contratos para el Diseño y Rediseño del edificio principal del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, en perjuicio del propio IMPREMA.- CONSIDERANDO: (7) Que la recurrente analiza el artículo 376 del Código Penal, entendiendo que esta figura penal castiga al funcionario que en las operaciones en que interviene por razón de su cargo, defraudare o consintiere que se defraude al Estado, sea originándole una pérdida o privándole de un lucro legítimo, a través de una conducta dolosa de cooperación con el ánimo de Defraudar al erario público, exigencias que fueron debidamente acreditadas en el caso sub-judice, pues resulta innegable que en los actos jurídicos que participaron los encausados para la contratación de la Empresa CONPLAN, S.A., así como el memorando No. ING/289-2013 suscrito por el señor Oscar Nahún Rubí flores, mediante el cual se indicó que las únicas ofertas existentes fueron las inicialmente presentadas en el proceso No. 34/2006, correspondientes al primer contrato de Diseño fallido. Por otra parte las acciones realizadas por ambos funcionarios contribuyeron aumentar los costos de la obra, causando grave perjuicio al patrimonio del IMPREMA, en virtud de haberse acreditado que el señor Pinto debió haber ejecutado la garantía de cumplimiento de la primera consultoría, consecuencia del deficiente producto elaborado por CONPLAN, S.A., pero en lugar de ello vuelve a contratarles para la elaboración del rediseño del mismo proyecto, generando así un beneficio para el contratista, porque recibió doble pago por el mismo diseño, en detrimento de una institución previsora del Estado, señala además que la contratación debió realizarse mediante concurso público, sin embargo a fin de evadir dicho requisito fraccionaron los contratos, aun cuando la ley de contratación del Estado lo prohíbe expresamente. En conclusión la recurrente estima que la conducta de los imputados se subsume en el delito de Fraude, respecto del señor Pedro Arnaldo Pinto como autor, al haber tomado decisiones producto de su cargo de directivo del IMPREMA para favorecer a la empresa CONPLAN, S.A.; mientras que el señor Nahún Rubí Flores, como cómplice al omitir los procedimientos legales de precalificación que le correspondía observar como Jefe de Ingeniería, cooperando para que se favorezca a la compañía antes citada, al no supervisar que las actas de recepción fueran congruentes con el trabajo realizado.- CONSIDRANDO: (8) Que el impetrante Abogado MARCO TULIO CASTRO CANALES en representación del señor PEDRO ARNALDO PINTO de igual manera impugna la resolución de fecha veintiocho de junio del año 2016, (la que ya ha sido descrita en los considerandos que anteceden), en ese orden de ideas el recurrente considera que se han quebrantado los derechos constitucionales de su representado contenidos en la Constitución de la República en el artículo 92 en relación a los requisitos constitucionales que sustentan el auto de formal procesamiento y que el impetrante considera que las acciones que se imputan a su representado no tienen ninguna subsunción en los tipos penales acusados, dado que la prueba de cargo aportada por la Fiscalía no demuestra probados los elementos objetivos del delito imputado de ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS y por el contrario demuestra la inexistencia de dicho delito, habida cuenta que por un lado los referidos contratos son de consultoría programados y diseñados por etapas, señalando que el señor Pinto suscribió los contratos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 63 No. 7 de la Ley de Contratación del Estado vigente en la fecha de contratación, que permiten poder contratar los estudios y diseños que faltaren con el mismo consultor que hubiese realizado los anteriores en forma satisfactoria, señalando que se ponderó la satisfacción con la realización de los primeros contratos, para suscribir los siguientes contratos, por lo que dichos contratos fueron suscritos en base a la ley y dentro de los limites de la competencia del imputado. También considera que se ha vulnerado el artículo 90 constitucional porque su representado no esta siendo juzgado con las debidas garantías establecidas en la ley en, vista que la decisión del Ad quem se sustenta en una prueba no admitida por el juez A quo.