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Sentencia AL-952-18 — Registro 11536

Resumen

Se interpuso recurso de amparo que confirmó la sentencia dictada por el juzgado de letras con relación a la demanda de autorización de despido contra el recurrente en su condición de presidente de la junta directiva del sindicato de trabajadores de la empresa.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

... "CONSIDERANDO (07): Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que le asiste a cada parte en litigio.-CONSIDERANDO (08): Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales primero y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad; sobre la cual ya ha existido pronunciamiento previo, por lo que estima esta Sala, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una innecesaria substanciación del trámite del juicio principal, como se desprende del expediente de mérito."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que le asiste a cada parte en litigio

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve.-VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado SALVADOR ANTONIO ESPINOZA a favor del señor MISAEL DIAZ CALDERON, contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, que confirmó la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTES, de fecha diez de agosto de dos mil dieciocho; con relación a la demanda de autorización de despido promovida por la sociedad mercantil denominada COATS HONDURAS, S.A. contra el señor MISAEL DIAZ CALDERON en su condición de Presidente de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de la empresa COATS Honduras, sociedad anónima (SITRACOATS).-CONSIDERANDO (01): Que del escrito de la interposición del recurso de amparo se desprende, que el recurrente es del criterio que con la resolución recurrida se vulnera en perjuicio de su representado el derecho de defensa, estabilidad laboral y debido proceso contenidos en los artículos 82, 129 y 90 de la Constitución de la República, respectivamente, en el sentido que la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado WIFREDO MISAEL GARCIA CASTILLO en su condición de representante de la sociedad mercantil denominada COATS HONDURAS, S.A., considerando que en la sentencia definitiva recurrida se encuentran distintas violaciones a los procedimientos internos, asimismo que no fueron valorados adecuadamente los medios de prueba presentados y que el patrono no probó la pretendida causal de despido. También, siendo que el acoso sexual es un delito tipificado en el Código Penal, considera el recurrente que el patrono tuvo que haber denunciado el mismo a las autoridades competentes y contar con una sentencia condenatoria para alegar el acoso sexual y relacionarlo con el artículo 112 del Código del Trabajo.-CONSIDERANDO (02): Que analizada la sentencia ya referida, se aprecia que la Alzada fue del criterio que la decisión del A-quo no es apegada a derecho. Que analizada la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer y las recomendaciones establecidas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, y relacionadas estas a los hechos que fueron establecidos como probados, resulta de la abundante prueba documental aportada al proceso, el cruce de comunicaciones que tuvieran los trabajadores MISAEL DIAZ CALDERON y ANDREA HERNANDEZ que es imposible considerar la existencia de reciprocidad, en virtud que de la forma de comportarse del señor MISAEL DIAZ CALDERON se determina un comportamiento lascivo que excede la broma o el trato amistoso en un ambiente de trabajo y que si bien es cierto al inicio la trabajadora compartió aceptando las observaciones de este relacionadas por su cuerpo al realizar preguntas al respecto, y respondiendo igualmente a algunas interrogantes realizadas por el señor MISAEL DIAZ CALDERON, ello no le autorizaba el tratamiento que dejó de ser insinuante para convertirse en un hostigamiento sexual con claras invitaciones e intentos de realizar actos de la misma naturaleza, pasando luego al contacto físico, mismos que no fueron respondidos con reciprocidad y que generó para la trabajadora un ambiente hostil, incómodo y de temor, orillándola a solicitar cambio de turno para poner un límite entre ella y el denunciado, hechos que fueron comprobados por las declaraciones testificales aportadas.-CONSIDERANDO (03): Respecto a la fuero sindical y a la garantía de estabilidad alegada, la Alzada es del parecer que es una garantía que es otorgada a determinados trabajadores para no ser despedidos ni trasladados ni modificadas sus condiciones de trabajo sin justa causa, previamente calificada por el Juez Del Trabajo, de conformidad al artículo 517 del Código del Trabajo. Sin embargo, pese a que el demandado MISAEL DIAZ CALDERON se desempeñaba como presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa COARS HONDURAS, S.A. (SITRACOATS); la esencia del citado fuero no constituye para éste una patente de impunidad ni seguro social absoluto, pues de existir causas que deriven del incumplimiento de sus obligaciones como trabajadores previamente calificada por el Juez del trabajo, pueden ser excluidos de dicha garantía.-CONSIDERANDO (04): Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados.-CONSIDERANDO (05): Que en respeto a la independencia de los jueces y tribunales, esta Sala de lo Constitucional es y ha sido del criterio, que los asuntos de mera legalidad o alegatos propios de instancia, como lo es el resultado de la valoración subjetiva de los elementos aportados como prueba en los juicios, no son susceptibles de la Garantía de Amparo a menos que esto constituya una infracción evidente a los preceptos constitucionales, infringiendo así los derechos fundamentales tutelados por la Constitución de la República a la parte que se considere agraviada, la cual debe señalar de manera puntual tal violación; situación que no se aprecia luego de efectuado el correspondiente estudio del escrito de interposición y del acto reclamado en amparo.-CONSIDERANDO (06): Que este alto Tribunal observa que con el acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.-CONSIDERANDO (07): Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que le asiste a cada parte en litigio.-CONSIDERANDO (08): Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales primero y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad; sobre la cual ya ha existido pronunciamiento previo, por lo que estima esta Sala, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una innecesaria substanciación del trámite del juicio principal, como se desprende del expediente de mérito.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1) y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado SALVADOR ANTONIO ESPINOZA a favor del señor MISAEL DIAZ CALDERON, contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho; por existir pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, así como que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una innecesaria substanciación del trámite del juicio principal; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintitrés (23) días del mes de julio del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Resolución de fecha treinta y uno (31) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) recaída en el Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0952-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL