Sentencia AL-766-18 — Registro 8548
Resumen
Resolución declaró sin lugar y efecto la que tuvo desierta la apelación por inasistencia a la audiencia de alegaciones y ordenó reprogramar la misma con relación a demanda ordinaria laboral promovida por recurrente contra demandada
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."esta Sala de lo Constitucional es y ha sido del criterio, que los asuntos de mera legalidad o alegatos propios de instancia, no son susceptibles de la Garantía de Amparo a menos que esto constituya una infracción evidente a los preceptos constitucionales, infringiendo así los derechos fundamentales tutelados por la Constitución de la República a la parte que se considere agraviada, la cual debe señalar de manera puntual tal violación; situación que no se aprecia luego de efectuado el correspondiente estudio del escrito de interposición y del acto reclamado en amparo..."..."se aprecia que la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la sección judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha trece de septiembre de dos mil dieciocho, se basa en que efectivamente si la Abogada Cynthia Lily Chavarría Torres se le había extendido incapacidad de un mes a partir del tres de septiembre de dos mil dieciocho; y, la audiencia estaba programada para el día once de septiembre del mismo año, y en vista de haber comunicado lo anterior vía telefónica en fecha doce de septiembre de dos mil dieciocho, conforme a constancia extendida por la secretaria de dicha Corte, y posteriormente siendo constatado en fecha trece de septiembre del mismo año mediante solicitud de indulgencia, acompañándose la certificación médica autenticada que acredita dicha incapacidad, la autoridad recurrida declaró sin valor y efecto lo resuelto en la audiencia en mención..."..."la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la abogada Cynthia Lily Chavarría Torres NO tuvo acceso al proceso debido a su incapacidad, al ser estimada la excusa y al reprogramarse la audiencia, como fue realizado por el autoridad recurrida; se cumplen todas las garantías debidas en su desarrollo..."..."este alto Tribunal observa que con el acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 9 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de enero de dos mil diecinueve.- VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MIGUEL ANGEL ZELAYA VILLAFRANCA a favor del señor LUIS ALFREDO GOMEZ DEL CID, contra la resolución emitida por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha trece de septiembre de dos mil dieciocho, que admitió la constancia médica autenticada de fecha tres de septiembre de dos mil dieciocho, declaró sin valor y efecto la resolución de fecha once de septiembre de dos mil dieciocho y reprogramó la audiencia de alegaciones; con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por el señor LUIS ALFREDO GOMEZ DEL CID contra la EMPRESA OPERADORA DEL ORIENTE, S.A. DE C.V. (Exp. 0107-2015-00410).- CONSIDERANDO (01): Que del escrito de la interposición del recurso de amparo se desprende, que el recurrente abogado MIGUEL ANGEL ZELAYA VILLAFRANCA, considera que la decisión de la Ad-quem de fecha tres de septiembre de dos mil dieciocho, es violatoria a lo dispuesto en los Artículos 64 y 90 de la Constitución de la República, relacionado con los artículos 708, 726, 775 y 858 del Código del Trabajo, por ser del parecer que han sido aplicadas normas supletorias referentes a plazos fijados por el Código Procesal Civil, por haber declarado sin valor y efecto una resolución judicial firme pronunciada en aplicación directa del artículo 775 del Código del Trabajo, en vista que la resolución de fecha once de septiembre de dos mil dieciocho, que pronunció la deserción del recurso de apelación por inasistencia del apelante, ya tenía la calidad de cosa juzgada, por lo que la autoridad recurrida no tuvo que haber concedido la nulidad solicitada, pues ya había transcurrido el momento procesal para llevar a cabo esa diligencia judicial, lo que produjo la preclusión.- CONSIDERANDO (02): Que analizada la resolución ya referida, se aprecia que la Alzada fue del criterio que en vista que la Abogada Cynthia Lily Chavarría Torres presentó solicitud de indulgencia en vista de no haber comparecido a la audiencia de alegaciones programada para el día martes once de septiembre de dos mil dieciocho por motivos de salud, misma que fue acreditada con constancia médica autenticada de fecha tres de septiembre de dos mil dieciocho, en la que se le otorga incapacidad por treinta días a partir de esa fecha, por tanto encontró motivo suficiente para declarar sin valor y efecto la resolución de fecha once de septiembre de dos mil dieciocho, donde se declaró desierta la apelación interpuesta por inasistencia a la audiencia de alegaciones por parte de la abogada Cynthia Lily Chavarría Torres, y ordenó reprogramar la misma para el día dieciocho de octubre de dos mil dieciocho a las diez de la mañana.- CONSIDERANDO (03): Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados.- CONSIDERANDO (04): Que en respeto a la independencia de los jueces y tribunales, esta Sala de lo Constitucional es y ha sido del criterio, que los asuntos de mera legalidad o alegatos propios de instancia, no son susceptibles de la Garantía de Amparo a menos que esto constituya una infracción evidente a los preceptos constitucionales, infringiendo así los derechos fundamentales tutelados por la Constitución de la República a la parte que se considere agraviada, la cual debe señalar de manera puntual tal violación; situación que no se aprecia luego de efectuado el correspondiente estudio del escrito de interposición y del acto reclamado en amparo.- CONSIDERANDO (05): Que al estudiarse la foliada; se aprecia que la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la sección judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha trece de septiembre de dos mil dieciocho, se basa en que efectivamente si la Abogada Cynthia Lily Chavarría Torres se le había extendido incapacidad de un mes a partir del tres de septiembre de dos mil dieciocho; y, la audiencia estaba programada para el día once de septiembre del mismo año, y en vista de haber comunicado lo anterior vía telefónica en fecha doce de septiembre de dos mil dieciocho, conforme a constancia extendida por la secretaria de dicha Corte, y posteriormente siendo constatado en fecha trece de septiembre del mismo año mediante solicitud de indulgencia, acompañándose la certificación médica autenticada que acredita dicha incapacidad, la autoridad recurrida declaró sin valor y efecto lo resuelto en la audiencia en mención.- CONSIDERANDO (06): Que en concordancia con lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que en todo proceso deben concurrir los elementos necesarios para “que exista el mayor equilibrio entre las partes, para la debida defensa de sus intereses y derechos.”[1]- CONSIDERANDO (07): Que el presente caso se enmarca el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la abogada Cynthia Lily Chavarría Torres NO tuvo acceso al proceso debido a su incapacidad, al ser estimada la excusa y al reprogramarse la audiencia, como fue realizado por el autoridad recurrida; se cumplen todas las garantías debidas en su desarrollo.[2]- CONSIDERANDO (08): Que este alto Tribunal observa que con el acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.- CONSIDERANDO (09): Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que le asiste a cada parte en litigio.- CONSIDERANDO (10): Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales primero y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad; sobre la cual ya ha existido pronunciamiento previo, por lo que estima esta Sala, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una innecesaria substanciación del trámite del juicio principal, como se desprende del expediente de mérito.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1) y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MIGUEL ANGEL ZELAYA VILLAFRANCA a favor del señor LUIS ALFREDO GOMEZ DEL CID, contra la resolución emitida por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha trece de septiembre de dos mil diecio; por existir pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, así como que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una innecesaria substanciación del trámite del juicio principal; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco (5) días del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Resolución de fecha nueve (9) de enero del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0766-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de enero de dos mil diecinueve.- VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MIGUEL ANGEL ZELAYA VILLAFRANCA a favor del señor LUIS ALFREDO GOMEZ DEL CID, contra la resolución emitida por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha trece de septiembre de dos mil dieciocho, que admitió la constancia médica autenticada de fecha tres de septiembre de dos mil dieciocho, declaró sin valor y efecto la resolución de fecha once de septiembre de dos mil dieciocho y reprogramó la audiencia de alegaciones; con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por el señor LUIS ALFREDO GOMEZ DEL CID contra la EMPRESA OPERADORA DEL ORIENTE, S.A. DE C.V. (Exp. 0107-2015-00410).- CONSIDERANDO (01): Que del escrito de la interposición del recurso de amparo se desprende, que el recurrente abogado MIGUEL ANGEL ZELAYA VILLAFRANCA, considera que la decisión de la Ad-quem de fecha tres de septiembre de dos mil dieciocho, es violatoria a lo dispuesto en los Artículos 64 y 90 de la Constitución de la República, relacionado con los artículos 708, 726, 775 y 858 del Código del Trabajo, por ser del parecer que han sido aplicadas normas supletorias referentes a plazos fijados por el Código Procesal Civil, por haber declarado sin valor y efecto una resolución judicial firme pronunciada en aplicación directa del artículo 775 del Código del Trabajo, en vista que la resolución de fecha once de septiembre de dos mil dieciocho, que pronunció la deserción del recurso de apelación por inasistencia del apelante, ya tenía la calidad de cosa juzgada, por lo que la autoridad recurrida no tuvo que haber concedido la nulidad solicitada, pues ya había transcurrido el momento procesal para llevar a cabo esa diligencia judicial, lo que produjo la preclusión.