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Sentencia AL-630-18 — Registro 8981

Resumen

Resolución que declara sin lugar incidente de defectos procesales de demanda que alegó la parte demandada por considerar que existen defectos procesales que deben considerar en la Demanda Ordinaria Laboral por despido verbal, directo e injusto para que el patrono cancele las prestaciones.- Salarios dejados de percibir a título de Daños y Perjuicios promovida contra recurrente y declarados sin lugar

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(7) Que la Sala de lo Constitucional a través de sus resoluciones garantiza los derechos y garantías de las personas, así como la defensa del orden constitucional, en este orden de ideas la Sala, versa su estudio, análisis y argumentación respecto de la garantías de los derechos fundamentales del individuo, en este caso, parte de una cuestión que debe ser resuelta por el órgano jurisdiccional competente, es decir interponer una acción de amparo no implica otra instancia, pues no le es dado al Juez Constitucional, conocer y resolver el fondo del asunto como acontece en el caso subjúdice, que planteados por la recurrente el quebranto de derechos y motivos que dieron lugar a dicho quebranto, se aprecia que deben ser los jueces de instancia quienes deberán conocer y resolver el conflicto. En consecuencia, la Sala de lo constitucional no hará pronunciamiento alguno acerca del fondo de la cuestión debatida.- CONSIDERANDO: (8) Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[1]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existe una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[2]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Por todo ello esta Sala observa que el Debido Proceso No se ha vulnerado con la resolución recurrida, la que observa los requisitos, exigencias y solemnidades del Debido Proceso.- CONSIDERANDO: (9) Que el artículo 82 Constitucional establece que el derecho de defensa es inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, derecho reconocido en los instrumentos internacionales, que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, lo consagra en sus artículo: 8 como el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los tribunales competentes. Artículo 10 el derecho de toda persona a ser oída en condiciones de igualdad, públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial que determine sus derechos y obligaciones. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra el derecho de defensa, en su artículo 14. 1. estableciendo la igualdad de las personas ante los tribunales y cortes de justicia. A ser oída públicamente y con las debidas garantías, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, protege el derecho de defensa, dentro del marco de las garantías judiciales contempladas en el artículo 8.1 señala de igual forma que las personas tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías e indica que tales actuaciones deben hacerse en un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones.- CONSIDERANDO: (10) Que de acuerdo a lo antes expuesto esta Sala observa que el Derecho de Defensa de la Recurrente no ha sido vulnerado, derecho que se ha garantizado a lo largo del proceso, donde la recurrente ha tenido las mismas oportunidades procesales que su contendiente, así como el derecho de hacer uso de los recursos que le franquea la ley, tal y como acontece con el recurso que ahora nos ocupa, en consecuencia no existe la vulneración al derecho a la defensa invocado por la recurrente.- CONSIDERANDO: (11) Que la impetrante manifiesta la vulneración del artículo 321 que dispone que “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”. Al respecto, esta Sala deja establecido que la recurrente no desarrollo este motivo de amparo, sin embargo del estudio de los antecedentes y la resolución no se observa vulneración a dicha disposición constitucional, puesto que se ha garantizado el debido proceso que consecuentemente da lugar a una tutela judicial efectiva para las partes; y siendo que los Funcionarios judiciales han actuado dentro del marco de sus facultades, conforme a derecho, no se advierte vulneración alguna a esta disposición constitucional.- CONSIDERANDO: (12) Que el Ministerio Público emitió su dictamen en fecha tres de diciembre del año dos mil dieciocho, habiendo sometido a estudio la foliada concluye que no aprecia vulneración de ninguna garantía constitucional invocadas por la recurrente, siendo del parecer porque Se DENIEGUE la acción de amparo interpuesta.- CONSIDERNADO:(13) Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de mayo de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada MARIA ELENA ARDON, a favor de la señora MEYLIN LIZETH WAIMIN MEJIA, contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintidós (22) de junio de dos mil dieciocho (2018), que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia Interlocutoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha seis (6) de febrero de dos mil dieciocho (2018); con relación a un incidente alegado en la Demanda Ordinaria Laboral para el Pago de Prestaciones e Indemnizaciones, promovida por la señora NELY SUYAPA SALINAS, en contra de la señora MEYLIN LIZETH WAIMIN MEJIA. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado, en perjuicio de su representada, los derechos contenidos en los artículos 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha primero (1) de diciembre de dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, la señora NELY SUYAPA SALINAS, interponiendo Demanda Ordinaria Laboral para el Pago de Prestaciones e Indemnizaciones, en contra de la empresa CLINICAS DE METABOLISMO OSEO, a través de su Gerente Propietaria MEYLIN LIZETH WAIMIN MEJIA, solicitando que se condene a la parte demandada, al pago de costas e indemnizaciones, derechos adquiridos y costas del presente juicio. (Folios 1–6 de la Primera Pieza de los antecedentes).- 2) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó Sentencia Interlocutoria, en fecha seis (6) de febrero de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual Falló: (SIC) “I.- Declarar SIN LUGAR el: 1.- DEFECTO ROCESAL DE LA FALTA DE CAPACIDAD DE LA DEMANDANTE Y FALTA DE CAPACIDAD Y REPRESENTACION DE LA PARTE DEMANDADA O FALTA DE CAPACIDAD ACTIVA Y PASIVA; 2.- DEFECTO PROCESAL DE DEMANDA DEFECTUOSA PORQUE SUPONE UN OBSTACULO A LA VALIDA CONTINUACION DEL PROCESO Y A SU FINALIZACIÒN MEDIANTE RESOLUCION DE FONDO Y 3.-DEFECTO PROCESAL DE INADECUACIÒN DEL PROCEDIMIENTO PORQUE SUPONE UN OBSTACULO A LA VALIDA CONTINUACION DEL PROCESO Y A SU FINALIZACION MEDIANTE RESOLUCION DE FONDO; opuestos por la Representante Procesal de la parte demandada, en la Demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia por despido verbal directo e injusto. Para que el Patrono me cancele las prestaciones e Indemnizaciones, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios. Costas del juicio; instaurada por la Señora NELY SUYAPA SALINAS; contra la Empresa CLINICA DE METABOLISMO OSEO a través de su Gerente Propietaria la Señora MEYLIN LIZETH WAININ MEJIA. II.- SIN COSTAS: En esta instancia.” (Folios 590–596 de la Primera Pieza de los antecedentes)- 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por la abogada TULA HERNANDEZ, en su condición de apoderada legal de la señora MEYLIN LIZETH WAIMIN MEJIA, la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia en fecha veintidós (22) de junio de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual Falló: (SIC) “1) Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada TULA HERNANDEZ, actuando en su condición de apoderada legal de la parte demandante apelante.- 2) Confirmando el auto interlocutorio proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha 06 de febrero del año 2018, que corre a folios 37 al 43 de la pieza compulsada de autos.-” (Folios 53–55 de la Segunda Pieza de los antecedentes)- 4) Que la abogada MARIA ELENA ARDON, compareció ante este Tribunal en fecha veintiuno (21) de agosto de dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor de la señora MEYLIN LIZETH WAIMIN MEJIA, contra la Sentencia de fecha veintidós (22) de junio de dos mil dieciocho (2018), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha veintidós (22) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). (Folios 1–11 y 32 de la presente Recurso)- 5) Que en fecha ocho (8) de enero de dos mil diecinueve (2019), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer que NO SE OTORGUE la presente Acción de Amparo, por no existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por el Amparista.” (Folios 35–44 del presente Recurso).- CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO:(2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO: (3) Que se conoce en Amparo la sentencia de fecha veintidós de junio del año dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, mediante la cual declaró Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de febrero del año dos mil dieciocho, con relación a un incidente que alegó la parte demandada por considerar que existen tres defectos procesales que deben considerar en la Demanda Ordinaria Laboral por despido verbal, directo e injusto para que el patrono cancele las prestaciones.- Salarios dejados de percibir a título de Daños y Perjuicios promovida por la señora NELY SUYAPA SALINAS; contra la Empresa CLINICA DE METABOLISMO OSEO a través de su Gerente Propietaria la Señora MEYLIN LIZETH WAININ MEJIA.- CONSIDERANDO: (4) Que la recurrente en la formalización de la acción de amparo, en el acápite que corresponde a la Relación de los Hechos que motivan la acción de amparo, en el numeral Cuarto, deja establecido que: (SIC) “En la contestación de la demanda denunció los defectos procesales encontrados porque suponen un obstáculo a la válida continuación de fondo contemplados en los artículos 449, y 451 del Código procesal Civil como ser: A. DEFECTO PROCESAL DE LA FALTA DE CAPACIDAD DE LA DEMANDANTE Y FALTA DE CAPACIDAD Y REPRESENTACIÓN DE LA DEMANDA O FALTA DE CAPACIDAD ACTIVA O PASIVA”. Señala que la demandante era niñera en ese entonces del menor DIEGO BARAHONA WAIMIN, nunca fue empleada de ninguna clínica, demandó a MEYLIN LIZETH WAIMIN MEJIA como gerente propietaria de una empresa supuestamente de comerciante individual, denominada CLINICA DE METABOLISMO OSEO, S. de R.L.”, en la cual dice la recurrente su representada solamente fungía como Doctora-empleada, señalando que los titulares de la empresa son la señora HELGA INDIANA CODINA VELÁSQUEZ Gerente General y Representante legal de la sociedad.- CONSIDERANDO (5) Que la recurrente manifiesta como segundo Defecto Procesal en: B.- Demanda Defectuosa porque supone un obstáculo a la válida continuación del proceso y a su finalización mediante resolución de fondo; expone que la demanda no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 703 del código del Trabajo, que no es clara ni precisa en lo que se pide que el juzgado resuelva considerando lo siguiente: a)En primer lugar porque en la suma de la demanda especifica que se trata de una Demanda Ordinaria Laboral de Primera instancia por DESPIDO VERBAL, DIRECTO E INJUSTO, por lo que se evidencia que la demanda no es clara si se trata de un despido verbal o un despido directo y que son casos totalmente distintos, porque el despido verbal el mismo se hace verbalmente, por el patrono o su representante al trabajador y en el despido directo hay una notificación por escrito del patrono o de su representante al trabajador, en ambos casos se termina el contrato o la relación de trabajo, el defecto se refleja en el escrito de la demanda. b) “La Demanda la trabajadora la presenta contra una empresa de comerciante individual inexistente “Clínica de Metabolismo Óseo, dirigida contra la señora MEYLIN LIZETH WAIMIN MEJIA, quien no puede ser titular de una empresa que no existe”, manifiesta que si existe es una sociedad mercantil denominada CLINICA DE METABOLISMO OSEO, S de R.L…, de la que no es titular su representada, ni es socia ni tiene acciones en ella, señala que en la demanda, tampoco se demanda a su representada como persona natural sino como Gerente Propietario de la supuesta empresa de comerciante individual clínica de metabolismo Óseo. c) Manifiesta la impetrante que la demandante no dice en la demanda para quienes hacía sus supuestas labores de conserje, obviamente actividades que no podría describir en virtud de que en la pequeña clínica quien laboraba era mi representada no ella, señala que la demandante solamente cuidaba el hijo de su mandante a quien acompañaba a sus clases como niñera, dice además que en la pequeña clínica nunca necesitaron ni necesitan un conserje…. d) Expone que en la petición de la demanda se establece citar y emplazar en legal y debida forma a la señora MEYLIN LIZETH WAIMIN MEJIA de la empresa CLÍNICA DEL METABOLISMO ÓSEO dentro del término legal, generando una confusión ya que mi representada se llama MEYLIN LIZETH WAIMIN MEJIA. Finalmente señala que la demandante no es clara y precisa en lo que pide el Juzgado resuelva, aunado a esto el cálculo de prestaciones relacionados por la demandante dice que es para la empresa “TORRES MEDICA TEPECHAP”. Por todo lo expuesto la recurrente considera que la resolución impugnada ha vulnerado los derechos constitucionales de su representada, contenidos en los artículos: 82 Del Derecho de Defensa, 90 del Debido Proceso, 321 y 323 del Derecho a la Seguridad Jurídica, los que ha desarrollado en torno a los defectos procesales que considera contiene la demanda promovida contra su representada.- CONSIDERANDO: (6) Que el Ad quem en el considerando seis de su resolución, parte conducente, (F.54 pieza de amparo) señala: (sic) "Que del estudio de los antecedentes conocidos en apelación se aprecia que el defecto procesal de Falta de Capacidad del demandante y Falta de Capacidad y Representación de la Demandada o Falta de Capacidad Activa y Pasiva, es evidente que fue formulada de forma incorrecta al plantear dos defectos en uno, los cuales deben plantearse separadamente, por tratarse de dos sujetos activos del juicio, por lo que fue declarado sin lugar el primer defecto procesal de la demanda. En cuanto al Defecto Procesal de la Demanda Defectuosa la demandada alega que no cumple los requisitos de la demanda como lo establece el artículo 703 del Código del Trabajo, criterio para este Tribunal de Alzada no es válido, ya que, revisada toda la estructura de los acápites de la demanda, reúne todos los requisitos de la norma procesal invocada por la demandada resultando ineficaz este Defecto Procesal. En cuanto al Defecto Procesal de Inadecuación del Procedimiento, porque supone obstáculo a la válida continuación del proceso, la fórmula alegando que la demandante no era empleada de su representada, que era contratada como niñera para el cuidado del menor DIEGO BARAHONA WAIMIN, hijo de su representada como se puede inferir del análisis que el pronunciamiento del debate de la demandada está muy vinculado a la relación jurídica laboral de la demandante, cuestión que será despejada con más claridad en la sustanciación o secuela del fondo del proceso, por lo que resulta improcedente dicho Defecto Procesal. Por todo lo expuesto CONFIRMÓ la sentencia interlocutoria dictada por el A quo.- CONSIDERANDO (7) Que la Sala de lo Constitucional a través de sus resoluciones garantiza los derechos y garantías de las personas, así como la defensa del orden constitucional, en este orden de ideas la Sala, versa su estudio, análisis y argumentación respecto de la garantías de los derechos fundamentales del individuo, en este caso, parte de una cuestión que debe ser resuelta por el órgano jurisdiccional competente, es decir interponer una acción de amparo no implica otra instancia, pues no le es dado al Juez Constitucional, conocer y resolver el fondo del asunto como acontece en el caso subjúdice, que planteados por la recurrente el quebranto de derechos y motivos que dieron lugar a dicho quebranto, se aprecia que deben ser los jueces de instancia quienes deberán conocer y resolver el conflicto. En consecuencia, la Sala de lo constitucional no hará pronunciamiento alguno acerca del fondo de la cuestión debatida.- CONSIDERANDO: (8) Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[1]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existe una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[2]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Por todo ello esta Sala observa que el Debido Proceso No se ha vulnerado con la resolución recurrida, la que observa los requisitos, exigencias y solemnidades del Debido Proceso.- CONSIDERANDO: (9) Que el artículo 82 Constitucional establece que el derecho de defensa es inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, derecho reconocido en los instrumentos internacionales, que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, lo consagra en sus artículo: 8 como el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los tribunales competentes. Artículo 10 el derecho de toda persona a ser oída en condiciones de igualdad, públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial que determine sus derechos y obligaciones. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra el derecho de defensa, en su artículo 14. 1. estableciendo la igualdad de las personas ante los tribunales y cortes de justicia. A ser oída públicamente y con las debidas garantías, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, protege el derecho de defensa, dentro del marco de las garantías judiciales contempladas en el artículo 8.1 señala de igual forma que las personas tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías e indica que tales actuaciones deben hacerse en un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones.- CONSIDERANDO: (10) Que de acuerdo a lo antes expuesto esta Sala observa que el Derecho de Defensa de la Recurrente no ha sido vulnerado, derecho que se ha garantizado a lo largo del proceso, donde la recurrente ha tenido las mismas oportunidades procesales que su contendiente, así como el derecho de hacer uso de los recursos que le franquea la ley, tal y como acontece con el recurso que ahora nos ocupa, en consecuencia no existe la vulneración al derecho a la defensa invocado por la recurrente.- CONSIDERANDO: (11) Que la impetrante manifiesta la vulneración del artículo 321 que dispone que “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”. Al respecto, esta Sala deja establecido que la recurrente no desarrollo este motivo de amparo, sin embargo del estudio de los antecedentes y la resolución no se observa vulneración a dicha disposición constitucional, puesto que se ha garantizado el debido proceso que consecuentemente da lugar a una tutela judicial efectiva para las partes; y siendo que los Funcionarios judiciales han actuado dentro del marco de sus facultades, conforme a derecho, no se advierte vulneración alguna a esta disposición constitucional.- CONSIDERANDO: (12) Que el Ministerio Público emitió su dictamen en fecha tres de diciembre del año dos mil dieciocho, habiendo sometido a estudio la foliada concluye que no aprecia vulneración de ninguna garantía constitucional invocadas por la recurrente, siendo del parecer porque Se DENIEGUE la acción de amparo interpuesta.- CONSIDERNADO:(13) Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 60, 61, 90, 177, 321, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 2, 55 literal b), del Arancel del Profesional del Derecho; 1 y 78 No. 5, 249, 256, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 41 No.1, 45, 48, 63, 65, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8, 10 Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1, 24, Y 25 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, FALLA: DENEGANDO EL AMPARO interpuesto por la Abogada MARIA ELENA ARDON a favor de MEYLIN LIZETH WAIMIN MEJIA, contra la Sentencia Interlocutoria de fecha veintidós de junio del año dos mil dieciocho, dictada por La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección Judicial. Y MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada, REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho (18) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0630-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de mayo de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada MARIA ELENA ARDON, a favor de la señora MEYLIN LIZETH WAIMIN MEJIA, contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintidós (22) de junio de dos mil dieciocho (2018), que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia Interlocutoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha seis (6) de febrero de dos mil dieciocho (2018); con relación a un incidente alegado en la Demanda Ordinaria Laboral para el Pago de Prestaciones e Indemnizaciones, promovida por la señora NELY SUYAPA SALINAS, en contra de la señora MEYLIN LIZETH WAIMIN MEJIA. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado, en perjuicio de su representada, los derechos contenidos en los artículos 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha primero (1) de diciembre de dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, la señora NELY SUYAPA SALINAS, interponiendo Demanda Ordinaria Laboral para el Pago de Prestaciones e Indemnizaciones, en contra de la empresa CLINICAS DE METABOLISMO OSEO, a través de su Gerente Propietaria MEYLIN LIZETH WAIMIN MEJIA, solicitando que se condene a la parte demandada, al pago de costas e indemnizaciones, derechos adquiridos y costas del presente juicio. (Folios 1–6 de la Primera Pieza de los antecedentes).- 2) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó Sentencia Interlocutoria, en fecha seis (6) de febrero de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual Falló: (SIC) “I.- Declarar SIN LUGAR el: 1.- DEFECTO ROCESAL DE LA FALTA DE CAPACIDAD DE LA DEMANDANTE Y FALTA DE CAPACIDAD Y REPRESENTACION DE LA PARTE DEMANDADA O FALTA DE CAPACIDAD ACTIVA Y PASIVA; 2.- DEFECTO PROCESAL DE DEMANDA DEFECTUOSA PORQUE SUPONE UN OBSTACULO A LA VALIDA CONTINUACION DEL PROCESO Y A SU FINALIZACIÒN MEDIANTE RESOLUCION DE FONDO Y 3.-DEFECTO PROCESAL DE INADECUACIÒN DEL PROCEDIMIENTO PORQUE SUPONE UN OBSTACULO A LA VALIDA CONTINUACION DEL PROCESO Y A SU FINALIZACION MEDIANTE RESOLUCION DE FONDO; opuestos por la Representante Procesal de la parte demandada, en la Demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia por despido verbal directo e injusto. Para que el Patrono me cancele las prestaciones e Indemnizaciones, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios. Costas del juicio; instaurada por la Señora NELY SUYAPA SALINAS; contra la Empresa CLINICA DE METABOLISMO OSEO a través de su Gerente Propietaria la Señora MEYLIN LIZETH WAININ MEJIA. II.- SIN COSTAS: En esta instancia.” (Folios 590–596 de la Primera Pieza de los antecedentes)- 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por la abogada TULA HERNANDEZ, en su condición de apoderada legal de la señora MEYLIN LIZETH WAIMIN MEJIA, la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia en fecha veintidós (22) de junio de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual Falló: (SIC) “1) Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada TULA HERNANDEZ, actuando en su condición de apoderada legal de la parte demandante apelante.- 2) Confirmando el auto interlocutorio proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha 06 de febrero del año 2018, que corre a folios 37 al 43 de la pieza compulsada de autos.-” (Folios 53–55 de la Segunda Pieza de los antecedentes)- 4) Que la abogada MARIA ELENA ARDON, compareció ante este Tribunal en fecha veintiuno (21) de agosto de dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor de la señora MEYLIN LIZETH WAIMIN MEJIA, contra la Sentencia de fecha veintidós (22) de junio de dos mil dieciocho (2018), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha veintidós (22) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). (Folios 1–11 y 32 de la presente Recurso)- 5) Que en fecha ocho (8) de enero de dos mil diecinueve (2019), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer que NO SE OTORGUE la presente Acción de Amparo, por no existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por el Amparista.” (Folios 35–44 del presente Recurso).- CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO:(2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO: (3) Que se conoce en Amparo la sentencia de fecha veintidós de junio del año dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, mediante la cual declaró Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de febrero del año dos mil dieciocho, con relación a un incidente que alegó la parte demandada por considerar que existen tres defectos procesales que deben considerar en la Demanda Ordinaria Laboral por despido verbal, directo e injusto para que el patrono cancele las prestaciones.- Salarios dejados de percibir a título de Daños y Perjuicios promovida por la señora NELY SUYAPA SALINAS; contra la Empresa CLINICA DE METABOLISMO OSEO a través de su Gerente Propietaria la Señora MEYLIN LIZETH WAININ MEJIA.- CONSIDERANDO: (4) Que la recurrente en la formalización de la acción de amparo, en el acápite que corresponde a la Relación de los Hechos que motivan la acción de amparo, en el numeral Cuarto, deja establecido que: (SIC) “En la contestación de la demanda denunció los defectos procesales encontrados porque suponen un obstáculo a la válida continuación de fondo contemplados en los artículos 449, y 451 del Código procesal Civil como ser: A. DEFECTO PROCESAL DE LA FALTA DE CAPACIDAD DE LA DEMANDANTE Y FALTA DE CAPACIDAD Y REPRESENTACIÓN DE LA DEMANDA O FALTA DE CAPACIDAD ACTIVA O PASIVA”. Señala que la demandante era niñera en ese entonces del menor DIEGO BARAHONA WAIMIN, nunca fue empleada de ninguna clínica, demandó a MEYLIN LIZETH WAIMIN MEJIA como gerente propietaria de una empresa supuestamente de comerciante individual, denominada CLINICA DE METABOLISMO OSEO, S. de R.L.”, en la cual dice la recurrente su representada solamente fungía como Doctora-empleada, señalando que los titulares de la empresa son la señora HELGA INDIANA CODINA VELÁSQUEZ Gerente General y Representante legal de la sociedad.- CONSIDERANDO (5) Que la recurrente manifiesta como segundo Defecto Procesal en: B.- Demanda Defectuosa porque supone un obstáculo a la válida continuación del proceso y a su finalización mediante resolución de fondo; expone que la demanda no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 703 del código del Trabajo, que no es clara ni precisa en lo que se pide que el juzgado resuelva considerando lo siguiente: a)En primer lugar porque en la suma de la demanda especifica que se trata de una Demanda Ordinaria Laboral de Primera instancia por DESPIDO VERBAL, DIRECTO E INJUSTO, por lo que se evidencia que la demanda no es clara si se trata de un despido verbal o un despido directo y que son casos totalmente distintos, porque el despido verbal el mismo se hace verbalmente, por el patrono o su representante al trabajador y en el despido directo hay una notificación por escrito del patrono o de su representante al trabajador, en ambos casos se termina el contrato o la relación de trabajo, el defecto se refleja en el escrito de la demanda. b) “La Demanda la trabajadora la presenta contra una empresa de comerciante individual inexistente “Clínica de Metabolismo Óseo, dirigida contra la señora MEYLIN LIZETH WAIMIN MEJIA, quien no puede ser titular de una empresa que no existe”, manifiesta que si existe es una sociedad mercantil denominada CLINICA DE METABOLISMO OSEO, S de R.L…, de la que no es titular su representada, ni es socia ni tiene acciones en ella, señala que en la demanda, tampoco se demanda a su representada como persona natural sino como Gerente Propietario de la supuesta empresa de comerciante individual clínica de metabolismo Óseo. c) Manifiesta la impetrante que la demandante no dice en la demanda para quienes hacía sus supuestas labores de conserje, obviamente actividades que no podría describir en virtud de que en la pequeña clínica quien laboraba era mi representada no ella, señala que la demandante solamente cuidaba el hijo de su mandante a quien acompañaba a sus clases como niñera, dice además que en la pequeña clínica nunca necesitaron ni necesitan un conserje…. d) Expone que en la petición de la demanda se establece citar y emplazar en legal y debida forma a la señora MEYLIN LIZETH WAIMIN MEJIA de la empresa CLÍNICA DEL METABOLISMO ÓSEO dentro del término legal, generando una confusión ya que mi representada se llama MEYLIN LIZETH WAIMIN MEJIA. Finalmente señala que la demandante no es clara y precisa en lo que pide el Juzgado resuelva, aunado a esto el cálculo de prestaciones relacionados por la demandante dice que es para la empresa “TORRES MEDICA TEPECHAP”. Por todo lo expuesto la recurrente considera que la resolución impugnada ha vulnerado los derechos constitucionales de su representada, contenidos en los artículos: 82 Del Derecho de Defensa, 90 del Debido Proceso, 321 y 323 del Derecho a la Seguridad Jurídica, los que ha desarrollado en torno a los defectos procesales que considera contiene la demanda promovida contra su representada.- CONSIDERANDO: (6) Que el Ad quem en el considerando seis de su resolución, parte conducente, (F.54 pieza de amparo) señala: (sic) "Que del estudio de los antecedentes conocidos en apelación se aprecia que el defecto procesal de Falta de Capacidad del demandante y Falta de Capacidad y Representación de la Demandada o Falta de Capacidad Activa y Pasiva, es evidente que fue formulada de forma incorrecta al plantear dos defectos en uno, los cuales deben plantearse separadamente, por tratarse de dos sujetos activos del juicio, por lo que fue declarado sin lugar el primer defecto procesal de la demanda. En cuanto al Defecto Procesal de la Demanda Defectuosa la demandada alega que no cumple los requisitos de la demanda como lo establece el artículo 703 del Código del Trabajo, criterio para este Tribunal de Alzada no es válido, ya que, revisada toda la estructura de los acápites de la demanda, reúne todos los requisitos de la norma procesal invocada por la demandada resultando ineficaz este Defecto Procesal. En cuanto al Defecto Procesal de Inadecuación del Procedimiento, porque supone obstáculo a la válida continuación del proceso, la fórmula alegando que la demandante no era empleada de su representada, que era contratada como niñera para el cuidado del menor DIEGO BARAHONA WAIMIN, hijo de su representada como se puede inferir del análisis que el pronunciamiento del debate de la demandada está muy vinculado a la relación jurídica laboral de la demandante, cuestión que será despejada con más claridad en la sustanciación o secuela del fondo del proceso, por lo que resulta improcedente dicho Defecto Procesal. Por todo lo expuesto CONFIRMÓ la sentencia interlocutoria dictada por el A quo.- CONSIDERANDO (7) Que la Sala de lo Constitucional a través de sus resoluciones garantiza los derechos y garantías de las personas, así como la defensa del orden constitucional, en este orden de ideas la Sala, versa su estudio, análisis y argumentación respecto de la garantías de los derechos fundamentales del individuo, en este caso, parte de una cuestión que debe ser resuelta por el órgano jurisdiccional competente, es decir interponer una acción de amparo no implica otra instancia, pues no le es dado al Juez Constitucional, conocer y resolver el fondo del asunto como acontece en el caso subjúdice, que planteados por la recurrente el quebranto de derechos y motivos que dieron lugar a dicho quebranto, se aprecia que deben ser los jueces de instancia quienes deberán conocer y resolver el conflicto. En consecuencia, la Sala de lo constitucional no hará pronunciamiento alguno acerca del fondo de la cuestión debatida.- CONSIDERANDO: (8) Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[3]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existe una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[4]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Por todo ello esta Sala observa que el Debido Proceso No se ha vulnerado con la resolución recurrida, la que observa los requisitos, exigencias y solemnidades del Debido Proceso.- CONSIDERANDO: (9) Que el artículo 82 Constitucional establece que el derecho de defensa es inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, derecho reconocido en los instrumentos internacionales, que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, lo consagra en sus artículo: 8 como el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los tribunales competentes. Artículo 10 el derecho de toda persona a ser oída en condiciones de igualdad, públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial que determine sus derechos y obligaciones. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra el derecho de defensa, en su artículo 14. 1. estableciendo la igualdad de las personas ante los tribunales y cortes de justicia. A ser oída públicamente y con las debidas garantías, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, protege el derecho de defensa, dentro del marco de las garantías judiciales contempladas en el artículo 8.1 señala de igual forma que las personas tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías e indica que tales actuaciones deben hacerse en un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones.- CONSIDERANDO: (10) Que de acuerdo a lo antes expuesto esta Sala observa que el Derecho de Defensa de la Recurrente no ha sido vulnerado, derecho que se ha garantizado a lo largo del proceso, donde la recurrente ha tenido las mismas oportunidades procesales que su contendiente, así como el derecho de hacer uso de los recursos que le franquea la ley, tal y como acontece con el recurso que ahora nos ocupa, en consecuencia no existe la vulneración al derecho a la defensa invocado por la recurrente.- CONSIDERANDO: (11) Que la impetrante manifiesta la vulneración del artículo 321 que dispone que “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”. Al respecto, esta Sala deja establecido que la recurrente no desarrollo este motivo de amparo, sin embargo del estudio de los antecedentes y la resolución no se observa vulneración a dicha disposición constitucional, puesto que se ha garantizado el debido proceso que consecuentemente da lugar a una tutela judicial efectiva para las partes; y siendo que los Funcionarios judiciales han actuado dentro del marco de sus facultades, conforme a derecho, no se advierte vulneración alguna a esta disposición constitucional.- CONSIDERANDO: (12) Que el Ministerio Público emitió su dictamen en fecha tres de diciembre del año dos mil dieciocho, habiendo sometido a estudio la foliada concluye que no aprecia vulneración de ninguna garantía constitucional invocadas por la recurrente, siendo del parecer porque Se DENIEGUE la acción de amparo interpuesta.- CONSIDERNADO:(13) Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 60, 61, 90, 177, 321, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 2, 55 literal b), del Arancel del Profesional del Derecho; 1 y 78 No. 5, 249, 256, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 41 No.1, 45, 48, 63, 65, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8, 10 Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1, 24, Y 25 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, FALLA: DENEGANDO EL AMPARO interpuesto por la Abogada MARIA ELENA ARDON a favor de MEYLIN LIZETH WAIMIN MEJIA, contra la Sentencia Interlocutoria de fecha veintidós de junio del año dos mil dieciocho, dictada por La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección Judicial. Y MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada, REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho (18) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0630-2018.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional

[1] Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de agosto de 1987.

[2] Gonzáles Pérez Jesús, El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, tercera edición, Civitas, Madrid 2001, Pag 53.

[3] Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de agosto de 1987.

[4] Gonzáles Pérez Jesús, El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, tercera edición, Civitas, Madrid 2001, Pag 53.