Sentencia AL-810-17 — Registro 10868
Resumen
Recurso de Amparo interpuesto contra la sentencia dictada que declaró con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto con relación a un incidente alegado en la demanda ordinaria laboral
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (14): Que, considera la Sala de lo Constitucional que la falencia omisiva de la Corte Ad Quem, consiste en la no valoración del referido interrogatorio y de otras pruebas en relación, las cuales apuntarían; por una parte, a la existencia real y legal de la sociedad “CULTURA Y RENOVACIÓN SUPERACION S. DE R.L DE C.V.”. Por otra parte, no concita dudas de ninguna especie a esta Sala, que la intención de la parte demandante fue demandar a la sociedad en referencia, con la cual asegura haber mantenido una relación laboral, y no a persona natural o jurídica distinta a la mencionada; haciendo fundada expresión que si bien la falta de capacidad procesal habría sido alegada por la persona natural a través de la cual surtió el traslado de la demanda proveída, en contra de la persona jurídica de quien efectivamente se reclama, en su condición de patrono (sociedad “CULTURA Y RENOVACIÓN SUPERACION S. DE R.L DE C.V.”); ésta sería del todo improcedente en aplicación del principio general de buena fe y de la aplicación analógica de la teoría de las apariencias, toda vez que la persona natural a través de la cual surtió el traslado de la demanda, sí aparece en actos anteriores a la demanda asumiendo la representación de la aludida sociedad; relevante hecho jurídico que no podría soslayarse o pasar desapercibido para la Corte de Apelaciones, pues se trata de una declaración proveniente de una persona natural que ha ostentado y ostenta importantes responsabilidades directivas y administrativas dentro de la entidad jurídica que asume la condición de demandada; todo lo cual se aúna, en el caso de mérito, a colegir que, hasta ahora, la sociedad “CULTURA Y RENOVACIÓN SUPERACION S. DE R.L DE C.V.”, no ha demostrado la falta de capacidad procesal de la parte demandada para personarse en el procedimiento laboral incoado en su contra. CONSIDERANDO (15): Que esta última consideración aparece a la vez como consistente, con lineamientos garantistas vertidos por la Sala, en tutela a lo preceptuado en el párrafo segundo del artículo 82 de la Constitución de la República, que establece:”Los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma en que señalan las leyes”; conforme a los cuales, cuando del reconocimiento de derechos subjetivos se trata, prevalece la aplicación directa, práctica y no meramente programática del derecho fundamental consagrado constitucionalmente; lo cual conlleva a estimar que la admisión de las precitadas “excepciones dilatorias” o defectos procesales de falta de capacidad procesal, para el caso; al obstar a la normal prosecución del proceso, deben interpretarse en forma limitada y restrictiva; atendiendo siempre el principio de realidad, antes que protocolos jurídicos netamente formales, más si con ello se veda el libre acceso a los tribunales, garantizado constitucionalmente; amén de ocasionar un innecesario retraso al trámite normal del proceso, al obligar a la parte demandante a un nuevo planteo de su demanda. Parece pertinente, pues, citar aquí lo afirmado en anteriores ocasiones, por la Sala: “… que desde el punto de vista constitucional lo interesante es verificar si efectivamente la persona que comparece se encuentra en posición de comprometer a la persona jurídica que representa”;[9] lo cual, justamente se conceptúa ser el presente caso, al interpretarse en compatibilidad, tanto el tenor literal de la ley, como la optimización racional y teleológica que ameritan las garantías sociales contenidas en la Constitución de la República y en los convenios internacionales en materia de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado de Honduras.[10] CONSIDERANDO (16): Que de lo anteriormente expuesto, se desprende que la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, en fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), y de la cual se ha hecho debida relación, no se ajusta a los requerimientos, procedimientos y exigencias establecidas en la ley, necesarias en todo caso para garantizar la efectividad del derecho material, mediante la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso, lo cual conduciría a declarar la vulneración a lo preceptuado en el Artículo 90, párrafo primero de la Constitución de la República, cuando establece: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; por lo que al declararse la vulneración de éste, derivada de las falencias argumentativas percibidas en la resolución del Ad Quem, mismas que son objeto del presente recurso; procede el otorgamiento de plano de la presente garantía constitucional de amparo.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 82 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 4 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de marzo del dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado FRANCISCO OMAR OSORTO AGUILERA, a favor de INGRID AIDA GUILLEN OSORIO, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, en fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), que declaró con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Abogado FRANCISCO OMAR OSORTO AGUILERA, auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, en fecha veinte (20) de junio del año dos mil diecisiete (2017), con relación a un incidente alegado en la demanda ordinaria laboral promovida por la señora INGRID AIDA GUILLEN OSORIO, contra la SOCIEDAD MERCANTIL CULTURA, RENOVACION SUPERACION S DE R.L, representada por la señora MARIA DE JESUS RUEDA CARRANZA.- Estima el recurrente que se le han violentado los derechos contenidos en los artículos 82, 90, 128 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha treinta (30) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca el Abogado FRANCISCO OMAR OSORTO AGUILAR, interponiendo demanda Ordinaria Laboral de Emplazamiento en virtud de despido directo condene al pago de prestaciones sociales e indemnizaciones laborales más a titulo de daños y perjuicio de los salarios dejados de percibir, preaviso auxilio de cesantía causado, aguinaldo proporcional, vacaciones, pendientes, salarios adeudados habilitación de días y horas inhábiles embargo precautorio con carácter de urgente, fundamentos de derecho petición.. (FOLIO 2 AL 4) 2) Que el referido Juzgado, en Auto Interlocutorio de fecha veinte (20) de junio del año dos mil diecisiete (2017) FALLA: PRIMERO: “En consecuencia de lo antes expuesto es procedente ESTIMAR LAS EXEPCIONES DE FALTA DE PERSONALIDAD O REPRESENTACION LEGAL DEL DEMANDADO Y LA FALTA DE CAPACIDAD PROCESAL ASI COMO LA FALTA O AUSENCIA DE LEGITIMACION, opuesta por la parte demandada Abogado WALTER RAUL MIRANDA SABIO, en su condición de representante procesal de la señora MARIA DE JESUS RUEDA CARRANZA, en la demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones Laborales, promovida por el Abogado FRANCISCO OMAR OSORTO AGUILAR, en su condición de representante procesal de la señora INGRID AIDA GUILLEN OSORIO, todos de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia.- SEGUNDO: CON COSTAS PARA LA PARTE DEMANDANTE…”.(Folio 120 AL 124 de la pieza del Juzgado) 3) Que la Corte de Apelaciones de los departamentos de Choluteca y Valle, en fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecisiete (2017) conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el abogado FRANCISCO OMAR OSORTO AGUILERA; RESUELVE: DECLARAR CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por el Abogado FRANCISCO OMAR OSORTO AGUILERA, en su condición supra indicada, contra la resolución interlocutoria de fecha veinte (20) de junio del año dos mil diecisiete (2017) visible a folios del 120 al 124 vuelto de los autos de la primera pieza, en la Demanda Ordinaria Laboral presentada ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca y del Trabajo por el Ministerio de la Ley por el Abogado antes mencionado en su condición de representante procesal de la señora INGRID AIDA GUILLEN OSORIO, de generales ya mencionadas en el preámbulo de este fallo, en contra del centro de trabajo denominado “SOCIEDAD CULTURA Y RENOVACIÓN SUPERACION S DE R.L DE C.V” a través de su gerente general señora MARIA DE JESUS RUEDA DE C.V” a través de su gerente general señora MARIA DE JESUS RUEDA CARRANZA.- SEGUNDO: REVOCA la sentencia impugnada en cuanto el A-quo estimo las excepciones o defectos procesales de falta de personalidad o capacidad para ser parte y de falta o ausencia de legitimación pasiva opuesta por la parte demandada, declarándolas sin lugar.