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Sentencia AL-841-17 — Registro 10909

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la sentencia, que confirmó el auto interlocutorio con relación a la demanda ordinaria laboral de. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado, en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que con relación a lo anteriormente expuesto y sintetizado, conviene recordar razonamientos jurídicos emitidos con anterioridad por la Sala de lo Constitucional, los cuales conceptúan, respecto a que, en la resolución de excepciones dilatorias, no debe dejar de brindársele justicia sustantiva al conflicto laboral puesto bajo la esfera de conocimiento del órgano jurisdiccional; evitando así incurrir en una administración de justicia formalista y de acentuado sentido rigorista: “… que no es compatible con el ejercicio de la justicia constitucional que postula la prevalencia del fondo sobre la forma”.[1] Así, siempre en recapitulación jurisprudencial y abundando sobre el asunto sometido a juzgamiento de garantías, por estimarlo así pertinente; la Sala de lo Constitucional ha versado que las excepciones son medios de defensa de los que pueden hacer uso las partes, denominadas dilatorias que tienen por objeto solamente detener o dilatar la entrada al juicio, sin que se destruya o enerve la acción interpuesta que daría lugar a excepciones perentorias.[2] Y que, en cuanto a las excepciones dilatorias, se ha dicho: “… en caso de prosperar excluyen temporalmente un pronunciamiento sobre el derecho del actor, de manera tal, que solo hacen perder a la pretensión su eficacia actual, pero no impide que esta sea satisfecha, una vez eliminados los defectos de que adolecía, (…)”"...

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Que, por todo lo antes expresado, carece de mérito constitucional lo alegado por el garantista. En lo que concierne a la denunciada vulneración al debido proceso, debido a constatarse la regularidad procesal, la fundamentación con base a razonabilidad, así como la vinculación a legalidad constitucional en lo resuelto. Y con relación al derecho a la defensa, porque la línea jurisprudencial expuesta en los Considerandos que anteceden, en tanto fuente autorizada del Derecho, no deja lugar a dudas sobre la amplitud de la tutela judicial efectiva, aun en casos de que se declare fundadamente con lugar el aludido defecto procesal, tal como ocurre en el presente caso; descartando la interpretación peyorativa que advierte el amparista, en cuanto se colige que la declaratoria de tal defecto procesal, no debería impedir al solicitante volver a entablar la acción laboral que estimaré pertinente, en defensa de las pretensiones de su mandante; una vez establecidas clara y concisamente, esto es: “…una vez eliminados los defectos de que adolecía, (…)”; lo cual sería justamente el caso, como motivada y razonadamente ha explayado el razonamiento judicial vertido en instancia; por todo lo cual, procede el dictado de sentencia denegatoria a la presente garantía constitucional de amparo."...

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de abril del dos mil diecinueve. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo Interpuesto por el Abogado RIKI NELSON DUBÓN TURCIOS a favor del señor RENIERI ANTONIO ZUNIGA ZEPEDA contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de septiembre de dos mil diecisiete, que confirmó el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de junio de dos mil diecisiete, con relación a la demanda ordinaria laboral de reintegro promovida por el señor RENIERI ANTONIO ZUNIGA ZEPEDA contra la ESCUELA AGRÍCOLA PANAMERICANA a través de su Representante Legal, el señor JEFFREY LANSDALE. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado, en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES1) Que en fecha treinta y uno de enero de dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el señor RENIERI ANTONIO ZUNIGA ZEPEDA promoviendo demanda ordinaria laboral de reintegro contra la ESCUELA AGRÍCOLA PANAMERICANA a través de su Representante Legal, el señor JEFFREY LANSDALE. (Folios 1-7 del expediente del A-quo)

  1. Mediante auto interlocutorio de fecha quince de junio de dos mil diecisiete, el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, falló: (Sic) “Primero: Declarar Con Lugar el defecto procesal de Ineptitud de Libelo o Demanda Defectuosa interpuesto en audiencia primera de trámite por el abogado Alberto García Fortín representante procesal de la parte demandada, en la demanda ordinaria laboral promovida por el señor Reinieri Antonio Zuniga Zepeda contra la Escuela Agrícola Panamericana por medio de su representante el señor Jeffrey Lansdale; por las razones antes expuestas.-Segundo: Se Decreta Sobreseimiento en la demanda ordinaria laboral promovida por el señor Reinieri Antonio Zuniga Zepeda contra la Escuela Agrícola Panamericana por medio de su representante señor Jeffrey Lansdale, para el reintegro a su puesto de trabajo en mejores condiciones, pago de salarios adeudados, salarios dejados de percibir, decimo tercer mes, decimo cuarto mes, bonificaciones, vacaciones, cualquier otro derecho que le otorgue la contratación colectiva y costas.-Tercero: Se Ordena el archivo de las presentes diligencias a partir de la firmeza de la presente resolución.-Cuarto: Sin Costas en esta instancia por el Principio de Gratuidad y Justicia Social que ilustra el proceso laboral…”. (Folios 120-123 del expediente del A-quo)

  2. La Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, al conocer del recurso de apelación interpuesto por el Abogado RIKI NELSON DUBÓN TURCIOS, contra el auto interlocutorio que se ha dejado relacionado en el numeral que antecede, en fecha catorce de septiembre de dos mil diecisiete, falló: “1°Confirmando el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de éste departamento de Francisco Morazán de fecha quince de junio del año dos mil diecisiete; 2° Sin Costas en ambas instancias…”; lo cual tuvo como especial fundamento de actuaciones, la inextricable relación del defecto procesal instaurado, respecto al artículo 703 del Código del Trabajo, el cual prescribe como requisito que debe contener la demanda, las razones y fundamentos de derecho en que se apoya, inter alia; constando de la vista de antecedentes que la demanda interpuesta por el señor REINIERI ANTONIO ZUNIGA ZEPEDA no llena todos los requisitos allí establecidos, tanto en cuanto a expresar con claridad y precisión los hechos y omisiones, así como sus pretensiones fundadas en ley, lo que tiene como consecuencia se tenga la demanda como defectuosa, imposibilitándole de igual manera al Juez fallar de conformidad a derecho. (Folios 10-13 del expediente del Ad-Quem)4) Que el Abogado RIKI NELSON DUBÓN TURCIOS, actuando en su condición antes referida, compareció ante este Tribunal en fecha diez de noviembre de dos mil diecisiete, reclamando amparo a favor de su representado, afirmando que la resolución dictada por el Ad-quem y de que se ha hecho referencia en el numeral que precede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Asimismo, esta Sala en fecha seis de junio de dos mil dieciocho, tuvo por formalizado en tiempo y forma en el recurso de mérito al Abogado RIKI NELSON DUBÓN TURCIOS, en consecuencia, se dispuso continuar con el procedimiento de ley, dando vista de los antecedentes al Fiscal por el término de cuarenta y ocho horas, para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folios 1-3/34 de la pieza de amparo) 5) Que esta Sala, en fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, del que se desprende de su apreciación jurídica de los hechos lo siguiente: “Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio exhaustivo del presente caso, establece lo siguiente: Que de la interposición de la acción de amparo interpuesta se desprende que el amparista, acude a esta instancia aduciendo la violación a las garantías constitucionales contenidas en los artículos 82 y 90 de la Constitución. Según criterio del recurrente, estas vulneraciones se han producido, en virtud que el Ad-quem al confirmar la resolución dictada por el A-quo, restringe y disminuye los derechos y garantías, que la Constitución, establece a favor del señor Renieri Antonio Zúniga Zepeda, al no permitirle subsanar dicha demanda, señalando que si la A-quo admitió la demanda, es porque consideró que la misma no adolecía de ningún defecto y que cumplía con todos los requisitos que manda la ley, caso contrario lo que debió hacer era emitir un auto para que la parte demandante la subsanara, situación que no ocurrió en el presente caso, señalando el recurrente que la referida demanda es de reintegro, la que según su criterio no adolece de ningún defecto ni oscuridad y que de acuerdo al articulo 706 del código del Trabajo, la parte demandante tiene el derecho de aclarar, enmendar o corregir la demanda, si considera que hay algún error y que no hizo uso de este término por considerar que la demanda cumple con los requisitos legales requeridos. Asimismo señala que la resolución impugnada es contradictoria con el auto de admisión de las demanda, ya que al haber sido admitida sin ninguna observación previa, se entiende que dicha demanda cumplía con todos los requisitos legales…Resulta de importancia mencionar, que el demandante al presentar el escrito contentivo de la demanda, debe ajustarse a los requisitos legales exigidos, los que de la simple lectura de la demanda se colige que fueron inobservados, por otro lado el demandante no hizo uso del momento procesal otorgado por la Ley, para aclarar, enmendar y corregir el escrito de la demanda, si bien es cierto, el amparista señala que no hizo uso del mismo por considerar que su demanda contenía los requisitos exigidos por la Ley, dicha circunstancia es únicamente atribuible al demandante. Del análisis anterior, el Ministerio Público puede determinar que en el presente caso de autos no se han violentado las garantías constitucionales a las que el recurrente hace referencia en su petición de amparo. Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer que Se Deniegue la presente acción de amparo, por no existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por el amparista.” (Folios 37-44 de la pieza de amparo) CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia proferida en fecha catorce de septiembre de dos mil diecisiete, por la cual, la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán CONFIRMA el auto interlocutorio recurrido, declarando Con Lugar el defecto procesal de Ineptitud de Libelo o Demanda Defectuosa interpuesto en audiencia primera de trámite por el abogado ALBERTO GARCÍA FORTÍN, representante procesal de la parte demandada, en la demanda ordinaria laboral promovida por el señor REINIERI ANTONIO ZUNIGA ZEPEDA, contra la ESCUELA AGRÍCOLA PANAMERICANA, por medio de su representante el señor JEFFREY LANSDALE. CONSIDERANDO (4): Que en formalización de la presente acción constitucional de amparo, ha manifestado el Abogado RIKI NELSON DUBÓN TURCIOS, que tal resolución vulnera los derechos y garantías constitucionales dispuestas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; en virtud de la confirmatoria del auto interlocutorio en relación, según la cual, la demanda interpuesta por el señor REINIERI ANTONIO ZUNIGA ZEPEDA no llena todos los requisitos establecidos en el artículo 703 del Código del Trabajo, específicamente en cuanto a expresar con claridad y precisión los hechos y omisiones, así como sus pretensiones fundadas en ley. En consecuencia y a criterio del Tribunal, se tiene la demanda como defectuosa, imposibilitándole de igual manera al Juez fallar de conformidad a derecho, por lo cual sobresee la demanda; lo cual, a juicio del garantista, restringe y disminuye los derechos y garantías que la Constitución establece a favor del solicitante y quedan preindicados, pues se le están violentando el derecho de defensa y el debido proceso, al no permitirle subsanar la demanda; pues tampoco se le indica que debe de hacer, omisión que prácticamente le deja indefenso. CONSIDERANDO (5): Que, en complementariedad al argumento anterior, se pregunta el amparista, si los hechos de la demanda no son claros, ¿Por qué la demanda fue admitida sin ninguna objeción? Respondiéndose que si se admitió la demanda es porque consideró que la misma no adolecía de ningún defecto y que cumplía con todos los requisitos que manda la Ley. Caso contrario, lo que debió hacer era emitir un auto para que la parte demandante subsanará la demanda, al tenor del artículo 706 del Código del Trabajo, situación que tampoco ocurrió en el presente caso; razón por la cual se contradice con posterioridad la Judicatura, al declarar Con Lugar una Excepción por Demanda Defectuosa. Señala que lo procedente, en todo caso, hubiere sido se le otorgara al señor REINIERI ANTONIO ZUNIGA ZEPEDA el derecho de subsanar los supuestos defectos que señala la sentencia recurrida, o al menos, señalarle qué debe hacer, debido a que se trataría de una subsanación diferente a la que se puede realizar previo a la admisión de la demanda y diferente del derecho de aclarar, enmendar o corregir que confiere la Ley, pues se estaría subsanando de acuerdo a lo establecido en el artículo 454 numeral 1) del Código Procesal Civil, más aun cuando la excepción opuesta se refiere a un defecto de forma, no de fondo, ya que la excepción referida es de las denominadas dilatorias. - Por todo lo cual, solicita se tenga por formalizado el presente recurso, procediendo al dictado de sentencia otorgando el presente recurso de amparo. CONSIDERANDO (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. Por ende, es deber de los órganos jurisdiccionales motivar y fundamentar sus resoluciones judiciales, expresando los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que les hubiere atribuido; lo cual compete realizar al Juez o Tribunal llamado por ley para conocer del asunto en concreto, en el marco del derecho a la tutela judicial efectiva, como imperativo constitucional; lo cual se considera cumplido en el presente caso, si bien no se observa puntualmente desarrollado por la Jurisdicción Ordinaria, las consecuencias que tendría para la parte actora, la declaración Ha Lugar del tal defecto procesal como es el de Ineptitud de Libelo o Demanda Defectuosa, según interpuesto por la representación procesal de la parte demandada. CONSIDERANDO (7): Que con relación a lo anteriormente expuesto y sintetizado, conviene recordar razonamientos jurídicos emitidos con anterioridad por la Sala de lo Constitucional, los cuales conceptúan, respecto a que, en la resolución de excepciones dilatorias, no debe dejar de brindársele justicia sustantiva al conflicto laboral puesto bajo la esfera de conocimiento del órgano jurisdiccional; evitando así incurrir en una administración de justicia formalista y de acentuado sentido rigorista: “… que no es compatible con el ejercicio de la justicia constitucional que postula la prevalencia del fondo sobre la forma”.[1] Así, siempre en recapitulación jurisprudencial y abundando sobre el asunto sometido a juzgamiento de garantías, por estimarlo así pertinente; la Sala de lo Constitucional ha versado que las excepciones son medios de defensa de los que pueden hacer uso las partes, denominadas dilatorias que tienen por objeto solamente detener o dilatar la entrada al juicio, sin que se destruya o enerve la acción interpuesta que daría lugar a excepciones perentorias.[2] Y que, en cuanto a las excepciones dilatorias, se ha dicho: “… en caso de prosperar excluyen temporalmente un pronunciamiento sobre el derecho del actor, de manera tal, que solo hacen perder a la pretensión su eficacia actual, pero no impide que esta sea satisfecha, una vez eliminados los defectos de que adolecía, (…)”.[3] CONSIDERANDO (8): Que, por todo lo antes expresado, carece de mérito constitucional lo alegado por el garantista. En lo que concierne a la denunciada vulneración al debido proceso, debido a constatarse la regularidad procesal, la fundamentación con base a razonabilidad, así como la vinculación a legalidad constitucional en lo resuelto. Y con relación al derecho a la defensa, porque la línea jurisprudencial expuesta en los Considerandos que anteceden, en tanto fuente autorizada del Derecho, no deja lugar a dudas sobre la amplitud de la tutela judicial efectiva, aun en casos de que se declare fundadamente con lugar el aludido defecto procesal, tal como ocurre en el presente caso; descartando la interpretación peyorativa que advierte el amparista, en cuanto se colige que la declaratoria de tal defecto procesal, no debería impedir al solicitante volver a entablar la acción laboral que estimaré pertinente, en defensa de las pretensiones de su mandante; una vez establecidas clara y concisamente, esto es: “…una vez eliminados los defectos de que adolecía, (…)”; lo cual sería justamente el caso, como motivada y razonadamente ha explayado el razonamiento judicial vertido en instancia; por todo lo cual, procede el dictado de sentencia denegatoria a la presente garantía constitucional de amparo. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 80, 82, 90, 128, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito, y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de mayo de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha tres de abril de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-841-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Ver sentencia de la Sala de lo Constitucional recaída en el expediente número SCO-05=10, de fecha 01 de febrero de 2011.

[2] Tito Livio Tabora. Código Civil de Honduras, sus fuentes, concordancias, referencias y notas. Tomo IV Volumen I De Las Obligaciones. Imprenta Soto. Pág. 327.

[3] Ver sentencia de la Sala de lo Constitucional recaída en el expediente SCO-821=10, de fecha 06 de noviembre de 2012.