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Sentencia AL-832-17 — Registro 17789

Resumen

Sentencia declaró ha lugar recurso de apelación y Revocó resolución apelada dictada por Juzgado de Primera instancia que dictó auto de formal procesamiento contra imputado por suponerlo responsable del delito de estafa en perjuicio de R E A y de J E A A; La Autoridad recurrida consideró que las pruebas aportadas no comprobó el delito contra imputado

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"se conoce en garantía constitucional de amparo la resolución proferida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro (24) de octubre de dos mil diecisiete (2017), mediante la cual resolvió por unanimidad de votos: “1.- Declarar HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto.- 2.- REVOCAR la resolución apelada”; fundamentando la procedencia de tal dispositivo procesal, que sobresee en especie la causa, en virtud de no concurrir plenamente los elementos de tipo previstos en el Código Penal para configurar el delito de ESTAFA; en vista a que no se ha determinado si la compraventa del vehículo, objeto del proceso, se realizó con engaño y mala fe del imputado de vender un vehículo en mal estado de funcionamiento. - Por otra parte, ha señalado la Corte en su resolución de apelaciones, que en este caso se entregó el vehículo marca Mitsubishi, modelo Lancer, motor 4G13JN9068, tipo Turismo, año 2008, expresándose que operaba el traspaso en las condiciones actuales y revisado por el comprador, el cual se vende sin garantía y sin vicios ocultos en el mismo; siendo además revisado el vehículo por el mecánico del comprador, infiriendo por sana crítica que si después se presentaron desperfectos, estos fueron consecuencia del uso, la depreciación, el año del vehículo, etc.; y que si bien, se compromete el vendedor al saneamiento en caso de evicción, esto se refiere a cuando se prive al comprador por sentencia firme y en virtud de un derecho anterior a la compra, de todo o parte de la cosa comprada, que no es el caso de los autos..."..."la Sala de lo Constitucional ha expresado también en su jurisprudencia, que las resoluciones jurisdiccionales adoptadas en las grandes audiencias procesales deben ajustarse a todas las garantías procesales y del marco constitucional que se agrupan en la denominación genérica de Debido Proceso; pues sólo así gozarían, allende del rango de legalidad; de una legitimidad reforzada desde una perspectiva constitucional y convencional, cuya piedra angular radica en garantizar los derechos de defensa y de presunción de inocencia de las personas sujetas al debido proceso. Cabe mencionar que tal Derecho no se observa violentado en la presente causa, y que la revocatoria procesal que conllevaría al dictado del auto de sobreseimiento definitivo, acordada por la Jurisdicción en vía recursiva de apelación, ha sido bien motivada, encontrándose respetuosa a los cánones del derecho constitucional e inclusive convencional que rige en la materia; los cuales propenden a asegurar que el juzgamiento penal, en el vigente modelo proacusatorio, se realice en congruencia a lo alegado y probado, con base a legalidad estricta, previa y escrita;[2] debiendo considerarse, asimismo, que con base al principio de legalidad, el sobreseimiento podrá acordarse por los motivos previstos en ley,[3] lo cual acaece apropiadamente en el caso; satisfaciéndose los principios de congruencia y de razón suficiente, así como el de aportación de parte bajo el sistema de la sana crítica..."..."vistos los antecedentes del caso, resulta que la jurisdicción ordinaria ha fallado el presente caso en el ámbito de su competencia, emitiendo una resolución motivada y fundada en derecho, sin desmedro alguno al derecho al debido proceso invocado por el garantista; el cual no se infringe necesariamente, de no vincularse el sentido de la resolución judicial a las pretensiones promovidas por las partes procesales, en el ejercicio de sus derecho de acción y de defensa garantizados por la Constitución de la República. Por todo lo cual, resulta procedente denegar la presente acción constitucional de Amparo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia y la resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de enero de dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo Interpuesto por el Abogado HUGO MAURICIO MADRID AVELAR a favor de la Sociedad Mercantil BANCO DEL PAIS S.A., contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, en fecha veinticinco (25) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), que resolvió un recurso de queja interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, en fecha once de agosto de dos mil diecisiete, con relación a la demanda laboral promovida por los señores CESAR IVAN PESQUERA, JUAN RAMON ORELLANA MELGAR, JOSE CAMILO RODRIGUEZ y OTROS contra la EMPRESA DE TRANSPORTES TERRESTRES “TORITO” S. DE R.L., derivada la sentencia de una demanda de tercería de preferencia de ejecución hipotecaria promovida por BANCO DEL PAIS S.A..- Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representada los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES. 1) Que en fecha dieciséis (16) de noviembre de dos mil once (2011), compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, el Abogado ERICO DARIO FIGUEROA GARCIA, interponiendo Demanda Ordinaria Laboral de primera instancia, en contra de la entidad Mercantil EMPRESA DE TRANSPORTES TERRESTRES “TORITOS” S. DE R.L., a efecto que previo a los trámites legales sea condenada la demandada a pagarles a los representados la cantidad de DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (Lps. 2.654,738.65), en concepto de prestaciones por despido directo e injustificado, vacaciones causadas y proporcionales, aguinaldo causado y en forma proporcional, décimo cuarto mes causado y en forma proporcional, salarios adeudados y reajuste salarial, más a título de daños y perjuicios, los salarios que se están dejando de percibir desde la fecha en que fueron despedidos. (Folios 1–35 de la Primera Pieza de los antecedentes) 2) Que en fechas diez (10) de octubre de dos mil dieciséis (2016) y veintisiete (27) de abril de dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, el Abogado FRANCISCO JOSE COREA CRUZ, presentando Escritos de Incidente de Nulidad de Actuaciones, a lo que dicho Juzgado, en fechas diecisiete (17) de octubre de dos mil dieciséis (2016) y tres (03) de mayo de dos mil diecisiete (2017), resolvió declararlas inadmisibles. (Folio 120-126 y 160-171 de la Primera Pieza de antecedentes). 3) Que en fecha ocho (08) de agosto de dos mil diecisiete (2017), tras haber interpuesto Recurso de Reposición y subsidiariamente el de Apelación, contra la resolución de fecha tres (03) de mayo de dos mil diecisiete (2017), dicho Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán mediante auto resolutivo: (SIC): “UNICO: Se rechaza sin más trámite por su improcedencia, el recurso de Reposición y subsidiariamente apelación interpuesto por el abogado FRANCISCO COREA CRUZ.” (Folio 180-184 de la Primera Pieza de antecedentes). 4) Que en fecha catorce (14) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), el Abogado FRANCISCO JOSE COREA CRUZ, en su condición de Apoderado Legal del BANCO DEL PAIS, S.A. (BANPAIS), interpuso Recurso de queja ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, que dictó Sentencia en fecha veinticinco (25) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR el Recurso de Queja planteado por el Abogado FRANCISCO JOSE COREA CRUZ, en su condición de Apoderado Procesal de BANCO DEL PAIS, SOCIEDAD ANONIMA (BANPAIS), contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, en fecha 11 de Agosto del año 2017; SEGUNDO: SE CONFIRMA la resolución impugnada; TERCERO: CON COSTAS”. (Folios 1-8 y 10-17 de la Segunda Pieza de los antecedentes). 5) Que el Abogado HUGO MAURICIO MADRID AVELAR, compareció ante este Tribunal en fecha ocho (8) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor de la Sociedad Mercantil BANCO DEL PAIS, S.A., contra la Resolución de fecha diez (10) de octubre de dos mil diecisiete (2017), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en el Artículo 90 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha veinte (20) de junio de dos mil dieciocho (2018). (Folio 1–37 y 53-55 de la presente Recurso). 6) Que en fecha veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, y por emitido su dictamen siendo de la opinión: (SIC) “que se DENIEGUE el presente amparo por no existir vulneración de las garantías procesales invocadas por el amparista.” (Folios 57–64 del presente Recurso). CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en amparo la resolución dictada por la Corte De Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha veinticinco (25) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), que resolvió un recurso de queja interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha once de agosto de dos mil diecisiete, con relación a la demanda laboral promovida por los señores CESAR IVAN PESQUERA, JUAN RAMON ORELLANA MELGAR, JOSE CAMILO RODRIGUEZ y OTROS contra la EMPRESA DE TRANSPORTES TERRESTRES “TORITO” S. DE R.L., derivada la sentencia de una demanda de tercería de preferencia de ejecución hipotecaria promovida por BANCO DEL PAIS S.A..CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente expone su disconformidad con la sentencia recurrida en Amparo; al señalar que se han violentado en perjuicio de su representada los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República cuando la Corte de Apelaciones mediante sentencia ha declarado infundado el recurso de queja; haciendo suyos los argumentos del A-Quo, sin considerar en lo mínimo las graves ofensas al debido proceso y a la legalidad, al derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva, mediante la emisión de diligencias judiciales seguidas contra su representada, sin que esta sea parte en el Proceso Laboral, donde fueron decretadas, sin que haya sido oída previamente y sin que haya sido vencida en juicio; razón por la cual interpuso el presente recurso de amparo. CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, y por emitido su dictamen siendo de la opinión: (SIC) “que se DENIEGUE el presente amparo por no existir vulneración de las garantías procesales invocadas por el amparista.”.ONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada; se aprecia que en la resolución dictada por la Corte De Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha veinticinco (25) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), que resolvió un recurso de queja interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha once de agosto de dos mil diecisiete, con relación a la demanda laboral promovida por los señores CESAR IVAN PESQUERA, JUAN RAMON ORELLANA MELGAR, JOSE CAMILO RODRIGUEZ y OTROS contra la EMPRESA DE TRANSPORTES TERRESTRES “TORITO” S. DE R.L., derivada la sentencia de una demanda de tercería de preferencia de ejecución hipotecaria promovida por BANCO DEL PAIS S.A., se concluye, que al revisar la fundamentación del recurso, se enteran que el recurrente no expresa con claridad cuál fue el planteamiento concreto ante el Juez A-Quo; y, además porque considera que debe admitirse el recurso de apelación que le fue denegado. Dejando delimitado que en la ejecución forzosa solo existe remisión a los incidentes en general Artículos 764 y 794 del Código Procesal Civil, el cual se aplica supletoriamente; y, la nulidad de ciertos actos de ejecución estipulados en el Artículo 744.2 (en cualquier momento a todos los actos ejecutivos) y 766.1 del mismo Código (a concretas actuaciones ejecutivas); donde se le concede la oportunidad de ejercer este derecho de defenderse al ejecutado o al tercero, de la Nulidad, mediante la vía impugnativa, primero mediante el recurso de reposición; una vez denegado este mediante el recurso de apelación, por lo cual no se debe tramitarse como un incidente. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. La obligación de dictar una sentencia de fondo, no significa que se le deba de conceder obligatoriamente la tutela interesada por quien la insta, si no que cuando como en algunos casos ocurre, no se cumplen todos los presupuestos procesales, siempre que se razone en Derecho, se desestimará la pretensión interesada. CONSIDERANDO ONCE (11): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él ha alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Resolución Judicial y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO DOCE (12): Que el Artículo 46 “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN”; manda: “Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2)…; 3)…; 4)…; 5)…; 6)…; 7)…; 8)…; y, 9)…. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.” CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es declarar infundada la un recurso de queja interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha once de agosto de dos mil diecisiete, con relación a la demanda laboral promovida por los señores CESAR IVAN PESQUERA, JUAN RAMON ORELLANA MELGAR, JOSE CAMILO RODRIGUEZ y OTROS contra la EMPRESA DE TRANSPORTES TERRESTRES “TORITO” S. DE R.L., derivada la sentencia de una demanda de tercería de preferencia de ejecución hipotecaria promovida por BANCO DEL PAIS S.A.; además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad procesal; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden; y siendo que se alegaron situaciones de mera legalidad; cabe sobreseer el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: SOBRESEER el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” ““CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de marzo de dos mil diecinueve. VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el Abogado HUGO MAURICIO MADRID AVELAR a favor de la Sociedad Mercantil BANCO DEL PAIS S.A.; contra la sentencia dictada por esta Sala en fecha treinta de enero de dos mil diecinueve, que falla sobreseyendo el Recurso de Amparo por el interpuesto a favor de su representado, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha once de agosto de dos mil diecisiete, con relación a la demanda laboral promovida por los señores CESAR IVAN PESQUERA, JUAN RAMON ORELLANA MELGAR, JOSE CAMILO RODRIGUEZ y OTROS contra la EMPRESA DE TRANSPORTES TERRESTRES “TORITO” S. DE R. L., derivada la sentencia de una demanda de tercería de preferencia de ejecución hipotecaria promovida por BANCO DEL PAIS S.A..CONSIDERANDO UNO (1): Que consta de los antecedentes de la revisión del presente recurso, que el Abogado HUGO MAURICIO MADRID AVELAR, actuando en su condición antes referida, en fecha ocho (8) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), compareció ante este Tribunal reclamando amparo a favor la Sociedad Mercantil BANCO DEL PAIS S.A.. Una vez efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, dictó sentencia en fecha treinta de enero de dos mil diecinueve, mediante la cual fallo sobreseer el recurso de amparo de mérito. CONSIDERANDO DOS (2): Que el recurrente, Abogado HUGO MAURICIO MADRID AVELAR, en fecha nueve de marzo de dos mil diecinueve, eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra la sentencia que emitiera éste Alto Tribunal, por no compartir el criterio jurídico expresado, insiste en su argumento que le fue violentado el derecho a defender a su representado, ya que no es parte en el Proceso Laboral, donde han sido decretadas resoluciones, sin que haya sido oída previamente y sin que haya sido vencida en juicio; razón por la cual interpuso el presente recurso de amparo. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que las pretensiones expuestas por la recurrente, en el recurso de reposición no son de recibo ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal, que corre agregado en autos se establece que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso de mérito el derecho de defensa y debido proceso del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Los argumentos del recurrente no son atendibles a efecto de decretar la nulidad solicitada en cuanto a las actuaciones procesales cuestionadas, al revisar la fundamentación del recurso, se enteran que el recurrente no expresa con claridad cuál fue el planteamiento concreto ante el Juez A-Quo; y, además porque considera que debe admitirse el recurso de apelación que le fue denegado. Dejando delimitado que en la ejecución forzosa solo existe remisión a los incidentes en general Artículos 764 y 794 del Código Procesal Civil, el cual se aplica supletoriamente; y, la nulidad de ciertos actos de ejecución estipulados en el Artículo 744.2 y 766.1 del mismo Código; donde se le concede la oportunidad de ejercer este derecho de defenderse al ejecutado o al tercero, de la Nulidad, mediante la vía impugnativa, primero mediante el recurso de reposición; una vez denegado este mediante el recurso de apelación, por lo cual no se debe tramitarse como un incidente.. CONSIDERANDO CINCO (5): Que tomando en cuenta lo apuntado, el hecho de que este Alto Tribunal de Justicia admita o rechace el argumento del recurrente, en cuanto a la nulidad solicitada es ajeno al objeto del amparo. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los Artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 914 del Código Procesal Civil; 4 Nº 7 Y Nº 8, 119, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado HUGO MAURICIO MADRID AVELAR, por las razones que se dejan ya señaladas.- Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto a la recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.-Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HÉRCULES PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de mayo de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia y resolución de fechas treinta de enero y veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-832-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL