Sentencia AL-863-17 — Registro 17790
Resumen
Resolución que declara sin Lugar Incidente de nulidad de actuaciones y excepción de Declinatoria por Falta de Competencia con relación a demanda laboral promovida contra impetrante para el reconocimiento y pago retroactivo de derechos laborales, pago de plus administrativo como Derecho establecido en la Ley del Estatuto del Personal Profesional de Enfermería de Honduras; reconocimiento de derechos adquiridos de descanso profiláctico para las enfermeras empleadas conforme al Ordenamiento Jurídico Vigente. Acreditándose que recurrente debió haber alegado la nulidad oportunamente y no lo hizo, ni siquiera compareció a la Audiencia de Alegaciones, la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(11): Que el derecho al trabajo es el derecho fundamental humano por el que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicalización. El derecho al trabajo se reconoce en las normas fundamentales de derechos humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales así como en textos internacionales como la Carta Social Europea, el Protocolo de San Salvador, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en textos nacionales como son las Constituciones de numerosos países.-CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.-CONSIDERANDO TRECE (13): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto"
Legislación citada
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
..."(11): Que el derecho al trabajo es el derecho fundamental humano por el que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicalización. El derecho al trabajo se reconoce en las normas fundamentales de derechos humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales así como en textos internacionales como la Carta Social Europea, el Protocolo de San Salvador, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en textos nacionales como son las Constituciones de numerosos países.-CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.-CONSIDERANDO TRECE (13): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, numeral 1 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. Que la carga procesal de interponer los recursos que el ordenamiento jurídico concede, recae sobre el afectado por la resolución objeto de impugnación. La violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso no sucedió.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de enero de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada NITZA ENIS SIERRA RIVERA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de septiembre del año dos mil diecisiete, que declaró sin lugar la nulidad absoluta de actuaciones solicitada, contra actuaciones del Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, con relación a la demanda laboral promovida por la señora ALBA DE JESUS AGUILAR VASQUEZ y OTROS contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la Rectoría de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS. Estima el recurrente que se ha violentado en contra de su representado los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.-1) Que en fecha siete de abril de dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado LUIS HUMBERTO CUESTAS RIVERA, en su condición de apoderado legal de las señoras ALBA DE JESUS AGUILAR VASQUEZ y OTROS, interponiendo demanda ordinaria laboral para Reconocimiento y pago retroactivo de derechos laborales, pago de plus administrativo; contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la Rectoría de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS. (Folio 01 al 17 de la primera pieza de antecedentes).-2) Que en fecha diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el referido Juzgado, dictó Auto Interlocutorio, en la cual FALLA: I.- Declarar SIN LUGAR el INCIDENTE POR DECLINATORIA POR FALTA DE COMPETENCIA GENERICA DEL JUZGADO opuesto por la Representante Procesal de la parte demandada; contra la Demanda Ordinaria Laboral para Reconocimiento y Pago Retroactivo de Derechos Laborales; pago de Plus Administrativo, bonificación; reajuste salarial de los años 2012, 2013, 2014 y bianual como Derecho establecido en la Ley del Estatuto del Personal Profesional de Enfermería de Honduras; reconocimiento de derechos adquiridos de descanso profiláctico para las enfermeras empleadas conforme al Ordenamiento Jurídico Vigente; instaurada por las señoras ABIGAIL ROSADO HERCULES ALBA DE JESUS AGUILAR VASQUEZ y OTROS,. II.- SIN COSTAS en esta instancia. (Folio 318 y 328 de la primera pieza de antecedentes).-3) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, dictó auto en fecha veinte de septiembre del año dos mil diecisiete, resolviendo: “Vista y analizada la comparecencia que antecede junto con los documentos acompañados, presentada por la Abogada NITZA ENIS SIERRA RIVERA, mediante la cual interpone ante esta Corte una nulidad absoluta de actuaciones de previo y especial pronunciamiento y este Tribunal de la revisión de la misma observa lo siguiente: Que lo solicitado por dicha profesional no es conforme a las normas procesales establecidas en la legislación laboral, porque debió haber alegado la nulidad oportunamente y no lo hizo, ni siquiera compareció a la Audiencia de Alegaciones celebrada en este Tribunal considerándose una falta de lealtad procesal, razones por las cuales esta Corte procede a declarar SIN LUGAR lo solicitado por la compareciente.- Hasta esta fecha se resuelve la presente comparecencia en vista de mediar justas causas.- Artículo 718 y 858 del Código del Trabajo, en relación esta última disposición legal con el 22 y 201 del Código Procesal Civil.- NOTIFIQUESE.” (Folio 279 segunda pieza de antecedentes).-4) La recurrente Abogada NITZA ENIS SIERRA RIVERA, compareció ante este Tribunal, en fecha diecisiete de noviembre del año dos mil diecisiete, interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha veinte de septiembre del año dos mil diecisiete, violenta en perjuicio de su representado los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizada en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veintidós de mayo de dos mil dieciocho. (Folio 66 de la pieza de amparo).-5) Que con fecha seis de junio de dos mil dieciocho, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión porque SE DENIEGUE la acción de amparo interpuesta.-CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha veinte de septiembre del año dos mil diecisiete, que declaró sin lugar la nulidad absoluta de actuaciones solicitada, contra actuaciones del Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, con relación a la demanda laboral promovida por la señora ALBA DE JESUS AGUILAR VASQUEZ y OTROS contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la rectoría de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la recurrente Abogada NITZA ENIS SIERRA RIVERA, compareció ante este Tribunal, en fecha diecisiete de noviembre del año dos mil diecisiete, interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que le fue violentado el derecho a defender a su representada, a poder presentar alegaciones del recurso de apelación interpuesto en el auto interlocutorio. Evidenciándose por parte de los servidores judiciales.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que con fecha seis de junio de dos mil dieciocho, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión porque SE DENIEGUE la acción de amparo interpuesta, cuando consta en autos la debida tramitación del expediente de mérito, por lo que el hecho de no estar enterada de lo resuelto por el Tribunal de Alzada no es causal de nulidad, ya que las partes fueron debidamente notificadas por medio de la tabla de avisos del despacho, habiendo comparecido únicamente la parte demandante. Por lo anteriormente expuesto, es del parecer por que no se otorgue la acción impetrada.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la Jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, basa su sentencia concretamente en que lo solicitado no es conforme a las normas procesales establecidas en la legislación laboral, porque debió haber alegado la nulidad oportunamente y no lo hizo, ni siquiera compareció a la Audiencia de Alegaciones celebrada en este Tribunal considerándose una falta de lealtad procesal.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. Que la carga procesal de interponer los recursos que el ordenamiento jurídico concede, recae sobre el afectado por la resolución objeto de impugnación. La violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso no sucedió.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.-CONSIDERANDO ONCE (11): Que el derecho al trabajo es el derecho fundamental humano por el que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicalización. El derecho al trabajo se reconoce en las normas fundamentales de derechos humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales así como en textos internacionales como la Carta Social Europea, el Protocolo de San Salvador, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en textos nacionales como son las Constituciones de numerosos países.-CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.-CONSIDERANDO TRECE (13): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los seis (6) días del mes de agosto del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Sentencia de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0863-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
Ficha Jurisprudencial
Sala Constitucional
Nº EXPEDIENTE Y FECHA DE FALLO:
AL 0863=2017
TIPO DE ACCION:
AMPARO LABORAL
DESCRIPCIÓN:
Recurrente: Abogada NITZA ENIS SIERRA RIVERA
Agraviado: ESTADO DE HONDURAS a través de la rectoría de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Autoridad Recurrida: CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
Acto Reclamado: sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de septiembre del año dos mil diecisiete, que declaró sin lugar la nulidad absoluta de actuaciones solicitada, contra actuaciones del Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, con relación a la demanda laboral promovida por la señora ALBA DE JESUS AGUILAR VASQUEZ y OTROS contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la rectoría de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS.
PROBLEMA JURIDICO PLANTEADO POR EL RECURRENTE:
La recurrente Abogada NITZA ENIS SIERRA RIVERA, compareció ante este Tribunal, en fecha diecisiete de noviembre del año dos mil diecisiete, interponiendo acción de a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que le fue violentado el derecho a defender a su representada, a poder presentar alegaciones del recurso de apelación interpuesto en el auto interlocutorio. Evidenciándose por parte de los servidores judiciales.
PROBLEMA JURIDICO RECONOCIDO POR LA SALA (Thema decidendi):
DERECHO AL DEBIDO PROCESO
RESPUESTA A LA PROBLEMÁTICA JURIDICA (Ratio decidendi):
Esta sala comparte el criterio expresado por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, la que basa su sentencia concretamente en que lo solicitado no es conforme a las normas procesales establecidas en la legislación laboral, porque debió haber alegado la nulidad oportunamente y no lo hizo, ni siquiera compareció a la Audiencia de Alegaciones celebrada en este Tribunal considerándose una falta de lealtad procesa.
DECISIÓN (decisum):
DENEGANDO EL AMPARO
“CERTIFICACIÓN: El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional .- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de enero de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada NITZA ENIS SIERRA RIVERA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de septiembre del año dos mil diecisiete, que declaró sin lugar la nulidad absoluta de actuaciones solicitada, contra actuaciones del Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, con relación a la demanda laboral promovida por la señora ALBA DE JESUS AGUILAR VASQUEZ y OTROS contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la Rectoría de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS. Estima el recurrente que se ha violentado en contra de su representado los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.-1) Que en fecha siete de abril de dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado LUIS HUMBERTO CUESTAS RIVERA, en su condición de apoderado legal de las señoras ALBA DE JESUS AGUILAR VASQUEZ y OTROS, interponiendo demanda ordinaria laboral para Reconocimiento y pago retroactivo de derechos laborales, pago de plus administrativo; contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la Rectoría de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS. (Folio 01 al 17 de la primera pieza de antecedentes).-2) Que en fecha diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el referido Juzgado, dictó Auto Interlocutorio, en la cual FALLA: I.- Declarar SIN LUGAR el INCIDENTE POR DECLINATORIA POR FALTA DE COMPETENCIA GENERICA DEL JUZGADO opuesto por la Representante Procesal de la parte demandada; contra la Demanda Ordinaria Laboral para Reconocimiento y Pago Retroactivo de Derechos Laborales; pago de Plus Administrativo, bonificación; reajuste salarial de los años 2012, 2013, 2014 y bianual como Derecho establecido en la Ley del Estatuto del Personal Profesional de Enfermería de Honduras; reconocimiento de derechos adquiridos de descanso profiláctico para las enfermeras empleadas conforme al Ordenamiento Jurídico Vigente; instaurada por las señoras ABIGAIL ROSADO HERCULES ALBA DE JESUS AGUILAR VASQUEZ y OTROS,. II.- SIN COSTAS en esta instancia. (Folio 318 y 328 de la primera pieza de antecedentes).-3) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, dictó auto en fecha veinte de septiembre del año dos mil diecisiete, resolviendo: “Vista y analizada la comparecencia que antecede junto con los documentos acompañados, presentada por la Abogada NITZA ENIS SIERRA RIVERA, mediante la cual interpone ante esta Corte una nulidad absoluta de actuaciones de previo y especial pronunciamiento y este Tribunal de la revisión de la misma observa lo siguiente: Que lo solicitado por dicha profesional no es conforme a las normas procesales establecidas en la legislación laboral, porque debió haber alegado la nulidad oportunamente y no lo hizo, ni siquiera compareció a la Audiencia de Alegaciones celebrada en este Tribunal considerándose una falta de lealtad procesal, razones por las cuales esta Corte procede a declarar SIN LUGAR lo solicitado por la compareciente.- Hasta esta fecha se resuelve la presente comparecencia en vista de mediar justas causas.- Artículo 718 y 858 del Código del Trabajo, en relación esta última disposición legal con el 22 y 201 del Código Procesal Civil.- NOTIFIQUESE.” (Folio 279 segunda pieza de antecedentes).-4) La recurrente Abogada NITZA ENIS SIERRA RIVERA, compareció ante este Tribunal, en fecha diecisiete de noviembre del año dos mil diecisiete, interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha veinte de septiembre del año dos mil diecisiete, violenta en perjuicio de su representado los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizada en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veintidós de mayo de dos mil dieciocho. (Folio 66 de la pieza de amparo).-5) Que con fecha seis de junio de dos mil dieciocho, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión porque SE DENIEGUE la acción de amparo interpuesta.-CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha veinte de septiembre del año dos mil diecisiete, que declaró sin lugar la nulidad absoluta de actuaciones solicitada, contra actuaciones del Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, con relación a la demanda laboral promovida por la señora ALBA DE JESUS AGUILAR VASQUEZ y OTROS contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la rectoría de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la recurrente Abogada NITZA ENIS SIERRA RIVERA, compareció ante este Tribunal, en fecha diecisiete de noviembre del año dos mil diecisiete, interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que le fue violentado el derecho a defender a su representada, a poder presentar alegaciones del recurso de apelación interpuesto en el auto interlocutorio. Evidenciándose por parte de los servidores judiciales.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que con fecha seis de junio de dos mil dieciocho, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión porque SE DENIEGUE la acción de amparo interpuesta, cuando consta en autos la debida tramitación del expediente de mérito, por lo que el hecho de no estar enterada de lo resuelto por el Tribunal de Alzada no es causal de nulidad, ya que las partes fueron debidamente notificadas por medio de la tabla de avisos del despacho, habiendo comparecido únicamente la parte demandante. Por lo anteriormente expuesto, es del parecer por que no se otorgue la acción impetrada.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la Jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, basa su sentencia concretamente en que lo solicitado no es conforme a las normas procesales establecidas en la legislación laboral, porque debió haber alegado la nulidad oportunamente y no lo hizo, ni siquiera compareció a la Audiencia de Alegaciones celebrada en este Tribunal considerándose una falta de lealtad procesal.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. Que la carga procesal de interponer los recursos que el ordenamiento jurídico concede, recae sobre el afectado por la resolución objeto de impugnación. La violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso no sucedió.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.-CONSIDERANDO ONCE (11): Que el derecho al trabajo es el derecho fundamental humano por el que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicalización. El derecho al trabajo se reconoce en las normas fundamentales de derechos humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales así como en textos internacionales como la Carta Social Europea, el Protocolo de San Salvador, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en textos nacionales como son las Constituciones de numerosos países.-CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.-CONSIDERANDO TRECE (13): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los seis (6) días del mes de agosto del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Sentencia de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0863-2017.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL