Sentencia AP-088-18 — Registro 9004
Resumen
Acto recurrido que otorgó recurso de amparo contra la resolución del A-quo con relación a la causa instruida contra los señores David Benito Mejía Carrasco, José Mejía Ucles y María soledad Almudenia Mejía, por suponerlos responsables del delito de usurpación, en perjuicio del impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" ... Esta Sala efectivamente constata que en el caso su examine se comprueba la inadmisibilidad del recurso de amparo contra los actos consumados de modo irreparable en base a lo establecido en la Ley sobre Justicia Constitucional en su artículo 46.5, por lo que dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causa de inadmisibilidad, por lo que la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, no es consecuente con los argumentos emitidos tanto en el requerimiento fiscal como en la interposición del amparo que consta en autos, por lo que se considera que en esta vía constitucional se vulnera consecuentemente los derechos y garantías constitucionales y demás derechos y garantías constitucionales invocadas por los señores DAVID BENITO MEJIA CARRASCO, JOSE MEJIA UCLES y MARIA SOLEDAD ALMEDENIA MEJIA, constituyendo esto un motivo más que suficiente para concluir que la sentencia recurrida emitida por la CORTE DE APLEACIONES DE LO PENAL DE LA SECCION JUCIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES debe ser revocada..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, Numeral 5 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de abril del dos mil diecinueve.- VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha doce (12) de enero de dos mil (sic) “diecisiete (2017)”, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MARCO ANTONIO TORRES RUBIO a favor de los señores EDDY HERNAN CRUZ PEREZ, ANGEL ALFREDO CORDOVA MURILLO, DORIS ESPERANZA GONZALES OCHOA Y JUAN CARLOS DE JESUS, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha veinticinco (25) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), con relación a la causa instruida contra los señores JOSE EVELIO EUCEDA ESPINAL, LUIS ALONSO LOPEZ ALVARENGA Y JULIO CESAR BENITEZ, por suponerlos responsables del delito de USURPACION en perjuicio de los señores DAVID BENITO MEJIA CARRASCO, JOSE MEJIA UCLES Y MARIA SOLEDAD ALMUDENIA MEJIA. Estimando el recurrente que el Acto Reclamado, es violatorio de lo dispuesto en los artículos 60, 82, 89 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veinte (20) de octubre del año dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, la Abogada CINTHIA ALVARENGA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra los Señores JOSE EVELIO EUCEDA ESPINAL, LUIS ALONSO LOPEZ ALVARENGA Y JULIO CESAR BENITEZ, por suponerlo responsable del delito de USURPASION y DAÑOS EN CONCURSO IDEAL en perjuicio DAVID BENITO MEJIA CARRASCO, JOSE MEJIA UCLES Y MARIA SOLEDAD ALMUDENIA MEJIA. (Folios 1–114 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia)- 2) Que en fecha veinticinco (25) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), el citado Juzgado dictó resolución, en el que Resolvió: “PRIMERO: Decretar el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del señor JULIO RAMIREZ BENITEZ, por suponerlo responsable de los delitos de USURPASION Y DAÑOS EN CONCURSO IDEAL en perjuicio de DAVID BENITO MEJIA CARRASCO, JOSE MEJIA UCLES y MARIA SOLEDAD ALMUDENA MEJIA. SEGUNDO: Decretar auto de formal procesamiento contra del señor LUIS ALONSO LOPEZ ALVARENGA por suponerlo responsable de los delitos de USURPASION Y DAÑOS EN CONCURSO IDEAL en perjuicio de DAVID BENITO MEJIA CARRASCO, JOSE MEJIA UCLES Y MARIA SOLEDAD ALMUDENIA MEJIA. TERCERO: MANTENER las medidas impuestas en la audiencia de declaración de imputado al imputado referido. CUARTO: Se ordena el desalojo del bien inmueble ubicado en la colonia San Cristóbal, del Municipio de la Lima, Cortes pertenecientes a los señores DAVID BENITO MEJIA CARRASCO, JOSE MEJIA UCLES Y MARIA SOLEDAD ALMUDENIA MEJIA, una vez que la presente resolución adquiera carácter de firmeza para su ejecución se nombre al Juez de Paz de dicha Sección Judicial quien deberá de personarse en el lugar de los hechos a notificar, dándole un tiempo prudencial a efecto que los usurpadores proceden a desalojar de manera pacífica, llevando así todas sus pertenencias personales consigo, debiendo de hacerle la advertencia el Juez ejecutor de concluido término se procederá al desalojo forzoso, en aras del derecho a la propiedad que ha sido plenamente acreditado en este proceso…. QUINTO: Declarar sin Lugar el Sobreseimiento definitivo solicitado por la defensa del imputado.- …” (Folios 161 al 167 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia)- 3) Que en fecha siete (7) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), el Abogado MARCO ANTONIO TORRES RUBIO interpuso recurso de Amparo a favor de EDDY HERNAN CRUZ PEREZ, ANGEL ALFREDO CORDOVA MURILLO, DORIS ESPERANZA GONZALES OCHOA Y JUAN CARLOS DE JESUS, ante la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, contra la resolución de fecha veinticinco (25) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), dictada por el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés; por considerar que la misma atenta contra los derechos contemplados en los artículos 60, 82, 89 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1–9 al de la pieza de Corte de Apelaciones)- 4) Que en fecha doce (12) de enero de dos mil sic) “diecisiete (2017)”, luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, Falla: “OTORGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARCO ANTONIO TORRES RUBIO, a favor de EDDY HERNAN CRUZ PEREZ, ANGEL ALFREDO CORDOVA MURILLO, DORIS ESPERANZA GONZALES OCHOA Y JUAN CARLOS DE JESUS, contra el auto de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), dictada por el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula, Cortes.-…” (Folios 36–40 al de la pieza de Corte de Apelaciones)- 5) Que en fecha veintinueve (29) de enero de dos mil dieciocho (2018), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERNADO DOS (2): Que de acuerdo a lo determinado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca en consulta, conforme a lo dispuesto en el artículo 68 del mismo cuerpo legal, irá en trámite de consulta obligatoria, a solicitud de parte de la Corte de Apelaciones elevará petición de estudio de la sentencia emitida para ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien discrecionalmente resolverá sobre su admisión.- CONSIDERNADO TRES (3): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con los artículos 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que se conoce el Recurso de Amparo venido en Consulta, dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha doce (12) de enero de dos mil (sic) “diecisiete (2017)”, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MARCO ANTONIO TORRES RUBIO a favor de los señores EDDY HERNAN CRUZ PEREZ, ANGEL ALFREDO CORDOVA MURILLO, DORIS ESPERANZA GONZALES OCHOA Y JUAN CARLOS DE JESUS, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha veinticinco (25) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), con relación a la causa instruida contra los señores JOSE EVELIO EUCEDA ESPINAL, LUIS ALONSO LOPEZ ALVARENGA Y JULIO CESAR BENITEZ, por suponerlos responsables del delito de USURPACION en perjuicio de los señores DAVID BENITO MEJIA CARRASCO, JOSE MEJIA UCLES Y MARIA SOLEDAD ALMUDENIA MEJIA. De este marco procesal es audible mencionar la obligatoriedad de consulta constitucional quedando establecido que para la Sala de lo Constitucional está adscrita con funciones propias a la Corte Suprema de Justicia, teniendo un doble escudo de protección respecto de algún intento de afectar el funcionamiento de la efectiva tutela judicial, en este sentido es deber de consulta el caso sub judice tal como lo homologa la Ley sobre Justicia Constitucional, razón fundamental y en estricto cumplimiento esta Honorable Sala, que le viene hoy a decir que al Tribunal de Alzada que debe tutelar efectivamente los derechos y libertades fundamentales por razones históricas, jurídicas y de justicia, cumpliendo una función objetiva, una guía, a la cual recurrirán las partes para transformar un ordenamiento jurídico que responda a la sociedad estamental y privilegiada- CONSIDERANDO CINCO (5): Que el impetrante tanto al momento de interponer la acción constitucional de amparo, como al momento de formalizar el recurso (folio 37) alude que el órgano jurisdiccional en el presente caso es evidente que la resolución emitida en fecha 25 de septiembre de 2017 (folio 161 de sus antecedentes) es ilegal, arbitrario porque violentan garantías fundamentales como es el derecho de defensa y presunción de inocencia. Igualdad de las partes así como el debido proceso de sus representados, ya que ordena un desalojo general para todos los vecinos de la denominada COLONIA VIDA MEJOR II Etapa del Municipio de Lima, donde sus representados nunca han tenido la oportunidad de defenderse, de actuar con igualdad y el cual se hayan llevado a cabo actos formales en un juicio justo, equitativo y llevado a cabo con todas las formalidades legales, en tal sentido ordenado un desalojo sin oírlo en juicio sin haber sido acusado violentando el derecho fundamental de presunción de inocencia por lo que no se ha comprobado culpabilidad, a fin de impedir el desalojo ya decretado de manera generalizada para todos sus pobladores, siendo el desalojo ilegal debiendo escuchar a todas las partes, por lo que considera que sus representados EDDY HERNAN CRUZ PEREZ, ANGEL ALFREDO CORDOVA MURILLO, DORIS ESPERANZA GONZALES OCHOA Y JUAN CARLOS DE JESUS, no han sido tratados con igualdad dado que se ordena dicho desalojo sin escucharlos y sin ser acusados.- CONSIDERANDO SEIS (6): Las partes son iguales en el proceso, teniendo los mismos derechos, obligaciones, cargas y oportunidades, en función de la posición procesal que ocupen. El órgano jurisdiccional está obligado a preservar la igualdad en las partes en el proceso ya evitar toda discriminación contra o entre ellas por razones de sexo, raza, religión, idioma, o condición social, política, económica o de otra índole”[1]. Imponiendo de esta manera la obligación al Juez de preservar esa igualdad de las partes en el proceso y evitar toda discriminación contra o entre ellos por las razones anteriormente establecidas.- CONSIDERANDO SIETE (7): En tal sentido el Debido Proceso es un derecho fundamental, que se materializa en aquellas garantías mínimas e ineludibles que permiten el resultado justo, equitativo e imparcial en un proceso, lo que se conoce como la tutela jurisdiccional efectiva. Como ser escuchado, tener un abogado, ofrecer pruebas, un juez predeterminado, una sentencia motivada y oportuna, la doble instancia, son claros ejemplos de la Tutela Judicial Efectiva.- CONSIDERANDO OCHO (8): Es un reconocimiento al derecho a la igualdad que tienen las partes y el órgano jurisdiccional de utilizar la ley para su defensa y para el correcto juzgamiento. Su finalidad es lograr el máximo respeto de los derechos fundamentales de la persona que afronta un proceso. A través de él, se logra la plena satisfacción de los intereses individuales de las partes y permite una adecuada justicia social. Como derecho, el debido proceso no admite excepciones y corresponde a todo tipo de causas, sean públicas o privadas.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Entendiéndose el Debido Proceso como:[2] ”El derecho que tienen las partes a que se desarrolle el proceso por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por Órgano Jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada”.- CONSIDERANDO DIEZ (10): En cuanto al Derecho a la Defensa forma parte del núcleo duro de las garantías del debido proceso, el cual se encuentra reconocido de manera fehaciente en la Constitución, en tal sentido la “LA DEFENSA” en un sentido lato, se entiende como aquel derecho, reconocido Constitucionalmente, que tiene toda persona, de solicitar ante un órgano de justicia, una solución justa ante un determinado litigio. Debemos decir que mediante la “defensa”, las partes deberán estar en la posibilidad tanto en el plano jurídico como en el fáctico de estar convocadas para ser escuchadas, y colocarse frente al sistema en una formal contradicción con “igualdad de armas” siendo pues como lo señala Julio Maier: “Una garantía frente al Poder del Estado y representa una limitación del poder estatal”.- CONSIDERANDO ONCE (11): Que la garantía genérica del Debido Proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los Tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, entre otros.- CONSIDERANDO DOCE (12): Que tal y como se ha dejado establecido en ocasiones anteriores por parte de esta Sala de lo Constitucional, el Derecho de Defensa forma parte del Debido Proceso, al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, como se deja relacionado en el acápite anterior; trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso sub júdice, el recurrente lo ha relacionado con el derecho a recurrir la resolución que afecta su Derecho a la Defensa y al Debido Proceso, establecido dentro de nuestro marco constitucional.- CONSIDERANDO TRECE (13): Que la intimidad como derecho fundamental es reconocido en los instrumentos internacionales relativos a los Derechos Humanos ratificados por Honduras, entre estos La Convención Americana de Derechos Humanos[3]; la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre[4]; el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos[5], al disponer que nadie puede ser objeto de injerencias, arbitrarias o ilegales en su vida privada, la de su familia, ni de ataques a su honra o reputación y que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques.- CONSIDERANDO CATORCE (14): Que el derecho a la propiedad consignado en el artículo 103 de la Constitución de la República es de ello que toda persona tiene derecho a la propiedad privada para atender sus propias necesidades, mantener la dignidad y su hogar, tiene derecho a disfrutar de la propiedad de los bienes que haya adquirido legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a heredarlos. Este principio es la base de la legislación civil y mercantil. El Código Civil lo define la propiedad privada como “el derecho de poseer exclusivamente una cosa y gozar y disponer de ella, sin más limitaciones que las establecidas por la ley o por la voluntad del propietario”. La propiedad obliga, el uso de la propiedad debe de contribuir al bienestar general. La frase “en su más amplio concepto de función social”, es un reconocimiento que a la par del interés individual hay un interés social, éste concepto es base de la Ley de Inquilinato, así como la Ley de la Reforma Agraria que tiene a resolver el problema social que genera el latifundio. La Ley admite el uso de los bienes el cual es regulado en la medida en que resulte necesario, para el interés general. Abusar de la propiedad perjudica a la sociedad en general, por lo que el Estado se reserva el derecho de limitar estos abusos teniendo en cuenta la función social de la misma.- CONSIDERANDO QUINCE (15): Que del análisis del recurso interpuesto en donde el juez de primera instancia resuelve el desalojo de la propiedad usurpada, al haberse incorporado en la audiencia inicial suficiente medios de prueba tendientes a acreditar la legitimidad de la propiedad a favor de los ofendidos enunciados en el preámbulo de esta sentencia, y además haberse tipificado la concurrencia del elemento del delito de USURPACION y la participación de los encausados en el presente caso de mérito a fin de garantizar el derecho de la propiedad contentivo en el artículo 103 y 106 Constitucional, donde el Estado fomento, reconoce y garantiza la existencia de la propiedad privada, es de ello que es menester señalar, que los hoy sus representados señores EDI HERNAN CRUZ PEREZ, ANGEL ALFFEDO CORDOVA MURILLO, DORIS ESPERANZA GONZALES OCHOA y JUAN CARLOS DE JESUS, nunca han fueron acusados por este u otros delitos tal como lo manifiesta el Ministerio Público (folio 60) por lo que no se debe extender el presente amparo a otras personas distintas a la causa principal dirimida en primera instancia; por lo que es razonable y ejecutable que el desalojo del bien inmueble usurpado se deberá proceder a notificar a los imputados en el proceso instado que se encuentran de manera ilegal dentro del inmueble objeto del debate y que pese que estos no están siendo procesados, por lo que la violación al derecho de propiedad se proteja al sancionar su trasgresión, para lo cual se castiga a la apropiación indebida, ya que debe prevalecer el derecho de todo individuo de usar y disfrutar de su propiedad, así como su derecho de herencia es un bien tan apreciado como la vida y la libertad, sino se simplificaría como una causa del subdesarrollo social, ya que la propiedad privada se deriva del Estado, originariamente dueño de las tierras y aguas dentro del territorio, quien como soberano conserva un poder predominante sobre todo el territorio nacional y tiene potestad para establecer gravámenes, limitaciones a la propiedad que demanda la función social tales como las expropiaciones por causas de utilidad pública o necesidad pública.