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Sentencia AL-766-16 — Registro 17788

Resumen

Procesos acumulados con relación a las demandas para el pago de indemnización por accidente de trabajo. Pago de gastos médico-quirúrgicos promovidas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(5): El Tribunal de Alzada instaura que los defectos procesales opuestos en el caso de merito por el apelante durante la audiencia primera de trámite, es la falta de legitimación pasiva, oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, y la falta de competencia objetiva, basada en que el Sindicato Profesional de Marinos de Honduras (SIPROMARH) no es empleador y que la relación que éste mantuvo con los accionantes es como afiliados a su organización sindical, actuando en el caso como intermediaria, argumento que tal y como lo reconoce la iudex a quo, “solo puede ser analizada en el fondo del proceso ya que tiene que ver con la existencia o no de una relación laboral, circunstancia que solo puede ser dilucidada con las pruebas de fondo”, con relación a la segunda, es de aclarar que, la comparecencia del Sindicado Profesional de Marinos de Honduras (SIPROMARH) en el presente juicio, se debe a la constitución del litis consorcio pasivo necesario que en su oportunidad fuera promovido por la apoderada judicial de la demandada Compañía Ibérica Hondureña S. de R.L. (IBERHON, S. de R.L.) y declarado ha lugar por el a-quo, razón por la que se subsanara la demanda integrándose en la demanda primitiva al Sindicato como demandando en el presente caso; cumpliéndose con los requisitos del al artículo 703 del Código de Trabajo, sin que exista oscuridad o ambigüedad que impida en su momento al A-quo dictar el fallo que corresponda sobre el fondo del asunto. CONSIDERANDO (6) :Que la Alzada con relación al defecto de falta de competencia objetiva del Tribunal, establece que los argumentos esgrimidos al momento de fundamentar el mencionado defecto, deduce claramente que se cuestiona la carencia de jurisdicción nacional para asumir el trámite y juzgamiento de las acciones judiciales laborales promovidas por las partes demandantes, al aseverar que en los contratos suscritos, se estableció en la clausula No.16 y que así lo aceptaron los actores, el sometimiento a la legislación del país del pabellón del buque, que en el presente caso es de nacionalidad Italiana y Maltesa, invocando los términos del contrato, el Código de Bustamante y la Convención de las Naciones Unidas; compartiendo este Tribunal Ad-Quem la decisión del A-quo por cuanto que, en materia laboral por imponerse al trabajador las condiciones de trabajo, no existe libertad de contratación, pues ésta se encuentra limitada por lo que a ese fin dispone el artículo 3 del Código de Trabajo, disposición de orden publico considerada por el artículo 184 del Código de Bustamante en cuanto a que; la interpretación de los contratos deben efectuarse, como regla general, de acuerdo con la ley que los rija. Sin embargo, cuando esa ley se discuta y deba resultar de la voluntad tacita de las partes, se aplicará presuntamente la legislación que para ese caso se determina en los artículos 186 y 187, aunque ello lleve aplicar al contrato una ley distinta como resultado de la interpretación de voluntad; voluntad que como antes se expusiera encuentra sus límites en la Ley al negarle efecto a las clausulas que resulten contratarías a la protección que la Constitución de la República y las leyes del trabajo establecen en beneficio de los trabajadores, en este sentido, la vinculación debe entenderse sujeta a la normativa nacional, según el artículo 264 del Código de Trabajo y el Contrato Colectivo suscrito en el país por el Sindicato Profesional de Marinos de Honduras (SIPLOMARH) y Preston Marine, S.A.de Panamá quien funciona legalmente en Honduras, según consta en el mencionado contrato, en el que se estipulan los derechos que el marino tiene en caso de riesgos profesionales que es lo impetrado por los demandantes y la jurisdicción hondureña está facultada para conocer el asunto que nos ocupa. CONSIDERANDO (7): Que del análisis de los antecedentes, esta Sala estima, que las motivaciones invocadas por la suplicante no son atendibles por este Alto Tribunal de Justicia Constitucional, por cuanto resulta de la sentencia interlocutoria recurrida que resolvió el auto interlocutorio apelado, que el Tribunal de Alzada ha enmarcado sus actuaciones de conformidad a lo que dispone la ley , que cada una de las pretensiones de las partes en litigio han sido resueltas en los momentos procesales oportunos, se observa de las piezas estudiadas, que las actuaciones están apegadas a derecho, se ha prestando atención en todo momento a la aplicación de la ley sustantiva, así como el respeto a la leyes ordinarias y constitucional, que el Juez en materia laboral, no está sujeto a la tarifa legal de la prueba, esta Sala de lo Constitucional a través de la Ley Sobre Justicia Constitucional tiene atribuido conocer actos directamente relacionados a la violación de las garantías constitucionales, que su fin primordial es proteger y garantizar que se respeten los derechos, que singularmente conoce los temas llanamente relacionados con la defensa del orden jurídico constitucional y desarrollo de las garantías constitucionales, cuyo objetivo es hacer valer el respeto a los derechos elementales de las partes en litigio, siendo así, la Sala estima que las motivaciones argüidas por la impetrante son de mera legalidad, y que corresponde como bien se ha hecho valer en el presente proceso, que es un asunto privativo del juez de instancia resolver en el momento procesal oportuno, tal como ha quedado establecido en el fallo de la Corte de Apelaciones, más aun, cuando dichos actos afectan el fondo del asunto, éstos deberán ventilarse y decidirse durante la tramitación del proceso a través de las pruebas aportadas en la instancia obligada a resolver conforme a los procedimientos ya establecidos; implica entonces, que es deber de esta Sala abstenerse de pronunciarse acerca del fondo de la acciones propias de instancia, cuando se está ante una causa de inadmisibilidad como ha quedado expresado y que se encuentra señalada en el artículo 46.1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que dispone: que se vuelve inadmisible el recurso de amparo : “Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad”, procede en consecuencia, rechazar de plano la Demanda de Amparo y sobreseer las diligencias por constar en autos la causal anteriormente señalada. CONSIDERANDO (8): Que de conformidad a lo estipulado en el párrafo ultimo del artículo 46.1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de enero de dos mil diecinueve. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo Interpuesto por la Abogada Ingris Siceli Menjivar Barahona a favor del Sindicato Profesional de Marinos de Honduras SIPROMAR (SIPROMARH) contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha ocho de junio de dos mil dieciséis, que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, procesos acumulados con relación a las demandas para el pago de indemnización por accidente de trabajo. Pago de gastos médico-quirúrgicos promovidas primero: por el señor Daniel Omar Bejarano Discua contra las empresas denominadas TRANSMEDITERRANEA GRIMALDI y contra COMPAÑÍA IBERICA HONDUREÑA S. DE R.L. (IBERHON) a través de su representante legal el señor Elvis Rolando Rivera Rodríguez y como representante del buque “Tenancia”.1 Segundo: por el señor Alex Alexander Cárcamo Rodas contra la empresa TRANSMEDITERRANEA GRIMALDI, ACCIONA TRANSMEDITERRANEA, de bandera Italiana y Española respectivamente, a través de la Agencia denominada PRESTON MARINE S.A., operadora del barco “Tenacia”, y contra la empresa denominada COMPAÑÍA IBERICA HONDUREÑA S. DE R.L. (IBERON S. DE R.L.) representada por el señor Elvis Rolando Rivera Rodríguez2, tercero: por el señor Cristhian Alexander Castro Mejia contra la empresa Rusa SCF UNICOM, operadora del Barco “Mar Rocio”, contra la empresa denominada COMPAÑÍA IBERICA HONDUREÑA S. DE R.L. (IBERHON) representada por el señor Elvis Rolando Rivera Rodríguez3 Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los derechos consagrados en los artículos 12 y 134 de la Constitución de la República.ANTECEDENTES.1) Que en fechas veintiocho de abril y quince de julio de dos mil catorce, respectivamente, comparecieron ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, los señores Daniel Omar Bejarano Discua, Alex Alejandro Cárcamo Rodas y Cristhian Alexander Castro Mejía promoviendo demanda para el pago de indemnización por accidente de trabajo. Pago de gastos médico-quirúrgicos. Primero: Daniel Omar Bejarano Discua contra las empresas denominadas TRANSMEDITERRANEA GRIMALDI y contra COMPAÑÍA IBERICA HONDUREÑA S. DE R.L. (IBERHON) a través de su representante legal el señor Elvis Rolando Rivera Rodríguez y como representante del buque “Tenancia”. Segundo: por el señor Alex Alexander Cárcamo Rodas contra la empresa TRANSMEDITERRANEA GRIMALDI, ACCIONATRANSMEDITERRANEA, de bandera Italiana y Española respectivamente, a través de la Agencia denominada PRESTON MARINE S.A., operadora del barco “Tenacia”, y contra la empresa denominada COMPAÑÍA IBERICA HONDUREÑA S. DE R.L. (IBERON S. DE R.L.) representada por el señor Elvis Rolando Rivera Rodríguez. Tercero: por el señor Cristhian Alexander Castro Mejía contra la empresa Rusa SCF UNICOM, operadora del Barco “Mar Rocío”, contra la empresa denominada COMPAÑÍA IBERICA HONDUREÑA S. DE R.L. (IBERHON) representada por el señor Elvis Rolando Rivera Rodríguez. (Folios 1-4/287-291/513-517/ de la pieza del A-quo). 2) En fecha diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, falló: “Declarando sin lugar las excepciones de falta de legitimación pasiva y la oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, la falta de competencia objetiva de este Tribunal por declinatoria interpuestas por la parte demandada solidaria SIPROMARH a través de su Abogada Ingris Siceli Menjivar Barahona.-Sin Costas…” (Folios 1009-1019 del expediente del A-quo) 3) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en la audiencia de alegatos, en fecha ocho de junio de dos mil dieciséis, falló: “Primero: Declarando No Ha Lugar el Recurso de Apelación promovido por la apoderada judicial del Sindicato Profesional de Marinos de Honduras (SIPROMARH) contra el auto interlocutorio proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo de ésta Sección Judicial el diecinueve de mayo del año en curso (2016) en el proceso que registra las demandas acumuladas de la referencia; consecuentemente se Confirma el mencionado auto en atención a la personalidad del recurso de apelación.-Segundo: Sin Costas en ésta instancia dado el carácter social de las normas del Trabajo…”(Folios 6-9 del expediente del A-quem.) 4) Que la Abogada Ingris Siceli Menjivar Barahona, actuando en su condición de apoderada legal del Sindicato Profesional de Marinos de Honduras SIPROMAR (SIPROMARH), compareció ante éste Tribunal en fecha ocho de agosto de dos mil dieciséis, reclamando amparo a favor de su representado, afirmando que la resolución dictada por el Ad-Quem y de que se ha hecho referencia en el numeral que precede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 12 y 134 de la Constitución de la República. Asimismo se tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito en fecha veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, por lo que se procedió a dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folios 1-6/31 de la pieza de amparo) 5) Que esta Sala, en fecha nueve de marzo de dos mil dieciocho, tuvo por evacuado el dictamen del Fiscal del Despacho, Abogado Juan Carlos Sánchez Villalobos, del que se desprende de su apreciación jurídica de los hechos lo siguiente: “De la interposición de la acción se desprende que el amparista acude a esta instancia aduciendo la violación a las garantías constitucionales contenidas en los artículos 12 y 134 de la Constitución de la República. Que el argumento recursivo del amparista gira en torno a la inadmisión y el consecuente rechazo a la interposición que hiciese del incidente de demanda defectuosa en razón a la falta de competencia de la jurisdicción laboral hondureña para la resolución de la causa de mérito. El recurrente indica que la relación laboral, contenida en contrato y que sirve de cuna a las reclamaciones de derechos laborales que se demandan, establece que la jurisdicción que resolverá los conflictos que se originen del contrato laboral será determinada por el principio de bandera, es decir, que la jurisdicción del país al que pertenece la bandera del buque en el cual los demandantes hayan efectuado su labor es el competente, en el caso de mérito serían las jurisdicciones de los países de Italia y Malta. A fin de hacer valer su apreciación, la parte demandada interpuso la excepción de demanda defectuosa, en la celebración de la audiencia primera de trámite, misma que fue declarada sin lugar por el A-quo como por el Ad-Quem. Decisiones judiciales que han provocado la interposición de la acción constitucional de amparo que ahora comentamos, en el cual la amparista indica que incurren las siguientes vulneraciones constitucionales en la decisión del Ad-Quem: 1.-Al reconocimiento de la soberanía de otros países (artículo 12 constitucional), en tanto que la jurisdicción, al no admitir la concurrencia del derecho procesal, desconoce la soberanía, y por ende la competencia, de los países de Italia y Malta. 2.-A la jurisdicción laboral (artículo 134 constitucional), en tanto que la denegatoria del defecto procesal, constituye una aplicación indebida de la norma constitucional en tanto que la competencia no le pertenece a la jurisdicción hondureña. Al respecto de los argumentos de la amparista, nos permitimos señalar los siguientes aspectos: 1.-En el caso de mérito, la relación laboral pactada en el contrato expone una relación poco frecuente, en la cual el empleador se encuentra en otro país, mientras que los trabajadores se encuentran en nuestro país. 2.-Observese que el artículo 690 del Código del Trabajo establece la posibilidad de que el trabajador, al momento de radicar su demanda, elija el sitio dónde ejecutará la acción, pero siempre delimitándolo entre el lugar de servicio o el domicilio del demandado. 3.-Nuestra normativa laboral establece una protección de los trabajadores hondureños, aun cuando el trabajo para el que fueron contratado tengan que ejecutarlo en el extranjero, a fin de ejemplificar el artículo 43 del Código del Trabajo que ordene la realización de supervisión por parte de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo de aquellas labores prestadas por hondureños en el extranjero, así mismo el artículo 85 de la Ley de Migración y Extranjería indica que deben observarse las garantías de nuestra legislación en el trabajo que realice un hondureño en el extranjero.4.-El artículo 175 del Código de Derecho Internacional Privado, conocido como Código de Bustamante, preceptúa que las condiciones pactadas en un contrato, en tanto que contrarias a lo que indica la ley, se entienden como no puestas. 5.-El articulo 184, 185 y 186 del Código de Bustamante indica que la interpretación de los contratos podrá realizarse, cuando la normativa aplicable se discuta, por ley personal de los contratantes (en el caso de los empleados hondureños) o el lugar donde se celebró el mismo. 6.-Debe resaltarse que la jurisdicción laboral hondureña es la competente para el conocimiento del asunto, como se señala en el fallo del A-quo, ya que la empresa extranjera, que realiza el reclutamiento de personal marino en el país, ejecuta su operatividad bajo el sometimiento de la misma legislación hondureña, por ende la protección de los mismos es competencia de la referida jurisdicción. 7.-Es así que podemos determinar que con la denegatoria a la excepción de falta de competencia objetiva del tribunal que se revisa, no se da vulneración respecto a la soberanía de Italia y Malta y la jurisdicción laboral que se ha aludido por la amparista…, el Ministerio Público en vista de lo expuesto, opina que “No Se Otorgue”, la presente acción de amparo, por no concurrir la vulneración de la soberanía extranjera, ni la jurisdicción laboral, como lo ha invocado la amparista.”. CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (2): Que esta Sala de lo Constitucional está al tanto del Amparo contra la sentencia de fecha ocho (8) de Junio del dos mil dieciséis (2016), emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, que falla declarando no ha lugar el recurso de apelación promovido por la apoderada Judicial del Sindicato Profesional de Marinos de Honduras (SIPROMARH), proceso que registra demandas acumuladas y consecuentemente CONFIRMA el mencionado auto interlocutorio en atención a la personalidad del recurso de apelación, dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro sula, Cortes, en fecha diecinueve (19) de mayo del dos mil dieciséis (2016) que conoce de la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE DE TRABAJO. PAGO DE GASTOS MEDICO-QUIRURGICOS… que promoviera el señor DANIEL OMAR BEJARANO DISCUA, ALEX ALEJANDRO CARCAMO RODAS Y CRISTHIAN ALEXANDER CASTRO MEJIA contra la empresa denominada TRANSMEDITERRANEA GRIMALDI y contra COMPAÑÍA IBERICA HONDUREÑA S.A (IBERHON) representada legalmente por el señor ELVIS ROLANDO RIVERA RODRIGUEZ y contra el SINDICATO PROFESIONAL DE MARINOS DE HONDURAS (SIPROMARH), representado por WILMER JAVIER ZELAYA RIVERA. CONSIDERANDO (3): Que la reclamante motiva en la formalización del recurso, que en la demanda laboral acumulada y presentada por ALEX ALEJANDRO CARCAMO RODAS Y CRISTHIAN ALEXANDER CASTRO MEJIA ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortes, queda evidenciado de los hechos que se debe a los reclamos por supuestos accidentes de trabajo, que manifiestan haber sufrido durante el desarrollo de la prestación de su fuerza de trabajo dentro de los buques TENACIA Y MAR ROCIO, el primero de pabellón Italiano y el segundo de pabellón de Malta, es decir que la prestación de la relación laboral de conformidad a lo establecido en el Contrato de Trabajo se iban a regir por las legislaciones de los pabellones de los buques en donde prestarían su fuerza de trabajo, de conformidad al principio de extraterritorialidad, es decir que si los buques tienen bandera hondureña, este crea la ficción jurídica de que se encuentra en territorio hondureño. Sigue expresando que en el momento procesal oportuno, presentó el incidente declinatorio de incompetencia, por lo suscrito en el contrato con respecto a la legislación aplicable siendo en este caso la legislación italiana y máltense, por tener los buques pabellones de estas nacionalidades, según clausula contractual pactada, tanto por el patrono como por los trabajadores, que no disminuyen, tergiversan o restringen las garantáis de la Constitución de la República ni el Código de Trabajo, estando ante principios de derecho internacional que se rigen en el presente caso bajo la idea de la extra territorialidad de los países. Menciona la impetrante, que el incidente propuesto fue declarado sin lugar por el juzgado de primera instancia en fecha diecinueve (19) de mayo del dos mil dieciséis (2016) y confirmada dicha resolución en fecha ocho (8) de junio del dos mil dieciséis (2016) por el Ad-Quem, resoluciones que violentan lo establecido en los artículos 12 y 134 de la constitución de la República, el primer artículo nos consigna donde ejercer la soberanía y jurisdicción el Estado y, el segundo, el que se somete a la jurisdicción del trabajo las controversias jurídicas que se den dentro de las relaciones laborales, remitiéndose a la ley para establecer las normas correspondientes para la jurisdicción y organismos, en tal sentido el artículo 690 del Código de Trabajo es la norma que regula las relaciones laborales y que establece las competencias en caso de controversias donde dispone que se puede acudir al juzgado de lugar donde se haya prestado el servicio, en este caso se prestó en territorio Italiano y Máltense, o en el domicilio del demandando, es decir Italia y Malta, siempre a elección del actor. CONSIDERANDO (4): Que el Ad-Quem en el acápite fundamentos de Derecho de la sentencia recurrida, expone lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 710 del Código del Trabajo, por la similitud de casos con identidad de partes, que al Juez de la materia se le faculta decidir en el desarrollo de la audiencia primera de trámite, las excepciones dilatorias, ahora denominadas “defectos procesales” por la normativa procesal civil y que se refieren a la capacidad, representación y postulación que pudieran observarse en la demanda o en la contestación de la misma, indebida acumulación de pretensiones, demanda defectuosa, litispendencia o cosa juzgada, inadecuación de procedimiento, existencia de compromiso arbitral entre otras, previstas con el fin de suspender o mejorar el procedimiento saneándolo si es posible, para evitar que se adelante sobre bases ilusorias llevando a su fin un proceso que a la larga resultaría ineficaz. (Precisa la Alzada que en similares términos se ha pronunciado en los expedientes 10778, 0501-2015-196, 0501-2015-241, 0501-2015-268 entre otros). CONSIDERANDO (5): El Tribunal de Alzada instaura que los defectos procesales opuestos en el caso de merito por el apelante durante la audiencia primera de trámite, es la falta de legitimación pasiva, oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, y la falta de competencia objetiva, basada en que el Sindicato Profesional de Marinos de Honduras (SIPROMARH) no es empleador y que la relación que éste mantuvo con los accionantes es como afiliados a su organización sindical, actuando en el caso como intermediaria, argumento que tal y como lo reconoce la iudex a quo, “solo puede ser analizada en el fondo del proceso ya que tiene que ver con la existencia o no de una relación laboral, circunstancia que solo puede ser dilucidada con las pruebas de fondo”, con relación a la segunda, es de aclarar que, la comparecencia del Sindicado Profesional de Marinos de Honduras (SIPROMARH) en el presente juicio, se debe a la constitución del litis consorcio pasivo necesario que en su oportunidad fuera promovido por la apoderada judicial de la demandada Compañía Ibérica Hondureña S. de R.L. (IBERHON, S. de R.L.) y declarado ha lugar por el a-quo, razón por la que se subsanara la demanda integrándose en la demanda primitiva al Sindicato como demandando en el presente caso; cumpliéndose con los requisitos del al artículo 703 del Código de Trabajo, sin que exista oscuridad o ambigüedad que impida en su momento al A-quo dictar el fallo que corresponda sobre el fondo del asunto. CONSIDERANDO (6) :Que la Alzada con relación al defecto de falta de competencia objetiva del Tribunal, establece que los argumentos esgrimidos al momento de fundamentar el mencionado defecto, deduce claramente que se cuestiona la carencia de jurisdicción nacional para asumir el trámite y juzgamiento de las acciones judiciales laborales promovidas por las partes demandantes, al aseverar que en los contratos suscritos, se estableció en la clausula No.16 y que así lo aceptaron los actores, el sometimiento a la legislación del país del pabellón del buque, que en el presente caso es de nacionalidad Italiana y Maltesa, invocando los términos del contrato, el Código de Bustamante y la Convención de las Naciones Unidas; compartiendo este Tribunal Ad-Quem la decisión del A-quo por cuanto que, en materia laboral por imponerse al trabajador las condiciones de trabajo, no existe libertad de contratación, pues ésta se encuentra limitada por lo que a ese fin dispone el artículo 3 del Código de Trabajo, disposición de orden publico considerada por el artículo 184 del Código de Bustamante en cuanto a que; la interpretación de los contratos deben efectuarse, como regla general, de acuerdo con la ley que los rija. Sin embargo, cuando esa ley se discuta y deba resultar de la voluntad tacita de las partes, se aplicará presuntamente la legislación que para ese caso se determina en los artículos 186 y 187, aunque ello lleve aplicar al contrato una ley distinta como resultado de la interpretación de voluntad; voluntad que como antes se expusiera encuentra sus límites en la Ley al negarle efecto a las clausulas que resulten contratarías a la protección que la Constitución de la República y las leyes del trabajo establecen en beneficio de los trabajadores, en este sentido, la vinculación debe entenderse sujeta a la normativa nacional, según el artículo 264 del Código de Trabajo y el Contrato Colectivo suscrito en el país por el Sindicato Profesional de Marinos de Honduras (SIPLOMARH) y Preston Marine, S.A.de Panamá quien funciona legalmente en Honduras, según consta en el mencionado contrato, en el que se estipulan los derechos que el marino tiene en caso de riesgos profesionales que es lo impetrado por los demandantes y la jurisdicción hondureña está facultada para conocer el asunto que nos ocupa. CONSIDERANDO (7): Que del análisis de los antecedentes, esta Sala estima, que las motivaciones invocadas por la suplicante no son atendibles por este Alto Tribunal de Justicia Constitucional, por cuanto resulta de la sentencia interlocutoria recurrida que resolvió el auto interlocutorio apelado, que el Tribunal de Alzada ha enmarcado sus actuaciones de conformidad a lo que dispone la ley , que cada una de las pretensiones de las partes en litigio han sido resueltas en los momentos procesales oportunos, se observa de las piezas estudiadas, que las actuaciones están apegadas a derecho, se ha prestando atención en todo momento a la aplicación de la ley sustantiva, así como el respeto a la leyes ordinarias y constitucional, que el Juez en materia laboral, no está sujeto a la tarifa legal de la prueba, esta Sala de lo Constitucional a través de la Ley Sobre Justicia Constitucional tiene atribuido conocer actos directamente relacionados a la violación de las garantías constitucionales, que su fin primordial es proteger y garantizar que se respeten los derechos, que singularmente conoce los temas llanamente relacionados con la defensa del orden jurídico constitucional y desarrollo de las garantías constitucionales, cuyo objetivo es hacer valer el respeto a los derechos elementales de las partes en litigio, siendo así, la Sala estima que las motivaciones argüidas por la impetrante son de mera legalidad, y que corresponde como bien se ha hecho valer en el presente proceso, que es un asunto privativo del juez de instancia resolver en el momento procesal oportuno, tal como ha quedado establecido en el fallo de la Corte de Apelaciones, más aun, cuando dichos actos afectan el fondo del asunto, éstos deberán ventilarse y decidirse durante la tramitación del proceso a través de las pruebas aportadas en la instancia obligada a resolver conforme a los procedimientos ya establecidos; implica entonces, que es deber de esta Sala abstenerse de pronunciarse acerca del fondo de la acciones propias de instancia, cuando se está ante una causa de inadmisibilidad como ha quedado expresado y que se encuentra señalada en el artículo 46.1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que dispone: que se vuelve inadmisible el recurso de amparo : “Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad”, procede en consecuencia, rechazar de plano la Demanda de Amparo y sobreseer las diligencias por constar en autos la causal anteriormente señalada. CONSIDERANDO (8): Que de conformidad a lo estipulado en el párrafo ultimo del artículo 46.1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.

POR TANTO: La Sala de lo constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª,y 316 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No.5,137 y 257 de la ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 41, 46 numeral 3, 50, 54 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos Y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, FALLA: SOBRESEYENDO el recurso de amparo interpuesto por la abogada INGRIS SICELI MEJIVAR BARAHONA a favor del SINDICATO PROFESIONAL DE MARINOS DE HONDURAS (SIPROMARH). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado Jorge Abilio Serrano Villanueva. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los os días del mes de marzo de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-766-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL