Sentencia AL-905-17 — Registro 11437
Resumen
Resolución que revocó auto interlocutorio que rechaza comparecencia de apoderado de recurrente en vista que éste no ostenta las facultades para comparecer en el presente juicio con relación a demanda ordinaria Laboral promovida contra otra sociedad mercantil y contra recurrente solidariamente, a fin de que pruebe la legalidad y justa causas de despidos, caso contrario paguen las prestaciones e indemnizaciones laborales, en la cual fueron condenados por dichos conceptos y que impetrante como demandado y condenado solidario argumenta ha hecho efectivo el pago de la totalidad de lo condenado según sentencia y que el secretario del despacho proceda al archivo de las presentes diligencias y recaído en la tasación de costas de ejecución promovido por apoderada demandante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(11) Que de acuerdo a los antecedentes y la resolución recurrida, esta Sala aprecia que el recurrente en varias oportunidades compareció ante el órgano jurisdiccional proponiendo métodos de pagos, lo que ciertamente no constituye pago, interpretando el Tribunal de Alzada que los mismos han sido un medio de dilación injustificada del pago del impetrante. Por otra parte cuando el recurrente solicita se haga efectiva la garantía bancaria, del contenido de la misma se desprende, que debía hacerse a requerimiento del órgano jurisdiccional y solo en el caso en que la parte demandada no diera cumplimiento a la obligación a la que fue condenada.-CONSIDERANDO: (12) Que el recurrente expresa que se le ha vulnerado el Debido Proceso, entendido éste, como derecho fundamental de los ciudadanos, con el cual se busca resolver de forma justa y apegada a estricto derecho aquellas cuestiones que deba resolver el órgano jurisdiccional, cumpliendo con las reglas, formalidades y solemnidades establecidas previamente en la ley, en ese orden de ideas, el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial . Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existe una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona . Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Por todo ello esta Sala observa que el que Debido Proceso no se ha vulnerado con la resolución recurrida, al cumplir con los requisitos, motivación y fundamentos que deben garantizarse en el proceso así como los derechos de las partes de tal manera que reciban una tutela judicial efectiva.-CONSIDERANDO: (13) Que el Ministerio Público emitió su dictamen en fecha 23 de abril del año 2018, habiendo sometido a estudio la foliada concluye que no existe vulneración de la garantía constitucional invocadas por el recurrente, siendo del parecer porque Se DENIEGUE la acción de amparo interpuesta. Por todo ello procede que se deniegue el recurso de amparo interpuesto.-CONSIDERANDO:(14) Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico"
Legislación citada
- Arancel del Profesional del Derecho, art. 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Arancel del Profesional del Derecho, art. 55, literal b (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. -VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE MANUEL CASTRO RIVERA, a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL CERVECERIA HONDUREÑA S.A DE C.V, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), que revoco el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil diecisiete (2017),con relación a la demanda ordinaria Laboral promovida por los señores EVERS EFREN MORALES ZAVALA, CARMEN IVANIA PALMA ROSALES, MARIO IVAN PINEDA MEZA, OSCAR GEOVANY GARAY RODAS y OTROS, contra LA SOCIEDAD MERCANTIL CERVECERIA HONDUREÑA S.A DE C.V. antes conocida como CORPORACIÓN CERVECERA HONDUREÑA S.A DE C.V.- Estima el recurrente que se le han violentado los derechos contenidos en los artículos 80, 90 y 183 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veinte (20) de marzo del año dos mil trece (2013), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada DALIS DASSAELA REYNAUD REYES, interponiendo demanda ordinaria laboral para que el patrono pruebe la legalidad y justa causas de unos despidos, caso contrario paguen las prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde la fecha del despido hasta que con sujeción de las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria.-(Folio 01 al 17 de la primera pieza del Juzgado).-2) Que el referido Juzgado, dictó Autos Interlocutorios en fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil diecisiete (2017), en el que se RECHAZA la comparecencia por parte del Abogado RAMON PEDRO VINDEL WAINWRIGHT, en su condición de Apoderado Legal de la SOCIEDAD MERCANTIL CERVECERIA HONDUREÑA S.A DE C.V, en vista que el compareciente no ostenta las facultades para comparecer en el presente juicio.