- CONSIDERANDO: (9) Que el recurrente Abogado NICOLAS GARCIA ZORTO impugna la misma resolución a la que se hace referencia en los acápites que anteceden, señalando que la motivación del auto emitido por la Corte de apelaciones ahora impugnada presenta vicios de valoración arbitraria, por cuanto sin ninguna sustentación probatoria se le atribuye al señor RUBI FLORES la comisión de los Delitos de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios en su grado de complicidad en perjuicio de la Administración Pública y el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (IMPREMA), además señala la arbitrariedad en la valoración de la prueba por darle un sentido distinto a cada medio de prueba del que realmente tiene, señala además que los elementos objetivos y subjetivos que requieren los tipos penales por los que se acusa a su representado, por lo que la resolución impugnada es arbitraria por no ser razonada adecuadamente la conducta del imputado según los hechos y las pruebas aportadas. Para el recurrente la resolución conocida mediante esta acción de amparo ha quebrantado el derecho al Debido Proceso contenido en el artículo 90 Constitucional.- CONSIDERANDO: (10) Que el Ad quem en la resolución impugnada párrafo de la Motivación en la parte conducente del numeral ocho (8) de su resolución dice literalmente: “Un análisis objetivo y en conjunto de las pruebas de cargo, permite arribar a la conclusión y sostener, que en el caso particular se aprecia inequívocamente la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos de los tipos penales de ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, por cuya comisión se instauraron las presentes diligencias, así como el grado de participación que en la categoría de autor corresponde atribuir al nominado imputado PEDRO ARNALDO PINTO, por haber tomado participación directa en la ejecución de los hechos que motivaron el presente enjuiciamiento, así, en el primero de tales injustos penales al haber hecho caso omiso y por ende negarse en tanto Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) a dar el debido cumplimiento a la Resolución 3583-1357-2006 de su autoridad superior el Directorio, por la que aprobó la propuesta de ampliación y mejoramiento de las instalaciones del edificio principal de INPREMA y del Anexo, autoridad administrativa que dentro de los límites de su respectiva competencia le instruyo u ordenó para que junto con la oficina de ingeniería continuase con las obras de ampliación y mejoramiento siguiendo los procedimientos legales, estos que no son otros, sino los establecidos en la ley de Contratación del Estado, que lo obligaban a seguir la modalidad de Licitación Pública por la cuantía de las obras. En el segundo de los referidos ilícitos penales (VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS), por haber con aquel abuso de autoridad, rehusando a realizar el acto que debía ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo, en el sentido de seguir el procedimiento de la Ley de Contratación del Estado, tanto para la contratación del Ejecutor de las obras como para cualquier modificación que ulteriormente debiere efectuarse”. En el numeral diez (10) señala como “conclusiones que el señor Pinto suscribió inicialmente un contrato de prestación de servicios con la sociedad Consultores y Planificadores, S.A., y después que el INPREMA decidió rediseñar el proyecto y modificar los contratos de construcción y supervisión, se firmaron nuevos contratos con la misma entidad. b) El importe o cuantía de las obras contratadas excede del valor de Un Millón de Lempiras (1,000.000.00) para el año 2006 y Un Millón setecientos Mil Lempiras (1,700.000.00) para el año 2007, establecidas en las disposiciones generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República. c) Que el subexamine resalta la figura de la fragmentación del objeto de la contratación y la ejecución del proyecto, proscrita por el artículo 25 de la Ley de Contratación del Estado”. En cuanto al delito de Fraude en el numeral once (11) señala: “en el caso particular no concurren los elementos objetivos ni subjetivos del tipo, por lo que el sobreseimiento definitivo con respecto a este delito esta apegado a derecho. Por todo ello declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, Revoca el Sobreseimiento definitivo de las diligencias de fecha cinco de junio del dos mil quince, dictados por el Juzgado de Letras Penal de la Sección judicial de Tegucigalpa…, 3) Confirma el Sobreseimiento Definitivo respecto el delito de Fraude.- CONSIDERANDO: (11) Que la investigación que el ente Acusador o el acusador privado (a) debe realizar para acreditar sus pretensiones en juicio, obviamente no termina cuando presenta Requerimiento Fiscal (Acusación Privada) y evacua prueba en la audiencia Inicial, la investigación debe continuar su cause hasta llegar a la audiencia de Juicio Oral y Público donde ambas partes gozaran de las mismas oportunidades e instrumentos procesales para hacer valer sus hipótesis en juicio, a través de los medios de prueba que se evacuaran en esa audiencia de juicio, valoradas de acuerdo a la sana crítica; Pues es un Tribunal de Sentencia el competente para dictar sentencia ya sea absolutoria o condenatoria. En consecuencia, debe seguirse el debido proceso, y dictar lo que en derecho corresponde; observando que la resolución del Ad quem es totalmente errada, olvidándose de su función correctora de acuerdo a su jerarquía y la finalidad del recurso de apelación, al no realizar un análisis exhaustivo de los hechos, medios de prueba y demás circunstancias suscitadas durante la audiencia en relación al ilícito penal de Fraude. Por todo ello deben mantenerse el Auto de Formal Procesamiento por los delitos que el ente acusador ha presentado el requerimiento fiscal, y será el Tribunal de Sentencia quien dictará lo que en derecho corresponda.- CONSIDERANDO: (12) Que la Sala de lo Constitucional tiene como quehacer fundamental velar por que se mantenga el orden constitucional, por el respeto, la garantía del ejercicio de los derechos fundamentales, reconocidos en la Constitucional de la República y en los Tratados internaciones suscritos por Honduras, en ese orden de ideas el Juez Constitucional solo se ha de pronunciar sobre la vulneración de tales derechos, no conocerá el fondo del asunto y por ende no se pronunciará sobre la valoración de medios de prueba, solamente lo hará en cuanto a si se han seguido los requisitos, formalidades y exigencias impuestas por la ley para que los acusados obtengan un debido proceso, que les garantice una tutela judicial efectiva. El Proceso Penal Hondureño ha sido diseñado por el legislador en diferentes etapas, siendo la etapa de juicio oral y público donde las partes han de someter al contradictorio el acervo probatorio a fin de lograr la certeza en el órgano jurisdiccional competente que ha de dictar sentencia, de acuerdo a los antecedentes el caso sub judice debe ser dilucidado por el órgano jurisdiccional competente quien conocerá del proceso, las diligencias y diferentes momentos procesales, evacuación de medios de prueba, valoración de medios de prueba y sentencia.- CONSIDERANDO: (13) Que de acuerdo al estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida, esta Sala aprecia que el Ministerio Público aportó los requisitos esenciales exigidos por el artículo 92 constitucional, en consecuencia, la apreciación jurídica del A quo es errada al no observar las exigencias, reglas y requisitos de la ley, de igual manera el Ad quem ha inobservado las exigencias del debido proceso.- CONSIDERANDO: (14) Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[1]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[2]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado, para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas.- CONSIDERANDO: (15) como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 15, 59, 62, 82, 89 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 1, 8, 24, de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: PRIMERO: OTORGA EL AMPARO interpuesto La abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, a favor del ESTADO DE HONDURAS. SEGUNDO: DENIEGA EL AMPARO interpuesto por el abogado MARCO TULIO CASTRO CANALES a favor del señor PEDRO ARNALDO PINTO. TERCERO: DENIEGA EL AMPARO interpuesto por el Abogado NICOLAS GARCIA ZORTO a favor del señor OSCAR NAHUN RUBI FLORES, contra la resolución de fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil dieciséis (2016), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán antes señalada. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.-NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada, REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún (21) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), recaída en los Recursos de Amparo Penal acumulados, registrados en este Tribunal bajo el número 0093, 0145 y 0168-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de mayo de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en los Recursos de Amparo interpuestos por: 1) La abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, (No. SCO–0093–2017); 2) El abogado NICOLAS GARCIA ZORTO, a favor del señor OSCAR NAHUN RUBI FLORES, (No. SCO–0145–2017), y; 3) El abogado MARCO TULIO CASTRO CANALES, a favor del señor PEDRO ARNALDO PINTO, (No. SCO–0168–2017); todos contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil dieciséis (2016), que declaró PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de apelación interpuestos contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco (5) de junio del año dos mil quince (2015); en la causa instruida contra los señores PEDRO ARNALDO PINTO y OSCAR NAHUN RUBI, por suponerlos responsables de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS y FRAUDE, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estimando los recurrentes que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 92 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha trece (13) de marzo del año dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la abogada KARLA MARIA MARTINEZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra los señores PEDRO ARNALDO PINTO y OSCAR NAHUN RUBI FLORES, por los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, DELITOS FINANCIEROS y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 1–181 del Tomo I de la pieza principal de antecedentes).- 2) Que en fecha cinco (5) de junio del año dos mil quince (2015), en la celebración de la Audiencia Inicial, el citado Juzgado Resolvió: (SIC) “Primero: Acceder a por la defensa privada de los encausados.- Segundo: Se le dicta el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a los señores PEDRO ARNALDO PINTO por suponerlo responsable del delito de FRAUDE Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA.-Tercero: Se le dicta el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO al señor OSCAR NAHUN RUBI FLORES por suponerlo responsable del delito de COMPLICE DE FRAUDE Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA.- Cuarto: Se le suspenden las Medidas Dictadas a los ahora imputados y que la secretaria del despacho proceda a extenderle sus cartas de libertad definitiva una vez firme la presente resolución.- Quinto: …”. (Folios 758–776 del Tomo II de la pieza principal de antecedentes).- 3) Que conociendo de los recursos de apelación interpuestos por: A) La abogada CARLA PATRICIA INTERIANO SABILLON, en su condición de Fiscal del Ministerio Público (MP); y, B) El abogado JOSE FRANCISCO PEREZ BURGOS, en su condición de Procurador Judicial de la Procuraduría General de la República (PGR); en fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil dieciséis (2016), la Corte de Apelaciones de lo Penal de departamento de Francisco Morazán, Resolvió: (SIC) “1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República; 2) REVOCA el sobreseimiento definitivo de las diligencias, de fecha cinco de junio de dos mil quince dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, en la causa instruida contra los señores PEDRO ARNALDO PINTO como autor de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA y el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA) y contra OSCAR NAHUN RUBI FLORES, como cómplice de esos mismos delitos; en consecuencia ordena al A quo que profiera en contra las nominadas personas el correspondiente auto de formal procesamiento por esos dos delitos y con el grado de participación indicado respecto de cada una; 3) Confirma el sobreseimiento definitivo respecto del delito de FRAUDE; …”. (Folios 1257–1261 del Tomo III de la pieza principal de antecedentes).- 4) Que comparecieron ante la Secretaria de la Sala Constitucional: A) La abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, interponiendo Recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, en fecha dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017), quedando registrado en la Sala bajo el número de expediente SCO–0093–2018; B) El abogado NICOLAS GARCIA ZORTO, interponiendo Recurso de Amparo a favor del señor OSCAR NAHUN RUBI FLORES, en fecha catorce (14) de febrero de dos mil diecisiete (2017), quedando registrado en la Sala bajo el número de expediente SCO–0145–2017; y, C) El abogado MARCO TULIO CASTRO CANALES, interponiendo Recurso de Amparo a favor del señor PEDRO ARNALDO PINTO, en fecha veintisiete (27) de febrero de dos mil diecisiete (2017), quedando registrado en la Sala bajo el número de expediente SCO–0168–2017; todos contra la Resolución de fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil dieciséis (2016), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 92 de la Constitución de la República. (Folios del 1–7, 31–37 y 92–97 del presente Recurso).- 5) Que en fechas: A) Veintidós (22) de enero del año dos mil dieciocho (2018), en el expediente SCO–0168–2017; B) Dieciséis (16) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), en el expediente SCO–0093–2017; C) Trece (13) de abril del año dos mil dieciocho (2018), en el expediente SCO–0145–2017; este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma los recursos de Amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 90, 91 y 143 del presente Recurso).- 6) Que en fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), este alto Tribunal dispuso: (SIC) “1º… 2º… 3º Al apreciarse de los autos, que la acción constitucional de amparo con registro No. SCO–0145–2017, intentada por el Abogado NICOLAS GARCIA ZORTO a favor del señor OSCAR NAHUN RUBI FLORES se dirigen contra el mismo acto, que las acciones de amparo interpuestos: 1) Por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA a favor del ESTADO DE HONDURAS y 2) por el Abogado MARCO TULIO CASTRO CANALES a favor del señor PEDRO ARNALDO PINTO y que se registran bajo el No. SCO–093 y 168–2017, los cuales, ya fueron acumulados oportunamente, por lo cual, es procedente para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa, que las acciones de amparo de mérito produzcan una sola sentencia, por lo que se resuelve acumular la acción de amparo con registro No. SCO–0145–2017, a los amparos antes relacionados y dictar la sentencia pertinente en su oportunidad.-” (Folio 158 del presente Recurso).- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (3): Que se conocen las acciones de amparo acumuladas interpuestas por los Abogados: SUSSY G. COELLO GARCIA, A FAVOR DEL ESTADO DE HONDURAS, MARCO TULIO CASTRO CANALES, a favor de PEDRO ARNALDO PINTO Y NICOLAS GARCIA ZORTO, a favor de OSCAR NAHUN RUBI FLORES, los tres, contra la resolución de fecha veintiocho de junio del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual DECLARA CON LUGAR PARCIALMENTE, el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, pero CONFIRMA EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, respecto al delito de Fraude imputado contra los encausados, con relación al proceso instruido contra el señor PEDRO ARNALDO PINTO, por suponerlo responsable de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS Y FRAUDE, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- CONSIDERANDO (4): Que la recurrente, Abogada SUSSY COELLO GARCIA, al formalizar la acción de amparo, expone que los señores PEDRO ARNALDO PINTO Y OSCAR NAHUN RUBÍ FLORES en su condición de Secretario Ejecutivo y Jefe de Ingeniería del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, respectivamente, se les presentó Requerimiento fiscal por suponerlos responsables de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS Y DELITO FINANCIERO, en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras. Durante la audiencia inicial el Ministerio Público recalificó uno de los tipos penales imputados, del delito Financiero al Delito de Fraude, al final de la audiencia el A quo dictó un Sobreseimiento Definitivo a favor del señor PEDRO ARNALDO PINTO, por los delitos de Abuso de Autoridad, Violación de los Deberes de los Funcionarios y Fraude y Sobreseimiento Definitivo a favor del señor OSCAR NAHUN RUBI FLORES por suponerlo responsable de los delitos de Cómplice de Abuso de Autoridad, Violación de los Deberes de los Funcionarios y Fraude. Dice la impetrante que apelada que fue dicha resolución el Ad quem, declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación en consecuencia Revoca el sobreseimiento definitivo dictado a favor de los encausados y ordena al a quo que profiera el correspondiente Auto de Formal Procesamiento por los delitos de: Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios con el grado de participación indicado respecto de cada uno, por otra parte confirmó el sobreseimiento definitivo respecto del delito de Fraude; siendo este último aspecto lo que motiva la acción de amparo.- CONSIDERANDO: (5) Que la recurrente considera que se han vulnerado los derechos constitucionales siguientes: Debido Proceso contenido en el artículo 90 Constitucional, señalando que la Corte de Apelaciones impugnada incurre en una motivación jurídica insuficiente en la que no se explican lo suficiente las circunstancias tomadas en consideración para determinada decisión, señala que no es posible colegir el proceso racional que llevó al tribunal de alzada a resolver el recurso planteado. Expone que el Tribunal de alzada obvió aspectos como la motivación que permite asegurar la eficacia y seguridad jurídica a través de la labor jurisdiccional que realiza el juez. Manifestando que no es suficiente con que el Tribunal de alzada en el caso de autos diga que “no concurren los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de fraude”, sino que ya la norma procesal dispone en su artículo 141 que la motivación expresará los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso las pruebas tenidas en cuenta y el valor probatorio que se les haya atribuido, lo cual fue inobservado por el Ad quem.- CONSIDERANDO: (6) Que la recurrente expone que es menester resaltar que para determinar la inexistencia de un delito, es preciso aparejar la conducta descriptiva del tipo penal con el material probatorio allegado al proceso, algo que en el fallo cuestionado no se cumple, ya que el Tribunal de Alzada no expresó que pruebas fueron tenidas en cuenta para desvirtuar el quantum probatorio aportado por el ente acusador, o bien que circunstancias fueron tomadas en cuenta para restarle valor probatorio a las pruebas practicadas en el proceso, de ahí que se considere que la pobre motivación del Ad quem se desconozca el razonamiento utilizado para concluir en la concurrencia de los elementos objetivos ni subjetivos del tipo penal de Fraude, aún y cuando la tesis acusatoria del Ministerio Público radica en que las consecuencias del abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios, que se apreció el Tribunal de alzada en su fallo, fue favorecer a CONPLAM, S.A., con la adjudicación de los contratos para el Diseño y Rediseño del edificio principal del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, en perjuicio del propio IMPREMA.- CONSIDERANDO: (7) Que la recurrente analiza el artículo 376 del Código Penal, entendiendo que esta figura penal castiga al funcionario que en las operaciones en que interviene por razón de su cargo, defraudare o consintiere que se defraude al Estado, sea originándole una pérdida o privándole de un lucro legítimo, a través de una conducta dolosa de cooperación con el ánimo de Defraudar al erario público, exigencias que fueron debidamente acreditadas en el caso sub-judice, pues resulta innegable que en los actos jurídicos que participaron los encausados para la contratación de la Empresa CONPLAN, S.A., así como el memorando No. ING/289-2013 suscrito por el señor Oscar Nahún Rubí flores, mediante el cual se indicó que las únicas ofertas existentes fueron las inicialmente presentadas en el proceso No. 34/2006, correspondientes al primer contrato de Diseño fallido. Por otra parte las acciones realizadas por ambos funcionarios contribuyeron aumentar los costos de la obra, causando grave perjuicio al patrimonio del IMPREMA, en virtud de haberse acreditado que el señor Pinto debió haber ejecutado la garantía de cumplimiento de la primera consultoría, consecuencia del deficiente producto elaborado por CONPLAN, S.A., pero en lugar de ello vuelve a contratarles para la elaboración del rediseño del mismo proyecto, generando así un beneficio para el contratista, porque recibió doble pago por el mismo diseño, en detrimento de una institución previsora del Estado, señala además que la contratación debió realizarse mediante concurso público, sin embargo a fin de evadir dicho requisito fraccionaron los contratos, aun cuando la ley de contratación del Estado lo prohíbe expresamente. En conclusión la recurrente estima que la conducta de los imputados se subsume en el delito de Fraude, respecto del señor Pedro Arnaldo Pinto como autor, al haber tomado decisiones producto de su cargo de directivo del IMPREMA para favorecer a la empresa CONPLAN, S.A.; mientras que el señor Nahún Rubí Flores, como cómplice al omitir los procedimientos legales de precalificación que le correspondía observar como Jefe de Ingeniería, cooperando para que se favorezca a la compañía antes citada, al no supervisar que las actas de recepción fueran congruentes con el trabajo realizado.- CONSIDRANDO: (8) Que el impetrante Abogado MARCO TULIO CASTRO CANALES en representación del señor PEDRO ARNALDO PINTO de igual manera impugna la resolución de fecha veintiocho de junio del año 2016, (la que ya ha sido descrita en los considerandos que anteceden), en ese orden de ideas el recurrente considera que se han quebrantado los derechos constitucionales de su representado contenidos en la Constitución de la República en el artículo 92 en relación a los requisitos constitucionales que sustentan el auto de formal procesamiento y que el impetrante considera que las acciones que se imputan a su representado no tienen ninguna subsunción en los tipos penales acusados, dado que la prueba de cargo aportada por la Fiscalía no demuestra probados los elementos objetivos del delito imputado de ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS y por el contrario demuestra la inexistencia de dicho delito, habida cuenta que por un lado los referidos contratos son de consultoría programados y diseñados por etapas, señalando que el señor Pinto suscribió los contratos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 63 No. 7 de la Ley de Contratación del Estado vigente en la fecha de contratación, que permiten poder contratar los estudios y diseños que faltaren con el mismo consultor que hubiese realizado los anteriores en forma satisfactoria, señalando que se ponderó la satisfacción con la realización de los primeros contratos, para suscribir los siguientes contratos, por lo que dichos contratos fueron suscritos en base a la ley y dentro de los limites de la competencia del imputado. También considera que se ha vulnerado el artículo 90 constitucional porque su representado no esta siendo juzgado con las debidas garantías establecidas en la ley en, vista que la decisión del Ad quem se sustenta en una prueba no admitida por el juez A quo.- CONSIDERANDO: (9) Que el recurrente Abogado NICOLAS GARCIA ZORTO impugna la misma resolución a la que se hace referencia en los acápites que anteceden, señalando que la motivación del auto emitido por la Corte de apelaciones ahora impugnada presenta vicios de valoración arbitraria, por cuanto sin ninguna sustentación probatoria se le atribuye al señor RUBI FLORES la comisión de los Delitos de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios en su grado de complicidad en perjuicio de la Administración Pública y el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (IMPREMA), además señala la arbitrariedad en la valoración de la prueba por darle un sentido distinto a cada medio de prueba del que realmente tiene, señala además que los elementos objetivos y subjetivos que requieren los tipos penales por los que se acusa a su representado, por lo que la resolución impugnada es arbitraria por no ser razonada adecuadamente la conducta del imputado según los hechos y las pruebas aportadas. Para el recurrente la resolución conocida mediante esta acción de amparo ha quebrantado el derecho al Debido Proceso contenido en el artículo 90 Constitucional.- CONSIDERANDO: (10) Que el Ad quem en la resolución impugnada párrafo de la Motivación en la parte conducente del numeral ocho (8) de su resolución dice literalmente: “Un análisis objetivo y en conjunto de las pruebas de cargo, permite arribar a la conclusión y sostener, que en el caso particular se aprecia inequívocamente la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos de los tipos penales de ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, por cuya comisión se instauraron las presentes diligencias, así como el grado de participación que en la categoría de autor corresponde atribuir al nominado imputado PEDRO ARNALDO PINTO, por haber tomado participación directa en la ejecución de los hechos que motivaron el presente enjuiciamiento, así, en el primero de tales injustos penales al haber hecho caso omiso y por ende negarse en tanto Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) a dar el debido cumplimiento a la Resolución 3583-1357-2006 de su autoridad superior el Directorio, por la que aprobó la propuesta de ampliación y mejoramiento de las instalaciones del edificio principal de INPREMA y del Anexo, autoridad administrativa que dentro de los límites de su respectiva competencia le instruyo u ordenó para que junto con la oficina de ingeniería continuase con las obras de ampliación y mejoramiento siguiendo los procedimientos legales, estos que no son otros, sino los establecidos en la ley de Contratación del Estado, que lo obligaban a seguir la modalidad de Licitación Pública por la cuantía de las obras. En el segundo de los referidos ilícitos penales (VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS), por haber con aquel abuso de autoridad, rehusando a realizar el acto que debía ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo, en el sentido de seguir el procedimiento de la Ley de Contratación del Estado, tanto para la contratación del Ejecutor de las obras como para cualquier modificación que ulteriormente debiere efectuarse”. En el numeral diez (10) señala como “conclusiones que el señor Pinto suscribió inicialmente un contrato de prestación de servicios con la sociedad Consultores y Planificadores, S.A., y después que el INPREMA decidió rediseñar el proyecto y modificar los contratos de construcción y supervisión, se firmaron nuevos contratos con la misma entidad. b) El importe o cuantía de las obras contratadas excede del valor de Un Millón de Lempiras (1,000.000.00) para el año 2006 y Un Millón setecientos Mil Lempiras (1,700.000.00) para el año 2007, establecidas en las disposiciones generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República. c) Que el subexamine resalta la figura de la fragmentación del objeto de la contratación y la ejecución del proyecto, proscrita por el artículo 25 de la Ley de Contratación del Estado”. En cuanto al delito de Fraude en el numeral once (11) señala: “en el caso particular no concurren los elementos objetivos ni subjetivos del tipo, por lo que el sobreseimiento definitivo con respecto a este delito esta apegado a derecho. Por todo ello declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, Revoca el Sobreseimiento definitivo de las diligencias de fecha cinco de junio del dos mil quince, dictados por el Juzgado de Letras Penal de la Sección judicial de Tegucigalpa…, 3) Confirma el Sobreseimiento Definitivo respecto el delito de Fraude.- CONSIDERANDO: (11) Que la investigación que el ente Acusador o el acusador privado (a) debe realizar para acreditar sus pretensiones en juicio, obviamente no termina cuando presenta Requerimiento Fiscal (Acusación Privada) y evacua prueba en la audiencia Inicial, la investigación debe continuar su cause hasta llegar a la audiencia de Juicio Oral y Público donde ambas partes gozaran de las mismas oportunidades e instrumentos procesales para hacer valer sus hipótesis en juicio, a través de los medios de prueba que se evacuaran en esa audiencia de juicio, valoradas de acuerdo a la sana crítica; Pues es un Tribunal de Sentencia el competente para dictar sentencia ya sea absolutoria o condenatoria. En consecuencia, debe seguirse el debido proceso, y dictar lo que en derecho corresponde; observando que la resolución del Ad quem es totalmente errada, olvidándose de su función correctora de acuerdo a su jerarquía y la finalidad del recurso de apelación, al no realizar un análisis exhaustivo de los hechos, medios de prueba y demás circunstancias suscitadas durante la audiencia en relación al ilícito penal de Fraude. Por todo ello deben mantenerse el Auto de Formal Procesamiento por los delitos que el ente acusador ha presentado el requerimiento fiscal, y será el Tribunal de Sentencia quien dictará lo que en derecho corresponda.- CONSIDERANDO: (12) Que la Sala de lo Constitucional tiene como quehacer fundamental velar por que se mantenga el orden constitucional, por el respeto, la garantía del ejercicio de los derechos fundamentales, reconocidos en la Constitucional de la República y en los Tratados internaciones suscritos por Honduras, en ese orden de ideas el Juez Constitucional solo se ha de pronunciar sobre la vulneración de tales derechos, no conocerá el fondo del asunto y por ende no se pronunciará sobre la valoración de medios de prueba, solamente lo hará en cuanto a si se han seguido los requisitos, formalidades y exigencias impuestas por la ley para que los acusados obtengan un debido proceso, que les garantice una tutela judicial efectiva. El Proceso Penal Hondureño ha sido diseñado por el legislador en diferentes etapas, siendo la etapa de juicio oral y público donde las partes han de someter al contradictorio el acervo probatorio a fin de lograr la certeza en el órgano jurisdiccional competente que ha de dictar sentencia, de acuerdo a los antecedentes el caso sub judice debe ser dilucidado por el órgano jurisdiccional competente quien conocerá del proceso, las diligencias y diferentes momentos procesales, evacuación de medios de prueba, valoración de medios de prueba y sentencia.- CONSIDERANDO: (13) Que de acuerdo al estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida, esta Sala aprecia que el Ministerio Público aportó los requisitos esenciales exigidos por el artículo 92 constitucional, en consecuencia, la apreciación jurídica del A quo es errada al no observar las exigencias, reglas y requisitos de la ley, de igual manera el Ad quem ha inobservado las exigencias del debido proceso.- CONSIDERANDO: (14) Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[3]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[4]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado, para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas.- CONSIDERANDO: (15) como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 15, 59, 62, 82, 89 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 1, 8, 24, de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: PRIMERO: OTORGA EL AMPARO interpuesto La abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, a favor del ESTADO DE HONDURAS. SEGUNDO: DENIEGA EL AMPARO interpuesto por el abogado MARCO TULIO CASTRO CANALES a favor del señor PEDRO ARNALDO PINTO. TERCERO: DENIEGA EL AMPARO interpuesto por el Abogado NICOLAS GARCIA ZORTO a favor del señor OSCAR NAHUN RUBI FLORES, contra la resolución de fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil dieciséis (2016), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán antes señalada. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.-NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada, REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún (21) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), recaída en los Recursos de Amparo Penal acumulados, registrados en este Tribunal bajo el número 0093, 0145 y 0168-2017.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional

[1] Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de agosto de 1987.

[2] Gonzáles Pérez Jesús, El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, tercera edición, Civitas, Madrid 2001, Pag 53.

[3] Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de agosto de 1987.

[4] Gonzáles Pérez Jesús, El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, tercera edición, Civitas, Madrid 2001, Pag 53.