- CONSIDERANDO (02): Que analizada la resolución ya referida, se aprecia que la Alzada fue del criterio que en vista que la Abogada Cynthia Lily Chavarría Torres presentó solicitud de indulgencia en vista de no haber comparecido a la audiencia de alegaciones programada para el día martes once de septiembre de dos mil dieciocho por motivos de salud, misma que fue acreditada con constancia médica autenticada de fecha tres de septiembre de dos mil dieciocho, en la que se le otorga incapacidad por treinta días a partir de esa fecha, por tanto encontró motivo suficiente para declarar sin valor y efecto la resolución de fecha once de septiembre de dos mil dieciocho, donde se declaró desierta la apelación interpuesta por inasistencia a la audiencia de alegaciones por parte de la abogada Cynthia Lily Chavarría Torres, y ordenó reprogramar la misma para el día dieciocho de octubre de dos mil dieciocho a las diez de la mañana.- CONSIDERANDO (03): Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados.- CONSIDERANDO (04): Que en respeto a la independencia de los jueces y tribunales, esta Sala de lo Constitucional es y ha sido del criterio, que los asuntos de mera legalidad o alegatos propios de instancia, no son susceptibles de la Garantía de Amparo a menos que esto constituya una infracción evidente a los preceptos constitucionales, infringiendo así los derechos fundamentales tutelados por la Constitución de la República a la parte que se considere agraviada, la cual debe señalar de manera puntual tal violación; situación que no se aprecia luego de efectuado el correspondiente estudio del escrito de interposición y del acto reclamado en amparo.- CONSIDERANDO (05): Que al estudiarse la foliada; se aprecia que la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la sección judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha trece de septiembre de dos mil dieciocho, se basa en que efectivamente si la Abogada Cynthia Lily Chavarría Torres se le había extendido incapacidad de un mes a partir del tres de septiembre de dos mil dieciocho; y, la audiencia estaba programada para el día once de septiembre del mismo año, y en vista de haber comunicado lo anterior vía telefónica en fecha doce de septiembre de dos mil dieciocho, conforme a constancia extendida por la secretaria de dicha Corte, y posteriormente siendo constatado en fecha trece de septiembre del mismo año mediante solicitud de indulgencia, acompañándose la certificación médica autenticada que acredita dicha incapacidad, la autoridad recurrida declaró sin valor y efecto lo resuelto en la audiencia en mención.- CONSIDERANDO (06): Que en concordancia con lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que en todo proceso deben concurrir los elementos necesarios para “que exista el mayor equilibrio entre las partes, para la debida defensa de sus intereses y derechos.”[3]- CONSIDERANDO (07): Que el presente caso se enmarca el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la abogada Cynthia Lily Chavarría Torres NO tuvo acceso al proceso debido a su incapacidad, al ser estimada la excusa y al reprogramarse la audiencia, como fue realizado por el autoridad recurrida; se cumplen todas las garantías debidas en su desarrollo.[4]- CONSIDERANDO (08): Que este alto Tribunal observa que con el acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.- CONSIDERANDO (09): Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que le asiste a cada parte en litigio.- CONSIDERANDO (10): Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales primero y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad; sobre la cual ya ha existido pronunciamiento previo, por lo que estima esta Sala, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una innecesaria substanciación del trámite del juicio principal, como se desprende del expediente de mérito.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1) y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MIGUEL ANGEL ZELAYA VILLAFRANCA a favor del señor LUIS ALFREDO GOMEZ DEL CID, contra la resolución emitida por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha trece de septiembre de dos mil diecio; por existir pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, así como que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una innecesaria substanciación del trámite del juicio principal; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco (5) días del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Resolución de fecha nueve (9) de enero del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0766-2018.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional
[1] Corte IDH, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002.
[2] AL-SCO-0625-2017
[3] Corte IDH, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002.
[4] AL-SCO-0625-2017