Sentencia AL-945-17 — Registro 10869
Resumen
Recurso de Amparo interpuesto contra la sentencia que confirmo el auto interlocutorio dictado por el Juzgado con relación a la demanda laboral
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El debido proceso envuelve el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal, como un conjunto de garantías de los medios tendientes a asegurar la vigencia y eficacia del proceso, de lo que cabe asegurar que el derecho a una resolución fundada en derecho es un elemento esencial del debido proceso. Una sentencia de fondo, es decir razonable, congruente y justa, que resuelva las pretensiones controvertidas y que se encuentre jurídicamente fundada, es una exigencia que se deriva de la legitimación democrática del poder judicial y de la oposición a la indefensión y a la irracionalidad. Cuando este derecho es infringido por parte del juzgador, se produce la violación al debido proceso y al mismo tiempo desencadena la afectación al derecho de defensa invocado por el amparista. En tal sentido, al confrontar la sentencia recurrida con el contenido formal de las sentencias, observamos que el Ad Quem en la resolución emitida estima que si bien el Estado debe asegurar una tutela plena, asegurando que el tiempo que se requiere para ejecutar una sentencia firme no podrá ser aprovechado por el demandado o un tercero, para propiciar una situación que de a lugar a una burla al derecho de los trabajadores consignados en el artículo 127 Constitucional en condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo –periculum mora- por lo que es el ESTADO quien debe y tiene que asegurar que la situación jurídica patrimonial que sustancialmente vigente al momento de la sentencia o de su ejecución de tal modo que sea una realidad su ejecución."...
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 127 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
..."Señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso sub judice se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía el Ad Quem en su sentencia recurrida ha aplicado las normas adjetivas correspondiente a la tramitación legal del proceso, ya que se puede apreciar que el recurrente se ocupó de argumentos de fondo quien erróneamente centra su alegato que su representada es una empresa con personalidad jurídica diferente KIELSA FARMACEUTICA a la hoy demandada en autos, y que ante frente a tales alegatos encontrándose el juicio en etapa de ejecución aplicando acertadamente el artículo 786 del Código del Trabajo que establece: “En el juicio ejecutivo no cabrán incidentes ni excepciones, salvo la de pago…” por lo que esta Sala estima que no se debe seguir instando la figura el derecho a tercero por no considera que los argumentos que fueron igualmente planteados en la presente acción de amparo al no desarrollar con precisión el concepto de la violación causada por la resolución del Tribunal de Alzada, en cuanto a declarar a CONFIRMAR por mayoría de votos el auto interlocutorio recurrido contra la cual se reclama la presente acción, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado al considerar que no exista una vulneración al derecho a la defensa, petición, el derecho a la inocencia y al principio al debido proceso, estimando que en todo el proceso laboral se ha respetado de todos los derechos que ha contando con los medios que la le dispone para ejercer la defensa de cada una de sus posiciones, consecuentemente, no ha existido ningún accionar de la jurisdicción que pueda ser considerada como una vulneración al principio de legalidad."...
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de febrero del año dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogado JORGE FABIAN COREA LOBO, a favor de la sociedad mercantil denominada KIELSA FARMAUCETICA S.A DE C.V (KIELFARMA), contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), que confirmó el Auto Interlocutorio de fecha diez (10) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda laboral promovida por los señores ALMA YAMILETH CRUZ SOLIS y OTROS contra KIELSA FARMAUCETICA S.A (COINSA S.A). Estima el recurrente que se le han violentado los derechos contenidos en los artículos 80, 82, 89 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)Que en fecha doce (12) de agosto del año dos mil nueve (2009), comparecieron ante Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, los señores ALMA YAMILETH CRUZ SOLIS, ARELY YAMILETH VILLALTA RODRIGUEZ y FRANKLIN ALEJANDRO CRUZ PADILLA interponiendo demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la supuesta justa causa de despido, en caso contrario se paguen las prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de despido directo, ilegal e injusto, salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios, contra la sociedad mercantil denominada KIELSA FARMACEUTICA (COINSA S.A) (Folio 01 al 04 de la pieza del Juzgado) 2) Que en fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil diecisiete (2017), compareció el Abogado JORGE FABIAN COREA LOBO, actuando en su condición de apoderado legal de la EMPRESA KIELSA FARMAUCETICA S.A DE C.V, en la demanda laboral promovida por los señores ALMA YAMILETH CRUZ SOLIS y OTROS, quien manifiesta que según auto de fecha treinta (30) de julio del año dos mil quince (2015), se les señaló una garantía bancaria por la cantidad de ciento cincuenta mil (Lps. 150,000.00), la cual acredita con el Número 300212097. (Folio 165 de la pieza del Juzgado) 3) Que en fecha diez (10) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), vista la comparecencia que antecede presentada por el Abogado JORGE FABIAN COREA LOBO, se tiene por admitida y consignada la garantía bancaria número 300212097, por la cantidad de ciento cincuenta mil lempiras, (Lps.150,000.00) de fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil diecisiete (2017), el cual se mantendrá en reserva en la Secretaria del Despacho, asimismo y en cuanto lo demás peticionado de desprende lo siguiente: PRIMERO: En fecha 25 de junio del año dos mil quince, compareció el Abogado JORGE FABIAN COREA LOBO, en su condición antes descrita solicitando y personándose como Derecho a Terceros en la cual se alega que se ha participado embargos sobre cuentas pertenecientes a su representada. SEGUNDO: En fecha treinta de julio del 2015 se emite auto ordenando al compareciente que presente caución a efecto de garantizar lo peticionado como DERECHO A TERCERO, situación que no sucedió hasta en esta fecha según comparecencia presentada el 29 junio del 2017. TERCERO: Después de un análisis de la suscrita la misma considera que la garantía ordenada en autos no es suficiente para garantizar los daños y perjuicios que pudiesen ocasionar la solicitud de desembargo para así salvar el derecho de terceros, por consiguiente y siendo que la normativa faculta al Juez para una mejor dirección del proceso y en aras de garantizar el principio protectorio del trabajador MANDA: Que la parte demandada como TERCERO (KIELSA FARMAUCETICA S.A DE C.V) en el proceso rinda una nueva caución para complementar lo ya condenado en el proceso es decir por la cantidad OCHOCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (Lps.804,878.86) mediante cheque certificado o garantía bancaria la cual deberá ser depositada en la secretaria de este despacho. (Folio 167 de la pieza del Juzgado) 4) Que la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado JORGE FABIAN COREA LOBO, en fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017) FALLA (sic): “Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado JORGE FABIAN COREA LOBO; 2) CONFIRMANDO el auto interlocutorio de fecha diez (10) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán; en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE EL PATRONO PRUEBE LA JUSTA CAUSA DE UN DESPIDO, EN CASO CONTRARIO SE PAGUEN LAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES EN VIRTUD DE DESPIDO DIRECTO, LEGAL E INJUSTO SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, COSTAS promovido por los señores ALMA YAMILETH CRUZ SOLIS, ARELY YAMILETH VILLALTA RODRIGUEZ y FRANCKLIN ALEJANDRO CRUZ PADILLA, contra la empresa KIELSA FARMAUCETICA (CIONSA , S.A) a través del señor EDUARDO FARJ FARACH, en su condición de Presidente del Consejo de Administración. SIN COSTAS en esta instancia. (Folio 11 al 15 de la pieza de Corte de Apelaciones) 5) El recurrente Abogado JORGE FABIAN COREA LOBO, compareció ante este Tribunal, en fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor de LA EMPRESA KIELSA FARMAUCETICA S.A DE C.V, por considerar que la decisión del Ad Quem, de fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), es violatoria a lo dispuesto en el artículo 80, 82, 89 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha catorce (14) de mayo del año dos mil dieciocho (2018). 6) Que con fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), la abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión que SE DENIEGUE la acción de amparo interpuesta. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en amparo la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), haciendo la observación que en la formalización del recurso de Amparo interpuesto por el recurrente establece estar dirigida la acción contra la resolución que antecede y la cual en la pieza de sus antecedentes declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JORGE FABIAN COREA LOBO y a su vez CONFIRMANDO el auto interlocutorio de fecha diez (10) de agosto del dos mil diecisiete (2017) emitido por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán; en la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa de un despido, en caso contrario se paguen las prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de despedido directo, ilegal e injusto, indicando en el amparo interpuesto que la misma autoridad que emitió el acto reclamado considerara que ha vulnerado las garantías constitucionales establecidas en los artículos 80, 82, 89 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que analizado el expediente de mérito consta en autos que el Abogado JORGE FABIAN COREA LOBO argumenta en su escrito de interposición que la acción de amparo, la Corte recurrida desconoce al no dar debida respuesta a los agravios planteados, al no explicar la personería jurídica de la sociedad mercantil denominada KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V. ya que es diferente de la sociedad demandada y condenada; por tal motivo estima que tiene una estructura societaria diferente, es decir, los propietarios de la empresa y sus acciones, activos, derechos y obligaciones como sociedad mercantil, son exclusivamente de su demandada siendo por consiguiente, totalmente diferente de aquellos que pertenecen a los socios de la demandada y condenada, siendo que el Ad Quem desconoce al no dar debida respuesta a los agravios interpuestos que solicitó en primera instancia nulidad de lo actuado en su contra, específicamente referente al auto de ejecución, solicitándole la nulidad del auto sin haber precedido a lo solicitado, al considerar que son dos personas jurídicas diferentes, pues el contenido de la demanda solo puede ser aplicada en su efectos a la persona conocida con tal designación, pretendiendo ejecutar a una persona distinta de la condenada. Considerando el censor que ello es un acto violatorio a los derechos constitucionales de la defensa, al debido proceso y propiedad, debiendo ser dirigida la condena exclusivamente al fallo contra “KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V.” (COINSA S.A.) reconociendo el error por parte del juzgador, ya que su representada es la sociedad mercantil KIELSA FARMACEUTICA S.A. de C.V. (KIELFARMA), confirmando lastimosamente el Ad Quem conforme lo dispone el artículo 321 de la Constitución, pudiendo incurrir en responsabilidad, toda vez que su ejecución no puede vincular a una persona jurídicamente distinta del fallo proferido por él A Quo. CONSIDERANDO CINCO (5): Se desprende que de la serie de actuaciones se esgrima que habiendo sido decretado y ejecutado un embargo, y ordenado que se rindiera caución ordenada, y al tiempo que ha transcurrido desde que se ordenó la misma, indica que la empresa KIELSA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V., no quería cumplir con la caución ordenada, la que debió ser rendida sin dilación alguna, garantizando el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, es decir juzgar y ejecutar, ya que el amparista en la primera pieza de sus antecedentes dejó transcurrir una dilación considerable cantidad de tiempo entre la fecha en que se ordenó la caución, hasta que volvió a solicitar la nulidad de actuaciones el 29 de junio del 2017 (f.165) a la presentación de la garantía bancaria (f.166)y que frente ante tales actuaciones judiciales se ordenó rindiera nueva caución por la cantidad de L.804,878.86 mediante cheque certificado o garantía bancaria, con el fin de completar lo ya ordenado en el proceso ya que se consideraba que la caución rendida no se consideraba suficiente para garantizar los daños y perjuicios que pudieses ocasionar la solitud del desembargo para así salvaguardar el derecho a terceros y así valer el principio protectorio del derecho de los trabajadores, evitando que la sentencia se reduzca en una mera declaración siendo su ejecución una forma de hacer efectiva la satisfacción del derecho declarado. CONSIDERANDO SEIS (6): El debido proceso envuelve el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal, como un conjunto de garantías de los medios tendientes a asegurar la vigencia y eficacia del proceso, de lo que cabe asegurar que el derecho a una resolución fundada en derecho es un elemento esencial del debido proceso. Una sentencia de fondo, es decir razonable, congruente y justa, que resuelva las pretensiones controvertidas y que se encuentre jurídicamente fundada, es una exigencia que se deriva de la legitimación democrática del poder judicial y de la oposición a la indefensión y a la irracionalidad. Cuando este derecho es infringido por parte del juzgador, se produce la violación al debido proceso y al mismo tiempo desencadena la afectación al derecho de defensa invocado por el amparista. En tal sentido, al confrontar la sentencia recurrida con el contenido formal de las sentencias, observamos que el Ad Quem en la resolución emitida estima que si bien el Estado debe asegurar una tutela plena, asegurando que el tiempo que se requiere para ejecutar una sentencia firme no podrá ser aprovechado por el demandado o un tercero, para propiciar una situación que de a lugar a una burla al derecho de los trabajadores consignados en el artículo 127 Constitucional en condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo –periculum mora- por lo que es el ESTADO quien debe y tiene que asegurar que la situación jurídica patrimonial que sustancialmente vigente al momento de la sentencia o de su ejecución de tal modo que sea una realidad su ejecución. CONSIDERANDO SIETE (7): Señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso sub judice se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía el Ad Quem en su sentencia recurrida ha aplicado las normas adjetivas correspondiente a la tramitación legal del proceso, ya que se puede apreciar que el recurrente se ocupó de argumentos de fondo quien erróneamente centra su alegato que su representada es una empresa con personalidad jurídica diferente KIELSA FARMACEUTICA a la hoy demandada en autos, y que ante frente a tales alegatos encontrándose el juicio en etapa de ejecución aplicando acertadamente el artículo 786 del Código del Trabajo que establece: “En el juicio ejecutivo no cabrán incidentes ni excepciones, salvo la de pago…” por lo que esta Sala estima que no se debe seguir instando la figura el derecho a tercero por no considera que los argumentos que fueron igualmente planteados en la presente acción de amparo al no desarrollar con precisión el concepto de la violación causada por la resolución del Tribunal de Alzada, en cuanto a declarar a CONFIRMAR por mayoría de votos el auto interlocutorio recurrido contra la cual se reclama la presente acción, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado al considerar que no exista una vulneración al derecho a la defensa, petición, el derecho a la inocencia y al principio al debido proceso, estimando que en todo el proceso laboral se ha respetado de todos los derechos que ha contando con los medios que la le dispone para ejercer la defensa de cada una de sus posiciones, consecuentemente, no ha existido ningún accionar de la jurisdicción que pueda ser considerada como una vulneración al principio de legalidad. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia por UNANIMIDAD DE VOTOS, la Sala de lo Constitucional, como intérprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 80, 82, 89, 90, 127, 183, 303, 304, 305, 313 Atribución 5ta, 314, 316 atribución 1, 321, 323 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9, 41, 44, 47, 49, 52, 56, 59, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 3, 786 del Código del Trabajo; FALLA: DENEGAR la acción de AMPARO interpuesto por el Abogado JORGE FABIAN COREA LOBO a favor de la sociedad mercantil denominada KIELSA FARMAUCETICA S.A DE C.V (KIELFARMA), contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), que confirmó el auto interlocutorio de fecha diez (10) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que con la certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. REDACTÓ MAGISTRADA: REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis (06) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la sentencia de fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número SCO-0945=2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
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