Sentencia AL-930-17 — Registro 8866
Resumen
Acto recurrido que declara sin lugar apelación con relación al incidente alegado en la demanda laboral promovida contra el impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad estimándose además que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal.."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, Numeral 1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de marzo del año dos mil diecinueve.- VISTO: El dictamen del Ministerio Público y los antecedentes correspondientes al recurso de amparo interpuesto por la Abogada MARIA BRENDA SUYAPA WILLIAMS RODRÍGUEZ a favor del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha ocho de diciembre de dos mil diecisiete, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, con relación a al incidente alegado en la demanda laboral promovida por el señor MARIO ENRIQUE NARVÁEZ OYUELA contra el ESTADO DE HONDURAS a través del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP).- CONSIDERANDO: Que de conformidad con el dictamen emitido por el Ministerio Público, se advierte que su representante es de la opinión que en el presente recurso concurre la causal de inadmisibilidad estipulada en el numeral 3º del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que establece que es inadmisible la acción de amparo contra los actos que hayan sido consentidos por el agraviado; sin embargo, la Sala estima que en efecto el presente recurso de amparo debe sobreseerse pero no por la causal de inadmisión referida sino conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1).- CONSIDERANDO: Que la recurrente alega en su escrito de interposición, que el Ad-Quem resolvió equivocadamente el recurso de apelación, pues la razón por la cual se abstuvo su representada de consignar el cheque a favor del señor MARIO ENRIQUE NARVÁEZ OYUELA, se debió a la noticia y prueba que consta en el juicio de que el señor Narváez Oyuela había fallecido, por lo que la cantidad a pagar debía ser corregida al ejecutar la liquidación de la sentencia en lo relativo al señor Narváez Oyuela.- CONSIDERANDO: Que en virtud de lo anterior, la recurrente estima que con el acto reclamado en amparo se le han violentado a su representado los derechos contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO: Que la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho de diciembre del año dos mil diecisiete, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la recurrente contra la resolución dictada por el A-Quo el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, al estimar que la pretensión demandada por el señor MARIO ENRIQUE NARVÁEZ OYUELA le fue otorgada por los Tribunales del Trabajo, y habiendo éste fallecido, correspondía recibirla a los herederos legítimamente declarados por autoridad competente, no siendo válidos los alegatos de la parte recurrente de que no se le pueda pagar a los herederos las prestaciones e indemnizaciones laborales, pues consta en autos que la liquidación hecha en su momento por el Tribunal de Primera Instancia, no fue recurrida, quedando ésta firme.- CONSIDERANDO: Que del análisis de los antecedentes así como del dictamen del Ministerio Público, se aprecia que según constancia emitida por la Secretaria General del Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, contra liquidación de sentencia dictada por el referido Tribunal en fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, no se hizo uso de ningún recurso, teniendo expedito el recurso de apelación de conformidad al artículo 743 del Código del Trabajo, por lo que dicho acto fue consentido en primera instancia, no siendo de recibo los alegatos de la parte recurrente pues dicha situación debió alegarse en aquel momento, por consiguiente lo resuelto por la Corte de Apelaciones referida, en fecha ocho de diciembre del año dos mil diecisiete, no violenta las garantías constitucionales alegadas por la recurrente en el presente recurso de amparo.- CONSIDERANDO: Que éste alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.- CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados.- CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio- CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por lo cual, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad, en la que el ente denunciado se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que ampara al quejoso.- CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad estimándose además que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o., 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1 y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada MARIA BRENDA SUYAPA WILLIAMS RODRÍGUEZ a favor del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha ocho de diciembre de dos mil diecisiete, en virtud de haberse apreciado la causal de inadmisibilidad contenida en el articulo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha dejado ya relacionado; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada, REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres (3) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Resolución de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0930-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de marzo del año dos mil diecinueve.- VISTO: El dictamen del Ministerio Público y los antecedentes correspondientes al recurso de amparo interpuesto por la Abogada MARIA BRENDA SUYAPA WILLIAMS RODRÍGUEZ a favor del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha ocho de diciembre de dos mil diecisiete, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, con relación a al incidente alegado en la demanda laboral promovida por el señor MARIO ENRIQUE NARVÁEZ OYUELA contra el ESTADO DE HONDURAS a través del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP).- CONSIDERANDO: Que de conformidad con el dictamen emitido por el Ministerio Público, se advierte que su representante es de la opinión que en el presente recurso concurre la causal de inadmisibilidad estipulada en el numeral 3º del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que establece que es inadmisible la acción de amparo contra los actos que hayan sido consentidos por el agraviado; sin embargo, la Sala estima que en efecto el presente recurso de amparo debe sobreseerse pero no por la causal de inadmisión referida sino conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1).- CONSIDERANDO: Que la recurrente alega en su escrito de interposición, que el Ad-Quem resolvió equivocadamente el recurso de apelación, pues la razón por la cual se abstuvo su representada de consignar el cheque a favor del señor MARIO ENRIQUE NARVÁEZ OYUELA, se debió a la noticia y prueba que consta en el juicio de que el señor Narváez Oyuela había fallecido, por lo que la cantidad a pagar debía ser corregida al ejecutar la liquidación de la sentencia en lo relativo al señor Narváez Oyuela.- CONSIDERANDO: Que en virtud de lo anterior, la recurrente estima que con el acto reclamado en amparo se le han violentado a su representado los derechos contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO: Que la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho de diciembre del año dos mil diecisiete, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la recurrente contra la resolución dictada por el A-Quo el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, al estimar que la pretensión demandada por el señor MARIO ENRIQUE NARVÁEZ OYUELA le fue otorgada por los Tribunales del Trabajo, y habiendo éste fallecido, correspondía recibirla a los herederos legítimamente declarados por autoridad competente, no siendo válidos los alegatos de la parte recurrente de que no se le pueda pagar a los herederos las prestaciones e indemnizaciones laborales, pues consta en autos que la liquidación hecha en su momento por el Tribunal de Primera Instancia, no fue recurrida, quedando ésta firme.- CONSIDERANDO: Que del análisis de los antecedentes así como del dictamen del Ministerio Público, se aprecia que según constancia emitida por la Secretaria General del Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, contra liquidación de sentencia dictada por el referido Tribunal en fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, no se hizo uso de ningún recurso, teniendo expedito el recurso de apelación de conformidad al artículo 743 del Código del Trabajo, por lo que dicho acto fue consentido en primera instancia, no siendo de recibo los alegatos de la parte recurrente pues dicha situación debió alegarse en aquel momento, por consiguiente lo resuelto por la Corte de Apelaciones referida, en fecha ocho de diciembre del año dos mil diecisiete, no violenta las garantías constitucionales alegadas por la recurrente en el presente recurso de amparo.- CONSIDERANDO: Que éste alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.- CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados.- CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio- CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por lo cual, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad, en la que el ente denunciado se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que ampara al quejoso.- CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad estimándose además que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o., 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1 y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada MARIA BRENDA SUYAPA WILLIAMS RODRÍGUEZ a favor del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha ocho de diciembre de dos mil diecisiete, en virtud de haberse apreciado la causal de inadmisibilidad contenida en el articulo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha dejado ya relacionado; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada, REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres (3) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Resolución de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0930-2017.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional