Sentencia AL-543-18 — Registro 8979
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó resolución dictado por juzgado de primera instancia que declaró sin lugar oposición al reclamo de pago de honorarios profesionales por ser debidos y no satisfechos y sin lugar dicha solicitud promovida por recurrente contra sociedad mercantil por considerar que debió plantear la minuta de honorarios en cada uno de los expedientes
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales..."..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso, defensa, derecho del Trabajo, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y Resolución, que literalmente dicen: “Corte Suprema de Justicia.- Sala de lo Constitucional.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de febrero de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, a favor del señor ALFREDO ERNESTO PONCE SIERCKE, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), que confirmó el auto dictado por el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en fecha treinta (30) de enero del año dos mil dieciocho (2018), con relación al reclamo para el pago de honorarios profesionales promovido por el señor ALFREDO ERNESTO PONCE SIERCKE contra la Sociedad Mercantil denominada AMERICAN PACIFIC HONDURAS S.A. DE C.V., conocida también como ASCENDANT RESOURCES INC., representada por el señor MARTIN CABRERA. Estima el recurrente se le han violentado los derechos contenidos en los Artículos 1, 60, 64, 70, 80, 90, 303, 304, 305, 313 y 323 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, el Abogado ALFREDO ERNESTO PONCE SIERCKE, interponiendo minuta de honorarios profesionales de conformidad al arancel del Profesional del Derecho en virtud de haber realizado actos de procuración a favor del patrono y hasta la fecha las mismas son debidas y no han sido satisfechas, contra la Sociedad Mercantil denominada AMERICAN PACIFIC HONDURAS S.A. DE C.V., conocida también como ASCENDANT RESOURCES INC., representada por el señor MARTIN CABRERA.- (FOLIO 1 AL 4)- 2) Que seguido el procedimiento, el referido Juzgado, en fecha treinta (30) de enero del año dos mil dieciocho (2018) RESUELVE: “PRIMERO: Admitir el escrito que antecede el que se manda a agregar a los autos de mérito con los documentos que se acompañan.- SEGUNDO: Declarar con lugar la oposición a LA MINUTA DE HONORARIOS PROFESIONALES DE CONFOMIDAD AL ARANCEL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO, EN VIRTUD DE HABER REALIZADO ACTOS DE PROCURACION A FAVOR DEL PATRONO Y HASTA LA FECHA SON DEBIDAS Y NO HAN SIDO SATISFECHAS, presentada por el Abogado YUVINY PINEDA PAZ, en su condición de Apoderado Judicial de la Empresa denominada AMERICAN PACIFIC HONDURAS S.A. de C.V..- TERCERO: Sin lugar la solicitud del pago de Honorarios Profesionales, promovida por el Abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, en su condición de Apoderado Judicial del señor ALFREDO ERNESTO PONCE SIERCKE contra la Empresa denominada AMERICAN PACIFIC HONDURAS S.A. de C.V..- Representada por el señor: JOSE RICARDO SIERRA MEDINA. CUARTO:…”-(Folio 58 al 60 de la pieza del Juzgado)- 3) Que en fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, FALLA: PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de apelación de que se ha hecho merito.- SEGUNDO: CONFIRMANDO el auto impugnado bajo la motivación de esta Alzada; Y TERCERO: CON COSTAS por desestimarse las pretensiones del recurso de apelación. (Folio 6 al 9 de la pieza de Corte de Apelaciones)- 4) El recurrente abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, compareció ante este Tribunal, en fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil diecisiete (2018), interponiendo acción de amparo a favor del señor ALFREDO ERNESTO PONCE SIERCKE, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), es violatoria a lo dispuesto en los Artículos 1, 60, 64, 70, 80, 90, 303, 304, 305, 313 y 323 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil dieciocho (2018).- 5) Que con fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión que NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta.- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), que confirmó el auto dictado por el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en fecha treinta (30) de enero del año dos mil dieciocho (2018), con relación al reclamo para el pago de honorarios profesionales promovido por el señor ALFREDO ERNESTO PONCE SIERCKE contra la Sociedad Mercantil denominada AMERICAN PACIFIC HONDURAS S.A. DE C.V., conocida también como ASCENDANT RESOURCES INC., representada por el señor MARTIN CABRERA.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente en la formalización del recurso, manifiesta que se violentó por el Tribunal Ad-Quem, lo dispuesto en los Artículos 1, 60, 64, 70, 80, 90, 303, 304, 305, 313 y 323 de la Constitución de la República, cuando el A-Quo y el Ad-Quem le están negando su derecho al pago de honorarios profesionales por concepto de procuración, sin ningún sustento o fundamento legal.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que una vez realizada la vista que conforme a lo establecido en el Artículo 56 la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió su dictamen en fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), pronunciándose en el sentido que la reclamación de honorarios profesionales deberá ser planteado en la instancia correspondiente, por lo que del análisis anterior, el Ministerio Público puede determinar que en el presente caso de autos, no se han violentado las garantías constitucionales, invocadas en la petición de amparo. Por lo anteriormente expuesto, es del parecer por que no se otorgue la acción impetrada.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la Jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, basa su sentencia concretamente en que no comparte el hecho de que el demandante acumule en una misma solicitud, la pretensión de pago de los honorarios profesionales presumiblemente causados en diferentes procesos, por cuanto el mismo señala que los actos de procuración los ejerció en diferentes procesos, por cuanto, el ejerció en tres juicios diferentes, por lo que consecuentemente, el reclamante debió separadamente plantear la minuta de honorarios en cada uno de los expedientes, todo bajo el principio de legalidad procesal, el proceso no puede más que desarrollarse bajo sus propias formalidades, con máximo respeto a las garantías constituciones, sus formalidades son imperativas y obligatorias para el órgano jurisdiccional, las partes y terceros que intervengan en el proceso, salvo que la ley ofrezca excepcionalmente otra posibilidad de actuación.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.- CONSIDERANDO ONCE (11): Que el derecho al trabajo es el derecho fundamental humano por el que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicalización. El derecho al trabajo se reconoce en las normas fundamentales de derechos humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales así como en textos internacionales como la Carta Social Europea, el Protocolo de San Salvador, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en textos nacionales como son las Constituciones de numerosos países.- CONSIDERANDO DOCE (12): Que el profesional del derecho que se hace cargo de determinada tarea o trabajo propio de su carrera, asume responsabilidad ante quien le hace la encomienda. Debe tratarlo con el cuidado que le impone su dignidad de profesional, estudiarlo con dedicación, tratarlo con interés técnico y resolverlo conforme a los medios y conocimientos que su real saber y entender le dicta.- CONSIDERANDO TRECE (13): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.- CONSIDERANDO CATORCE (14): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.- CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso, defensa, derecho del Trabajo, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada, REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Corte Suprema de Justicia.- Sala de lo Constitucional.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve.- VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el Abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA a favor del señor ALFREDO ERNESTO PONCE SIERCKE; contra la sentencia dictada por esta Sala en fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, que falla denegando el Recurso de Amparo por él interpuesto a favor de su representado, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), que confirmó el auto dictado por el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en fecha treinta (30) de enero del año dos mil dieciocho (2018), con relación al reclamo para el pago de honorarios profesionales promovido por el señor ALFREDO ERNESTO PONCE SIERCKE contra la Sociedad Mercantil denominada AMERICAN PACIFIC HONDURAS S.A. DE C.V. conocida también como ASCENDANT RESOURCES INC., representada por el señor MARTIN CABRERA.- CONSIDERANDO UNO (1): Que consta de los antecedentes de la revisión del presente recurso, que el Abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, actuando en su condición antes referida, compareció ante este Tribunal, en fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor del señor ALFREDO ERNESTO PONCE SIERCKE. Una vez efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, dictó sentencia en fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, mediante la cual fallo denegando el recurso de amparo de mérito.- CONSIDERANDO DOS (2): Que el recurrente, Abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, en fecha nueve de abril de dos mil diecinueve, eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra la sentencia que emitiera éste Alto Tribunal, por no compartir el criterio jurídico expresado, insiste en su argumento que se violentó por el Tribunal Ad-Quem, lo dispuesto en los Artículos 1, 60, 64, 70, 80, 90, 303, 304, 305, 313 y 323 de la Constitución de la República, cuando el A-Quo y el Ad-Quem le están negando su derecho al pago de honorarios profesionales por concepto de procuración, sin ningún sustento o fundamento legal.- CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.- CONSIDERANDO CUARTO (4): Que las pretensiones expuestas por la recurrente, en el recurso de reposición no son de recibo ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal, que corre agregado en autos se establece que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso de mérito el derecho de defensa y debido proceso del acto jurisdiccional al que se someten las partes. El los argumentos del recurrente no son atendibles ya que como señala la sentencia recurrida bajo el principio de legalidad procesal, el proceso no puede más que desarrollarse bajo sus propias formalidades, con máximo respeto a las garantías constituciones, sus formalidades son imperativas y obligatorias para el órgano jurisdiccional, las partes y terceros que intervengan en el proceso, salvo que la ley ofrezca excepcionalmente otra posibilidad; por lo que el reclamante debió separadamente plantear la minuta de honorarios en cada uno de los expedientes. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable. Pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que tomando en cuenta lo apuntado, el hecho de que este Alto Tribunal de Justicia admita o rechace el argumento del recurrente, en cuanto al procedimiento para hacer efectivo los honorarios que considera se adeudan es ajeno al objeto del amparo.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho.- POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los Artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 914 del Código Procesal Civil; 4 Nº 7 Y Nº 8, 119, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA,, por las razones que se dejan ya señaladas.- Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto a la recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada, REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve (19) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha veintiocho (28) de febrero, y la Resolución de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil diecinueve (2019), respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0543-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y Resolución, que literalmente dicen: Corte Suprema de Justicia.- Sala de lo Constitucional.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de febrero de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, a favor del señor ALFREDO ERNESTO PONCE SIERCKE, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), que confirmó el auto dictado por el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en fecha treinta (30) de enero del año dos mil dieciocho (2018), con relación al reclamo para el pago de honorarios profesionales promovido por el señor ALFREDO ERNESTO PONCE SIERCKE contra la Sociedad Mercantil denominada AMERICAN PACIFIC HONDURAS S.A. DE C.V., conocida también como ASCENDANT RESOURCES INC., representada por el señor MARTIN CABRERA. Estima el recurrente se le han violentado los derechos contenidos en los Artículos 1, 60, 64, 70, 80, 90, 303, 304, 305, 313 y 323 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, el Abogado ALFREDO ERNESTO PONCE SIERCKE, interponiendo minuta de honorarios profesionales de conformidad al arancel del Profesional del Derecho en virtud de haber realizado actos de procuración a favor del patrono y hasta la fecha las mismas son debidas y no han sido satisfechas, contra la Sociedad Mercantil denominada AMERICAN PACIFIC HONDURAS S.A. DE C.V., conocida también como ASCENDANT RESOURCES INC., representada por el señor MARTIN CABRERA.- (FOLIO 1 AL 4)- 2) Que seguido el procedimiento, el referido Juzgado, en fecha treinta (30) de enero del año dos mil dieciocho (2018) RESUELVE: “PRIMERO: Admitir el escrito que antecede el que se manda a agregar a los autos de mérito con los documentos que se acompañan.- SEGUNDO: Declarar con lugar la oposición a LA MINUTA DE HONORARIOS PROFESIONALES DE CONFOMIDAD AL ARANCEL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO, EN VIRTUD DE HABER REALIZADO ACTOS DE PROCURACION A FAVOR DEL PATRONO Y HASTA LA FECHA SON DEBIDAS Y NO HAN SIDO SATISFECHAS, presentada por el Abogado YUVINY PINEDA PAZ, en su condición de Apoderado Judicial de la Empresa denominada AMERICAN PACIFIC HONDURAS S.A. de C.V..- TERCERO: Sin lugar la solicitud del pago de Honorarios Profesionales, promovida por el Abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, en su condición de Apoderado Judicial del señor ALFREDO ERNESTO PONCE SIERCKE contra la Empresa denominada AMERICAN PACIFIC HONDURAS S.A. de C.V..- Representada por el señor: JOSE RICARDO SIERRA MEDINA. CUARTO:…”-(Folio 58 al 60 de la pieza del Juzgado)- 3) Que en fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, FALLA: PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de apelación de que se ha hecho merito.- SEGUNDO: CONFIRMANDO el auto impugnado bajo la motivación de esta Alzada; Y TERCERO: CON COSTAS por desestimarse las pretensiones del recurso de apelación. (Folio 6 al 9 de la pieza de Corte de Apelaciones)- 4) El recurrente abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, compareció ante este Tribunal, en fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil diecisiete (2018), interponiendo acción de amparo a favor del señor ALFREDO ERNESTO PONCE SIERCKE, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), es violatoria a lo dispuesto en los Artículos 1, 60, 64, 70, 80, 90, 303, 304, 305, 313 y 323 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil dieciocho (2018).- 5) Que con fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión que NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta.- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), que confirmó el auto dictado por el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en fecha treinta (30) de enero del año dos mil dieciocho (2018), con relación al reclamo para el pago de honorarios profesionales promovido por el señor ALFREDO ERNESTO PONCE SIERCKE contra la Sociedad Mercantil denominada AMERICAN PACIFIC HONDURAS S.A. DE C.V., conocida también como ASCENDANT RESOURCES INC., representada por el señor MARTIN CABRERA.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente en la formalización del recurso, manifiesta que se violentó por el Tribunal Ad-Quem, lo dispuesto en los Artículos 1, 60, 64, 70, 80, 90, 303, 304, 305, 313 y 323 de la Constitución de la República, cuando el A-Quo y el Ad-Quem le están negando su derecho al pago de honorarios profesionales por concepto de procuración, sin ningún sustento o fundamento legal.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que una vez realizada la vista que conforme a lo establecido en el Artículo 56 la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió su dictamen en fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), pronunciándose en el sentido que la reclamación de honorarios profesionales deberá ser planteado en la instancia correspondiente, por lo que del análisis anterior, el Ministerio Público puede determinar que en el presente caso de autos, no se han violentado las garantías constitucionales, invocadas en la petición de amparo. Por lo anteriormente expuesto, es del parecer por que no se otorgue la acción impetrada.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la Jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, basa su sentencia concretamente en que no comparte el hecho de que el demandante acumule en una misma solicitud, la pretensión de pago de los honorarios profesionales presumiblemente causados en diferentes procesos, por cuanto el mismo señala que los actos de procuración los ejerció en diferentes procesos, por cuanto, el ejerció en tres juicios diferentes, por lo que consecuentemente, el reclamante debió separadamente plantear la minuta de honorarios en cada uno de los expedientes, todo bajo el principio de legalidad procesal, el proceso no puede más que desarrollarse bajo sus propias formalidades, con máximo respeto a las garantías constituciones, sus formalidades son imperativas y obligatorias para el órgano jurisdiccional, las partes y terceros que intervengan en el proceso, salvo que la ley ofrezca excepcionalmente otra posibilidad de actuación.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.- CONSIDERANDO ONCE (11): Que el derecho al trabajo es el derecho fundamental humano por el que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicalización. El derecho al trabajo se reconoce en las normas fundamentales de derechos humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales así como en textos internacionales como la Carta Social Europea, el Protocolo de San Salvador, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en textos nacionales como son las Constituciones de numerosos países.- CONSIDERANDO DOCE (12): Que el profesional del derecho que se hace cargo de determinada tarea o trabajo propio de su carrera, asume responsabilidad ante quien le hace la encomienda. Debe tratarlo con el cuidado que le impone su dignidad de profesional, estudiarlo con dedicación, tratarlo con interés técnico y resolverlo conforme a los medios y conocimientos que su real saber y entender le dicta.- CONSIDERANDO TRECE (13): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.- CONSIDERANDO CATORCE (14): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.- CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso, defensa, derecho del Trabajo, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada, REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Corte Suprema de Justicia.- Sala de lo Constitucional.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve.- VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el Abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA a favor del señor ALFREDO ERNESTO PONCE SIERCKE; contra la sentencia dictada por esta Sala en fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, que falla denegando el Recurso de Amparo por él interpuesto a favor de su representado, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), que confirmó el auto dictado por el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en fecha treinta (30) de enero del año dos mil dieciocho (2018), con relación al reclamo para el pago de honorarios profesionales promovido por el señor ALFREDO ERNESTO PONCE SIERCKE contra la Sociedad Mercantil denominada AMERICAN PACIFIC HONDURAS S.A. DE C.V. conocida también como ASCENDANT RESOURCES INC., representada por el señor MARTIN CABRERA.- CONSIDERANDO UNO (1): Que consta de los antecedentes de la revisión del presente recurso, que el Abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, actuando en su condición antes referida, compareció ante este Tribunal, en fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor del señor ALFREDO ERNESTO PONCE SIERCKE. Una vez efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, dictó sentencia en fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, mediante la cual fallo denegando el recurso de amparo de mérito.- CONSIDERANDO DOS (2): Que el recurrente, Abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, en fecha nueve de abril de dos mil diecinueve, eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra la sentencia que emitiera éste Alto Tribunal, por no compartir el criterio jurídico expresado, insiste en su argumento que se violentó por el Tribunal Ad-Quem, lo dispuesto en los Artículos 1, 60, 64, 70, 80, 90, 303, 304, 305, 313 y 323 de la Constitución de la República, cuando el A-Quo y el Ad-Quem le están negando su derecho al pago de honorarios profesionales por concepto de procuración, sin ningún sustento o fundamento legal.- CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.- CONSIDERANDO CUARTO (4): Que las pretensiones expuestas por la recurrente, en el recurso de reposición no son de recibo ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal, que corre agregado en autos se establece que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso de mérito el derecho de defensa y debido proceso del acto jurisdiccional al que se someten las partes. El los argumentos del recurrente no son atendibles ya que como señala la sentencia recurrida bajo el principio de legalidad procesal, el proceso no puede más que desarrollarse bajo sus propias formalidades, con máximo respeto a las garantías constituciones, sus formalidades son imperativas y obligatorias para el órgano jurisdiccional, las partes y terceros que intervengan en el proceso, salvo que la ley ofrezca excepcionalmente otra posibilidad; por lo que el reclamante debió separadamente plantear la minuta de honorarios en cada uno de los expedientes. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable. Pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que tomando en cuenta lo apuntado, el hecho de que este Alto Tribunal de Justicia admita o rechace el argumento del recurrente, en cuanto al procedimiento para hacer efectivo los honorarios que considera se adeudan es ajeno al objeto del amparo.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho.- POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los Artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 914 del Código Procesal Civil; 4 Nº 7 Y Nº 8, 119, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA,, por las razones que se dejan ya señaladas.- Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto a la recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada, REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve (19) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha veintiocho (28) de febrero, y la Resolución de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil diecinueve (2019), respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0543-2019.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y Resolución, que literalmente dicen: “Corte Suprema de Justicia.- Sala de lo Constitucional.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de febrero de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, a favor del señor ALFREDO ERNESTO PONCE SIERCKE, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), que confirmó el auto dictado por el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en fecha treinta (30) de enero del año dos mil dieciocho (2018), con relación al reclamo para el pago de honorarios profesionales promovido por el señor ALFREDO ERNESTO PONCE SIERCKE contra la Sociedad Mercantil denominada AMERICAN PACIFIC HONDURAS S.A. DE C.V., conocida también como ASCENDANT RESOURCES INC., representada por el señor MARTIN CABRERA. Estima el recurrente se le han violentado los derechos contenidos en los Artículos 1, 60, 64, 70, 80, 90, 303, 304, 305, 313 y 323 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, el Abogado ALFREDO ERNESTO PONCE SIERCKE, interponiendo minuta de honorarios profesionales de conformidad al arancel del Profesional del Derecho en virtud de haber realizado actos de procuración a favor del patrono y hasta la fecha las mismas son debidas y no han sido satisfechas, contra la Sociedad Mercantil denominada AMERICAN PACIFIC HONDURAS S.A. DE C.V., conocida también como ASCENDANT RESOURCES INC., representada por el señor MARTIN CABRERA.- (FOLIO 1 AL 4)- 2) Que seguido el procedimiento, el referido Juzgado, en fecha treinta (30) de enero del año dos mil dieciocho (2018) RESUELVE: “PRIMERO: Admitir el escrito que antecede el que se manda a agregar a los autos de mérito con los documentos que se acompañan.- SEGUNDO: Declarar con lugar la oposición a LA MINUTA DE HONORARIOS PROFESIONALES DE CONFOMIDAD AL ARANCEL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO, EN VIRTUD DE HABER REALIZADO ACTOS DE PROCURACION A FAVOR DEL PATRONO Y HASTA LA FECHA SON DEBIDAS Y NO HAN SIDO SATISFECHAS, presentada por el Abogado YUVINY PINEDA PAZ, en su condición de Apoderado Judicial de la Empresa denominada AMERICAN PACIFIC HONDURAS S.A. de C.V..- TERCERO: Sin lugar la solicitud del pago de Honorarios Profesionales, promovida por el Abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, en su condición de Apoderado Judicial del señor ALFREDO ERNESTO PONCE SIERCKE contra la Empresa denominada AMERICAN PACIFIC HONDURAS S.A. de C.V..- Representada por el señor: JOSE RICARDO SIERRA MEDINA. CUARTO:…”-(Folio 58 al 60 de la pieza del Juzgado)- 3) Que en fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, FALLA: PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de apelación de que se ha hecho merito.- SEGUNDO: CONFIRMANDO el auto impugnado bajo la motivación de esta Alzada; Y TERCERO: CON COSTAS por desestimarse las pretensiones del recurso de apelación. (Folio 6 al 9 de la pieza de Corte de Apelaciones)- 4) El recurrente abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, compareció ante este Tribunal, en fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil diecisiete (2018), interponiendo acción de amparo a favor del señor ALFREDO ERNESTO PONCE SIERCKE, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), es violatoria a lo dispuesto en los Artículos 1, 60, 64, 70, 80, 90, 303, 304, 305, 313 y 323 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil dieciocho (2018).- 5) Que con fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión que NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta.- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), que confirmó el auto dictado por el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en fecha treinta (30) de enero del año dos mil dieciocho (2018), con relación al reclamo para el pago de honorarios profesionales promovido por el señor ALFREDO ERNESTO PONCE SIERCKE contra la Sociedad Mercantil denominada AMERICAN PACIFIC HONDURAS S.A. DE C.V., conocida también como ASCENDANT RESOURCES INC., representada por el señor MARTIN CABRERA.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente en la formalización del recurso, manifiesta que se violentó por el Tribunal Ad-Quem, lo dispuesto en los Artículos 1, 60, 64, 70, 80, 90, 303, 304, 305, 313 y 323 de la Constitución de la República, cuando el A-Quo y el Ad-Quem le están negando su derecho al pago de honorarios profesionales por concepto de procuración, sin ningún sustento o fundamento legal.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que una vez realizada la vista que conforme a lo establecido en el Artículo 56 la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió su dictamen en fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), pronunciándose en el sentido que la reclamación de honorarios profesionales deberá ser planteado en la instancia correspondiente, por lo que del análisis anterior, el Ministerio Público puede determinar que en el presente caso de autos, no se han violentado las garantías constitucionales, invocadas en la petición de amparo. Por lo anteriormente expuesto, es del parecer por que no se otorgue la acción impetrada.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la Jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, basa su sentencia concretamente en que no comparte el hecho de que el demandante acumule en una misma solicitud, la pretensión de pago de los honorarios profesionales presumiblemente causados en diferentes procesos, por cuanto el mismo señala que los actos de procuración los ejerció en diferentes procesos, por cuanto, el ejerció en tres juicios diferentes, por lo que consecuentemente, el reclamante debió separadamente plantear la minuta de honorarios en cada uno de los expedientes, todo bajo el principio de legalidad procesal, el proceso no puede más que desarrollarse bajo sus propias formalidades, con máximo respeto a las garantías constituciones, sus formalidades son imperativas y obligatorias para el órgano jurisdiccional, las partes y terceros que intervengan en el proceso, salvo que la ley ofrezca excepcionalmente otra posibilidad de actuación.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.- CONSIDERANDO ONCE (11): Que el derecho al trabajo es el derecho fundamental humano por el que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicalización. El derecho al trabajo se reconoce en las normas fundamentales de derechos humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales así como en textos internacionales como la Carta Social Europea, el Protocolo de San Salvador, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en textos nacionales como son las Constituciones de numerosos países.- CONSIDERANDO DOCE (12): Que el profesional del derecho que se hace cargo de determinada tarea o trabajo propio de su carrera, asume responsabilidad ante quien le hace la encomienda. Debe tratarlo con el cuidado que le impone su dignidad de profesional, estudiarlo con dedicación, tratarlo con interés técnico y resolverlo conforme a los medios y conocimientos que su real saber y entender le dicta.- CONSIDERANDO TRECE (13): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.- CONSIDERANDO CATORCE (14): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.- CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso, defensa, derecho del Trabajo, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada, REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Corte Suprema de Justicia.- Sala de lo Constitucional.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve.- VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el Abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA a favor del señor ALFREDO ERNESTO PONCE SIERCKE; contra la sentencia dictada por esta Sala en fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, que falla denegando el Recurso de Amparo por él interpuesto a favor de su representado, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), que confirmó el auto dictado por el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en fecha treinta (30) de enero del año dos mil dieciocho (2018), con relación al reclamo para el pago de honorarios profesionales promovido por el señor ALFREDO ERNESTO PONCE SIERCKE contra la Sociedad Mercantil denominada AMERICAN PACIFIC HONDURAS S.A. DE C.V. conocida también como ASCENDANT RESOURCES INC., representada por el señor MARTIN CABRERA.- CONSIDERANDO UNO (1): Que consta de los antecedentes de la revisión del presente recurso, que el Abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, actuando en su condición antes referida, compareció ante este Tribunal, en fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor del señor ALFREDO ERNESTO PONCE SIERCKE. Una vez efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, dictó sentencia en fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, mediante la cual fallo denegando el recurso de amparo de mérito.- CONSIDERANDO DOS (2): Que el recurrente, Abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, en fecha nueve de abril de dos mil diecinueve, eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra la sentencia que emitiera éste Alto Tribunal, por no compartir el criterio jurídico expresado, insiste en su argumento que se violentó por el Tribunal Ad-Quem, lo dispuesto en los Artículos 1, 60, 64, 70, 80, 90, 303, 304, 305, 313 y 323 de la Constitución de la República, cuando el A-Quo y el Ad-Quem le están negando su derecho al pago de honorarios profesionales por concepto de procuración, sin ningún sustento o fundamento legal.- CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.- CONSIDERANDO CUARTO (4): Que las pretensiones expuestas por la recurrente, en el recurso de reposición no son de recibo ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal, que corre agregado en autos se establece que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso de mérito el derecho de defensa y debido proceso del acto jurisdiccional al que se someten las partes. El los argumentos del recurrente no son atendibles ya que como señala la sentencia recurrida bajo el principio de legalidad procesal, el proceso no puede más que desarrollarse bajo sus propias formalidades, con máximo respeto a las garantías constituciones, sus formalidades son imperativas y obligatorias para el órgano jurisdiccional, las partes y terceros que intervengan en el proceso, salvo que la ley ofrezca excepcionalmente otra posibilidad; por lo que el reclamante debió separadamente plantear la minuta de honorarios en cada uno de los expedientes. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable. Pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que tomando en cuenta lo apuntado, el hecho de que este Alto Tribunal de Justicia admita o rechace el argumento del recurrente, en cuanto al procedimiento para hacer efectivo los honorarios que considera se adeudan es ajeno al objeto del amparo.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho.- POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los Artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 914 del Código Procesal Civil; 4 Nº 7 Y Nº 8, 119, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA,, por las razones que se dejan ya señaladas.- Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto a la recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada, REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Y a solicitud del abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve (19) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha veintiocho (28) de febrero y la Resolución de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil diecinueve (2019), respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0543-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL