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Sentencia AL-825-17 — Registro 8865

Resumen

Resolución declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó autos interlocutorios dictados por juzgado de primera instancia en incidente de nulidad de actuaciones por varias renuncias de pretensiones promovidas por varios demandantes con relación a demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales promovida por recurrentes contra demandados en su condición de micro empresarios y solidariamente contra la Alcaldía Municipal del Distrito Central

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."en el presente caso, y relación al recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio de fecha tres de agosto de dos mil diecisiete; este Tribunal de Alzada no observa que se hayan violentado normas de orden público que acarreen nulidades o que se haya violentado la garantía constitucional del derecho a la defensa o de petición; por lo que la motivación y resolución dictada por el A quo es correcta y apegada a derecho, por lo que procede su confirmatoria….”- ..."esta Sala de lo Constitucional advierte que la recurrente no utilizó los recursos que la ley pone a su disposición a efecto de denunciar los defectos de forma del acto procesal[4], que aduce fue realizado por la Juez A-quo; esta situación la deja plasmada el A-quo en su resolución al argumentar: (Sic) “… puesto que la misma se dictó hasta el 31 de mayo del 2017, contra la cual el representante procesal de la parte demandante no hizo uso del derecho de interponer recurso contra la misma, consintiendo la misma y quedando firme dicha resolución….”[5]..."..."esta Sala de lo Constitucional arriba a la conclusión que el Recurso de Apelación se interpuso contra el acto por el cual la Juez A-quo declara sin lugar la nulidad de actuaciones, en relación a varios desistimientos presentados por los demandantes, resolución que fue confirmada por la alzada al observar que no se ha producido indefensión, asimismo que se haya prescindido de normas esenciales en el procedimiento, criterio que comparte esta Sala de lo Constitucional, pues la juez de instancia ha actuado conforme a la facultad que le otorga el artículo 732 del Código de Trabajo en relación a la prueba de oficio; aunado a ello la recurrente fundamenta sus argumentos en la vulneración de los derechos contenidos en los artículos 128 y 129 de la Constitución de la República, relacionado con el artículo 3 del Código de Trabajo, situación que no es aplicable al caso sub júdice, pues en atención al derecho también constitucional de petición, la Juez A-quo acepta los desistimientos presentados por varios de los demandantes, situación que no vulnera los derechos invocados por la recurrente, pues se trata de situaciones totalmente diferentes, en donde prima la voluntad de las partes de recurrir ante los órganos jurisdiccionales y peticionar lo que estimen conveniente, derecho que la misma Constitución les garantiza, pues en ninguna forma han renunciado a los derechos invocados por la recurrente en amparo, por ello tales argumentos no son recibidos por este Alto Tribunal.-..."..."la Sala de lo Constitucional, finalmente estima que la decisión del Ad-quem no quebranta los derechos invocados por la recurrente, por lo que procede denegar el amparo del que se hace mérito..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de marzo del dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada NANCY KARINA BENAVIDES ALVARADO a favor de los señores JOSE SANTOS JOAQUIN VALLE FUNEZ, JOSE MAURICIO MATUTE BREVE, MARIA ELVIA HERNANDEZ SARABIA, ROSIBEL AVILA CRUZ, ERIKA MARLEN MEDINA RODRIGUEZ Y OTROS, contra la sentencia interlocutoria dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra los autos interlocutorios de fechas treinta y uno (31) de mayo y tres (3) de agosto del año dos mil diecisiete, dictados por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, con relación a la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, promovida por los señores JOSE SANTOS JOAQUIN VALLE FUNEZ, JOSE MAURICIO MATUTE BREVE, MARIA ELVIA HERNANDEZ SARABIA, ROSIBEL AVILA CRUZ, ERIKA MARLEN MEDINA RODRIGUEZ Y OTROS, contra los señores HYKAR VILLATORO JACOME, LUZ GRACIELA VANEGAS, LEONARDA FLORES FUNES, ANGELICA MARICELA CASCO AGUILAR, LUIS ARIEL RIVERA, NANCY JOHANA MOLINA FUNEZ, RITHA IDANIA GONZALES AMADOR, en su condición de micro empresarios y solidariamente contra la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL. Estima la recurrente, que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de sus representados, las garantías contenidos en los artículos 128 y 129 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha ocho (08) de octubre del año dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado ESDRAS RAFAEL GUTIERREZ OCHOA, en su condición de Apoderado Legal de los señores JOSE SANTOS JOAQUIN VALLE FUNEZ, JOSE MAURICIO MATUTE BREVE, MARIA ELVIA HERNANDEZ SARABIA, ROSIBEL AVILA CRUZ, ERIKA MARLEN MEDIDA RODRIGUEZ Y OTROS interponiendo Demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, en contra de los señores HYKAR VILLATORO JACOME, LUZ GRACIELA VANEGAS, LEONARDA FLORES FUNES, ANGELICA MARICELA CASCO AGUILAR, LUIS ARIEL RIVERA, NANCY JOHANA MOLINA FUNEZ y RITHA IDANIA GONZALES AMADOR, en su condición de micro empresarios y solidariamente contra la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, solicitando que se declare CON LUGAR la presente demanda, condenando a la parte demandada al pago de lo reclamado. (Folios del 1 al 12 del Tomo I, de la pieza de antecedentes de primera instancia)- 2) Que seguido el trámite, el citado Juzgado, dictó Auto Interlocutorio en fechas treinta y uno (31) de mayo de dos mil diecisiete (2017), mediante el cual resolvió: (Sic) “1) En relación a la petición de los señores: EUFEMIA ESPINAL GARCIA, MARIA ELVIA HERNANDEZ SARABIA, RENAN ALEXIS PEÑA SERRANO, MARIA DE LA PAZ CERNA, JOSE SANTOS JOAQUIN VALLE FUNES, JIMY ALEXANDER GODOY, ORLANDO ANTONIO ORDOÑEZ DOMÍNGUEZ, JOSUÉ AARÓN ORDOÑEZ RIVERA, ROSIBEL ÁVILA CRUZ, BLANCA ROSA SIERRA GÓMEZ, LUDYN MARIEL AGUILERA GARCÍA y GREGORIO AGUILERA AGUILERA, relacionada al a renuncia de las presentes diligencias, téngase por RENUNCIADO las presentes pretensiones por los motivos expuestos por los comparecientes; 2) En relación a las petición de los AURELIA VALERIANO FLORES, BESSY LORENA VALLADARES VALERIANO, ALTAGRACIA MARTÍNEZ GARCÍA, BELKIS MABEL TERCERO CRUZ, GLENDA AZUCENA GONZÁLEZ COLINDRES, JULIANA REYES RAMÍREZ, NORA MAYDEE AGUILAR MONTOYA, JAVIER SOSA RIVERA; KAREN YAMILETH PINEDA VALERIANO, en relación al desistimiento de las presentes diligencias, Téngase por bien DESISTIDA la presente demanda por los demandante antes relacionados; 3) En relación a la denuncia presentada por los señores: EUFEMIA ESPINAL GARCÍA, MARIA ELVIA HERNANDEZ SARABIA, MARIA DE LA PAZ CERNA, ROSIBEL AVILA CRUZ, JIMY ALEXANDER PADILLA GODOY, ORLANDO ANTONIO ORDOÑEZ DOMÍNGUEZ, RENAN ALEXIS PEÑA SERRANO, JOSUÉ AARON ORDOÑEZ RIVERA, en relación que fueron intimidados y coaccionados para presentar los escritos de renuncia ante Juzgado, Declárese SIN LUGAR; en virtud, que no acompaña prueba alguna….” (Folio 495fv del Tomo III de la pieza de antecedentes de primera instancia)- 3) Que en fecha dos (2) de junio del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado Esdras Rafael Gutiérrez Ochoa, promoviendo Nulidad Absoluta de Actuaciones de la decisión judicial recaída en el auto de fecha 31 de mayo del año 2017 y que fue notificado por la Tabla de Avisos del Despacho en fecha 1 de junio de 2017, argumentando que se han cometido violaciones al debido proceso y que han dejado en indefensión a sus representados. (Folio 507fv del Tomo III de la pieza de antecedentes de primera instancia)- 4) Que en fecha tres (3) de agosto del año dos mil diecisiete (2017) el A-quo, resolvió: (Sic) “Declárese SIN LUGAR EL INCIDENTE DE NULIDAD PLANTEADO POR EL REPRESENTANTE PROCESAL DEMANDANTE EN FECHA 18 Y 31 DE MAYO DEL 2017….” (Folios 495fv, 520 y 521fv del Tomo III de la Pieza de antecedentes de primera instancia).- 5) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto en forma subsidiaria por el Abogado ESDRAS RAFAEL GUTIERREZ OCHOA, contra la resolución que se deja relacionada en el acápite que antecede y que resuelve la solicitud de nulidad de actuaciones, promovida en contra de los Autos de fecha 18 y 31 de mayo del año 2017, la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia Interlocutoria en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), mediante el cual se Falló: (Sic) “1.- DECLARAR SIN LUGAR el Recurso de apelación interpuesto por el Abogado ESDRAS RAFAEL GUTIERREZ OCHOA; 2.- CONFIRMAR los autos interlocutorios de fechas treinta y uno de mayo y tres de agosto, ambos de dos mil diecisiete, proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta sección judicial, recaído en el INCIDENTE DE NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES, promovido por el Abogado ESDRAS RAFAEL GUTIERREZ OCHOA, en su condición de apoderado demandante….” (Folios del 10 al 18 de la pieza de antecedentes de Alzada)- 6) Que la Abogada NANCY KARINA BENAVIDES ALVARADO, compareció ante este Alto Tribunal en fecha tres (03) de Noviembre del año dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor de los señores JOSE SANTOS JOAQUIN VALLE FUNES, JOSE MAURICIO MATUTE BREVE, MARIA ELVIA HERNANDEZ SARABIA, ROSIBEL AVILA CRUZ, ERIKA MARLEN MEDINA RODRIGUEZ Y OTROS, contra la Sentencia Interlocutoria de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 128 y 129 de la Constitución de la República; teniendo esta Sala de lo Constitucional por formalizado el recurso de mérito, en fecha catorce (14) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), ordenando dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, a efecto de emitir del Dictamen correspondiente. (Folios del 1 al 3fv y 23 de los autos)- 7) Que en fecha cuatro (4) de abril del año dos mil dieciocho (2018), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través del Fiscal del Despacho Abogado RENÉ MAURICIO ACEITUNO ULLOA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: “… el Ministerio Publico, es del parecer que NO SE OTORGUE la presente Acción de Amparo, por no existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por el Amparista.” (Folios del 26 al 31 de los autos).- CONSIDERANDO(1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución[1]. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley[2].”- CONSIDERANDO(2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la resolución dictada por unanimidad de votos en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, promovida por los señores JOSE SANTOS JOAQUIN VALLE FUNEZ, JOSE MAURICIO MATUTE BREVE, MARIA ELVIA HERNANDEZ SARABIA, ROSIBEL AVILA CRUZ, ERIKA MARLEN MEDINA RODRIGUEZ Y OTROS, contra los señores HYKAR VILLATORO JACOME, LUZ GRACIELA VANEGAS, LEONARDA FLORES FUNES, ANGELICA MARICELA CASCO AGUILAR, LUIS ARIEL RIVERA, NANCY JOHANA MOLINA FUNEZ, RITHA IDANIA GONZALES AMADOR, en su condición de micro empresarios y solidariamente contra la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL; resolución por la cual el Tribunal Ad-quem resolvió declarar Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandante y Confirma los autos interlocutorios de fechas treinta y uno (31) de mayo y tres (3) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), dictados por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que declara sin lugar el incidente de nulidad de actuaciones presentados por la parte demandante, en relación a varias renuncias de pretensiones, promovidas por varios demandantes.- CONSIDERANDO(3): Que la recurrente Abogada NANCY KARINA BENAVIDES ALVARADO, muestra su inconformidad con la resolución que se deja relacionado en el acápite anterior, por estimar que la misma vulnera en perjuicio de sus representados las garantías contenidas en los artículos 128 y 129 de la Constitución de la República, en relación al artículo 3, del Código de Trabajo; la impetrante relaciona los hechos que motivaron la demanda que fue promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán; a continuación expone que la garantía que se ha violentado consiste en la irrenunciabilidad de los derechos laborales, exige que se revisen las solicitudes de desistimiento presentadas al A-quo, argumenta la impetrante que se había acreditado la solidaridad de la Alcaldía Municipal del Distrito Central frente al cumplimiento de los derechos de sus representados.- CONSIDERANDO(4): Que continuando con su tesis, la recurrente expresa que es incomprensible que el juez no haya exigido en primer lugar, la comparecencia de las partes para razonar el desistimiento y en segundo lugar exigir la documentación soporte que permitiera razonar el fallo interlocutorio en base a derechos, pruebas, hechos y omisiones y no por una simple aceptación de la voluntad de las partes en el ejercicio de sus derechos procesales, al no intentar conocer las interioridades del desistimiento. El A-quem asume una postura proteccionista del consenso de las partes, lo cual está prohibido en materia laboral, pues existe la obligación de investigar la causa por la cual el trabajador renuncia a sus derechos ya acreditados en juicio, decisión que va en contra del artículo 379 del Código de Trabajo, pues este viene a obligar a las partes a incluir a la autoridad competente del trabajo precisamente para balancear la hipo suficiencia del trabajador frente al poder del empleador. Para finalizar dice la impetrante que la no participación de las partes y la carencia del auto motivado para decretar y evacuar prueba para mejor proveer, limita el razonamiento impreso en la sentencia a la subjetividad de lo que el juez conoce.- CONSIDERANDO(5): Que bajo la tesis planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si la decisión adoptada por el Ad-quem, vulnera o no los derechos contenidos en los artículos 128 y 129 de la Constitución de la República; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió haber declarado Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandante y consecuentemente debió revocar la resolución emitida por el A-quo, mediante el cual el referido Juzgado, había declarado Sin Lugar el incidente de nulidad de las actuaciones, promovida por la parte demandante, en relación a varios desistimientos de la demanda, promovidos por varios de los demandantes.- CONSIDERANDO(6): Que de la lectura de la acción constitucional promovida, esta Sala estima que la recurrente al exponer la vulneración de los derechos constitucionales señaladas en el acápite anterior los relaciona con quebranto de las normas de procedimiento laboral contenidas fundamentalmente en los artículos 3 y 379 del Código de Trabajo que textualmente señalan: “Son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el presente Código, sus reglamentos o las demás leyes del trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera.”; por su parte el artículo 379 del Código de Trabajo establece: “Todo acto de compensación, liquidación, transacción o convenio celebrado entre el obrero y el patrono, para que tenga validez deberá hacerse ante las autoridades del trabajo correspondiente.”.- CONSIDERANDO(7): Que el fallo emitido por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de octubre del año dos mil diecisiete, fue emitido por Unanimidad de Votos de sus miembros y se fundamentó básicamente en lo siguiente: (Sic) “CONSIDERANDO (6): Que estos actos jurídicos cuando se produzcan con manifiesta falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional y cuando se prescinda total y absolutamente de las normas esenciales de procedimiento establecidas por la ley o con infracción de los principios del debido proceso o del derecho de defensa; tiene el calificativo de actos nulos de pleno derecho, y exige para su declaración que implique una ausencia de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o determinen una efectiva indefensión, es decir, que las nulidades son para corregir los errores del Juez o del Tribunal en la tramitación del juicio; y en el presente caso, y relación al recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio de fecha tres de agosto de dos mil diecisiete; este Tribunal de Alzada no observa que se hayan violentado normas de orden público que acarreen nulidades o que se haya violentado la garantía constitucional del derecho a la defensa o de petición; por lo que la motivación y resolución dictada por el A quo es correcta y apegada a derecho, por lo que procede su confirmatoria….”- CONSIDERANDO(8): Que el Código de Trabajo[3], remite expresamente al Código de Procedimientos Civiles, ante la falta de disposiciones para resolver situaciones jurídicas en el proceso laboral; en ese orden de ideas los artículos 211 y 212 del Código Procesal Civil, desarrollan lo pertinente a la nulidad de los actos procesales, indicando que el incumplimiento de los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su nulidad o a su anulabilidad. Las causas de nulidad de los actos procesales, se encuentran determinados en el precepto 212 del Código Procesal Civil, de tal forma que son nulos los actos procesales por motivos de jurisdicción y competencia, actos realizados bajo violencia o intimidación, asimismo cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión inter alia.- CONSIDERANDO(9): Que de la foliada de las piezas de antecedentes, esta Sala de lo Constitucional advierte que la recurrente no utilizó los recursos que la ley pone a su disposición a efecto de denunciar los defectos de forma del acto procesal[4], que aduce fue realizado por la Juez A-quo; esta situación la deja plasmada el A-quo en su resolución al argumentar: (Sic) “… puesto que la misma se dictó hasta el 31 de mayo del 2017, contra la cual el representante procesal de la parte demandante no hizo uso del derecho de interponer recurso contra la misma, consintiendo la misma y quedando firme dicha resolución….”[5].- CONSIDERANDO (10): Que la inobservancia de las formas puede conducir a la nulidad del acto, así lo señala la doctrina en materia de proceso civil. En la obra Curso de derecho procesal civil, el jurista Giuseppe Chiovenda señala que en la aplicación de las normas formales, como en la de todas las normas jurídicas, debe preferirse la interpretación que más rigurosamente se nos presente conforme a los principios sugeridos por la lógica y por el sistema, que al menos son fijos, constantes y objetivos, y no caer en ciertas vagas tendencias equitativas, que, con el pretexto de combatir el formalismo o de adaptar elásticamente las formas a la sustancia, abren a menudo el camino a través del sentido subjetivo.[6] En ese orden de ideas, la recurrente hace énfasis en la vulneración de los derechos contenidos en los preceptos 128 y 129 de la Constitución de la República, relacionado con lo dispuesto en el artículo 3 del Código de Trabajo, no así en el asunto toral en que se fundamenta la resolución que recurre en Amparo, al ser ésta, la confirmatoria del auto que declara sin lugar la nulidad de actuaciones promovida por la parte demandante.- CONSIDERANDO(11): Que en ese orden de ideas analizada la sentencia emitida por el Tribunal Ad-quem y los argumentos vertidos por la recurrente, esta Sala de lo Constitucional arriba a la conclusión que el Recurso de Apelación se interpuso contra el acto por el cual la Juez A-quo declara sin lugar la nulidad de actuaciones, en relación a varios desistimientos presentados por los demandantes, resolución que fue confirmada por la alzada al observar que no se ha producido indefensión, asimismo que se haya prescindido de normas esenciales en el procedimiento, criterio que comparte esta Sala de lo Constitucional, pues la juez de instancia ha actuado conforme a la facultad que le otorga el artículo 732 del Código de Trabajo en relación a la prueba de oficio; aunado a ello la recurrente fundamenta sus argumentos en la vulneración de los derechos contenidos en los artículos 128 y 129 de la Constitución de la República, relacionado con el artículo 3 del Código de Trabajo, situación que no es aplicable al caso sub júdice, pues en atención al derecho también constitucional de petición, la Juez A-quo acepta los desistimientos presentados por varios de los demandantes, situación que no vulnera los derechos invocados por la recurrente, pues se trata de situaciones totalmente diferentes, en donde prima la voluntad de las partes de recurrir ante los órganos jurisdiccionales y peticionar lo que estimen conveniente, derecho que la misma Constitución les garantiza, pues en ninguna forma han renunciado a los derechos invocados por la recurrente en amparo, por ello tales argumentos no son recibidos por este Alto Tribunal.- CONSIDERANDO(12): Que la garantía procesal del juez natural tiene relevancia constitucional en virtud de lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 90 de nuestra norma fundamental, en virtud que este extremo constituye uno de los pilares del debido proceso o juicio justo, mismo que debe ser respetado y observado, en garantía de la tutela judicial efectiva de quienes acuden ante los órganos jurisdiccionales en busca respuestas satisfactorias a sus pretensiones, por medio de resoluciones motivadas y coherentes.- CONSIDERANDO (13): Que la Sala de lo Constitucional, finalmente estima que la decisión del Ad-quem no quebranta los derechos invocados por la recurrente, por lo que procede denegar el amparo del que se hace mérito. POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, y haciendo aplicación de los artículos: 1, 59, 64, 80, 82, 90, 94, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 664, 715, 732 y 858 del Código de Trabajo; y 1, 2, 3 No.2, 4, 5, 7, 9 No.2, 41, 63, 72 y 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el recurso de Amparo interpuesto por la Abogada NANCY KARINA BENAVIDES ALVARADO, a favor de los señores JOSE SANTOS JOAQUIN VALLE FUNES, JOSE MAURICIO MATUTE BREVE, MARIA ELVIA HERNANDEZ SARABIA, ROSIBEL AVILA CRUZ, ERIKA MARLEN MEDINA RODRIGUEZ, JAVIER SOSA RIVERA, MARIA DE LA PAZ CERNA, EUFEMIA ESPINOZA GARCIA, JOSE ANTONIO IZAGUIRRE RODRIGUEZ, BESSY LORENA VALADARES VALERIANO, ALTAGRACIA MARINEZ GARCIA, KAREN YAMILETH PINEDA VALERIANO, AURELIA VALERIANO FLORES, GREGORIO AGUILERA AGUILERA, LUDYN MARIEL AGUILERA GARCIA, BLANCA ROSA SIERRA GOMEZ, LIZETH SALGADO MEDINA, ISIS YOLANY ELVIR SALGADO, WALTER ENRIQUE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, YENI LIZETH ELVIR SALGADO, JOSUE AARON ORDOÑEZ RIVERA, RENAN ALEXIS PEÑA SERRANO, ORLANDO ANTONIO ORDOÑEZ DOMINGUEZ, JIMY ALEXANDER PADILLA GODOY, JULIANA REYES RAMIREZ, GLENDA AZUCENA GONZALES COLINDRES, BELKIS MABEL TERCERO CRUZ y NORA MAYDEE AGUILAR MONTOYA, contra la Sentencia Interlocutoria dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil diecisiete (2017). Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada, REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés (23) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha veintisiete (27) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0825-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de marzo del dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada NANCY KARINA BENAVIDES ALVARADO a favor de los señores JOSE SANTOS JOAQUIN VALLE FUNEZ, JOSE MAURICIO MATUTE BREVE, MARIA ELVIA HERNANDEZ SARABIA, ROSIBEL AVILA CRUZ, ERIKA MARLEN MEDINA RODRIGUEZ Y OTROS, contra la sentencia interlocutoria dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra los autos interlocutorios de fechas treinta y uno (31) de mayo y tres (3) de agosto del año dos mil diecisiete, dictados por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, con relación a la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, promovida por los señores JOSE SANTOS JOAQUIN VALLE FUNEZ, JOSE MAURICIO MATUTE BREVE, MARIA ELVIA HERNANDEZ SARABIA, ROSIBEL AVILA CRUZ, ERIKA MARLEN MEDINA RODRIGUEZ Y OTROS, contra los señores HYKAR VILLATORO JACOME, LUZ GRACIELA VANEGAS, LEONARDA FLORES FUNES, ANGELICA MARICELA CASCO AGUILAR, LUIS ARIEL RIVERA, NANCY JOHANA MOLINA FUNEZ, RITHA IDANIA GONZALES AMADOR, en su condición de micro empresarios y solidariamente contra la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL. Estima la recurrente, que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de sus representados, las garantías contenidos en los artículos 128 y 129 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha ocho (08) de octubre del año dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado ESDRAS RAFAEL GUTIERREZ OCHOA, en su condición de Apoderado Legal de los señores JOSE SANTOS JOAQUIN VALLE FUNEZ, JOSE MAURICIO MATUTE BREVE, MARIA ELVIA HERNANDEZ SARABIA, ROSIBEL AVILA CRUZ, ERIKA MARLEN MEDIDA RODRIGUEZ Y OTROS interponiendo Demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, en contra de los señores HYKAR VILLATORO JACOME, LUZ GRACIELA VANEGAS, LEONARDA FLORES FUNES, ANGELICA MARICELA CASCO AGUILAR, LUIS ARIEL RIVERA, NANCY JOHANA MOLINA FUNEZ y RITHA IDANIA GONZALES AMADOR, en su condición de micro empresarios y solidariamente contra la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, solicitando que se declare CON LUGAR la presente demanda, condenando a la parte demandada al pago de lo reclamado. (Folios del 1 al 12 del Tomo I, de la pieza de antecedentes de primera instancia)- 2) Que seguido el trámite, el citado Juzgado, dictó Auto Interlocutorio en fechas treinta y uno (31) de mayo de dos mil diecisiete (2017), mediante el cual resolvió: (Sic) “1) En relación a la petición de los señores: EUFEMIA ESPINAL GARCIA, MARIA ELVIA HERNANDEZ SARABIA, RENAN ALEXIS PEÑA SERRANO, MARIA DE LA PAZ CERNA, JOSE SANTOS JOAQUIN VALLE FUNES, JIMY ALEXANDER GODOY, ORLANDO ANTONIO ORDOÑEZ DOMÍNGUEZ, JOSUÉ AARÓN ORDOÑEZ RIVERA, ROSIBEL ÁVILA CRUZ, BLANCA ROSA SIERRA GÓMEZ, LUDYN MARIEL AGUILERA GARCÍA y GREGORIO AGUILERA AGUILERA, relacionada al a renuncia de las presentes diligencias, téngase por RENUNCIADO las presentes pretensiones por los motivos expuestos por los comparecientes; 2) En relación a las petición de los AURELIA VALERIANO FLORES, BESSY LORENA VALLADARES VALERIANO, ALTAGRACIA MARTÍNEZ GARCÍA, BELKIS MABEL TERCERO CRUZ, GLENDA AZUCENA GONZÁLEZ COLINDRES, JULIANA REYES RAMÍREZ, NORA MAYDEE AGUILAR MONTOYA, JAVIER SOSA RIVERA; KAREN YAMILETH PINEDA VALERIANO, en relación al desistimiento de las presentes diligencias, Téngase por bien DESISTIDA la presente demanda por los demandante antes relacionados; 3) En relación a la denuncia presentada por los señores: EUFEMIA ESPINAL GARCÍA, MARIA ELVIA HERNANDEZ SARABIA, MARIA DE LA PAZ CERNA, ROSIBEL AVILA CRUZ, JIMY ALEXANDER PADILLA GODOY, ORLANDO ANTONIO ORDOÑEZ DOMÍNGUEZ, RENAN ALEXIS PEÑA SERRANO, JOSUÉ AARON ORDOÑEZ RIVERA, en relación que fueron intimidados y coaccionados para presentar los escritos de renuncia ante Juzgado, Declárese SIN LUGAR; en virtud, que no acompaña prueba alguna….” (Folio 495fv del Tomo III de la pieza de antecedentes de primera instancia)- 3) Que en fecha dos (2) de junio del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado Esdras Rafael Gutiérrez Ochoa, promoviendo Nulidad Absoluta de Actuaciones de la decisión judicial recaída en el auto de fecha 31 de mayo del año 2017 y que fue notificado por la Tabla de Avisos del Despacho en fecha 1 de junio de 2017, argumentando que se han cometido violaciones al debido proceso y que han dejado en indefensión a sus representados. (Folio 507fv del Tomo III de la pieza de antecedentes de primera instancia)- 4) Que en fecha tres (3) de agosto del año dos mil diecisiete (2017) el A-quo, resolvió: (Sic) “Declárese SIN LUGAR EL INCIDENTE DE NULIDAD PLANTEADO POR EL REPRESENTANTE PROCESAL DEMANDANTE EN FECHA 18 Y 31 DE MAYO DEL 2017….” (Folios 495fv, 520 y 521fv del Tomo III de la Pieza de antecedentes de primera instancia).- 5) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto en forma subsidiaria por el Abogado ESDRAS RAFAEL GUTIERREZ OCHOA, contra la resolución que se deja relacionada en el acápite que antecede y que resuelve la solicitud de nulidad de actuaciones, promovida en contra de los Autos de fecha 18 y 31 de mayo del año 2017, la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia Interlocutoria en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), mediante el cual se Falló: (Sic) “1.- DECLARAR SIN LUGAR el Recurso de apelación interpuesto por el Abogado ESDRAS RAFAEL GUTIERREZ OCHOA; 2.- CONFIRMAR los autos interlocutorios de fechas treinta y uno de mayo y tres de agosto, ambos de dos mil diecisiete, proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta sección judicial, recaído en el INCIDENTE DE NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES, promovido por el Abogado ESDRAS RAFAEL GUTIERREZ OCHOA, en su condición de apoderado demandante….” (Folios del 10 al 18 de la pieza de antecedentes de Alzada)- 6) Que la Abogada NANCY KARINA BENAVIDES ALVARADO, compareció ante este Alto Tribunal en fecha tres (03) de Noviembre del año dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor de los señores JOSE SANTOS JOAQUIN VALLE FUNES, JOSE MAURICIO MATUTE BREVE, MARIA ELVIA HERNANDEZ SARABIA, ROSIBEL AVILA CRUZ, ERIKA MARLEN MEDINA RODRIGUEZ Y OTROS, contra la Sentencia Interlocutoria de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 128 y 129 de la Constitución de la República; teniendo esta Sala de lo Constitucional por formalizado el recurso de mérito, en fecha catorce (14) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), ordenando dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, a efecto de emitir del Dictamen correspondiente. (Folios del 1 al 3fv y 23 de los autos)- 7) Que en fecha cuatro (4) de abril del año dos mil dieciocho (2018), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través del Fiscal del Despacho Abogado RENÉ MAURICIO ACEITUNO ULLOA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: “… el Ministerio Publico, es del parecer que NO SE OTORGUE la presente Acción de Amparo, por no existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por el Amparista.” (Folios del 26 al 31 de los autos).- CONSIDERANDO(1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución[7]. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley[8].”- CONSIDERANDO(2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la resolución dictada por unanimidad de votos en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, promovida por los señores JOSE SANTOS JOAQUIN VALLE FUNEZ, JOSE MAURICIO MATUTE BREVE, MARIA ELVIA HERNANDEZ SARABIA, ROSIBEL AVILA CRUZ, ERIKA MARLEN MEDINA RODRIGUEZ Y OTROS, contra los señores HYKAR VILLATORO JACOME, LUZ GRACIELA VANEGAS, LEONARDA FLORES FUNES, ANGELICA MARICELA CASCO AGUILAR, LUIS ARIEL RIVERA, NANCY JOHANA MOLINA FUNEZ, RITHA IDANIA GONZALES AMADOR, en su condición de micro empresarios y solidariamente contra la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL; resolución por la cual el Tribunal Ad-quem resolvió declarar Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandante y Confirma los autos interlocutorios de fechas treinta y uno (31) de mayo y tres (3) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), dictados por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que declara sin lugar el incidente de nulidad de actuaciones presentados por la parte demandante, en relación a varias renuncias de pretensiones, promovidas por varios demandantes.- CONSIDERANDO(3): Que la recurrente Abogada NANCY KARINA BENAVIDES ALVARADO, muestra su inconformidad con la resolución que se deja relacionado en el acápite anterior, por estimar que la misma vulnera en perjuicio de sus representados las garantías contenidas en los artículos 128 y 129 de la Constitución de la República, en relación al artículo 3, del Código de Trabajo; la impetrante relaciona los hechos que motivaron la demanda que fue promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán; a continuación expone que la garantía que se ha violentado consiste en la irrenunciabilidad de los derechos laborales, exige que se revisen las solicitudes de desistimiento presentadas al A-quo, argumenta la impetrante que se había acreditado la solidaridad de la Alcaldía Municipal del Distrito Central frente al cumplimiento de los derechos de sus representados.- CONSIDERANDO(4): Que continuando con su tesis, la recurrente expresa que es incomprensible que el juez no haya exigido en primer lugar, la comparecencia de las partes para razonar el desistimiento y en segundo lugar exigir la documentación soporte que permitiera razonar el fallo interlocutorio en base a derechos, pruebas, hechos y omisiones y no por una simple aceptación de la voluntad de las partes en el ejercicio de sus derechos procesales, al no intentar conocer las interioridades del desistimiento. El A-quem asume una postura proteccionista del consenso de las partes, lo cual está prohibido en materia laboral, pues existe la obligación de investigar la causa por la cual el trabajador renuncia a sus derechos ya acreditados en juicio, decisión que va en contra del artículo 379 del Código de Trabajo, pues este viene a obligar a las partes a incluir a la autoridad competente del trabajo precisamente para balancear la hipo suficiencia del trabajador frente al poder del empleador. Para finalizar dice la impetrante que la no participación de las partes y la carencia del auto motivado para decretar y evacuar prueba para mejor proveer, limita el razonamiento impreso en la sentencia a la subjetividad de lo que el juez conoce.- CONSIDERANDO(5): Que bajo la tesis planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si la decisión adoptada por el Ad-quem, vulnera o no los derechos contenidos en los artículos 128 y 129 de la Constitución de la República; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió haber declarado Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandante y consecuentemente debió revocar la resolución emitida por el A-quo, mediante el cual el referido Juzgado, había declarado Sin Lugar el incidente de nulidad de las actuaciones, promovida por la parte demandante, en relación a varios desistimientos de la demanda, promovidos por varios de los demandantes.- CONSIDERANDO(6): Que de la lectura de la acción constitucional promovida, esta Sala estima que la recurrente al exponer la vulneración de los derechos constitucionales señaladas en el acápite anterior los relaciona con quebranto de las normas de procedimiento laboral contenidas fundamentalmente en los artículos 3 y 379 del Código de Trabajo que textualmente señalan: “Son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el presente Código, sus reglamentos o las demás leyes del trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera.”; por su parte el artículo 379 del Código de Trabajo establece: “Todo acto de compensación, liquidación, transacción o convenio celebrado entre el obrero y el patrono, para que tenga validez deberá hacerse ante las autoridades del trabajo correspondiente.”.- CONSIDERANDO(7): Que el fallo emitido por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de octubre del año dos mil diecisiete, fue emitido por Unanimidad de Votos de sus miembros y se fundamentó básicamente en lo siguiente: (Sic) “CONSIDERANDO (6): Que estos actos jurídicos cuando se produzcan con manifiesta falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional y cuando se prescinda total y absolutamente de las normas esenciales de procedimiento establecidas por la ley o con infracción de los principios del debido proceso o del derecho de defensa; tiene el calificativo de actos nulos de pleno derecho, y exige para su declaración que implique una ausencia de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o determinen una efectiva indefensión, es decir, que las nulidades son para corregir los errores del Juez o del Tribunal en la tramitación del juicio; y en el presente caso, y relación al recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio de fecha tres de agosto de dos mil diecisiete; este Tribunal de Alzada no observa que se hayan violentado normas de orden público que acarreen nulidades o que se haya violentado la garantía constitucional del derecho a la defensa o de petición; por lo que la motivación y resolución dictada por el A quo es correcta y apegada a derecho, por lo que procede su confirmatoria….”- CONSIDERANDO(8): Que el Código de Trabajo[9], remite expresamente al Código de Procedimientos Civiles, ante la falta de disposiciones para resolver situaciones jurídicas en el proceso laboral; en ese orden de ideas los artículos 211 y 212 del Código Procesal Civil, desarrollan lo pertinente a la nulidad de los actos procesales, indicando que el incumplimiento de los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su nulidad o a su anulabilidad. Las causas de nulidad de los actos procesales, se encuentran determinados en el precepto 212 del Código Procesal Civil, de tal forma que son nulos los actos procesales por motivos de jurisdicción y competencia, actos realizados bajo violencia o intimidación, asimismo cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión inter alia.- CONSIDERANDO(9): Que de la foliada de las piezas de antecedentes, esta Sala de lo Constitucional advierte que la recurrente no utilizó los recursos que la ley pone a su disposición a efecto de denunciar los defectos de forma del acto procesal[10], que aduce fue realizado por la Juez A-quo; esta situación la deja plasmada el A-quo en su resolución al argumentar: (Sic) “… puesto que la misma se dictó hasta el 31 de mayo del 2017, contra la cual el representante procesal de la parte demandante no hizo uso del derecho de interponer recurso contra la misma, consintiendo la misma y quedando firme dicha resolución….”[11].- CONSIDERANDO (10): Que la inobservancia de las formas puede conducir a la nulidad del acto, así lo señala la doctrina en materia de proceso civil. En la obra Curso de derecho procesal civil, el jurista Giuseppe Chiovenda señala que en la aplicación de las normas formales, como en la de todas las normas jurídicas, debe preferirse la interpretación que más rigurosamente se nos presente conforme a los principios sugeridos por la lógica y por el sistema, que al menos son fijos, constantes y objetivos, y no caer en ciertas vagas tendencias equitativas, que, con el pretexto de combatir el formalismo o de adaptar elásticamente las formas a la sustancia, abren a menudo el camino a través del sentido subjetivo.[12] En ese orden de ideas, la recurrente hace énfasis en la vulneración de los derechos contenidos en los preceptos 128 y 129 de la Constitución de la República, relacionado con lo dispuesto en el artículo 3 del Código de Trabajo, no así en el asunto toral en que se fundamenta la resolución que recurre en Amparo, al ser ésta, la confirmatoria del auto que declara sin lugar la nulidad de actuaciones promovida por la parte demandante.- CONSIDERANDO(11): Que en ese orden de ideas analizada la sentencia emitida por el Tribunal Ad-quem y los argumentos vertidos por la recurrente, esta Sala de lo Constitucional arriba a la conclusión que el Recurso de Apelación se interpuso contra el acto por el cual la Juez A-quo declara sin lugar la nulidad de actuaciones, en relación a varios desistimientos presentados por los demandantes, resolución que fue confirmada por la alzada al observar que no se ha producido indefensión, asimismo que se haya prescindido de normas esenciales en el procedimiento, criterio que comparte esta Sala de lo Constitucional, pues la juez de instancia ha actuado conforme a la facultad que le otorga el artículo 732 del Código de Trabajo en relación a la prueba de oficio; aunado a ello la recurrente fundamenta sus argumentos en la vulneración de los derechos contenidos en los artículos 128 y 129 de la Constitución de la República, relacionado con el artículo 3 del Código de Trabajo, situación que no es aplicable al caso sub júdice, pues en atención al derecho también constitucional de petición, la Juez A-quo acepta los desistimientos presentados por varios de los demandantes, situación que no vulnera los derechos invocados por la recurrente, pues se trata de situaciones totalmente diferentes, en donde prima la voluntad de las partes de recurrir ante los órganos jurisdiccionales y peticionar lo que estimen conveniente, derecho que la misma Constitución les garantiza, pues en ninguna forma han renunciado a los derechos invocados por la recurrente en amparo, por ello tales argumentos no son recibidos por este Alto Tribunal.- CONSIDERANDO(12): Que la garantía procesal del juez natural tiene relevancia constitucional en virtud de lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 90 de nuestra norma fundamental, en virtud que este extremo constituye uno de los pilares del debido proceso o juicio justo, mismo que debe ser respetado y observado, en garantía de la tutela judicial efectiva de quienes acuden ante los órganos jurisdiccionales en busca respuestas satisfactorias a sus pretensiones, por medio de resoluciones motivadas y coherentes.- CONSIDERANDO (13): Que la Sala de lo Constitucional, finalmente estima que la decisión del Ad-quem no quebranta los derechos invocados por la recurrente, por lo que procede denegar el amparo del que se hace mérito. POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, y haciendo aplicación de los artículos: 1, 59, 64, 80, 82, 90, 94, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 664, 715, 732 y 858 del Código de Trabajo; y 1, 2, 3 No.2, 4, 5, 7, 9 No.2, 41, 63, 72 y 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el recurso de Amparo interpuesto por la Abogada NANCY KARINA BENAVIDES ALVARADO, a favor de los señores JOSE SANTOS JOAQUIN VALLE FUNES, JOSE MAURICIO MATUTE BREVE, MARIA ELVIA HERNANDEZ SARABIA, ROSIBEL AVILA CRUZ, ERIKA MARLEN MEDINA RODRIGUEZ, JAVIER SOSA RIVERA, MARIA DE LA PAZ CERNA, EUFEMIA ESPINOZA GARCIA, JOSE ANTONIO IZAGUIRRE RODRIGUEZ, BESSY LORENA VALADARES VALERIANO, ALTAGRACIA MARINEZ GARCIA, KAREN YAMILETH PINEDA VALERIANO, AURELIA VALERIANO FLORES, GREGORIO AGUILERA AGUILERA, LUDYN MARIEL AGUILERA GARCIA, BLANCA ROSA SIERRA GOMEZ, LIZETH SALGADO MEDINA, ISIS YOLANY ELVIR SALGADO, WALTER ENRIQUE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, YENI LIZETH ELVIR SALGADO, JOSUE AARON ORDOÑEZ RIVERA, RENAN ALEXIS PEÑA SERRANO, ORLANDO ANTONIO ORDOÑEZ DOMINGUEZ, JIMY ALEXANDER PADILLA GODOY, JULIANA REYES RAMIREZ, GLENDA AZUCENA GONZALES COLINDRES, BELKIS MABEL TERCERO CRUZ y NORA MAYDEE AGUILAR MONTOYA, contra la Sentencia Interlocutoria dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil diecisiete (2017). Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada, REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés (23) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha veintisiete (27) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0825-2017.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional

[1] Artículo 183 de la Constitución de la República.

[2] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

[3] Ver Artículo 858.

[4] Ello en consonancia con lo dispuesto en el numeral 1 del Artículo 214 del Código Procesal Civil: “MEDIOS PARA LOGRAR LA NULIDAD O ANULACIÓN DE UN ACTO RPOCESAL. 1. La nulidad, en todo caso, y los defectos de forma en los actos procesales que impliquen ausencia de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o determinen efectiva indefensión, se harán valer por medio de los recursos establecidos en la ley contra la resolución de que se trate….”

[5] Ver acápite intitulado “CUARTO”, de la resolución del A-quo en fecha tres de agosto del año dos mil diecisiete en el folio 521.

[6] OXFORD University Press, Primera Serie volumen 6, México, D.F. abril de 2001, pág. 409.

[7] Artículo 183 de la Constitución de la República.

[8] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

[9] Ver Artículo 858.

[10] Ello en consonancia con lo dispuesto en el numeral 1 del Artículo 214 del Código Procesal Civil: “MEDIOS PARA LOGRAR LA NULIDAD O ANULACIÓN DE UN ACTO RPOCESAL. 1. La nulidad, en todo caso, y los defectos de forma en los actos procesales que impliquen ausencia de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o determinen efectiva indefensión, se harán valer por medio de los recursos establecidos en la ley contra la resolución de que se trate….”

[11] Ver acápite intitulado “CUARTO”, de la resolución del A-quo en fecha tres de agosto del año dos mil diecisiete en el folio 521.

[12] OXFORD University Press, Primera Serie volumen 6, México, D.F. abril de 2001, pág. 409.