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Sentencia AL-572-18 — Registro 10904

Resumen

Recurso de Amparo interpuesto contra la sentencia dictada que declaró Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto contra resolución dictada con relación a la demanda ordinaria laboral

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el derecho al trabajo es el derecho fundamental humano por el que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicalización. El derecho al trabajo se reconoce en las normas fundamentales de derechos humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales así como en textos internacionales como la Carta Social Europea, el Protocolo de San Salvador, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en textos nacionales como son las Constituciones de numerosos países"...

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO ONCE (11): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO DOCE (12): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto."...

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis (6) de junio del año dos mil dieciocho (2018), que declaró Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, contra resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de marzo del año dos mil dieciocho, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por la señora MELISSA LANZA ALVAREZ, contra la SOCIEDAD MERCANTIL BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA), a través del señor JAVIER EMILIO ATALA FARAJ.- Estima el recurrente que se le han violentado los derechos contenidos en los Artículos 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dieciséis de diciembre del año dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado EDRAS OMAR ARIAS BONILLA, interponiendo demanda ordinaria laboral para que en Sentencia Definitiva se condene al patrono al ajuste del pago de las prestaciones y derechos adquiridos de acuerdo a lo establecido en la ley por terminación de contrato por el mutuo consentimiento de las partes. - (Folio 01 al 03 de la pieza del Juzgado) 2) Que el referido Juzgado en auto interlocutorio de fecha quince de marzo del año dos mil dieciocho, en el cual resuelve RECHAZAR la declaración jurada presentada por la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, en vista de que únicamente manifestó en la audiencia primera de trámite en el cual era su momento procesal oportuno, que el señor ATALA FARAJH, delegaba funciones y que el medio de prueba era innecesario, sin embargo no manifestó que la persona propuesta para el interrogatorio no tenía conocimiento sobre los hechos relacionados con la demandante MELISSA LANZA ALVAREZ ni expuso que la persona que conocía sobre dichos hechos era el señor WERNER JUAN KOO, de igual forma el Abogado demandante ha propuesto su interrogatorio de partes que tiene como finalidad sustentar sus pretensiones, se le hace saber a la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, que tiene que hacer llegar al Señor JAVIER EDUARDO ATALA FARAJ el día y hora señalado para rendir declaración…” (FOLIO 52 DE LA PIEZA DEL JUZGADO) 3) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en audiencia de Juzgamiento de fecha seis de junio del año dos mil dieciocho, FALLA: 1) “Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO; 2) CONFIRMAR el auto interlocutorio de fecha quince de marzo del año dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE EN SENTENCIA DEFINITIVA SE CONDENE AL PATRONO AL AJUSTE DEL PAGO DE LAS PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY POR TERMINACION DE CONTRATO POR EL MUTUO CONSENTIMIENTO DE LAS PARTES, COSTAS, promovido por el Abogado EDRAS OMAR ARIAS BONILLA, en su condición de representante procesal de la señora MELISSA LANZA ALVAREZ, contra BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A (FICOHSA), a través del señor JAVIER EDUARDO ATALA FARAJ en su condición de Presidente Ejecutivo.- 3) SIN COSTAS en esta instancia”… (Folio 32 al 36 de la pieza de la Corte) 4) La recurrente Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, compareció ante este Tribunal, en fecha seis de agosto del año dos mil dieciocho, interponiendo acción de amparo a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA), por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha seis de junio del año dos mil dieciocho, es violatoria a lo dispuesto en el Artículos 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la Republica. Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha dieciocho de octubre del año dos mil dieciocho (2018). 5) Que con fecha cinco de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión que SE DENIEGUE la acción de amparo interpuesta por no existir vulneraciones de las garantías constitucionales invocadas por la amparista. CONSIDERANDO UNO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en esta vía constitucional la acción de amparo dirigida contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis (6) de junio del año dos mil dieciocho (2018), que declaró Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, contra resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de marzo del año dos mil dieciocho, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por la señora MELISSA LANZA ALVAREZ, contra la SOCIEDAD MERCANTIL BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA), a través del señor JAVIER EMILIO ATALA FARAJ. CONSIDERANDO TRES (3): Que la recurrente, Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, muestra su disconformidad con la sentencia relacionada en el acápite anterior, por estimar que se ha violentado en perjuicio de su representada los Artículos 61, 63, 82 y 90 de la Constitución de la República de Honduras, cuando la Honorable Corte de Apelaciones lejos de aplicar la ley, declara sin lugar el recurso de apelación causa graves perjuicios a la parte demandada, en virtud de confirmar una resolución que declara sin lugar la solicitud de que rinda interrogatorio de parte el señor Wener Juan Koo, cuando la misma normativa jurídica manda que cuando no le consten los hechos al interrogado, este podrá señalar a un tercero al que si le consten los hechos; en una franca omisión e inobservancia absoluta de la ley; y, violentando los principios del Derecho y las garantías constitucionales del Debido Proceso y Derecho a la Defensa. CONSIDERANDO CINCO (5): Que una vez realizada la vista que conforme a lo establecido en el Artículo 56 la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, a través de la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió su dictamen fecha cinco (5) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), en el cual es de la opinión que SE DENIEGUE la acción impetrada. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la Jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERNADO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada; se aprecia que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis (6) de junio del año dos mil dieciocho (2018), que declaró Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto, contra resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de marzo del año dos mil dieciocho, esta concluye que el medio de prueba que fue admitido por el A-Quo; y, que fuera objeto de oposición por parte de la representante procesal demandada; sin embargo al ser rechazada la oposición; esta no fue impugnada, por lo que adquirió el carácter de firme; por lo tanto debe evacuarse en el momento procesal oportuno. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el derecho al trabajo es el derecho fundamental humano por el que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicalización. El derecho al trabajo se reconoce en las normas fundamentales de derechos humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales así como en textos internacionales como la Carta Social Europea, el Protocolo de San Salvador, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en textos nacionales como son las Constituciones de numerosos países. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO ONCE (11): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO DOCE (12): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los uno días del mes de abril de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, recaída en el recurso de amparo laboral registrado en este Tribunal con el número SCO-0572-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

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