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Sentencia AL-624-17 — Registro 8980

Resumen

Acto recurrido que declara no ha lugar apelación con relación a la demanda de ejecución provisional de un título judicial, originada en la demanda laboral promovida contra el impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." El derecho del trabajo es derecho público, la legislación del trabajo no puede ser expuesta hoy en día en un tratado del derecho civil. Ha conquistado su autonomía, sin dejar a un lado la intervención del Estado para la protección de los trabajadores y la organización económica lo inclina hacia el derecho público, produjo como consecuencia la autonomía de la voluntad, principio rector de aquel derecho civil que depende de la voluntad de las partes[1]. En este orden de ideas y reiterando en materia laboral no es procedente declarar el abandono del proceso en casos como el que nos ocupa en el cual la actuación ordenada en el auto de admisión de la demanda es el emplazamiento de la parte demandada para que contesta la demanda, siendo desde este momento procesal la continuación del proceso responsabilidad del órgano jurisdiccional y no de la parte demandante, que si bien es cierto ha mostrado su desinterés en la continuación del proceso al no agilizar la práctica del acto de comunicación indicado, por las disposiciones contenidas en la ley laboral y supra indicadas no es procedente declarar el abandono de la instancia, debiendo continuarse con la sustanciación del proceso, por lo que debe practicarse la comunicación ordenando a efecto tal como lo establece la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida en su sentencia de fecha veinte (20) de junio del dos mil diecisiete (2017) -folio 12 vuelto- “que se emplace a las partes demandadas para que contesten la demanda y continuar con el proceso hasta dictar sentencia definitiva”..." ..." Esta Sala efectivamente constata que en el caso sub judice se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía el Ad Quem en su sentencia recurrida ha aplicado las normas adjetivas correspondiente a la tramitación legal del proceso, ya que se puede apreciar que la recurrente esgrime violaciones no infringidas en el proceso, por lo que es procedente denegar el amparo interpuesto por considerar este Tribunal de Alzada que no se han violentado en el amparo interpuesto las garantías constitucionales enunciadas por la recurrente..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de abril del dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada NANCY JOSSET MARTINEZ CASTRO, a favor de la Sociedad Mercantil CONSTRUCCIONES NABLA HONDURAS S.A DE C.V., contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA; en fecha veinte (20) de junio del año dos mil diecisiete (2017), que resolvió un recurso de apelación presentado contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil diecisiete (2017), con relación a la demanda de ejecución provisional de un título judicial, originada en la demanda laboral promovida por los señores JOHN CRISTIAN MORFI ZERON, ALEX OQUELI PINEDA SORIANO, JOSE ANTONIO BARAHONA, JOSE FRANCISCO TURCIOS y HOSTIN RENATO CRUZ HERNANDEZ, contra de la empresa OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V., también conocida como WALMART y contra la Sociedad Mercantil CONSTRUCCIONES NABLA HONDURAS S.A DE C.V. Estima la recurrente que se han violentado en perjuicio de su representada los artículos 82, 90, 321 Y 323 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha dieciséis (16) de marzo de dos mil dieciséis (2016), comparecieron ante el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, departamento de Atlántida, el Abogado OSCAR ROLANDO RIGUEROA PEREZ, en su condición de apoderado legal los señores JOHN CRISTIAN MORFI ZERON, ALEX OQUELI PINEDA SORIANO, JOSE ANTONIO BARAHONA, JOSE FRANCISCO TURCIOS y HOSTIN RENATO CRUZ HERNANDEZ, interponiendo demanda laboral de emplazamiento, para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo e injusto, contra la empresa OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V., también conocida como WALMART y contra la Sociedad Mercantil CONSTRUCCIONES NABLA HONDURAS S.A DE C.V.(Folio 01 al 07 de la primera pieza de antecedentes)- 2) Que el referido Juzgado en fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil diecisiete (2017) resuelve (sic): PRIMERO: “Que visto el escrito que antecede y constando en el auto de fecha veintiocho de marzo del dos mil dieciséis, donde se ordena librar Exhorto para que mediante el auxilio del Juzgado de Letras del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán para que por medio del funcionario respectivo se procediera a Citar y Emplazar en legal y debida forma a los señores representantes de las sociedades demandadas para que dentro del término legal señalado en dicho auto procedieran a contestar la presente demanda, EXHORTO que no costa en auto, que la secretaria lo ha realizado, tampoco consta que dicho auto se ha notificado en representante procesal de la parte actora, en tal sentido y por el principio de impulso procesal que opera en materia laboral se Declara Sin Lugar la Caducidad y Abandono del presente juicio, solicitada por la representante procesal de la parte demandada mediante el acta de fecha siete de abril del presente año, Se ordena a la Secretaria llamada por ley que proceda de inmediato a extender el exhorto aludido en el que haga las advertencias de ley correspondiente tanto al representante procesal de la parte actora en agilizar tal diligencia, como el Juzgado que e envía dicho exhorto a fin de que complemente el exhorto en un plazo no mayor de quince días; de igual manera proceda a notificar el auto arriba aludido artículos 669 y 858 del Código del Trabajo, 22 y 147 del Código Procesal Civil”. (Folio 28 primera pieza de antecedentes).- 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por la Abogada NANCY JOSSET MARTINEZ CASTRO, la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida dictó sentencia en fecha veinte (20) de junio del año dos mil diecisiete (2017), en el cual: FALLA: PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada NANCY JOSSET MARTINEZ CASTRO. SEGUNDO: CONFIRMAR el Auto Interlocutorio dictado en audiencia de fecha veintiséis de abril de dos mil diecisiete. TERCERO: SIN COSTAS. (Folios 10 al 13 de la segunda pieza de antecedentes)- 4) Que la recurrente Abogada NANCY JOSSET MARTINEZ CASTRO, compareció ante este Tribunal, en fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor de la sociedad mercantil CONSTRUCCIONES NABLA HONDURAS S.A DE C.V, por considerar que la decisión del Ad Quem, violenta en perjuicio de su representada los artículos 82, 90, 321 Y 323 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil dieciocho (2018).- 5) Que con fecha doce (12) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión porque SE DENIEGUE la acción de amparo interpuesta.- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en amparo la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA; en fecha veinte (20) de junio del año dos mil diecisiete (2017), que resolvió un recurso de apelación presentado contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil diecisiete (2017), con relación a la demanda de ejecución provisional de un título judicial, originada en la demanda laboral promovida por los señores JOHN CRISTIAN MORFI ZERON, ALEX OQUELI PINEDA SORIANO, JOSE ANTONIO BARAHONA, JOSE FRANCISCO TURCIOS y HOSTIN RENATO CRUZ HERNANDEZ, contra de la empresa OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V., también conocida como WALMART y contra la Sociedad Mercantil CONSTRUCCIONES NABLA HONDURAS S.A DE C.V.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que analizado el expediente de mérito consta en autos que la Abogada NANCY JOSSET MARTINEZ CASTRO, argumenta en su escrito de interposición que la acción de amparo, es contra la resolución emitida por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA; en fecha veinte (20) de junio del año dos mil diecisiete (2017), que resolvió un recurso de apelación presentado contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil diecisiete (2017), con relación a la demanda de ejecución provisional de un título judicial, originada en la demanda laboral promovida por los señores JOHN CRISTIAN MORFI ZERON, ALEX OQUELI PINEDA SORIANO, JOSE ANTONIO BARAHONA, JOSE FRANCISCO TURCIOS y HOSTIN RENATO CRUZ HERNANDEZ, contra de la empresa OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V., también conocida como WALMART y contra la Sociedad Mercantil CONSTRUCCIONES NABLA HONDURAS S.A DE C.V., argumenta en el recurso de amparo interpuesto que la resolución emitida desconoce la literalidad del artículo 858 del Código del Trabajo y el artículo 489 del Código Procesal Civil en cuanto a la caducidad de la demanda y que se declarara en abandono, por haber transcurrido más de un (1) año en el que el Abogado demandante procesal abandonó el proceso y no volvió a mostrar más interés en el asunto, aun teniendo conocimiento de el puesto que fue el mismo quien interpuso la acción por medio de su persona mediante poder general de representación procesal a él otorgado por las partes actoras; claramente el artículo 858 del Código del Trabajo dice que a falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo, se aplicaran las normas análogas de este código y en defecto, las del Código de Procedimientos Civiles, al tal aplica el artículo 489 del Código Procesal Civil, que establece el abandono del proceso, el cual se considera abandonada la causa de mérito.- CONSIDERANDO CINCO (5): De la cuestión traída a estudio del presente caso no se debe olvidar los principios de oficiosidad y celeridad que son previstos en el código del Trabajo en el artículo 669 y 726 que imponen al juzgador una vez reclamada su primera intervención en forma legal, actuar de oficio procurando abreviar en lo posible el curso normal del asunto sometido a su conocimiento, debiendo efectuar todas las actuaciones necesarias para impulsar el proceso de manera oficiosa, debiendo el juez dirigir el proceso en forma que garantice a las partes el derecho a que el proceso se desarrollo en los trámites previstos legamente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República, debiendo el órgano jurisdiccional dirigir el proceso de forma que conduzca la reducción del tiempo, costo y esfuerzo de los actos procesales, sin afectar el carácter imperativo de las actuaciones, sin embargo, la economía procesal en ninguno puede suponer disminución de las garantías y derechos que reconocen las partes. De ahí, que el órgano jurisdiccional está obligado haciendo uso del poder para prevenir o sancionar cualquier acción u omisión contrarias al orden o a los principios del proceso, rechazando cualquier solicitud, petición o acto que implique una dilación manifiesta o impertinente del litigio o cuando cualquier de las partes o ambas se sirvan del proceso para realizar un acto simulado o para perseguir un fin contario a la ley.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que por consiguiente, habiéndose ordenado en el proceso el emplazamiento de la parte demandada a efecto de que contestara la misma, se debió haber efectuado el acto de la comunicación y así dar cumplimiento al impulso del proceso por oficiosidad que establece el artículo 669 del Código del Trabajo, sin perjuicio de las actuaciones de las partes en el proceso, en otras palabras el desarrollo laboral depende tanto del juzgador como del actuar de las partes, que aunque esta (parte demandante) no instó el proceso durante cierto tiempo al no haber agilizado la práctica de la comunicación, es procedente continuar con la sustanciación del presente proceso, debiendo realizarse el acto de la comunicación a efecto que la parte demandada contesta la demanda interpuesto. De ello es que el Principio de Celeridad “garantiza el adelantamiento rápido del proceso, en forman oficiosa y que estará a cargo del juez que conoce del asunto”, principio que está previsto en el artículo 726 del Código del Trabajo. En materia laboral los principios de oficiosidad y celeridad obligan al Juez a actuar e impulsar el proceso acorde a lo establecido el en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que implica que el desarrollo del proceso no depende necesariamente del accionar de las partes y debe impulsarse hasta su terminación.- CONSIDERANDO SIETE (7): Por lo que el derecho del trabajo es derecho público, la legislación del trabajo no puede ser expuesta hoy en día en un tratado del derecho civil. Ha conquistado su autonomía, sin dejar a un lado la intervención del Estado para la protección de los trabajadores y la organización económica lo inclina hacia el derecho público, produjo como consecuencia la autonomía de la voluntad, principio rector de aquel derecho civil que depende de la voluntad de las partes[1]. En este orden de ideas y reiterando en materia laboral no es procedente declarar el abandono del proceso en casos como el que nos ocupa en el cual la actuación ordenada en el auto de admisión de la demanda es el emplazamiento de la parte demandada para que contesta la demanda, siendo desde este momento procesal la continuación del proceso responsabilidad del órgano jurisdiccional y no de la parte demandante, que si bien es cierto ha mostrado su desinterés en la continuación del proceso al no agilizar la práctica del acto de comunicación indicado, por las disposiciones contenidas en la ley laboral y supra indicadas no es procedente declarar el abandono de la instancia, debiendo continuarse con la sustanciación del proceso, por lo que debe practicarse la comunicación ordenando a efecto tal como lo establece la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida en su sentencia de fecha veinte (20) de junio del dos mil diecisiete (2017) -folio 12 vuelto- “que se emplace a las partes demandadas para que contesten la demanda y continuar con el proceso hasta dictar sentencia definitiva”.- CONSIDERANDO OCHO (8): El debido proceso envuelve el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal, como un conjunto de garantías de los medios tendientes a asegurar la vigencia y eficacia del proceso, de lo que cabe asegurar que el derecho a una resolución fundada en derecho es un elemento esencial del debido proceso. Una sentencia de fondo, es decir razonable, congruente y justa, que resuelva las pretensiones controvertidas y que se encuentre jurídicamente fundada, es una exigencia que se deriva de la legitimación democrática del poder judicial y de la oposición a la indefensión y a la irracionalidad. Cuando este derecho es infringido por parte del juzgador, se produce la violación al debido proceso y al mismo tiempo desencadena la afectación al derecho de defensa invocado por el amparista. En tal sentido, al confrontar la sentencia recurrida con el contenido formal de las sentencias, observamos que el Ad Quem en la resolución emitida estima que si bien el Estado debe asegurar una tutela plena, asegurando que el tiempo que se requiere para ejecutar una sentencia firme no podrá ser aprovechado por el demandado o un tercero, para propiciar una situación que de a lugar a una burla al derecho de los trabajadores consignados en el artículo 127 Constitucional en condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo –periculum mora- por lo que es el ESTADO quien debe y tiene que asegurar que la situación jurídica patrimonial que sustancialmente vigente al momento de la sentencia o de su ejecución de tal modo que sea una realidad su ejecución.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso sub judice se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía el Ad Quem en su sentencia recurrida ha aplicado las normas adjetivas correspondiente a la tramitación legal del proceso, ya que se puede apreciar que la recurrente esgrime violaciones no infringidas en el proceso, por lo que es procedente denegar el amparo interpuesto por considerar este Tribunal de Alzada que no se han violentado en el amparo interpuesto las garantías constitucionales enunciadas por la recurrente. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia por UNANIMIDAD DE VOTOS, la Sala de lo Constitucional, como intérprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 80, 82, 89, 90, 127, 183, 303, 304, 305, 313 Atribución 5ta, 314, 316 atribución 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 2. 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9, 41, 44, 47, 49, 52, 56, 59, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 3, 669, 716, 743 Y 858 del Código del Trabajo; FALLA: DENEGAR la acción de AMPARO interpuesto por la Abogada NANCY JOSSET MARTINEZ CASTRO, a favor de la Sociedad Mercantil CONSTRUCCIONES NABLA HONDURAS S.A DE C.V., contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA en fecha veinte (20) de junio del año dos mil diecisiete (2017). Y MANDA: Que con la certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. REDACTÓ MAGISTRADA: REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada, REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez (10) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha tres (3) de abril del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0624-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de abril del dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada NANCY JOSSET MARTINEZ CASTRO, a favor de la Sociedad Mercantil CONSTRUCCIONES NABLA HONDURAS S.A DE C.V., contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA; en fecha veinte (20) de junio del año dos mil diecisiete (2017), que resolvió un recurso de apelación presentado contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil diecisiete (2017), con relación a la demanda de ejecución provisional de un título judicial, originada en la demanda laboral promovida por los señores JOHN CRISTIAN MORFI ZERON, ALEX OQUELI PINEDA SORIANO, JOSE ANTONIO BARAHONA, JOSE FRANCISCO TURCIOS y HOSTIN RENATO CRUZ HERNANDEZ, contra de la empresa OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V., también conocida como WALMART y contra la Sociedad Mercantil CONSTRUCCIONES NABLA HONDURAS S.A DE C.V. Estima la recurrente que se han violentado en perjuicio de su representada los artículos 82, 90, 321 Y 323 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha dieciséis (16) de marzo de dos mil dieciséis (2016), comparecieron ante el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, departamento de Atlántida, el Abogado OSCAR ROLANDO RIGUEROA PEREZ, en su condición de apoderado legal los señores JOHN CRISTIAN MORFI ZERON, ALEX OQUELI PINEDA SORIANO, JOSE ANTONIO BARAHONA, JOSE FRANCISCO TURCIOS y HOSTIN RENATO CRUZ HERNANDEZ, interponiendo demanda laboral de emplazamiento, para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo e injusto, contra la empresa OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V., también conocida como WALMART y contra la Sociedad Mercantil CONSTRUCCIONES NABLA HONDURAS S.A DE C.V.(Folio 01 al 07 de la primera pieza de antecedentes)- 2) Que el referido Juzgado en fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil diecisiete (2017) resuelve (sic): PRIMERO: “Que visto el escrito que antecede y constando en el auto de fecha veintiocho de marzo del dos mil dieciséis, donde se ordena librar Exhorto para que mediante el auxilio del Juzgado de Letras del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán para que por medio del funcionario respectivo se procediera a Citar y Emplazar en legal y debida forma a los señores representantes de las sociedades demandadas para que dentro del término legal señalado en dicho auto procedieran a contestar la presente demanda, EXHORTO que no costa en auto, que la secretaria lo ha realizado, tampoco consta que dicho auto se ha notificado en representante procesal de la parte actora, en tal sentido y por el principio de impulso procesal que opera en materia laboral se Declara Sin Lugar la Caducidad y Abandono del presente juicio, solicitada por la representante procesal de la parte demandada mediante el acta de fecha siete de abril del presente año, Se ordena a la Secretaria llamada por ley que proceda de inmediato a extender el exhorto aludido en el que haga las advertencias de ley correspondiente tanto al representante procesal de la parte actora en agilizar tal diligencia, como el Juzgado que e envía dicho exhorto a fin de que complemente el exhorto en un plazo no mayor de quince días; de igual manera proceda a notificar el auto arriba aludido artículos 669 y 858 del Código del Trabajo, 22 y 147 del Código Procesal Civil”. (Folio 28 primera pieza de antecedentes).- 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por la Abogada NANCY JOSSET MARTINEZ CASTRO, la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida dictó sentencia en fecha veinte (20) de junio del año dos mil diecisiete (2017), en el cual: FALLA: PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada NANCY JOSSET MARTINEZ CASTRO. SEGUNDO: CONFIRMAR el Auto Interlocutorio dictado en audiencia de fecha veintiséis de abril de dos mil diecisiete. TERCERO: SIN COSTAS. (Folios 10 al 13 de la segunda pieza de antecedentes)- 4) Que la recurrente Abogada NANCY JOSSET MARTINEZ CASTRO, compareció ante este Tribunal, en fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor de la sociedad mercantil CONSTRUCCIONES NABLA HONDURAS S.A DE C.V, por considerar que la decisión del Ad Quem, violenta en perjuicio de su representada los artículos 82, 90, 321 Y 323 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil dieciocho (2018).- 5) Que con fecha doce (12) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión porque SE DENIEGUE la acción de amparo interpuesta.- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en amparo la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA; en fecha veinte (20) de junio del año dos mil diecisiete (2017), que resolvió un recurso de apelación presentado contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil diecisiete (2017), con relación a la demanda de ejecución provisional de un título judicial, originada en la demanda laboral promovida por los señores JOHN CRISTIAN MORFI ZERON, ALEX OQUELI PINEDA SORIANO, JOSE ANTONIO BARAHONA, JOSE FRANCISCO TURCIOS y HOSTIN RENATO CRUZ HERNANDEZ, contra de la empresa OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V., también conocida como WALMART y contra la Sociedad Mercantil CONSTRUCCIONES NABLA HONDURAS S.A DE C.V.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que analizado el expediente de mérito consta en autos que la Abogada NANCY JOSSET MARTINEZ CASTRO, argumenta en su escrito de interposición que la acción de amparo, es contra la resolución emitida por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA; en fecha veinte (20) de junio del año dos mil diecisiete (2017), que resolvió un recurso de apelación presentado contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil diecisiete (2017), con relación a la demanda de ejecución provisional de un título judicial, originada en la demanda laboral promovida por los señores JOHN CRISTIAN MORFI ZERON, ALEX OQUELI PINEDA SORIANO, JOSE ANTONIO BARAHONA, JOSE FRANCISCO TURCIOS y HOSTIN RENATO CRUZ HERNANDEZ, contra de la empresa OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V., también conocida como WALMART y contra la Sociedad Mercantil CONSTRUCCIONES NABLA HONDURAS S.A DE C.V., argumenta en el recurso de amparo interpuesto que la resolución emitida desconoce la literalidad del artículo 858 del Código del Trabajo y el artículo 489 del Código Procesal Civil en cuanto a la caducidad de la demanda y que se declarara en abandono, por haber transcurrido más de un (1) año en el que el Abogado demandante procesal abandonó el proceso y no volvió a mostrar más interés en el asunto, aun teniendo conocimiento de el puesto que fue el mismo quien interpuso la acción por medio de su persona mediante poder general de representación procesal a él otorgado por las partes actoras; claramente el artículo 858 del Código del Trabajo dice que a falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo, se aplicaran las normas análogas de este código y en defecto, las del Código de Procedimientos Civiles, al tal aplica el artículo 489 del Código Procesal Civil, que establece el abandono del proceso, el cual se considera abandonada la causa de mérito.- CONSIDERANDO CINCO (5): De la cuestión traída a estudio del presente caso no se debe olvidar los principios de oficiosidad y celeridad que son previstos en el código del Trabajo en el artículo 669 y 726 que imponen al juzgador una vez reclamada su primera intervención en forma legal, actuar de oficio procurando abreviar en lo posible el curso normal del asunto sometido a su conocimiento, debiendo efectuar todas las actuaciones necesarias para impulsar el proceso de manera oficiosa, debiendo el juez dirigir el proceso en forma que garantice a las partes el derecho a que el proceso se desarrollo en los trámites previstos legamente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República, debiendo el órgano jurisdiccional dirigir el proceso de forma que conduzca la reducción del tiempo, costo y esfuerzo de los actos procesales, sin afectar el carácter imperativo de las actuaciones, sin embargo, la economía procesal en ninguno puede suponer disminución de las garantías y derechos que reconocen las partes. De ahí, que el órgano jurisdiccional está obligado haciendo uso del poder para prevenir o sancionar cualquier acción u omisión contrarias al orden o a los principios del proceso, rechazando cualquier solicitud, petición o acto que implique una dilación manifiesta o impertinente del litigio o cuando cualquier de las partes o ambas se sirvan del proceso para realizar un acto simulado o para perseguir un fin contario a la ley.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que por consiguiente, habiéndose ordenado en el proceso el emplazamiento de la parte demandada a efecto de que contestara la misma, se debió haber efectuado el acto de la comunicación y así dar cumplimiento al impulso del proceso por oficiosidad que establece el artículo 669 del Código del Trabajo, sin perjuicio de las actuaciones de las partes en el proceso, en otras palabras el desarrollo laboral depende tanto del juzgador como del actuar de las partes, que aunque esta (parte demandante) no instó el proceso durante cierto tiempo al no haber agilizado la práctica de la comunicación, es procedente continuar con la sustanciación del presente proceso, debiendo realizarse el acto de la comunicación a efecto que la parte demandada contesta la demanda interpuesto. De ello es que el Principio de Celeridad “garantiza el adelantamiento rápido del proceso, en forman oficiosa y que estará a cargo del juez que conoce del asunto”, principio que está previsto en el artículo 726 del Código del Trabajo. En materia laboral los principios de oficiosidad y celeridad obligan al Juez a actuar e impulsar el proceso acorde a lo establecido el en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que implica que el desarrollo del proceso no depende necesariamente del accionar de las partes y debe impulsarse hasta su terminación.- CONSIDERANDO SIETE (7): Por lo que el derecho del trabajo es derecho público, la legislación del trabajo no puede ser expuesta hoy en día en un tratado del derecho civil. Ha conquistado su autonomía, sin dejar a un lado la intervención del Estado para la protección de los trabajadores y la organización económica lo inclina hacia el derecho público, produjo como consecuencia la autonomía de la voluntad, principio rector de aquel derecho civil que depende de la voluntad de las partes[2]. En este orden de ideas y reiterando en materia laboral no es procedente declarar el abandono del proceso en casos como el que nos ocupa en el cual la actuación ordenada en el auto de admisión de la demanda es el emplazamiento de la parte demandada para que contesta la demanda, siendo desde este momento procesal la continuación del proceso responsabilidad del órgano jurisdiccional y no de la parte demandante, que si bien es cierto ha mostrado su desinterés en la continuación del proceso al no agilizar la práctica del acto de comunicación indicado, por las disposiciones contenidas en la ley laboral y supra indicadas no es procedente declarar el abandono de la instancia, debiendo continuarse con la sustanciación del proceso, por lo que debe practicarse la comunicación ordenando a efecto tal como lo establece la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida en su sentencia de fecha veinte (20) de junio del dos mil diecisiete (2017) -folio 12 vuelto- “que se emplace a las partes demandadas para que contesten la demanda y continuar con el proceso hasta dictar sentencia definitiva”.- CONSIDERANDO OCHO (8): El debido proceso envuelve el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal, como un conjunto de garantías de los medios tendientes a asegurar la vigencia y eficacia del proceso, de lo que cabe asegurar que el derecho a una resolución fundada en derecho es un elemento esencial del debido proceso. Una sentencia de fondo, es decir razonable, congruente y justa, que resuelva las pretensiones controvertidas y que se encuentre jurídicamente fundada, es una exigencia que se deriva de la legitimación democrática del poder judicial y de la oposición a la indefensión y a la irracionalidad. Cuando este derecho es infringido por parte del juzgador, se produce la violación al debido proceso y al mismo tiempo desencadena la afectación al derecho de defensa invocado por el amparista. En tal sentido, al confrontar la sentencia recurrida con el contenido formal de las sentencias, observamos que el Ad Quem en la resolución emitida estima que si bien el Estado debe asegurar una tutela plena, asegurando que el tiempo que se requiere para ejecutar una sentencia firme no podrá ser aprovechado por el demandado o un tercero, para propiciar una situación que de a lugar a una burla al derecho de los trabajadores consignados en el artículo 127 Constitucional en condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo –periculum mora- por lo que es el ESTADO quien debe y tiene que asegurar que la situación jurídica patrimonial que sustancialmente vigente al momento de la sentencia o de su ejecución de tal modo que sea una realidad su ejecución.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso sub judice se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía el Ad Quem en su sentencia recurrida ha aplicado las normas adjetivas correspondiente a la tramitación legal del proceso, ya que se puede apreciar que la recurrente esgrime violaciones no infringidas en el proceso, por lo que es procedente denegar el amparo interpuesto por considerar este Tribunal de Alzada que no se han violentado en el amparo interpuesto las garantías constitucionales enunciadas por la recurrente. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia por UNANIMIDAD DE VOTOS, la Sala de lo Constitucional, como intérprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 80, 82, 89, 90, 127, 183, 303, 304, 305, 313 Atribución 5ta, 314, 316 atribución 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 2. 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9, 41, 44, 47, 49, 52, 56, 59, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 3, 669, 716, 743 Y 858 del Código del Trabajo; FALLA: DENEGAR la acción de AMPARO interpuesto por la Abogada NANCY JOSSET MARTINEZ CASTRO, a favor de la Sociedad Mercantil CONSTRUCCIONES NABLA HONDURAS S.A DE C.V., contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA en fecha veinte (20) de junio del año dos mil diecisiete (2017). Y MANDA: Que con la certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. REDACTÓ MAGISTRADA: REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada, REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez (10) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha tres (3) de abril del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0624-2017.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional

[1] Mario de la Cueva, Derecho Mexicano del Trabajo, Tomo I, Editorial Porrúa, México, 1961, pag.211 y ss

[2] Mario de la Cueva, Derecho Mexicano del Trabajo, Tomo I, Editorial Porrúa, México, 1961, pag.211 y ss