- TERCERO: CONFIRMA la sentencia impugnada en cuanto estimo el efecto procesal de falta de capacidad procesal conocido también como excepción de falta de representación del demandado.- CUARTO: REVOCA la condena en costas en primera instancia, en virtud del principio de gratitud asimismo SIN COSTAS ante esta instancia en virtud de ser parcial la estimación.(folio 5-12 de la pieza de corte de apelaciones) 4) El recurrente abogado FRANCISCO OMAR OSORTO AGUILERA, compareció ante este Tribunal, en fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor de la señora INGRID AIDA GUILLEN OSORIO, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), es violatoria a lo dispuesto en el artículo 82, 90, 128 y 321 de la Constitución de la Republica. Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veinte (20) de febrero del año dos mil dieciocho (2018). 5) Que con fecha nueve (9) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), la abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión que SE DENIEGUE la acción de amparo interpuesta; en virtud que no se acreditó en autos que la señora MARIA DE JESUS RUEDA CARRANZA figure como Gerente General de la Sociedad Mercantil demandada, mientras no se haya acreditado que al señor CARLOS ALBERTO MIDENCE GALO, se le haya revocado su designación como Presidente y que hace las veces de Gerente, se le debe tener como representante legal de la Sociedad Mercantil demandada; todo ello según la Escritura Pública de Constitución de la referida “SOCIEDAD CULTURA Y RENOVACIÓN SUPERACION S DE R.L DE C.V.”; teniendo como fundamento legal que no es cierto que la autoridad recurrida ha invertido la carga de la prueba con relación al trabajador, pues la Corte de Apelaciones ha estimado que la excepción opuesta se ha interpuesto como cuestión principal, invocando para ello el contenido del artículo 714 del Código del Trabajo, que a la letra dice: “El demandante no estará obligado a presentar con la demanda la prueba de la existencia de la persona jurídica contra la cual va dirigida, ni de la calidad de su representante. Le bastara con designarlos, a menos que en el juicio se debata como cuestión principal este punto…”. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia proferida en fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), por la cual la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, resuelve DECLARAR CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por el Abogado FRANCISCO OMAR OSORTO AGUILERA, en su condición por la parte demandante, contra la resolución interlocutoria dictada en fecha veinte (20) de junio del año dos mil diecisiete (2017), en la Demanda Ordinaria Laboral presentada ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca y del Trabajo por el Ministerio de la Ley. Lo anterior, en el sentido de REVOCAR la condena en costas de la primera instancia y lo resuelto en la sentencia impugnada en cuanto a que el A-Quo estimó las excepciones o defectos procesales de falta de personalidad o capacidad para ser parte y de falta o ausencia de legitimación pasiva opuesta por la parte demandada, declarándolas sin lugar; CONFIRMANDO la sentencia impugnada en cuanto estimó la procedencia del defecto procesal de falta de capacidad procesal, conocido también como excepción de falta de representación del demandado. CONSIDERANDO (4): Que la sentencia interlocutoria emitida por la Corte de Apelaciones concernida, fundamenta su proveído en que la parte demandada invocó ante el Juzgado de Letras respectivo las excepciones de falta de personalidad o representación legal del demandado y la falta de capacidad procesal, así como la falta o ausencia de legitimación, opuestas por la parte demandada, a través del Abogado WALTER RAÚL MIRANDA SABIO, en su condición de representante procesal de la señora MARIA DE JESUS RUEDA CARRANZA, en la Demanda Ordinaria Laboral para el Pago de Prestaciones Laborales, promovida por el Abogado FRANCISCO OMAR OSORTO AGUILERA, en su condición de representante procesal de la señora INGRID AÍDA GUILLÉN OSORIO; lo cual sería procedente en cuanto a la estimatoria de la falta de capacidad procesal, conocida en el proceso civil anterior como falta de representación legal del demandado; en virtud de dos aspectos:[1] a) La no acreditación de nombramiento de gerente general efectuado por la Asamblea General de Socios, o bien por delegación del Presidente de la Junta Directiva de la Sociedad Cultura y Renovación S. de R.L., en la persona de la demandada, Sra. MARIA DE JESUS RUEDA CARRANZA, quien es una socia más de dicha Sociedad Mercantil. b) Que en el presente caso, la excepción opuesta se ha interpuesto como cuestión principal, es decir, no por mera alegación: “… por lo cual procede probar por parte de la demandante que a la persona que se citó y emplazó como representante legal o gerente general de la sociedad demandada, tiene ese carácter, en virtud que es principio rector de todo proceso, que la carga de la prueba corresponde al demandante, y así lo establece el artículo 714 en la parte final del párrafo primero del Código de Trabajo cuando dice: a menos que en el juicio se debata como cuestión principal este punto. Por consiguiente, para que la demandada tenga capacidad para ser parte, debe acreditarse su condición de representante de la sociedad mercantil a la cual se está demandando, (…)”. CONSIDERANDO (5): Que en la formalización de la presente acción constitucional de amparo ha manifestado el Abogado FRANCISCO OMAR OSORTO AGUILERA, que tal resolución vulnera los derechos y garantías constitucionales dispuestas en los artículos 82, 90, 128 y 321 de la Constitución de la República; en virtud de aseverar la Corte de Apelaciones que es la parte por él representada la obligada a demostrar mediante una certificación de nombramiento de gerente general extendida por la Asamblea General de Socios o por el Presidente de la Junta Directiva, que Sra. MARIA DE JESUS RUEDA CARRANZA es gerente de la empresa, invirtiendo de forma ilegal la carga de la prueba, dándole la responsabilidad al trabajador y éste únicamente en materia laboral está obligado a demostrar el despido alegado; siendo ellos los que tenían que demostrar que la señora en mención no es gerente, sino que otra persona. Sin embargo, considera el garantista, esta situación se ha acreditado mediante prueba obrante en primera pieza de autos, en el sentido que ha representado en forma judicial y extrajudicial a la sociedad “CULTURA Y RENOVACIÓN SUPERACION S. DE R.L DE C.V.” en su condición de gerente, a lo cual la escritura de constitución de la empresa le concede también la facultad de representar a la Sociedad. Tal prueba consiste fundamentalmente en el “Interrogatorio de Parte”, en la cual manifiesta de manera categórica que no tiene representante legal la Sociedad, en otras palabras, que ya no es el señor CARLOS (Sic.) ALBERTO MIDENCE, a quien ellos mencionaron en la demanda y es ella, como gerente, la única que puede representar en este momento a la institución; puesto que aquel vendió sus acciones hace más de quince (15) años y tampoco ostenta cargo alguno en la Sociedad. En su caso serían los demandados los obligados a aportar prueba de que el señor MIDENCE ostentaba el cargo de representante de la Sociedad sin ser socio. Asimismo, mediante prueba documental propuesta y evacuada en audiencia de fecha 22 de febrero de 2017, que la señora MARIA DE JESUS RUEDA CARRANZA firmó y selló constancia de trabajo como Gerente y también nota de despido del señor SANTOS ALFONSO VARELA. CONSIDERANDO (6): Que, aunado a lo anterior, manifiesta el amparista, que se puede apreciar que la demandada jamás impugnó las actas levantadas por inspector de trabajo si no se le consideraba representante legal de la empresa; por lo que es procedente haber demandando como gerente a la señora MARIA DE JESUS RUEDA CARRANZA de la sociedad “CULTURA Y RENOVACIÓN SUPERACION S. DE R.L DE C.V.”, dado que según establece el artículo 78 del Código de Comercio, las sociedades de responsabilidad limitada son representadas por el gerente o gerentes, siendo este el caso; extremos suficientemente acreditados con los medios de prueba propuestos y que constan a primera pieza de autos. La errónea apreciación de la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, en franca violación al debido proceso, ha llegado al extremo de faltar a la verdad, indicando en su motivación que siempre que a la demandada MARIA DE JESUS RUEDA CARRANZA se le ha demandado como gerente ha interpuesto excepciones, lo cual es completamente falso. Prueba de ello se encuentra al examinar la sentencia de fecha 13 de octubre de 2011, que obra a folio 99, según dictada por el Juzgado de Letras Departamental de Choluteca, en la cual se declara SIN LUGAR la demanda, sin que sea óbice defecto procesal alguno. Al contrario, se nota que la señora MARIA DE JESUS RUEDA CARRANZA compareció en calidad de gerente y representante de la Sociedad “CULTURA Y RENOVACIÓN SUPERACION S. DE R.L DE C.V.”. Manifiesta, finalmente el amparista, que se le ha violentado a la persona agraviada su derecho a la defensa; ya que se interpreta, o da a entender, que se archiven las diligencias, cuando en caso que procediera el defecto debería dar lugar a la subsanación; pues no se expresó en el texto de la resolución: “sin perjuicio a volver a entablar la acción laboral contra el representante competente”. - Por todo lo cual, solicita se dicte sentencia definitiva declarando con lugar el presente recurso de amparo. CONSIDERANDO (7): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. Por ende, es deber de los órganos jurisdiccionales motivar y fundamentar sus resoluciones judiciales, expresando los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que les hubiere atribuido; lo cual compete realizar al Juez o Tribunal llamado por ley para conocer del asunto en concreto, en el marco del derecho a la tutela judicial efectiva, como imperativo constitucional. CONSIDERANDO (8): Que se ha alegado por el amparista que dicha resolución vulnera los derechos y garantías constitucionales dispuestas en los artículos 82, 90, 128 y 321 de la Constitución de la República, en perjuicio de su representada, la señora INGRID AÍDA GUILLÉN OSORIO. Lo anterior, en vista a consideraciones formales que dan pie a resolver a confirmar la resolución apelada, declarando con lugar el defecto de falta de capacidad procesal interpuesto por la parte demandada, conocida como Sociedad “CULTURA Y RENOVACIÓN SUPERACION S. DE R.L DE C.V.”; en perjuicio de la parte que se estima como trabajadora. CONSIDERANDO (9): Que, con relación a lo anteriormente expuesto y sintetizado, conviene recordar razonamientos jurídicos emitidos con anterioridad por la Sala de lo Constitucional, los cuales conceptúan la representación legal, como la institución jurídica por medio de la cual una persona actúa en interés del representado sobre quien recaen los efectos jurídicos de su gestión, instituida para garantizar la tutela de los intereses ya sea del Estado, o de particulares. Que para la doctrina dominante: “Tener legitimidad para obrar se refiere a ser la persona que de conformidad con la ley sustancial puede formular (legitimación activa) o contradecir (legitimación pasiva) las pretensiones contenidas en la demanda” (Montero Aroca). Legalmente, tal atribución procesal vendría dada por lo establecido en los artículos 705 y 712 del Código de Trabajo, inter alia; cuya interpretación, dado el ministerio del principio in dubio pro operario,[2] debería compatibilizarse armónicamente con los criterios jurídicos que posibiliten, en la mayor medida, la tutela judicial efectiva. CONSIDERANDO (10): Que, a la vista de la foliada se deriva probatoriamente que la señora MARIA DE JESUS RUEDA CARRANZA ha manifestado en audiencia judicial y de viva voz, que ejerce un puesto de la junta directiva de la Sociedad “CULTURA Y RENOVACIÓN SUPERACION S. DE R.L DE C.V.”,[3] y que, en anteriores ocasiones, ha ejercido la representación judicial y extrajudicial de la Sociedad, si bien no obra mandato societario que delegue en ella, de manera permanente, el ejercicio de tal función. Sin embargo, no aparece de autos, que la jurisdicción ordinaria hubiere calificado, o atribuido calidad jurídica alguna, al dicho de la señora RUEDA CARRANZA; lo cual, además de limitar el derecho de acción de la parte amparista, contrasta lo argumentado por la Sala de lo Constitucional en anteriores fallos, respecto a que en la resolución de las excepciones dilatorias (para el caso, la de falta de personalidad), no debe dejar de brindársele justicia sustantiva al conflicto laboral puesto bajo la esfera de conocimiento del órgano jurisdiccional, evitando así incurrir en una administración de justicia formalista y de acentuado sentido rigorista: “… que no es compatible con el ejercicio de la justicia constitucional que postula la prevalencia del fondo sobre la forma”.[4] CONSIDERANDO (11): Que, siempre en recapitulación jurisprudencial y abundando sobre el asunto sometido a juzgamiento, la Sala de lo Constitucional ha versado que las excepciones son medios de defensa de los que pueden hacer uso las partes, denominadas dilatorias que tienen por objeto solamente detener o dilatar la entrada al juicio, sin que se destruya o enerve la acción interpuesta que daría lugar a excepciones perentorias.[5] Y que, en cuanto a las excepciones dilatorias, se ha manifestado, que: “… en caso de prosperar excluyen temporalmente un pronunciamiento sobre el derecho del actor, de manera tal, que solo hacen perder a la pretensión su eficacia actual, pero no impide que esta sea satisfecha, una vez eliminados los defectos de que adolecía, la representación legal del demandado (…) Por otra parte la falta de personalidad o ausencia de "legitimatio ad processum" impide que se pueda entrar al conocimiento de la cuestión de fondo. La falta de personalidad puede tener su origen en sí misma, o porque no se ostente el carácter o representación con que dicho acto procesal debe efectuarse”.[6] En tal sentido, carecería de virtualidad lo manifestado por el amparista, con relación al derecho a la defensa, pues tal línea jurisprudencial, no deja lugar a la interpretación peyorativa que sugiere el amparista, sino que más bien da a entender, de modo implícito, que la procedencia de tal defecto procesal debería dar lugar a la subsanación, esto es; “sin perjuicio a volver a entablar la acción laboral contra el representante competente”. CONSIDERANDO (12): Que, sin embargo, del estudio detenido de la presente garantía constitucional se han constatado carencias argumentativas, no sólo en cuanto a la motivación, sino que en cuanto a la propia fundamentación jurídica;[7] pues se ha limitado el Tribunal Ad Quem, a invocar el articulado jurídico que juzgó aplicable, mas no del porqué la aplicabilidad de salvaguardia adjetiva que precave la parte final del párrafo primero del artículo 714 en Código de Trabajo; como es la posibilidad de debatir la representación procesal como cuestión principal, supuesto que no resulta suficientemente explicado y que reviste capital importancia, sin embargo, para el desenvolvimiento del caso; ya que por precepto legal daría lugar a invertir la carga de la prueba. CONSIDERANDO (13): Que, lo anteriormente motivado, si bien no resultó confrontado argumentalmente en la alegación garantista, según conocida en sede de amparo, no deja de ser lesiva al principio y garantía genérica del debido proceso; partiendo del postulado legal conforme al cual la demanda debe dirigirse contra la parte a quien se reclama, o contra su representante cuando éste tenga facultad para comparecer en juicio en nombre de aquel, acorde el precitado artículo 705 del Código de Trabajo. Del estudio del expediente, se desprende que la señora MARIA DE JESUS RUEDA CARRANZA manifestó en audiencia judicial y de viva voz, que ejercía un puesto de la junta directiva de la Sociedad “CULTURA Y RENOVACIÓN SUPERACION S. DE R.L DE C.V.”,[8] y aun que en otras ocasiones, había ejercido la representación judicial y extrajudicial de la entidad jurídica demandada, al firmar notas de despido como Administradora y comparecer en otras demandas laborales contra la Sociedad “CULTURA Y RENOVACIÓN SUPERACION S. DE R.L DE C.V.”., si bien no se ha acreditado que el mandato societario se hubiere delegado en ella, de manera permanente, en forma expresa y taxativa. CONSIDERANDO (14): Que, considera la Sala de lo Constitucional que la falencia omisiva de la Corte Ad Quem, consiste en la no valoración del referido interrogatorio y de otras pruebas en relación, las cuales apuntarían; por una parte, a la existencia real y legal de la sociedad “CULTURA Y RENOVACIÓN SUPERACION S. DE R.L DE C.V.”. Por otra parte, no concita dudas de ninguna especie a esta Sala, que la intención de la parte demandante fue demandar a la sociedad en referencia, con la cual asegura haber mantenido una relación laboral, y no a persona natural o jurídica distinta a la mencionada; haciendo fundada expresión que si bien la falta de capacidad procesal habría sido alegada por la persona natural a través de la cual surtió el traslado de la demanda proveída, en contra de la persona jurídica de quien efectivamente se reclama, en su condición de patrono (sociedad “CULTURA Y RENOVACIÓN SUPERACION S. DE R.L DE C.V.”); ésta sería del todo improcedente en aplicación del principio general de buena fe y de la aplicación analógica de la teoría de las apariencias, toda vez que la persona natural a través de la cual surtió el traslado de la demanda, sí aparece en actos anteriores a la demanda asumiendo la representación de la aludida sociedad; relevante hecho jurídico que no podría soslayarse o pasar desapercibido para la Corte de Apelaciones, pues se trata de una declaración proveniente de una persona natural que ha ostentado y ostenta importantes responsabilidades directivas y administrativas dentro de la entidad jurídica que asume la condición de demandada; todo lo cual se aúna, en el caso de mérito, a colegir que, hasta ahora, la sociedad “CULTURA Y RENOVACIÓN SUPERACION S. DE R.L DE C.V.”, no ha demostrado la falta de capacidad procesal de la parte demandada para personarse en el procedimiento laboral incoado en su contra. CONSIDERANDO (15): Que esta última consideración aparece a la vez como consistente, con lineamientos garantistas vertidos por la Sala, en tutela a lo preceptuado en el párrafo segundo del artículo 82 de la Constitución de la República, que establece:”Los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma en que señalan las leyes”; conforme a los cuales, cuando del reconocimiento de derechos subjetivos se trata, prevalece la aplicación directa, práctica y no meramente programática del derecho fundamental consagrado constitucionalmente; lo cual conlleva a estimar que la admisión de las precitadas “excepciones dilatorias” o defectos procesales de falta de capacidad procesal, para el caso; al obstar a la normal prosecución del proceso, deben interpretarse en forma limitada y restrictiva; atendiendo siempre el principio de realidad, antes que protocolos jurídicos netamente formales, más si con ello se veda el libre acceso a los tribunales, garantizado constitucionalmente; amén de ocasionar un innecesario retraso al trámite normal del proceso, al obligar a la parte demandante a un nuevo planteo de su demanda. Parece pertinente, pues, citar aquí lo afirmado en anteriores ocasiones, por la Sala: “… que desde el punto de vista constitucional lo interesante es verificar si efectivamente la persona que comparece se encuentra en posición de comprometer a la persona jurídica que representa”;[9] lo cual, justamente se conceptúa ser el presente caso, al interpretarse en compatibilidad, tanto el tenor literal de la ley, como la optimización racional y teleológica que ameritan las garantías sociales contenidas en la Constitución de la República y en los convenios internacionales en materia de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado de Honduras.[10] CONSIDERANDO (16): Que de lo anteriormente expuesto, se desprende que la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, en fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), y de la cual se ha hecho debida relación, no se ajusta a los requerimientos, procedimientos y exigencias establecidas en la ley, necesarias en todo caso para garantizar la efectividad del derecho material, mediante la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso, lo cual conduciría a declarar la vulneración a lo preceptuado en el Artículo 90, párrafo primero de la Constitución de la República, cuando establece: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; por lo que al declararse la vulneración de éste, derivada de las falencias argumentativas percibidas en la resolución del Ad Quem, mismas que son objeto del presente recurso; procede el otorgamiento de plano de la presente garantía constitucional de amparo. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 80, 82, 90, 128, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito, y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diez días del mes de mayo de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, recaída en el recurso de amparo laboral registrada en este Tribunal con el número SCO-0810-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Ver Fundamento Jurídico Séptimo de la resolución judicial conocida en amparo, a folios diez (10) vuelto y once (11) frente de la pieza de apelaciones.
[2] Ver: Manual Procesal Laboral. Corte Suprema de Justicia (CS) - Organización Internacional del Trabajo (OIT), Tegucigalpa, M.D.C., 2013. Pág. 10. Se reconoce allí como una regla de las tres (3) reglas derivadas del principio protector (siendo las otras la de norma más favorable y la de condición más beneficiosa), haciendo referencia al criterio que debe adoptar un Juez o Magistrado para seleccionar e interpretar la norma: “… cuando ésta genere duda respecto a los derechos laborales reclamados, por lo que deberá ser la interpretación más favorable al trabajador”.
[3] Ver el INTERROGATORIO DE PARTES, intitulada como: “Continuación de la Primera de Trámite”, a folio ciento diecisiete (117) frente de la pieza principal.
[4] Ver sentencia de la Sala de lo Constitucional recaída en el expediente número SCO-05=10, de fecha 01 de febrero de 2011.
[5] Tito Livio Tabora. Código Civil de Honduras, sus fuentes, concordancias, referencias y notas. Tomo IV Volumen I De Las Obligaciones. Imprenta Soto. Pág. 327.
[6] Ver sentencia de la Sala de lo Constitucional recaída en el expediente SCO-821=10, de fecha 06 de noviembre de 2012.
[7] Versando la distinción entre resolución motivada y resolución fundada en derecho, ha expresado el Prof. José Garberí Llobregat, Ex-Letrado del Tribunal Constitucional español, que al decir que la motivación ha de estar fundada en Derecho, tal carga no queda cumplida con la mera emisión de una declaración de voluntad en un sentido u otro, sino que debe ser consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento, y no fruto de la arbitrariedad. En suma, que el artículo 24.1 de la CE (Contentivo del derecho a la tutela judicial efectiva): “… impone a los órganos judiciales no sólo la obligación de ofrecer una respuesta motivada a las pretensiones deducidas, sino que, además, ésta ha de tener contenido jurídico (STC 308/2006, de 23 de octubre)”. Ver del autor citado: “Constitución y Derecho Procesal: Los fundamentos constitucionales del Derecho Procesal”. Editorial Aranzadi, Pamplona, 2009. Págs. 162-164.
[8] Ver lo recapitulado en el Considerando 10) de la presente sentencia.
[9] Resulta ilustrativo lo manifestado por el Licenciado Mario de la Cueva al versar sobre el artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo mexicano, según el cual los Directores, Administradores, Gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores. - En tal concepto ha acertado el referido doctrinario que dicha norma no contiene la exigencia de un mandato jurídico: “… la que habría sido innecesaria, pues el derecho privado dispone que el mandatario jurídico obliga al mandante, dentro de los límites de su mandato, o expresado, en otros términos: el Art. 11 rompió una vez más los principios del derecho civil, dentro del propósito de dar satisfacción a los requerimientos del trabajo… Nos adherimos a este criterio”. Vid. Soto Álvarez, Clemente. Prontuario del Derecho del Trabajo. Editorial LIMUSA S.A. de C.V., México D.F., 1991, pp. 71-2.
[10] Abundando sobre el Bloque de Convencionalidad: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Preguntas frecuentes sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Folleto Informativo No. 33. United Nations, Geneva, s.f. Págs. 21 y ss.