- CONSIDERANDO DIECISEIS (16): De todo lo anterior, cuando el Estado cede a los particulares derechos de propiedad privada, le queda otro derecho de interés general de la sociedad, que constituye el imperio para aplicar las leyes y limitaciones sobre la propiedad. De este considerando se sostiene el recurso de amparo como esta Sala ya lo ha indicado y en base al cumplimiento de la Ley sobre Justicia Constitucional reconoce la posibilidad de que el amparado sea un particular cuando sus acciones u omisiones vulneran un derecho o libertad fundamental de otro sujeto. Este es un remedio especial, mediante el cual se conceden a la persona las mismas garantías que se le otorgan cuando la vulneración del derecho o libertad fundamental proveniente de un sujeto público, se debe lograr reparar la lesión indistintamente del sujeto causante de ésta, en este caso de mérito se requiere que el sujeto privado se encuentre en una posición de poder, de hecho o de derecho, tal es el caso de la propiedad privada sujeta a estudio por el delito de USURPACION, en consideración a este aspecto el poseedor del bien inmueble está actuando en legítimo ejercicio de las potestades que la ley le permite frente a las cuales los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para garantizar sus derechos y libertades fundamentales.- CONSIDERANDO DIECISIETE (17): El control de convencionalidad de tipo judicial se conoce en el derecho comparado internacional como control “difuso” se basa en que todos los jueces al ejercer la protestad de interpretar la Constitución, por lo que esta instancia constituye otra alternativa para controlar la supremacía constitucional; en estudio de la jurisprudencia internacional se homologa el artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos[6], la que establece que “toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente”, y que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad, siendo esencial la protección de los derechos humanos e incluso probatoria de derecho internacional, prohibiendo las privaciones arbitrarias de la propiedad, la Declaración Universal admite implícitamente la potestad estatal como un derecho internacional al derecho interno constitucional de Honduras.- COSIDERANDO DIECIOCHO (18): En aplicación al principio de legalidad, un Estado de Derecho, toda persona puede hacer todo lo que no esté legalmente prohibido, pero, al contrario, los servidores públicos solo pueden ejercer su cargo de conformidad con las facultades que les confiere previamente la ley, en caso contrario son responsables administrativa, civil y penalmente. Señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso su examine se comprueba la inadmisibilidad del recurso de amparo contra los actos consumados de modo irreparable en base a lo establecido en la Ley sobre Justicia Constitucional en su artículo 46.5, por lo que dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causa de inadmisibilidad, por lo que la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, no es consecuente con los argumentos emitidos tanto en el requerimiento fiscal como en la interposición del amparo que consta en autos, por lo que se considera que en esta vía constitucional se vulnera consecuentemente los derechos y garantías constitucionales y demás derechos y garantías constitucionales invocadas por los señores DAVID BENITO MEJIA CARRASCO, JOSE MEJIA UCLES y MARIA SOLEDAD ALMEDENIA MEJIA, constituyendo esto un motivo más que suficiente para concluir que la sentencia recurrida emitida por la CORTE DE APLEACIONES DE LO PENAL DE LA SECCION JUCIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES debe ser revocada. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del ESTADO DE HONDURAS por UNAMINIDAD de votos de la Sala de lo Constitucional, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en aplicación de los artículos 82, 90, 103, 104, 183, 303, 321, 331 Atribución 5ta, 321 de la Constitución de la República; 10 Y 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 5 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; 2, 8.1. 11 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 227, 229 y 254 del Código Penal; 2, 3 numeral segundo 5, 7, 8, 9, 41, 42, 44, 45, 46.5, 63, 68, 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: REVOCAR la sentencia venida en CONSULTA OBLIGATORIA dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha doce (12) de enero de dos mil (sic) “diecisiete (2017)”; SEGUNDO: SOBRESSER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MARCO ANTONIO TORRES RUBIO a favor de los señores EDDY HERNAN CRUZ PEREZ, ANGEL ALFREDO CORDOVA MURILLO, DORIS ESPERANZA GONZALES OCHOA Y JUAN CARLOS DE JESUS, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha veinticinco (25) de septiembre de dos mil diecisiete (2017). Y MANDA: Que con la certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó Magistrada REINA AUXILIADORA HERCURLES ROSA. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada, REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez (10) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha tres (3) de abril del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0088-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de abril del dos mil diecinueve.- VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha doce (12) de enero de dos mil (sic) “diecisiete (2017)”, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MARCO ANTONIO TORRES RUBIO a favor de los señores EDDY HERNAN CRUZ PEREZ, ANGEL ALFREDO CORDOVA MURILLO, DORIS ESPERANZA GONZALES OCHOA Y JUAN CARLOS DE JESUS, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha veinticinco (25) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), con relación a la causa instruida contra los señores JOSE EVELIO EUCEDA ESPINAL, LUIS ALONSO LOPEZ ALVARENGA Y JULIO CESAR BENITEZ, por suponerlos responsables del delito de USURPACION en perjuicio de los señores DAVID BENITO MEJIA CARRASCO, JOSE MEJIA UCLES Y MARIA SOLEDAD ALMUDENIA MEJIA. Estimando el recurrente que el Acto Reclamado, es violatorio de lo dispuesto en los artículos 60, 82, 89 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veinte (20) de octubre del año dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, la Abogada CINTHIA ALVARENGA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra los Señores JOSE EVELIO EUCEDA ESPINAL, LUIS ALONSO LOPEZ ALVARENGA Y JULIO CESAR BENITEZ, por suponerlo responsable del delito de USURPASION y DAÑOS EN CONCURSO IDEAL en perjuicio DAVID BENITO MEJIA CARRASCO, JOSE MEJIA UCLES Y MARIA SOLEDAD ALMUDENIA MEJIA. (Folios 1–114 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia)- 2) Que en fecha veinticinco (25) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), el citado Juzgado dictó resolución, en el que Resolvió: “PRIMERO: Decretar el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del señor JULIO RAMIREZ BENITEZ, por suponerlo responsable de los delitos de USURPASION Y DAÑOS EN CONCURSO IDEAL en perjuicio de DAVID BENITO MEJIA CARRASCO, JOSE MEJIA UCLES y MARIA SOLEDAD ALMUDENA MEJIA. SEGUNDO: Decretar auto de formal procesamiento contra del señor LUIS ALONSO LOPEZ ALVARENGA por suponerlo responsable de los delitos de USURPASION Y DAÑOS EN CONCURSO IDEAL en perjuicio de DAVID BENITO MEJIA CARRASCO, JOSE MEJIA UCLES Y MARIA SOLEDAD ALMUDENIA MEJIA. TERCERO: MANTENER las medidas impuestas en la audiencia de declaración de imputado al imputado referido. CUARTO: Se ordena el desalojo del bien inmueble ubicado en la colonia San Cristóbal, del Municipio de la Lima, Cortes pertenecientes a los señores DAVID BENITO MEJIA CARRASCO, JOSE MEJIA UCLES Y MARIA SOLEDAD ALMUDENIA MEJIA, una vez que la presente resolución adquiera carácter de firmeza para su ejecución se nombre al Juez de Paz de dicha Sección Judicial quien deberá de personarse en el lugar de los hechos a notificar, dándole un tiempo prudencial a efecto que los usurpadores proceden a desalojar de manera pacífica, llevando así todas sus pertenencias personales consigo, debiendo de hacerle la advertencia el Juez ejecutor de concluido término se procederá al desalojo forzoso, en aras del derecho a la propiedad que ha sido plenamente acreditado en este proceso…. QUINTO: Declarar sin Lugar el Sobreseimiento definitivo solicitado por la defensa del imputado.- …” (Folios 161 al 167 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia)- 3) Que en fecha siete (7) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), el Abogado MARCO ANTONIO TORRES RUBIO interpuso recurso de Amparo a favor de EDDY HERNAN CRUZ PEREZ, ANGEL ALFREDO CORDOVA MURILLO, DORIS ESPERANZA GONZALES OCHOA Y JUAN CARLOS DE JESUS, ante la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, contra la resolución de fecha veinticinco (25) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), dictada por el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés; por considerar que la misma atenta contra los derechos contemplados en los artículos 60, 82, 89 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1–9 al de la pieza de Corte de Apelaciones)- 4) Que en fecha doce (12) de enero de dos mil sic) “diecisiete (2017)”, luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, Falla: “OTORGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARCO ANTONIO TORRES RUBIO, a favor de EDDY HERNAN CRUZ PEREZ, ANGEL ALFREDO CORDOVA MURILLO, DORIS ESPERANZA GONZALES OCHOA Y JUAN CARLOS DE JESUS, contra el auto de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), dictada por el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula, Cortes.-…” (Folios 36–40 al de la pieza de Corte de Apelaciones)- 5) Que en fecha veintinueve (29) de enero de dos mil dieciocho (2018), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERNADO DOS (2): Que de acuerdo a lo determinado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca en consulta, conforme a lo dispuesto en el artículo 68 del mismo cuerpo legal, irá en trámite de consulta obligatoria, a solicitud de parte de la Corte de Apelaciones elevará petición de estudio de la sentencia emitida para ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien discrecionalmente resolverá sobre su admisión.- CONSIDERNADO TRES (3): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con los artículos 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que se conoce el Recurso de Amparo venido en Consulta, dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha doce (12) de enero de dos mil (sic) “diecisiete (2017)”, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MARCO ANTONIO TORRES RUBIO a favor de los señores EDDY HERNAN CRUZ PEREZ, ANGEL ALFREDO CORDOVA MURILLO, DORIS ESPERANZA GONZALES OCHOA Y JUAN CARLOS DE JESUS, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha veinticinco (25) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), con relación a la causa instruida contra los señores JOSE EVELIO EUCEDA ESPINAL, LUIS ALONSO LOPEZ ALVARENGA Y JULIO CESAR BENITEZ, por suponerlos responsables del delito de USURPACION en perjuicio de los señores DAVID BENITO MEJIA CARRASCO, JOSE MEJIA UCLES Y MARIA SOLEDAD ALMUDENIA MEJIA. De este marco procesal es audible mencionar la obligatoriedad de consulta constitucional quedando establecido que para la Sala de lo Constitucional está adscrita con funciones propias a la Corte Suprema de Justicia, teniendo un doble escudo de protección respecto de algún intento de afectar el funcionamiento de la efectiva tutela judicial, en este sentido es deber de consulta el caso sub judice tal como lo homologa la Ley sobre Justicia Constitucional, razón fundamental y en estricto cumplimiento esta Honorable Sala, que le viene hoy a decir que al Tribunal de Alzada que debe tutelar efectivamente los derechos y libertades fundamentales por razones históricas, jurídicas y de justicia, cumpliendo una función objetiva, una guía, a la cual recurrirán las partes para transformar un ordenamiento jurídico que responda a la sociedad estamental y privilegiada- CONSIDERANDO CINCO (5): Que el impetrante tanto al momento de interponer la acción constitucional de amparo, como al momento de formalizar el recurso (folio 37) alude que el órgano jurisdiccional en el presente caso es evidente que la resolución emitida en fecha 25 de septiembre de 2017 (folio 161 de sus antecedentes) es ilegal, arbitrario porque violentan garantías fundamentales como es el derecho de defensa y presunción de inocencia. Igualdad de las partes así como el debido proceso de sus representados, ya que ordena un desalojo general para todos los vecinos de la denominada COLONIA VIDA MEJOR II Etapa del Municipio de Lima, donde sus representados nunca han tenido la oportunidad de defenderse, de actuar con igualdad y el cual se hayan llevado a cabo actos formales en un juicio justo, equitativo y llevado a cabo con todas las formalidades legales, en tal sentido ordenado un desalojo sin oírlo en juicio sin haber sido acusado violentando el derecho fundamental de presunción de inocencia por lo que no se ha comprobado culpabilidad, a fin de impedir el desalojo ya decretado de manera generalizada para todos sus pobladores, siendo el desalojo ilegal debiendo escuchar a todas las partes, por lo que considera que sus representados EDDY HERNAN CRUZ PEREZ, ANGEL ALFREDO CORDOVA MURILLO, DORIS ESPERANZA GONZALES OCHOA Y JUAN CARLOS DE JESUS, no han sido tratados con igualdad dado que se ordena dicho desalojo sin escucharlos y sin ser acusados.- CONSIDERANDO SEIS (6): Las partes son iguales en el proceso, teniendo los mismos derechos, obligaciones, cargas y oportunidades, en función de la posición procesal que ocupen. El órgano jurisdiccional está obligado a preservar la igualdad en las partes en el proceso ya evitar toda discriminación contra o entre ellas por razones de sexo, raza, religión, idioma, o condición social, política, económica o de otra índole”[7]. Imponiendo de esta manera la obligación al Juez de preservar esa igualdad de las partes en el proceso y evitar toda discriminación contra o entre ellos por las razones anteriormente establecidas.- CONSIDERANDO SIETE (7): En tal sentido el Debido Proceso es un derecho fundamental, que se materializa en aquellas garantías mínimas e ineludibles que permiten el resultado justo, equitativo e imparcial en un proceso, lo que se conoce como la tutela jurisdiccional efectiva. Como ser escuchado, tener un abogado, ofrecer pruebas, un juez predeterminado, una sentencia motivada y oportuna, la doble instancia, son claros ejemplos de la Tutela Judicial Efectiva.- CONSIDERANDO OCHO (8): Es un reconocimiento al derecho a la igualdad que tienen las partes y el órgano jurisdiccional de utilizar la ley para su defensa y para el correcto juzgamiento. Su finalidad es lograr el máximo respeto de los derechos fundamentales de la persona que afronta un proceso. A través de él, se logra la plena satisfacción de los intereses individuales de las partes y permite una adecuada justicia social. Como derecho, el debido proceso no admite excepciones y corresponde a todo tipo de causas, sean públicas o privadas.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Entendiéndose el Debido Proceso como:[8] ”El derecho que tienen las partes a que se desarrolle el proceso por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por Órgano Jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada”.- CONSIDERANDO DIEZ (10): En cuanto al Derecho a la Defensa forma parte del núcleo duro de las garantías del debido proceso, el cual se encuentra reconocido de manera fehaciente en la Constitución, en tal sentido la “LA DEFENSA” en un sentido lato, se entiende como aquel derecho, reconocido Constitucionalmente, que tiene toda persona, de solicitar ante un órgano de justicia, una solución justa ante un determinado litigio. Debemos decir que mediante la “defensa”, las partes deberán estar en la posibilidad tanto en el plano jurídico como en el fáctico de estar convocadas para ser escuchadas, y colocarse frente al sistema en una formal contradicción con “igualdad de armas” siendo pues como lo señala Julio Maier: “Una garantía frente al Poder del Estado y representa una limitación del poder estatal”.- CONSIDERANDO ONCE (11): Que la garantía genérica del Debido Proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los Tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, entre otros.- CONSIDERANDO DOCE (12): Que tal y como se ha dejado establecido en ocasiones anteriores por parte de esta Sala de lo Constitucional, el Derecho de Defensa forma parte del Debido Proceso, al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, como se deja relacionado en el acápite anterior; trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso sub júdice, el recurrente lo ha relacionado con el derecho a recurrir la resolución que afecta su Derecho a la Defensa y al Debido Proceso, establecido dentro de nuestro marco constitucional.- CONSIDERANDO TRECE (13): Que la intimidad como derecho fundamental es reconocido en los instrumentos internacionales relativos a los Derechos Humanos ratificados por Honduras, entre estos La Convención Americana de Derechos Humanos[9]; la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre[10]; el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos[11], al disponer que nadie puede ser objeto de injerencias, arbitrarias o ilegales en su vida privada, la de su familia, ni de ataques a su honra o reputación y que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques.- CONSIDERANDO CATORCE (14): Que el derecho a la propiedad consignado en el artículo 103 de la Constitución de la República es de ello que toda persona tiene derecho a la propiedad privada para atender sus propias necesidades, mantener la dignidad y su hogar, tiene derecho a disfrutar de la propiedad de los bienes que haya adquirido legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a heredarlos. Este principio es la base de la legislación civil y mercantil. El Código Civil lo define la propiedad privada como “el derecho de poseer exclusivamente una cosa y gozar y disponer de ella, sin más limitaciones que las establecidas por la ley o por la voluntad del propietario”. La propiedad obliga, el uso de la propiedad debe de contribuir al bienestar general. La frase “en su más amplio concepto de función social”, es un reconocimiento que a la par del interés individual hay un interés social, éste concepto es base de la Ley de Inquilinato, así como la Ley de la Reforma Agraria que tiene a resolver el problema social que genera el latifundio. La Ley admite el uso de los bienes el cual es regulado en la medida en que resulte necesario, para el interés general. Abusar de la propiedad perjudica a la sociedad en general, por lo que el Estado se reserva el derecho de limitar estos abusos teniendo en cuenta la función social de la misma.- CONSIDERANDO QUINCE (15): Que del análisis del recurso interpuesto en donde el juez de primera instancia resuelve el desalojo de la propiedad usurpada, al haberse incorporado en la audiencia inicial suficiente medios de prueba tendientes a acreditar la legitimidad de la propiedad a favor de los ofendidos enunciados en el preámbulo de esta sentencia, y además haberse tipificado la concurrencia del elemento del delito de USURPACION y la participación de los encausados en el presente caso de mérito a fin de garantizar el derecho de la propiedad contentivo en el artículo 103 y 106 Constitucional, donde el Estado fomento, reconoce y garantiza la existencia de la propiedad privada, es de ello que es menester señalar, que los hoy sus representados señores EDI HERNAN CRUZ PEREZ, ANGEL ALFFEDO CORDOVA MURILLO, DORIS ESPERANZA GONZALES OCHOA y JUAN CARLOS DE JESUS, nunca han fueron acusados por este u otros delitos tal como lo manifiesta el Ministerio Público (folio 60) por lo que no se debe extender el presente amparo a otras personas distintas a la causa principal dirimida en primera instancia; por lo que es razonable y ejecutable que el desalojo del bien inmueble usurpado se deberá proceder a notificar a los imputados en el proceso instado que se encuentran de manera ilegal dentro del inmueble objeto del debate y que pese que estos no están siendo procesados, por lo que la violación al derecho de propiedad se proteja al sancionar su trasgresión, para lo cual se castiga a la apropiación indebida, ya que debe prevalecer el derecho de todo individuo de usar y disfrutar de su propiedad, así como su derecho de herencia es un bien tan apreciado como la vida y la libertad, sino se simplificaría como una causa del subdesarrollo social, ya que la propiedad privada se deriva del Estado, originariamente dueño de las tierras y aguas dentro del territorio, quien como soberano conserva un poder predominante sobre todo el territorio nacional y tiene potestad para establecer gravámenes, limitaciones a la propiedad que demanda la función social tales como las expropiaciones por causas de utilidad pública o necesidad pública.- CONSIDERANDO DIECISEIS (16): De todo lo anterior, cuando el Estado cede a los particulares derechos de propiedad privada, le queda otro derecho de interés general de la sociedad, que constituye el imperio para aplicar las leyes y limitaciones sobre la propiedad. De este considerando se sostiene el recurso de amparo como esta Sala ya lo ha indicado y en base al cumplimiento de la Ley sobre Justicia Constitucional reconoce la posibilidad de que el amparado sea un particular cuando sus acciones u omisiones vulneran un derecho o libertad fundamental de otro sujeto. Este es un remedio especial, mediante el cual se conceden a la persona las mismas garantías que se le otorgan cuando la vulneración del derecho o libertad fundamental proveniente de un sujeto público, se debe lograr reparar la lesión indistintamente del sujeto causante de ésta, en este caso de mérito se requiere que el sujeto privado se encuentre en una posición de poder, de hecho o de derecho, tal es el caso de la propiedad privada sujeta a estudio por el delito de USURPACION, en consideración a este aspecto el poseedor del bien inmueble está actuando en legítimo ejercicio de las potestades que la ley le permite frente a las cuales los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para garantizar sus derechos y libertades fundamentales.- CONSIDERANDO DIECISIETE (17): El control de convencionalidad de tipo judicial se conoce en el derecho comparado internacional como control “difuso” se basa en que todos los jueces al ejercer la protestad de interpretar la Constitución, por lo que esta instancia constituye otra alternativa para controlar la supremacía constitucional; en estudio de la jurisprudencia internacional se homologa el artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos[12], la que establece que “toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente”, y que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad, siendo esencial la protección de los derechos humanos e incluso probatoria de derecho internacional, prohibiendo las privaciones arbitrarias de la propiedad, la Declaración Universal admite implícitamente la potestad estatal como un derecho internacional al derecho interno constitucional de Honduras.- COSIDERANDO DIECIOCHO (18): En aplicación al principio de legalidad, un Estado de Derecho, toda persona puede hacer todo lo que no esté legalmente prohibido, pero, al contrario, los servidores públicos solo pueden ejercer su cargo de conformidad con las facultades que les confiere previamente la ley, en caso contrario son responsables administrativa, civil y penalmente. Señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso su examine se comprueba la inadmisibilidad del recurso de amparo contra los actos consumados de modo irreparable en base a lo establecido en la Ley sobre Justicia Constitucional en su artículo 46.5, por lo que dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causa de inadmisibilidad, por lo que la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, no es consecuente con los argumentos emitidos tanto en el requerimiento fiscal como en la interposición del amparo que consta en autos, por lo que se considera que en esta vía constitucional se vulnera consecuentemente los derechos y garantías constitucionales y demás derechos y garantías constitucionales invocadas por los señores DAVID BENITO MEJIA CARRASCO, JOSE MEJIA UCLES y MARIA SOLEDAD ALMEDENIA MEJIA, constituyendo esto un motivo más que suficiente para concluir que la sentencia recurrida emitida por la CORTE DE APLEACIONES DE LO PENAL DE LA SECCION JUCIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES debe ser revocada. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del ESTADO DE HONDURAS por UNAMINIDAD de votos de la Sala de lo Constitucional, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en aplicación de los artículos 82, 90, 103, 104, 183, 303, 321, 331 Atribución 5ta, 321 de la Constitución de la República; 10 Y 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 5 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; 2, 8.1. 11 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 227, 229 y 254 del Código Penal; 2, 3 numeral segundo 5, 7, 8, 9, 41, 42, 44, 45, 46.5, 63, 68, 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: REVOCAR la sentencia venida en CONSULTA OBLIGATORIA dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha doce (12) de enero de dos mil (sic) “diecisiete (2017)”; SEGUNDO: SOBRESSER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MARCO ANTONIO TORRES RUBIO a favor de los señores EDDY HERNAN CRUZ PEREZ, ANGEL ALFREDO CORDOVA MURILLO, DORIS ESPERANZA GONZALES OCHOA Y JUAN CARLOS DE JESUS, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha veinticinco (25) de septiembre de dos mil diecisiete (2017). Y MANDA: Que con la certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó Magistrada REINA AUXILIADORA HERCURLES ROSA. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada, REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez (10) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha tres (3) de abril del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0088-2018.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional
[1] Artículo 5 del Código Procesal Civil.
[2] Artículo 3 del Código Procesal Civil.
[3] Artículo 11 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos
[4] Artículo 5 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre
[5] Artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
[6] Adoptada por la Asamblea General de la ONU a través de la resolución 2174 (III) del año de 1948
[7] Artículo 5 del Código Procesal Civil.
[8] Artículo 3 del Código Procesal Civil.
[9] Artículo 11 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos
[10] Artículo 5 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre
[11] Artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
[12] Adoptada por la Asamblea General de la ONU a través de la resolución 2174 (III) del año de 1948