Sentencia AL-502-16 — Registro 9100
Resumen
Acto recurrido que declaró no ha lugar recurso de apelación relacionada con la demanda que la señora EVA MARIA ORELLANA SOSA promovió contra el impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que esta Sala aprecia que el hecho generador del que, el impetrante pretende aplicar el Tributo, no existía en aquel momento, es decir antes de promover la Demanda Laboral Ordinaria de Primera Instancia para el pago de prestaciones sociales, ajuste de salario, pago de salario adeudado, promovida por la señora EVA MARÍA ORELLANA SOSA, (como tal ocurrió mediante sentencia firme), por lo que no podía aplicarse el Tributo a la señora EVA MARÍA ORELLANA SOSA, Siendo así, el Ad quem no ha quebrantado los derechos invocados por el impetrante por lo que la resolución impugnada es conforme a derecho..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y la Resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de febrero de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, a favor del MINISTERIO PUBLICO (MP), contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha veintinueve (29) de marzo de dos mil dieciséis (2016), que declaró NO HA LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada en fecha once (11) de febrero de dos mil dieciséis (2016), por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación a la Demanda Ordinaria Laboral para el Pago de Prestaciones, promovida por la Señora EVA MARIA ORELLANA SOSA, en contra del MINISTERIO PUBLICO (MP). Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado, en perjuicio de su representada, los artículos 70, 80, 82, 89, 90, 183, numeral 1, 232, 303 y 304 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha once (11) de noviembre de dos mil once (2011), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la Señora EVA MARIA ORELLANA SOSA, interponiendo Demanda Ordinaria Laboral para el Pago de Prestaciones, en contra del MINISTERIO PUBLICO (MP), solicitando que se dicte sentencia, declarando CON LUGAR su demanda y condenando a la parte demandada, al pago de todas sus prestaciones laborales, ajustes salariales, salario adeudado, vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes de salarios, salarios caídos y costas de juicio que le corresponden. (Folios 1–7 de la Primera Pieza de los antecedentes).- 2) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó Sentencia en fecha treinta y uno (31) de marzo de dos mil catorce (2014), mediante la cual Falló: (SIC) “1) declarando CON LUGAR la demanda Ordinaria Labora para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, promovida por EVA MARIA ORELLANA SOSA, Contra EL MINISTERIO PUBLICO, a través de su Representante Legal LUIS ALBERTO RUBI AVILA ambos de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia.- En consecuencia: 2) CONDENA EL MINISTERIO PUBLICO, a través de su Representante Legal LUIS ALBERTO RUBI AVILA a pagar a la trabajadora EVA MARIA ORELLANA SOSA, la cantidad de SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (LPS. 79,898.46), … 3) SIN COSTAS. - 4) …”. (Folios 170–172 de la Primera Pieza de los antecedentes).- 3) Que en fecha ocho (8) de febrero de dos mil dieciséis (2016), compareció al Juzgado antes citado, el Abogado FRANCIS LEONEL ENAMORADO AQUINO, en su condición de Apoderado Legal de la Señora EVA MARIA ORELLANA SOSA, solicitando que se practique un Embargo, en contra de la parte demandada, por la cantidad adeudada a su representada, en el expediente contentivo de la Demanda Ordinaria Laboral para el Pago de Prestaciones. (Folio 213 de la Primera Pieza de los antecedentes).- 4) Que, seguido el trámite de ley correspondiente, en la misma fecha, el citado Juzgado, Resolvió: (SIC) “… encontrándose el presente juicio en ejecución de Sentencia, Decrétese embargo sobre las cuentas bancarias que el Ministerio Publico mantiene en los bancos de esta ciudad…” (Folio 213 de la Primera Pieza de los antecedentes).- 5) Que en fecha once (11) de febrero de dos mil dieciséis (2016), compareció ante el citado Juzgado, el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, en representación del MINISTERIO PUBLICO (MP), manifestando que no debió haberse decretado el embargo, ya que hay información delicada, que le interesa a las partes verificar, antes de darse la ejecución de la sentencia, a lo que en la misma fecha, el citado Juzgado dictó Resolución mediante la cual Resolvió: (SIC) “… Declárese sin lugar en vista de que consta de autos que la sentencia definitiva firme dictada por este juzgado adquirió el carácter de firme el 24 de julio del año 2014, Hecho que es plenamente conocido por el compareciente y por ende por su representado el Ministerio Publico desde el momento que tuvo conocimiento que la Honorable Corte Suprema de Justicia Sala Laboral Contencioso Administrativo le declaro no ha lugar el recursos de Casación,… el decir que este tribunal actuó con ligereza al decretar un embargo después que han transcurrido más de seis meses de estar firmen la sentencia definitiva y que no desconoce la demanda, resulta un poco desleal del compareciente ya que este tribunal simplemente se está limitando a ejecutar lo Juzgado según lo manda nuestra Carta Magna…”. (Folios 219–221 de la Primera Pieza de los antecedentes).- 6) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, en su condición de apoderado legal del MINISTERIO PUBLICO (MP), la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, celebró Audiencia de Alegatos, en la cual dictó Sentencia en fecha veintinueve (29) de marzo de dos mil dieciséis (2016), mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: Declarando NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el representante procesal de la parte ejecutada, contra la resolución proferida el once de Febrero del dos mil dieciséis (11/02/16) por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta misma sección judicial, relacionada con la demanda que la señora EVA MARIA ORELLANA SOSA promovió contra el MINISTERIO PUBLICO a través de su representante legal; en consecuencia se CONFIRMA la misma. SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia, dado el carácter social de la normativa del trabajo.” (Folios 10–12 de la Segunda Pieza de los antecedentes).- 7) Que el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, compareció ante este Tribunal en fecha veinticinco (25) de mayo de dos mil dieciséis (2016), interponiendo acción de amparo a favor del MINISTERIO PUBLICO (MP), contra la Sentencia de fecha veintinueve (29) de marzo de dos mil dieciséis (2016), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 70, 80, 82, 89, 90, 183, numeral 1, 232, 303 y 304 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público, en fecha siete (7) de mayo de dos mil dieciocho (2018). (Folios 1–10 y 30 del presente Recurso).- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia de fecha veintinueve de marzo del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que declaró SIN LUGAR un recurso de Apelación y CONFIRMÓ la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE La misma Sección Judicial, en fecha once de febrero del año dos mil dieciséis, en relación a la Demanda Ordinaria Laboral promovida por la señora EVA MARIA ORELLANA SOSA contra el Ministerio Público.- CONSIDERANDO (4): Que el recurrente expone en el párrafo de los Derechos Constitucionales violados.- Concepto de su violación; que la emisión de la resolución recurrida violenta en su mas amplio contexto, las garantías constitucionales de Reserva de Ley, del Principio de Legalidad y del Debido Proceso en virtud de lo que dispone el artículo 70 constitucional que manda: “Todos los hondureños tienen de derecho a hacer lo que no perjudique a otro y nadie estará obligado a hacer lo que no estuviere legalmente prescrito ni impedido de ejecutar lo que la ley no prohíbe…”, señala además el artículo 90 del debido proceso, artículo 205.numerales: 1., 32., de la Constitución de la República respecto a las atribuciones del congreso en cuanto a crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes…: 32. Aprobar anualmente el presupuesto general de ingresos y egresos tomando como base el proyecto que remite el poder ejecutivo, debidamente desglosado y resolver sobre su modificación…”. Al respecto dice que la violación a sus derechos se manifiesta, cuando el A quo en fecha 08 de febrero del 2016, decretó un embargo sobre cuentas del Ministerio Público, haciendo caso omiso de lo dispuesto en el artículo 127 de La Ley Orgánica del Presupuesto, contenida en el Decreto No.83-2004 de fecha 28 de mayo del 2004 y publicado en el diario Oficial La Gaceta No. 30, 421 de fecha 21 de junio del 2004, la cual manda la inembargabilidad de las Rentas y Caudales de la Hacienda Pública, lo que el Ad quem ignora, señalando que la Sala Laboral- Contencioso Administrativa emitió la Circular Número 1-2014, de fecha 05 de junio del 2014, que establece entre otros que: “El Estado es inembargable, pero solo para fines preventivos o cautelares, ya que goza de presunción de solvencia…, decisión que violenta el Principio de Reserva de Ley, pues aun y cuando la norma constitucional consignada en el artículo 70 manda que todos los hondureños tienen derecho hacer lo que no perjudique a otro y nadie estará obligado a hacer lo que no estuviere legalmente prescrito ni impedido de ejecutar lo que la ley no prohíbe…”, señalando que este Tribunal de segunda instancia permitió el embargo sobre cuentas del Ministerio Público…. Señala que la inobservancia por parte de la autoridad judicial antes referida, se constata de los cálculos de liquidación y memorándum suscritos por la Jefatura de Personal del Ministerio Público (presentado con la interposición de la acción), el embargo decretado a ultranza por la autoridad judicial en forma arbitraria, y contraria a la legalidad vigente aplicable y lo más grave exigida sin respuesta de esta autoridad, vulnera el principio de reserva de ley quien de acuerdo a éste el juzgador no puede alterar el sistema de fuentes y actuar contra la ley por si mismo…. Omisión que de acuerdo al recurrente causa un perjuicio inicial de ciento veinte mil doscientos cincuenta y siete con setenta y un centavos (L. 120,257.71), consistente en las deducciones de la ley correspondiente a las deducciones de pago de impuestos a realizarse por ley, impidiendo a mi representado incluso cumplir con la ley tributaria que la obligan a efectuar la retención de impuesto por concepto de salarios pagados y posteriormente entregarlos a la autoridad fiscal.- CONSIDERANDO (5): Que el recurrente considera que se ha vulnerado el artículo 90 del Debido Proceso y el artículo 82 constitucional, del Derecho de Defensa. Reitera su señalamiento en cuanto al embargo realizado al Ministerio Público, invocando el artículo 780 del Código del Trabajo, el cual dispone: “que, solicitado el cumplimiento por el interesado y previa denuncia de bienes hecha bajo juramento, el Juez decretará inmediatamente el embargo y secuestro de los bienes o el mero embargo de inmuebles del deudor, que sean suficientes para asegurar el pago de lo debido y de las costas de ejecución”. “El Juzgado ordena que se decrete dicho embargo pero para la ejecución del mismo debió haber agotado el procedimiento señalado de acuerdo a lo que señala el artículo 779 del Código de Trabajo, en el Código de Procedimientos Comunes en el artículo 509, hoy el Código Procesal Civil, los cuales tienen debidamente establecido el requisito de hacer requerimiento de pago a la parte deudora, previo a la ejecución del pago decretado, situación que no ha ocurrido en el caso de autos, en donde la A quo sin aplicar el procedimiento establecido para “la ejecución” del embargo, el cual se encuentra debidamente consignado en las leyes procesales y guiándose únicamente por una costumbre, ha ordenado la ejecución del mismo sin haber agotado con lo concerniente al requerimiento de pago que se le hace al deudor, imposibilitándole con esto incluso, que pudiera oponerse a la ejecución del mismo, tal y como lo manda la ley, vulnerando así su derecho a la defensa”.- CONSIDERANDO (6): Que el Ad-Quem en su resolución deja establecido en el acápite de los Fundamentos de Derecho que en el “presente proceso se encuentra firme la sentencia definitiva proferida en la primera instancia el 31 de marzo del 2014, mediante la cual se condena al Ministerio Público, a través de su representante legal a pagar a la señora Eva María Orellana Sosa las prestaciones laborales y los salarios dejados de percibir; conceptos que fueron debidamente liquidados por el A-Quo, a la fecha tal decisión se encuentra firme, según se aprecia a folio 26 frente y vuelto de la compulsa…”. Señala en el párrafo Segundo: Los créditos a favor de los trabajadores por salarios indemnizaciones y demás prestaciones sociales, resultan singularmente privilegiados según lo que al efecto dispone el artículo 128.4 de la Constitución de la República; privilegio que no se suspende por la naturaleza que tenga la institución demandada, pues al efecto, los presupuestos aparecen gravados por los salarios de quienes prestan servicios a su favor; en ese sentido, las disposiciones del Presupuesto General de la República para el período fiscal 2015, autoriza a las instituciones el pago inmediato a los trabajadores por los beneficios sociales al igual que el de las prestaciones laborales en casos de renuncia o terminación del contrato de trabajo, según lo que al efecto establecen los artículos 99 y 100 de la citada disposición (en similares términos se ha pronunciado ésta alzada en los expedientes 9505, 10681, 10736, 20896), y siendo que la ejecución de la sentencia tiene como finalidad dotar de efectividad la tutela judicial otorgada a fin de obtener la completa satisfacción del derecho del ejecutante respecto del deudor; el Juez está en la obligación de tomar las adecuadas y necesarias medidas coactivas que aseguren el total acatamiento de la resolución jurisdiccional, autorizando el artículo 780 del Código del Trabajo el decreto inmediato de embargo sobre bienes del deudor, que sean suficientes para asegurar el pago de lo debido, disposición aplicable aun y cuando se trate de instituciones estatales; a tal respecto la Sala Laboral- Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia a fin de lograr la unificación de criterios en materia laboral, con relación al decreto contentivo de la Ley Orgánica del Presupuesto, emitió la circular número 1-2014 de fecha 05 de junio del 2014 que establece entre otros que: “El Estado es inembargable, pero solo para fines preventivos o cautelares, ya que goza de presunción de solvencia. Extender los efectos de la inembargabilidad del aparto estatal a la etapa procesal de ejecución equivaldría a construir una barrera infranqueable para el debido y completo cumplimiento de las sentencias laborales, lo que se traduciría en una evidente denegación de justicia por parte del mismo Estado y traería como consecuencia el fracaso del sistema judicial columna vertebral de la paz social”. “Conforme a los dispuesto en los artículos 304 de la Constitución de la República y 8 del Código del Trabajo, la ejecución de sentencias laborales en contra del Estado debe realizarse de forma inmediata, en los términos establecidos en el artículo 780 del Código del Trabajo aun y cuando se establezcan normas presupuestarias que contraríen dicho presupuesto legal”. Por todo ello el Tribunal de alzada consideró no atendible la pretensión del recurrente en virtud de que la ejecutada no ha satisfecho completamente el derecho de la ejecutante, en consecuencia, Declaró no ha lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el representante procesal de la parte ejecutada, contra la resolución de fecha once de febrero del dos mil dieciséis (11/02/16), por el Juzgado de Letras del Trabajo de aquella Sección judicial, confirmando la resolución apelada.- CONSIDERANDO (7): Que el recurrente manifiesta que la resolución apelada, violenta derechos fundamentales, porque hace caso omiso el precepto legal contenido en el artículo 127 de la Ley Orgánica del Presupuesto, referidas a la inembargabilidad de las Rentas y Caudales de la Hacienda Pública, así como las disposiciones de ingresos y egresos del Presupuesto correspondiente al período fiscal del 2016, señaladas en el artículo 133 de ese Decreto. Al respecto el artículo 128 constitucional establece: “Las leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores son de orden público. Son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen las siguientes garantías”: 1) …, 2) …, 3) …, 4) dispone: “Los créditos a favor de los trabajadores por salarios, indemnización y demás prestaciones sociales, serán singularmente privilegiados, de conformidad con la ley…”. (Las negritas son nuestras). Siguiendo este orden de ideas, se entiende que en la estructura jurídica del Estado de Derecho la norma suprema es la Constitucional. “La noción de supremacía de la Constitución apunta al hecho de que ésta como norma jurídica suprema se haya revestida de “superlegalidad”[1], de tal modo que los actos y normas estatales han de estar obligatoriamente ajustados a ella, en virtud de que el principio de supremacía de la constitución fija una relación de subordinación dentro del orden jurídico creado por ella. Así, la Constitución establece un orden jurídico determinado bajo el cual la sociedad se encuentra unida y a su vez la organiza dentro de ese orden jurídico, en el cual ella es la norma suprema[2].- CONSIDERANDO (8): Que la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ES EL MÁXIMO ÓRGANO JURISDICCIONAL, dividida en Salas por competencia, sin que por ello pierda su unidad, en consecuencia, cuando una de estas Salas produce jurisprudencia, se tiene por emitida por la Corte Suprema de Justicia. El concepto de jurisprudencia, en cuanto a fuente del derecho, es el más restrictivo, es el que se refiere al conjunto de pronunciamientos de los tribunales superiores de justicia –en nuestro sistema la Corte Suprema De Justicia, que son los llamados a formar Jurisprudencia a través de la uniformidad del derecho, que se logra justamente de la aplicación del mismo al caso concreto. Entonces la “jurisprudencia debe entenderse como la doctrina que establecen los jueces y las magistraturas al resolver una cuestión que se les plantea[3]. De esta manera la Corte Suprema de Justicia mantiene la unidad de criterios con respecto a casos concretos sometidos a la justicia, así, en la jurisprudencia debe buscarse un doble objetivo por una parte que “en su actuar se proyecte la finalidad misma del derecho que es la búsqueda de la justicia en el caso particular y a través de éste el logro de lo que se ha denominado “La Paz Jurídica” y en paralelo que esta búsqueda sea a través de una correcta aplicación del derecho por medio de resoluciones, coherentes, justificadas, empapadas de racionamiento que den certeza y pretendan seguridad de manera que sean respetadas, acatadas y emuladas, en definitiva que pretendan una continuidad de aplicación, que determinen conclusiones futuras en casos venideros, que vinculen y logren dicha unidad…[4]”.Las modernas tendencias constitucionales aceptan la doctrina del “derecho viviente, entendido como la formula que [5]alude del derecho formalmente vigente, de por sí en espera de vivir en sus aplicaciones. Al respecto “Zagrebelsky”, señala: “la doctrina del derecho viviente implica la uniformidad de las aplicaciones”.- CONSIDERANDO (9): Que las resoluciones de ésta y demás Salas que conforman la Corte Suprema de Justicia, se emiten en nombre de éste máximo órgano jurisdiccional, en consecuencia, la jurisprudencia que producen las diferentes Salas no pasa inadvertida para ninguna de ellas, so pena de romper la unidad del máximo Tribunal de Justicia, que actúa como un todo en sus resoluciones y produce la Jurisprudencia que podrá ser invocada en casos concretos. Salvo aquellos casos en que razonada y fundamentadamente se mantenga un criterio distinto al que ha creado jurisprudencia. Por lo que no debe omitirse lo establecido por la Sala Laboral- Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia a fin de lograr la unificación de criterios en materia laboral, con relación al decreto contentivo de la Ley Orgánica del Presupuesto, emitió la circular número 1-2014 de fecha 05 de junio del 2014 que establece entre otros que: “El Estado es inembargable, pero solo para fines preventivos o cautelares, ya que goza de presunción de solvencia. Extender los efectos de la inembargabilidad del aparto estatal a la etapa procesal de ejecución equivaldría a construir una barrera infranqueable para el debido y completo cumplimiento de las sentencias laborales, lo que se traduciría en una evidente denegación de justicia por parte del mismo Estado y traería como consecuencia el fracaso del sistema judicial columna vertebral de la paz social”.- CONSIDERANDO (10): Que mediante Decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969, el Congreso Nacional interpretó el párrafo 1o. del artículo 113 del Código del Trabajo en el sentido de que la percepción de salarios por parte del trabajador, con motivo de la obligación que corresponde al patrono, por causa de despido injusto, de pagar a título de daños y perjuicios los salarios que el trabajador habría percibido, se contará desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del Código de Trabajo debe quedar firme la sentencia condenatoria, DE CONSIGUIENTE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA, NO DEBEN HACER DEDUCCION ALGUNA DEL TIEMPO QUE DURE EL JUICIO, NI LIMITAR EL PAGO DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, todo en armonía con lo dispuesto en el Código Del Trabajo en consecuencia los salarios dejados de percibir constituyen una indemnización a título de daños y perjuicios a favor del trabajador.- CONSIDERANDO (11): Que siendo que el recurrente ha señalado que la resolución impugnada le impide cumplir con sus obligaciones tributarias en relación a la empleada-demandante, se debe entender, el hecho generador es aquella condición que da nacimiento a la obligación tributaria, es decir, es el mecanismo del cual se vale la ley para crear la relación jurídico Tributaria con el sujeto pasivo, pues la ley por si sola no puede cumplir con este fin, esto, debido a que la norma basada en el principio de generalidad no puede indicar dentro de su ordenamiento a los deudores individuales del tributo, por tal razón es que se sostiene la denominación de hecho imponible. El Hecho generador o hecho imponible es el presupuesto establecido por la ley, para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria; así, el numeral dos (2) del artículo 26 de la Ley de Tributación "del Período Impositivo o Devengo", dispone: “El devengo del Tributo es el momento en que el hecho generador se entiende legalmente producido y debe ser determinado en la norma aplicable. 3) Cuando las leyes Tributarias o aduaneras que establezcan tributos con periodicidad anual, se deben calcular por ejercicios fiscales, los cuales deben coincidir con el año natural civil o calendario, que principio el uno (1) de enero y termina el treinta y uno (31) de diciembre. Si los obligados tributarios inician sus actividades con posterioridad al primero de enero, se debe entender que el ejercicio fiscal comienza el día en que inicien las actividades y que termina el treinta y uno (31) de diciembre del año; 4) Cuando las leyes tributarias o aduaneras establezcan tributos con periodicidad mensual el periodo impositivo se debe calcular desde el primer día hasta el último día del mes natural, civil o calendario, correspondiente”.- CONSIDERANDO (12): Que esta Sala aprecia que el hecho generador del que, el impetrante pretende aplicar el Tributo, no existía en aquel momento, es decir antes de promover la Demanda Laboral Ordinaria de Primera Instancia para el pago de prestaciones sociales, ajuste de salario, pago de salario adeudado, promovida por la señora EVA MARÍA ORELLANA SOSA, (como tal ocurrió mediante sentencia firme), por lo que no podía aplicarse el Tributo a la señora EVA MARÍA ORELLANA SOSA, Siendo así, el Ad quem no ha quebrantado los derechos invocados por el impetrante por lo que la resolución impugnada es conforme a derecho.- CONSIDERNADO (13): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 60, 61, 90, 177, 321, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 2, 55 literal b), del Arancel del Profesional del Derecho; 1 y 78 No. 5, 249, 256, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 41 No.1, 45, 48, 63, 65, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8, 10 Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1, 24, Y 25 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, FALLA: DENEGANDO EL AMPARO interpuesto por el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, a favor del MINISTERIO PÚBLICO, contra la sentencia de fecha veintinueve de marzo del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. - NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, municipio del distrito central, doce de junio del dos mil diecinueve.- VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, actuando en representación del MINISTERIO PÚBLICO; contra la sentencia dictada por ésta Sala en fecha seis de febrero del año dos mil dieciocho, que falla DENEGANDO EL AMPARO interpuesto por la recurrente, contra la resolución de fecha veintinueve de marzo del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San pedro Sula, departamento de Cortés, que declaró sin lugar un recurso de apelación y conformó la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de la misma sección judicial, con relación a la demanda ordinaria Laboral promovida por la señora EVA MARIA ORELLANA SOSA, contra el MINISTERIO PÚBLICO.- CONSIDERANDO: Que consta de los antecedentes de la revisión del presente recurso, que en fecha veinticinco de mayo del año 2016, compareció ante esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, interponiendo acción de amparo a favor del MINISTERIO PÚBLICO. Una vez efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, se dictó sentencia en fecha seis de febrero del año dos mil diecinueve, mediante la cual se falló Denegando la acción de amparo de que se hizo mérito.- CONSIDERANDO: Que el recurrente el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, en fecha uno de abril del año dos mil diecinueve, eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra la sentencia antes referida, emitida por éste Alto Tribunal, por no compartir el criterio jurídico de la Sala.- CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de merito se aprecia, que los argumentos expuestos por el recurrente, son los mismos contenidos en la acción de amparo fallada, los que ya han sido analizados por esta Sala y se ha dado respuesta, siendo el contexto de la sentencia claro y razonando de acuerdo al estudio de los antecedentes y el fallo impugnado. Por todo ello tales argumentos no son de recibo.- CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho.- POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 1, 41, 120 párrafo segundo, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, por las razones que se dejan ya señaladas Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada, REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós (22) días del mes de agosto del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha ocho (8) de febrero de dos mil diecinueve (2019) y la Resolución de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2019), respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0502-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y la Resolución que literalmente dicen: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de febrero de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, a favor del MINISTERIO PUBLICO (MP), contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha veintinueve (29) de marzo de dos mil dieciséis (2016), que declaró NO HA LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada en fecha once (11) de febrero de dos mil dieciséis (2016), por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación a la Demanda Ordinaria Laboral para el Pago de Prestaciones, promovida por la Señora EVA MARIA ORELLANA SOSA, en contra del MINISTERIO PUBLICO (MP). Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado, en perjuicio de su representada, los artículos 70, 80, 82, 89, 90, 183, numeral 1, 232, 303 y 304 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha once (11) de noviembre de dos mil once (2011), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la Señora EVA MARIA ORELLANA SOSA, interponiendo Demanda Ordinaria Laboral para el Pago de Prestaciones, en contra del MINISTERIO PUBLICO (MP), solicitando que se dicte sentencia, declarando CON LUGAR su demanda y condenando a la parte demandada, al pago de todas sus prestaciones laborales, ajustes salariales, salario adeudado, vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes de salarios, salarios caídos y costas de juicio que le corresponden. (Folios 1–7 de la Primera Pieza de los antecedentes).- 2) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó Sentencia en fecha treinta y uno (31) de marzo de dos mil catorce (2014), mediante la cual Falló: (SIC) “1) declarando CON LUGAR la demanda Ordinaria Labora para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, promovida por EVA MARIA ORELLANA SOSA, Contra EL MINISTERIO PUBLICO, a través de su Representante Legal LUIS ALBERTO RUBI AVILA ambos de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia.- En consecuencia: 2) CONDENA EL MINISTERIO PUBLICO, a través de su Representante Legal LUIS ALBERTO RUBI AVILA a pagar a la trabajadora EVA MARIA ORELLANA SOSA, la cantidad de SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (LPS. 79,898.46), … 3) SIN COSTAS. - 4) …”. (Folios 170–172 de la Primera Pieza de los antecedentes).- 3) Que en fecha ocho (8) de febrero de dos mil dieciséis (2016), compareció al Juzgado antes citado, el Abogado FRANCIS LEONEL ENAMORADO AQUINO, en su condición de Apoderado Legal de la Señora EVA MARIA ORELLANA SOSA, solicitando que se practique un Embargo, en contra de la parte demandada, por la cantidad adeudada a su representada, en el expediente contentivo de la Demanda Ordinaria Laboral para el Pago de Prestaciones. (Folio 213 de la Primera Pieza de los antecedentes).- 4) Que, seguido el trámite de ley correspondiente, en la misma fecha, el citado Juzgado, Resolvió: (SIC) “… encontrándose el presente juicio en ejecución de Sentencia, Decrétese embargo sobre las cuentas bancarias que el Ministerio Publico mantiene en los bancos de esta ciudad…” (Folio 213 de la Primera Pieza de los antecedentes).- 5) Que en fecha once (11) de febrero de dos mil dieciséis (2016), compareció ante el citado Juzgado, el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, en representación del MINISTERIO PUBLICO (MP), manifestando que no debió haberse decretado el embargo, ya que hay información delicada, que le interesa a las partes verificar, antes de darse la ejecución de la sentencia, a lo que en la misma fecha, el citado Juzgado dictó Resolución mediante la cual Resolvió: (SIC) “… Declárese sin lugar en vista de que consta de autos que la sentencia definitiva firme dictada por este juzgado adquirió el carácter de firme el 24 de julio del año 2014, Hecho que es plenamente conocido por el compareciente y por ende por su representado el Ministerio Publico desde el momento que tuvo conocimiento que la Honorable Corte Suprema de Justicia Sala Laboral Contencioso Administrativo le declaro no ha lugar el recursos de Casación,… el decir que este tribunal actuó con ligereza al decretar un embargo después que han transcurrido más de seis meses de estar firmen la sentencia definitiva y que no desconoce la demanda, resulta un poco desleal del compareciente ya que este tribunal simplemente se está limitando a ejecutar lo Juzgado según lo manda nuestra Carta Magna…”. (Folios 219–221 de la Primera Pieza de los antecedentes).- 6) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, en su condición de apoderado legal del MINISTERIO PUBLICO (MP), la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, celebró Audiencia de Alegatos, en la cual dictó Sentencia en fecha veintinueve (29) de marzo de dos mil dieciséis (2016), mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: Declarando NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el representante procesal de la parte ejecutada, contra la resolución proferida el once de Febrero del dos mil dieciséis (11/02/16) por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta misma sección judicial, relacionada con la demanda que la señora EVA MARIA ORELLANA SOSA promovió contra el MINISTERIO PUBLICO a través de su representante legal; en consecuencia se CONFIRMA la misma. SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia, dado el carácter social de la normativa del trabajo.” (Folios 10–12 de la Segunda Pieza de los antecedentes).- 7) Que el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, compareció ante este Tribunal en fecha veinticinco (25) de mayo de dos mil dieciséis (2016), interponiendo acción de amparo a favor del MINISTERIO PUBLICO (MP), contra la Sentencia de fecha veintinueve (29) de marzo de dos mil dieciséis (2016), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 70, 80, 82, 89, 90, 183, numeral 1, 232, 303 y 304 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público, en fecha siete (7) de mayo de dos mil dieciocho (2018). (Folios 1–10 y 30 del presente Recurso).- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia de fecha veintinueve de marzo del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que declaró SIN LUGAR un recurso de Apelación y CONFIRMÓ la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE La misma Sección Judicial, en fecha once de febrero del año dos mil dieciséis, en relación a la Demanda Ordinaria Laboral promovida por la señora EVA MARIA ORELLANA SOSA contra el Ministerio Público.- CONSIDERANDO (4): Que el recurrente expone en el párrafo de los Derechos Constitucionales violados.- Concepto de su violación; que la emisión de la resolución recurrida violenta en su mas amplio contexto, las garantías constitucionales de Reserva de Ley, del Principio de Legalidad y del Debido Proceso en virtud de lo que dispone el artículo 70 constitucional que manda: “Todos los hondureños tienen de derecho a hacer lo que no perjudique a otro y nadie estará obligado a hacer lo que no estuviere legalmente prescrito ni impedido de ejecutar lo que la ley no prohíbe…”, señala además el artículo 90 del debido proceso, artículo 205.numerales: 1., 32., de la Constitución de la República respecto a las atribuciones del congreso en cuanto a crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes…: 32. Aprobar anualmente el presupuesto general de ingresos y egresos tomando como base el proyecto que remite el poder ejecutivo, debidamente desglosado y resolver sobre su modificación…”. Al respecto dice que la violación a sus derechos se manifiesta, cuando el A quo en fecha 08 de febrero del 2016, decretó un embargo sobre cuentas del Ministerio Público, haciendo caso omiso de lo dispuesto en el artículo 127 de La Ley Orgánica del Presupuesto, contenida en el Decreto No.83-2004 de fecha 28 de mayo del 2004 y publicado en el diario Oficial La Gaceta No. 30, 421 de fecha 21 de junio del 2004, la cual manda la inembargabilidad de las Rentas y Caudales de la Hacienda Pública, lo que el Ad quem ignora, señalando que la Sala Laboral- Contencioso Administrativa emitió la Circular Número 1-2014, de fecha 05 de junio del 2014, que establece entre otros que: “El Estado es inembargable, pero solo para fines preventivos o cautelares, ya que goza de presunción de solvencia…, decisión que violenta el Principio de Reserva de Ley, pues aun y cuando la norma constitucional consignada en el artículo 70 manda que todos los hondureños tienen derecho hacer lo que no perjudique a otro y nadie estará obligado a hacer lo que no estuviere legalmente prescrito ni impedido de ejecutar lo que la ley no prohíbe…”, señalando que este Tribunal de segunda instancia permitió el embargo sobre cuentas del Ministerio Público…. Señala que la inobservancia por parte de la autoridad judicial antes referida, se constata de los cálculos de liquidación y memorándum suscritos por la Jefatura de Personal del Ministerio Público (presentado con la interposición de la acción), el embargo decretado a ultranza por la autoridad judicial en forma arbitraria, y contraria a la legalidad vigente aplicable y lo más grave exigida sin respuesta de esta autoridad, vulnera el principio de reserva de ley quien de acuerdo a éste el juzgador no puede alterar el sistema de fuentes y actuar contra la ley por si mismo…. Omisión que de acuerdo al recurrente causa un perjuicio inicial de ciento veinte mil doscientos cincuenta y siete con setenta y un centavos (L. 120,257.71), consistente en las deducciones de la ley correspondiente a las deducciones de pago de impuestos a realizarse por ley, impidiendo a mi representado incluso cumplir con la ley tributaria que la obligan a efectuar la retención de impuesto por concepto de salarios pagados y posteriormente entregarlos a la autoridad fiscal.- CONSIDERANDO (5): Que el recurrente considera que se ha vulnerado el artículo 90 del Debido Proceso y el artículo 82 constitucional, del Derecho de Defensa. Reitera su señalamiento en cuanto al embargo realizado al Ministerio Público, invocando el artículo 780 del Código del Trabajo, el cual dispone: “que, solicitado el cumplimiento por el interesado y previa denuncia de bienes hecha bajo juramento, el Juez decretará inmediatamente el embargo y secuestro de los bienes o el mero embargo de inmuebles del deudor, que sean suficientes para asegurar el pago de lo debido y de las costas de ejecución”. “El Juzgado ordena que se decrete dicho embargo pero para la ejecución del mismo debió haber agotado el procedimiento señalado de acuerdo a lo que señala el artículo 779 del Código de Trabajo, en el Código de Procedimientos Comunes en el artículo 509, hoy el Código Procesal Civil, los cuales tienen debidamente establecido el requisito de hacer requerimiento de pago a la parte deudora, previo a la ejecución del pago decretado, situación que no ha ocurrido en el caso de autos, en donde la A quo sin aplicar el procedimiento establecido para “la ejecución” del embargo, el cual se encuentra debidamente consignado en las leyes procesales y guiándose únicamente por una costumbre, ha ordenado la ejecución del mismo sin haber agotado con lo concerniente al requerimiento de pago que se le hace al deudor, imposibilitándole con esto incluso, que pudiera oponerse a la ejecución del mismo, tal y como lo manda la ley, vulnerando así su derecho a la defensa”.- CONSIDERANDO (6): Que el Ad-Quem en su resolución deja establecido en el acápite de los Fundamentos de Derecho que en el “presente proceso se encuentra firme la sentencia definitiva proferida en la primera instancia el 31 de marzo del 2014, mediante la cual se condena al Ministerio Público, a través de su representante legal a pagar a la señora Eva María Orellana Sosa las prestaciones laborales y los salarios dejados de percibir; conceptos que fueron debidamente liquidados por el A-Quo, a la fecha tal decisión se encuentra firme, según se aprecia a folio 26 frente y vuelto de la compulsa…”. Señala en el párrafo Segundo: Los créditos a favor de los trabajadores por salarios indemnizaciones y demás prestaciones sociales, resultan singularmente privilegiados según lo que al efecto dispone el artículo 128.4 de la Constitución de la República; privilegio que no se suspende por la naturaleza que tenga la institución demandada, pues al efecto, los presupuestos aparecen gravados por los salarios de quienes prestan servicios a su favor; en ese sentido, las disposiciones del Presupuesto General de la República para el período fiscal 2015, autoriza a las instituciones el pago inmediato a los trabajadores por los beneficios sociales al igual que el de las prestaciones laborales en casos de renuncia o terminación del contrato de trabajo, según lo que al efecto establecen los artículos 99 y 100 de la citada disposición (en similares términos se ha pronunciado ésta alzada en los expedientes 9505, 10681, 10736, 20896), y siendo que la ejecución de la sentencia tiene como finalidad dotar de efectividad la tutela judicial otorgada a fin de obtener la completa satisfacción del derecho del ejecutante respecto del deudor; el Juez está en la obligación de tomar las adecuadas y necesarias medidas coactivas que aseguren el total acatamiento de la resolución jurisdiccional, autorizando el artículo 780 del Código del Trabajo el decreto inmediato de embargo sobre bienes del deudor, que sean suficientes para asegurar el pago de lo debido, disposición aplicable aun y cuando se trate de instituciones estatales; a tal respecto la Sala Laboral- Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia a fin de lograr la unificación de criterios en materia laboral, con relación al decreto contentivo de la Ley Orgánica del Presupuesto, emitió la circular número 1-2014 de fecha 05 de junio del 2014 que establece entre otros que: “El Estado es inembargable, pero solo para fines preventivos o cautelares, ya que goza de presunción de solvencia. Extender los efectos de la inembargabilidad del aparto estatal a la etapa procesal de ejecución equivaldría a construir una barrera infranqueable para el debido y completo cumplimiento de las sentencias laborales, lo que se traduciría en una evidente denegación de justicia por parte del mismo Estado y traería como consecuencia el fracaso del sistema judicial columna vertebral de la paz social”. “Conforme a los dispuesto en los artículos 304 de la Constitución de la República y 8 del Código del Trabajo, la ejecución de sentencias laborales en contra del Estado debe realizarse de forma inmediata, en los términos establecidos en el artículo 780 del Código del Trabajo aun y cuando se establezcan normas presupuestarias que contraríen dicho presupuesto legal”. Por todo ello el Tribunal de alzada consideró no atendible la pretensión del recurrente en virtud de que la ejecutada no ha satisfecho completamente el derecho de la ejecutante, en consecuencia, Declaró no ha lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el representante procesal de la parte ejecutada, contra la resolución de fecha once de febrero del dos mil dieciséis (11/02/16), por el Juzgado de Letras del Trabajo de aquella Sección judicial, confirmando la resolución apelada.- CONSIDERANDO (7): Que el recurrente manifiesta que la resolución apelada, violenta derechos fundamentales, porque hace caso omiso el precepto legal contenido en el artículo 127 de la Ley Orgánica del Presupuesto, referidas a la inembargabilidad de las Rentas y Caudales de la Hacienda Pública, así como las disposiciones de ingresos y egresos del Presupuesto correspondiente al período fiscal del 2016, señaladas en el artículo 133 de ese Decreto. Al respecto el artículo 128 constitucional establece: “Las leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores son de orden público. Son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen las siguientes garantías”: 1) …, 2) …, 3) …, 4) dispone: “Los créditos a favor de los trabajadores por salarios, indemnización y demás prestaciones sociales, serán singularmente privilegiados, de conformidad con la ley…”. (Las negritas son nuestras). Siguiendo este orden de ideas, se entiende que en la estructura jurídica del Estado de Derecho la norma suprema es la Constitucional. “La noción de supremacía de la Constitución apunta al hecho de que ésta como norma jurídica suprema se haya revestida de “superlegalidad”[6], de tal modo que los actos y normas estatales han de estar obligatoriamente ajustados a ella, en virtud de que el principio de supremacía de la constitución fija una relación de subordinación dentro del orden jurídico creado por ella. Así, la Constitución establece un orden jurídico determinado bajo el cual la sociedad se encuentra unida y a su vez la organiza dentro de ese orden jurídico, en el cual ella es la norma suprema[7].- CONSIDERANDO (8): Que la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ES EL MÁXIMO ÓRGANO JURISDICCIONAL, dividida en Salas por competencia, sin que por ello pierda su unidad, en consecuencia, cuando una de estas Salas produce jurisprudencia, se tiene por emitida por la Corte Suprema de Justicia. El concepto de jurisprudencia, en cuanto a fuente del derecho, es el más restrictivo, es el que se refiere al conjunto de pronunciamientos de los tribunales superiores de justicia –en nuestro sistema la Corte Suprema De Justicia, que son los llamados a formar Jurisprudencia a través de la uniformidad del derecho, que se logra justamente de la aplicación del mismo al caso concreto. Entonces la “jurisprudencia debe entenderse como la doctrina que establecen los jueces y las magistraturas al resolver una cuestión que se les plantea[8]. De esta manera la Corte Suprema de Justicia mantiene la unidad de criterios con respecto a casos concretos sometidos a la justicia, así, en la jurisprudencia debe buscarse un doble objetivo por una parte que “en su actuar se proyecte la finalidad misma del derecho que es la búsqueda de la justicia en el caso particular y a través de éste el logro de lo que se ha denominado “La Paz Jurídica” y en paralelo que esta búsqueda sea a través de una correcta aplicación del derecho por medio de resoluciones, coherentes, justificadas, empapadas de racionamiento que den certeza y pretendan seguridad de manera que sean respetadas, acatadas y emuladas, en definitiva que pretendan una continuidad de aplicación, que determinen conclusiones futuras en casos venideros, que vinculen y logren dicha unidad…[9]”.Las modernas tendencias constitucionales aceptan la doctrina del “derecho viviente, entendido como la formula que [10]alude del derecho formalmente vigente, de por sí en espera de vivir en sus aplicaciones. Al respecto “Zagrebelsky”, señala: “la doctrina del derecho viviente implica la uniformidad de las aplicaciones”.- CONSIDERANDO (9): Que las resoluciones de ésta y demás Salas que conforman la Corte Suprema de Justicia, se emiten en nombre de éste máximo órgano jurisdiccional, en consecuencia, la jurisprudencia que producen las diferentes Salas no pasa inadvertida para ninguna de ellas, so pena de romper la unidad del máximo Tribunal de Justicia, que actúa como un todo en sus resoluciones y produce la Jurisprudencia que podrá ser invocada en casos concretos. Salvo aquellos casos en que razonada y fundamentadamente se mantenga un criterio distinto al que ha creado jurisprudencia. Por lo que no debe omitirse lo establecido por la Sala Laboral- Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia a fin de lograr la unificación de criterios en materia laboral, con relación al decreto contentivo de la Ley Orgánica del Presupuesto, emitió la circular número 1-2014 de fecha 05 de junio del 2014 que establece entre otros que: “El Estado es inembargable, pero solo para fines preventivos o cautelares, ya que goza de presunción de solvencia. Extender los efectos de la inembargabilidad del aparto estatal a la etapa procesal de ejecución equivaldría a construir una barrera infranqueable para el debido y completo cumplimiento de las sentencias laborales, lo que se traduciría en una evidente denegación de justicia por parte del mismo Estado y traería como consecuencia el fracaso del sistema judicial columna vertebral de la paz social”.- CONSIDERANDO (10): Que mediante Decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969, el Congreso Nacional interpretó el párrafo 1o. del artículo 113 del Código del Trabajo en el sentido de que la percepción de salarios por parte del trabajador, con motivo de la obligación que corresponde al patrono, por causa de despido injusto, de pagar a título de daños y perjuicios los salarios que el trabajador habría percibido, se contará desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del Código de Trabajo debe quedar firme la sentencia condenatoria, DE CONSIGUIENTE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA, NO DEBEN HACER DEDUCCION ALGUNA DEL TIEMPO QUE DURE EL JUICIO, NI LIMITAR EL PAGO DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, todo en armonía con lo dispuesto en el Código Del Trabajo en consecuencia los salarios dejados de percibir constituyen una indemnización a título de daños y perjuicios a favor del trabajador.- CONSIDERANDO (11): Que siendo que el recurrente ha señalado que la resolución impugnada le impide cumplir con sus obligaciones tributarias en relación a la empleada-demandante, se debe entender, el hecho generador es aquella condición que da nacimiento a la obligación tributaria, es decir, es el mecanismo del cual se vale la ley para crear la relación jurídico Tributaria con el sujeto pasivo, pues la ley por si sola no puede cumplir con este fin, esto, debido a que la norma basada en el principio de generalidad no puede indicar dentro de su ordenamiento a los deudores individuales del tributo, por tal razón es que se sostiene la denominación de hecho imponible. El Hecho generador o hecho imponible es el presupuesto establecido por la ley, para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria; así, el numeral dos (2) del artículo 26 de la Ley de Tributación "del Período Impositivo o Devengo", dispone: “El devengo del Tributo es el momento en que el hecho generador se entiende legalmente producido y debe ser determinado en la norma aplicable. 3) Cuando las leyes Tributarias o aduaneras que establezcan tributos con periodicidad anual, se deben calcular por ejercicios fiscales, los cuales deben coincidir con el año natural civil o calendario, que principio el uno (1) de enero y termina el treinta y uno (31) de diciembre. Si los obligados tributarios inician sus actividades con posterioridad al primero de enero, se debe entender que el ejercicio fiscal comienza el día en que inicien las actividades y que termina el treinta y uno (31) de diciembre del año; 4) Cuando las leyes tributarias o aduaneras establezcan tributos con periodicidad mensual el periodo impositivo se debe calcular desde el primer día hasta el último día del mes natural, civil o calendario, correspondiente”.- CONSIDERANDO (12): Que esta Sala aprecia que el hecho generador del que, el impetrante pretende aplicar el Tributo, no existía en aquel momento, es decir antes de promover la Demanda Laboral Ordinaria de Primera Instancia para el pago de prestaciones sociales, ajuste de salario, pago de salario adeudado, promovida por la señora EVA MARÍA ORELLANA SOSA, (como tal ocurrió mediante sentencia firme), por lo que no podía aplicarse el Tributo a la señora EVA MARÍA ORELLANA SOSA, Siendo así, el Ad quem no ha quebrantado los derechos invocados por el impetrante por lo que la resolución impugnada es conforme a derecho.- CONSIDERNADO (13): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 60, 61, 90, 177, 321, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 2, 55 literal b), del Arancel del Profesional del Derecho; 1 y 78 No. 5, 249, 256, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 41 No.1, 45, 48, 63, 65, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8, 10 Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1, 24, Y 25 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, FALLA: DENEGANDO EL AMPARO interpuesto por el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, a favor del MINISTERIO PÚBLICO, contra la sentencia de fecha veintinueve de marzo del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. - NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, municipio del distrito central, doce de junio del dos mil diecinueve.- VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, actuando en representación del MINISTERIO PÚBLICO; contra la sentencia dictada por ésta Sala en fecha seis de febrero del año dos mil dieciocho, que falla DENEGANDO EL AMPARO interpuesto por la recurrente, contra la resolución de fecha veintinueve de marzo del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San pedro Sula, departamento de Cortés, que declaró sin lugar un recurso de apelación y conformó la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de la misma sección judicial, con relación a la demanda ordinaria Laboral promovida por la señora EVA MARIA ORELLANA SOSA, contra el MINISTERIO PÚBLICO.- CONSIDERANDO: Que consta de los antecedentes de la revisión del presente recurso, que en fecha veinticinco de mayo del año 2016, compareció ante esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, interponiendo acción de amparo a favor del MINISTERIO PÚBLICO. Una vez efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, se dictó sentencia en fecha seis de febrero del año dos mil diecinueve, mediante la cual se falló Denegando la acción de amparo de que se hizo mérito.- CONSIDERANDO: Que el recurrente el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, en fecha uno de abril del año dos mil diecinueve, eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra la sentencia antes referida, emitida por éste Alto Tribunal, por no compartir el criterio jurídico de la Sala.- CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de merito se aprecia, que los argumentos expuestos por el recurrente, son los mismos contenidos en la acción de amparo fallada, los que ya han sido analizados por esta Sala y se ha dado respuesta, siendo el contexto de la sentencia claro y razonando de acuerdo al estudio de los antecedentes y el fallo impugnado. Por todo ello tales argumentos no son de recibo.- CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho.- POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 1, 41, 120 párrafo segundo, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, por las razones que se dejan ya señaladas Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada, REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós (22) días del mes de agosto del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha ocho (8) de febrero de dos mil diecinueve (2019) y la Resolución de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2019), respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0502-2016.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional
[1] Bidart Campos, Germán; “Manual de Derecho Constitucional Argentino”, ed. Ediar, Buenos Aires, 1977. Mencionado por Capelleti Ángel Guillermo en su obra Controles de Constitucionalidad Comparados.
[2] Cappelletti, Mauro; “El Control Judicial de la Constitucionalidad de las Leyes en el Derecho Comparado”, Revista de la Facultad de Derecho N° 60, UNAM, Biblioteca Virtual, www.juridicas.una m.mx,. Mencionado por Capelleti Ángel Guillermo en su obra Controles de Constitucionalidad Comparados.
[3] http://www.ubo.cl/icsyc/wp-content/uploads/2011/09/13-Schiele.pdf
[4] Idem
[5] Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Justicia, Libertad, y Derechos Humanos. Ensayos en homenaje a Rodolfo E.Piza Escalante.
[6] Bidart Campos, Germán; “Manual de Derecho Constitucional Argentino”, ed. Ediar, Buenos Aires, 1977. Mencionado por Capelleti Ángel Guillermo en su obra Controles de Constitucionalidad Comparados.
[7] Cappelletti, Mauro; “El Control Judicial de la Constitucionalidad de las Leyes en el Derecho Comparado”, Revista de la Facultad de Derecho N° 60, UNAM, Biblioteca Virtual, www.juridicas.una m.mx,. Mencionado por Capelleti Ángel Guillermo en su obra Controles de Constitucionalidad Comparados.
[8] http://www.ubo.cl/icsyc/wp-content/uploads/2011/09/13-Schiele.pdf
[9] Idem
[10] Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Justicia, Libertad, y Derechos Humanos. Ensayos en homenaje a Rodolfo E.Piza Escalante.