- Asimismo en cuanto a la comparecencia por parte del Abogado JOSE MANUEL CASTRO RIVERA, consta en autos que LA SOCIEDAD MERCANTIL CERVECERIA HONDUREÑA S.A DE C.V., ha hecho efectivo el pago de la totalidad de lo condenado según sentencia de fecha 13 de marzo del año 2015, como se pide por el compareciente que el secretario del despacho proceda al archivo de las presentes diligencias…(Folio 503 y 505 de la pieza del Juzgado).-3) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, conociendo de un recurso de apelación interpuesto por la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, en fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), FALLA: 1.- DECLARANDO CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, 2.- REVOCANDO los autos interlocutorios de fechas veintiocho de junio del dos mil diecisiete, dictados por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, y recaído en la tasación de costas de ejecución promovido por la apoderada demandante; debiendo el A-quo proceder a dar trámite a la tasación de costas de ejecución.- Todo en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE EL PATRONO PRUEBE LA LEGALIDAD Y JUSTA CAUSA DE UNOS DESPIDOS, CASO CONTRARIO, PAGUEN LAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS DESDE LA FECHA DEL DESPIDO HASTA QUE CON SUJECION DE LAS NORMAS PROCESALES QUEDE FIRME LA SENTENCIA CONDENATORIA, promovido por la Abogada DALIS DASSAELA REYNAUD REYES, en su condición de representante procesal de los señores EVERS EFRÉN MORALES ZAVALA, CARMEN IVANIA PALMA ROSALES, MARIO IVAN PINEDA MEZA, OSCAR YOVANY GARAY RODAS, DONAL ABAL SÁNCHEZ ALMENDAREZ, JULISSA MARICELA AVILA BUSTILLO, JOSÉ LISANDRO GIRÓN AVILEZ, MARIA MAGDALENA JOYA TREJO, JEMNI REINIERI MORAN HERRERA, EMILI EDITH AVILA NÚÑEZ, SANDRA PATRICIA GONZALES, DIXON ENOC GARCÍA GONZÁLEZ, OSCAR ARMANDO CABALLERO GARAY, DAYSI LORENA AGUILAR OLIVA, MAIRA PATRICIA ARTICA GARCÍA, SELVIN ENRIQUE GODOY MONTOYA, EINSTEIN JAROL MARTINEZ SUAZO, JOSÉ IVAN RODRÍGUEZ HERRERA, DENNIS ALEXANDER ARRIOLA BATIZ, JORGE ALBERTO PINEDA DELGADO, ERIC FRANCISCO QUINTANILLA OSORIO, RODY ARTURO AGUILERA, PEDRO GONZALES VASQUEZ, EDGAR EDIL RODRÍGUEZ, MARLIN WALESKA HERNÁNDEZ, MAIRA ALEJANDRA VARGAS MEJÍA, JORGE RENE CONTRERAS y PABLO NOE RAMOS PORTILLO, contra la SOCIEDAD MERCANTIL ENFRIADORES DE HONDURAS, S.A DE C.V (ENFRIHON) por medio de su presidente Ejecutivo señor JOSE ENRIQUE TEFEL ROBELO y solidariamente contra LA SOCIEDAD CERVECERIA HONDUREÑA S.A DE C.V, por medio de su Gerente General y Representante Legal, el señor MAURICIO LEYVA ARBOLEDA.- 3.- SIN COSTAS en esta Instancia.- -(Folio 299 al 306 de la segunda pieza de antecedentes).-4) El recurrente abogado JOSE MANUEL CASTRO RIVERA, compareció ante este Tribunal, en fecha uno (1) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL CERVECERIA HONDUREÑA S.A DE C.V, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), es violatoria a lo dispuesto en los artículos 80, 90 y 183 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha cuatro (4) de abril del año dos mil dieciocho (2018).-5) Que con fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil dieciocho (2018), el abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión que NO SE OTORGUE LA ACCIÓN DE AMPARO interpuesta.-CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO:(2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO: (3) Que se conoce en Amparo la resolución dictada en fecha veintiuno de noviembre del año dos mil diecisiete, por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, que por mayoría de votos Declaró con Lugar el Recurso de Apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado en fecha veintiocho de junio del año dos mil diecisiete, por el Juzgado de Letras del Trabajo de la misma Sección Judicial, con relación a la Demanda Laboral promovida por los señores EVER EFREN MORAZAN ZAVALA, CARMEN IVANIA PALMA ROSALES, MARIO IVAN PINEDA MEZA, OSCAR YOVANY GARCIA RODAS, y otros, contra la Sociedad mercantil CERVECERÍA HONDUREÑA, S.A. DE C.V., antes conocida como CORPORACIÓN CERVECERIA HONDUREÑA, S.A. de C.V.-CONSIDERANDO: (4) Que el recurrente en la formalización de la acción de amparo, en el párrafo "IV HECHOS" señala los hechos que motivan la demanda Ordinaria Laboral contra la Empresa Enfriadores de Honduras, S.A. de C.V., (ENFRIHON) y solidariamente contra la empresa CERVECERÍA HONDUREÑA, S.A., DE C.V., (CHSA). Señala Que dicha empresa en su condición de demandada solidaria se persona en el juicio, esgrimiendo los argumentos sostenidos en la misma como consta en autos. Expone que sustanciado el proceso, la parte demandada directamente y su representada como demandada solidaria fue condenada al pago del monto total de las prestaciones e indemnizaciones exigidas por la parte demandante, como consecuencia de ello interpuso el recurso de apelación en contra de dicha sentencia en fecha 30 de abril del 2015 declarando sin lugar dicho recurso y confirmando la sentencia, posteriormente se interpuso el recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de apelaciones del Trabajo, mismo que fue fallado sin lugar mediante sentencia de fecha 7 de diciembre del 2016, condenando definitivamente a la representada del recurrente al pago de la cuantía de la demanda, más salarios dejados de percibir en los términos solicitados en el libelo de la demanda.-CONSIDERANDO: (5) Que el recurrente señala que en virtud de la sentencia de segunda instancia, con el propósito de solicitar la ejecución Provisional de la sentencia y para ese fin el juzgado hace el cálculo de la indemnización de salarios dejados de percibir, desde el 3 de marzo del 2013 fecha de su despido, hasta el 30 de abril del 2015, fecha de la sentencia de segunda instancia, con un monto de once millones cuarenta y siete mil novecientos cuarenta y tres lempiras con sesenta y tres centavos (11,047.943.63), manifiesta que "allanado el camino, la representante procesal de los demandantes, solicita la ejecución provisional de la sentencia, para lo cual logra embargar una cuenta a la empresa representada por el recurrente, por la cantidad antes referida, calculada por el juzgado.-CONSIDERANDO:(6) Que el impetrante manifiesta que se presentaron acciones en la referida ejecución provisional, además su representada presentó una garantía bancaria, por igual cantidad de indemnización de los salarios y cuantía de la demanda calculada por el juzgado, con el fin de suspender el embargo decretado por el juzgado, garantía que fue admitida, pero denegada la suspensión del embargo de la cuenta afectada, ambas en el banco Atlántida, según sostiene el Juez, por no estar firme la sentencia, pues en virtud del recurso de casación interpuesto, las indemnizaciones serían mayores, quedando entonces a la orden del Juzgado del Trabajo y a la disposición de los demandantes, por lo que resultara del juicio firme que fuera la sentencia, tanto la cuenta embargada, como garantía bancaria por igual cantidad sumando un total de veintidós millones noventa y cinco mil ochocientos ochenta y siete lempiras con veintiséis centavos (L. 22,095.887.26).-CONSIDERANDO: (7) Que el recurrente señala que proferida la sentencia, devueltos los antecedentes al juzgado de su procedencia de inmediato y con diligencia inusitada por parte del Secretario Adjunto procedió el juzgado a realizar la liquidación de la sentencia, y la apoderada de los demandantes, a hacer cuanto fuera posible para que apareciera en autos, como de que se hubiese requerido a un representante legal de la empresa demandada solidariamente, que desde hace mucho tiempo antes había cesado en su representación y en su lugar se nombraron otros dos, inclusive supuestamente hicieron los trámites de rigor indicados por la ley, para requerirlo consignando las correspondientes constancias, pero nunca llegó nadie a las oficinas de la empresa, buscando al representante legal, deducido por el decir de los vigilantes.-CONSIDERANDO: (8) Que el impetrante manifiesta que una vez que la sentencia quedó firme, realizada la liquidación, se fijó el monto final de la indemnización en la cantidad de L. 16,810.044.29, por lo cual sin existir necesidad de “ejecución forzosa de sentencia” solicitó en tres ocasiones distintas en nombre de su representada tal como consta en el expediente a folios 476, 478, y 479, que el pago de indemnización se hiciera mediante el cobro total de la garantía bancaria irrevocable número 20170007108, emitido por el Banco Atlántida entregada y aceptada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán por la cantidad de L. 11,047,943.63 y que el saldo restante se cobrara de la cuenta embargada número 21001109541 de Banco Atlántida.-CONSIDERANDO: (9) Que el impetrante señala dos circunstancias relevantes “la primera que se refiere a la aparente confusión de la apoderada legal de la parte demandante y de los magistrados que votaron a favor de la resolución emitida sobre los términos de Ejecución y la Garantía de Ejecución forzosa de las sentencias, que aunque homófonas, corresponden a contenidos legales y doctrinales bien diferentes; la segunda que se refiere al apoyo conceptual que utilizan los magistrados de segunda instancia que votaron a favor de la resolución recurrida” señalando que aparecen en los considerandos 8 y 10 del fallo, haciendo la observación que son copia literal sin contexto y sin citar apropiadamente la referencia bibliográfica de la que fueron extraídas, así como que solo se consultó la primera página de la obra destacando que de haber ahondado en su lectura se hubiesen encontrado con afirmaciones más coherentes como la siguiente: “los actos del órgano judicial que integran la ejecución forzosa constituyen una actividad sustitutiva de la conducta del destinatario de la condena. El mandato de la sentencia (o del título extrajudicial que sirve de base a la ejecución), va dirigido inmediatamente al condenado, que resulta de este modo el llamado a darle cumplimiento en los términos de la ejecución satisfaciendo al acreedor… “Cuando el condenado no cumple voluntariamente con lo que ordena el título, puede el acreedor acudir al órgano jurisdiccional impetrando el otorgamiento de la tutela para obtener la prestación que la sentencia reconoce… Pero eso significa también, desde otro punto de vista, que el ejecutado puede poner fin a la ejecución en cualquier momento, realizando la prestación contenida en el título, dando satisfacción al derecho del acreedor ejecutante” (Moreno, 2000) (el subrayado y negritas son del recurrente). Expone el impetrante que lo anterior reafirma lo resuelto en los autos interlocutorios de primera instancia, puesto que como se registra en la sustanciación del proceso, una vez que quedó firme la sentencia, “mi representada nunca desconoció su obligación de indemnizar”, señalando que a través de su persona se hicieron reiterados esfuerzos por cumplir con lo ordenado sin necesidad de apremio judicial, por lo que las costas por ejecución forzosa son improcedentes desde todo punto de vista y vulneran los derechos del debido proceso considerados por su representadas como disminuidos y tergiversados por la confusa resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo. Considera quebrantados el artículo 90 de la Constitución de la República y 8 numeral 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.-CONSIDERANDO: (10) Que el Ad quem en su resolución expresa, que consta en autos que las partes demandadas han dilatado injustificadamente el pago de lo condenado, y por ende el juzgado debe darle trámite a la solicitud de tasación de costas de ejecución, ya que se han hecho diligencias para que pague o consignen las cantidades condenadas.- En cuanto al archivo de las diligencias procede revocar el mismo, ya que debe dársele trámite a la tasación de costas de ejecución, considerando el Ad Quem procede la apelación en contra de los autos interlocutorios por no haber sido dictados conforme a derecho, en consecuencia dispone que el A quo debe proceder a la tasación de costas por ejecución.-CONSIDERANDO: (11) Que de acuerdo a los antecedentes y la resolución recurrida, esta Sala aprecia que el recurrente en varias oportunidades compareció ante el órgano jurisdiccional proponiendo métodos de pagos, lo que ciertamente no constituye pago, interpretando el Tribunal de Alzada que los mismos han sido un medio de dilación injustificada del pago del impetrante. Por otra parte cuando el recurrente solicita se haga efectiva la garantía bancaria, del contenido de la misma se desprende, que debía hacerse a requerimiento del órgano jurisdiccional y solo en el caso en que la parte demandada no diera cumplimiento a la obligación a la que fue condenada.-CONSIDERANDO: (12) Que el recurrente expresa que se le ha vulnerado el Debido Proceso, entendido éste, como derecho fundamental de los ciudadanos, con el cual se busca resolver de forma justa y apegada a estricto derecho aquellas cuestiones que deba resolver el órgano jurisdiccional, cumpliendo con las reglas, formalidades y solemnidades establecidas previamente en la ley, en ese orden de ideas, el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[1]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existe una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[2]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Por todo ello esta Sala observa que el que Debido Proceso no se ha vulnerado con la resolución recurrida, al cumplir con los requisitos, motivación y fundamentos que deben garantizarse en el proceso así como los derechos de las partes de tal manera que reciban una tutela judicial efectiva.-CONSIDERANDO: (13) Que el Ministerio Público emitió su dictamen en fecha 23 de abril del año 2018, habiendo sometido a estudio la foliada concluye que no existe vulneración de la garantía constitucional invocadas por el recurrente, siendo del parecer porque Se DENIEGUE la acción de amparo interpuesta. Por todo ello procede que se deniegue el recurso de amparo interpuesto.-CONSIDERANDO:(14) Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 60, 61, 90, 177, 321, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 2, 55 literal b), del Arancel del Profesional del Derecho; 1 y 78 No. 5, 249, 256, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 41 No.1, 45, 48, 63, 65, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8, 10 Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1, 24, Y 25 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, FALLA: DENEGANDO EL AMPARO interpuesto por el Abogado JOSE MANUEL CASTRO, a favor de la Sociedad Mercantil CERVECERÍA HONDUREÑA, S.A. DE C.V., contra la sentencia de fecha veintiuno de noviembre del año 2017, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diecinueve (19) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Sentencia de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) recaída en el Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 905-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de agosto de 1987.
[2] Gonzáles Pérez Jesús, El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, tercera edición, Civitas, Madrid 2001, Pag 53.